Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134448
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 134.448, "Rojo, Francisco. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 15.117/19 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral, Mancini, Natiello .
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 25 de mayo de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de Francisco Rojo contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 que, con fecha 3 de diciembre de 2019, lo condenó -por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas- a la pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para conducir vehículos automotores (conf. art. 94 bis, primer párrafo, Cód. Penal -v. fs. 122/136 vta.-).
Contra lo así decidido, Francisco Rojo, por derecho propio, con el patrocinio letrado del defensor particular, doctor Héctor M. Granillo Fernández, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 163/181).
El Tribunal de Alzada, el 10 de agosto de 2020, en el marco del juicio de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal, afirmó que no se cumplieron las exigencias formales del art. 494 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, admitió la vía en orden a los planteos de arbitrariedad y violación del debido proceso por haberse demostrado la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 182/184).
Oído el señor Procurador General a fs. 200/204, presentada la memoria a fs. 209/212, dictada la providencia de autos a fs. 213 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (arbitrariedad y violación del debido proceso) se reseñarán los agravios, sin que corresponda efectuar ninguna consideración en torno a los embates que quedaron fuera de la concesión (derecho al recurso, gravedad institucional, imparcialidad, forma republicana de gobierno e in dubio pro reo - conf. arts. 1, 5, 18, 75 incs. 12 y 22, 121 Const. nac.; 8.1, 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP-).
II. Sentado lo anterior, el recurrente denunció la afectación del debido proceso y la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal por haberse impulsado la acción penal a pesar de las manifestaciones expresadas en sentido contrario del testigo -víctima de autos- Ricardo Nicolás Broto, quien habría prestado su conformidad para que se archivaran las actuaciones. Afirmó que resultaba indispensable que el sujeto pasivo instara la acción penal en todo momento y manifestara su interés actual en la persecución (v. fs. 168/169).
Agregó que la Fiscalía impidió la aplicación de una salida alternativa al juicio oral -como lo es la suspensión de juicio a prueba-, pese a que estaban cumplidas las exigencias del art. 404 del Código Procesal Penal (v. fs. 170). Alegó que resultaba contradictorio que, por un lado, se desestimara por tardío el pedido de aplicar una salida alternativa al juicio oral y, por el otro, no se diera tratamiento al "...insignificante tiempo de duración que tuvo lo que [...] resultó una parodia de juicio y no un juicio constitucionalmente válido" (fs. 171).
Por otra parte, en lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, sostuvo que la prueba de cargo era endeble y escasa. Destacó que el único testigo que declaró en el debate fue Ricardo Broto, quien asumió su responsabilidad en los hechos y descartó que Rojo hubiera incumplido los deberes de cuidado a su cargo (v. fs. 171/172 vta.).
Insistió en que el nombrado desistió de su rol de particular damnificado y adhirió al pedido de sobreseimiento o archivo, lo que ratificó en la audiencia oral, oportunidad en la que reconoció que "...no tenía la prioridad de paso porque la había cedido al detenerse en el lugar" (fs. 172 vta.).
A su entender, los dichos de Broto fueron ponderados sin cumplir con las reglas de la sana crítica. Resaltó que fue el único testimonio producido durante el debate ya que el resto de la prueba se incorporó por lectura. Ante tal situación, nuevamente se agravió de la afectación de la garantía del debido proceso que exige oralidad y publicidad para que el juicio sea válido. Enfatizó que más del noventa y cinco por ciento de la prueba fue escrita "...parte de ella, incorporada sin la anuencia de la defensa" (fs. 173).
Concluyó que siendo que el juicio no superó los cincuenta minutos, que la prueba fue casi en su totalidad incorporada por lectura "...una parte importante con oposición de la defensa" y que el único testigo fue Broto, no se garantizó la contradicción necesaria que exige el debido proceso (v. fs. 174 vta.).
El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 200/204).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso no puede prosperar en tanto las denuncias de violación a la garantía del debido proceso y arbitrariedad en la valoración de la prueba resultan insuficientes (art. 495, CPP).
En lo que aquí interesa, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, desestimó idénticos planteos a los ahora reeditados brindando argumentos que -conforme señalaré- el recurrente no logró controvertir eficazmente.
III.1. En primer lugar, afirmó que el pedido de nulidad del fallo de condena por afectación del debido proceso con fundamento en que la persecución penal no debió continuar luego de que el sujeto pasivo manifestara su pérdida de interés en la investigación, no contaba con sustento normativo alguno, ni procesal ni material.
Explicó que en los delitos de acción pública -como el del presente caso- la ley penal impone la carga al Ministerio Público Fiscal del impulso del proceso (conf. arts. 6, primer párrafo, CPP y 17, ley 12.061; v. fs. 124).
Aclaró que "...la afirmación del letrado para dar pie y fundamento a su pretensión no resulta ajustada a derecho en tanto no es (tal como él lo afirma) condición de vigencia de la acción penal actividad alguna de las partes del proceso como no sea la de quien actúa en su condición de representante del Ministerio Público Fiscal, dejando a salvo la situación (que no es el caso, sino más bien todo lo contrario) en que éste no lo hiciera y el particular damnificado o la víctima quisieran hacerlo, tal como lo faculta el art. 6 del [Código Procesal Penal]" (fs. 124 vta.).
III.2. En segundo término, desestimó la denuncia de violación al debido proceso vinculada con el rechazo de la suspensión de juicio a prueba.
Luego de recordar el contenido del principio de oportunidad y hacer consideraciones sobre las salidas alternativas al juicio oral, destacó que la parte no había requerido la suspensión de juicio a prueba en la oportunidad pertinente -es decir, ni durante la investigación penal preparatoria ni durante la etapa de juicio-; por lo cual el agravio carecía de sustento en virtud de que la defectuosa actuación del interesado era la que había obstado a la aplicación de salidas alternativas (v. fs. 124 vta./125 vta.).
III.3. Como tercer punto, en lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba, la rechazó por considerar debidamente acreditada la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable en cabeza de Rojo.
Aclaró que si bien la prioridad de paso que en un principio tenía Ricardo Broto cedió, ello no implicaba que de modo directo y automático se transfiriera a Rojo, "...más bien ninguno [tenía] prioridad de paso" (fs. 126).
Puntualizó que este último, al arribar a la encrucijada en una zona semiurbana, incumplió con el deber de cuidado de cerciorarse que no pasaran otros rodados y obrar de modo tal que no se pusiera en peligro su integridad física ni la de terceros. Y dicho comportamiento desaprensivo tuvo consecuencias materiales lesivas respecto de terceros (conf. art. 39 inc. "b", ley 24.449, ley 13.927 -v. fs. cit.-).
Agregó que el obrar imprudente reprochado consistió en "...la ausencia de percepción que el nombrado tuvo cuando, al comando de su rodado avanzó por la encrucijada de las calles sin la adecuada y pertinente verificación de que por sobre su mano derecha (y no ya valorando la cuestión de quién posee la prioridad de paso) también accedía al cruce Broto al mando de su motocicleta, provocándose el encuentro a partir de la ausencia de acciones previas que le permitieran reducir la velocidad para frenar o desviar su sentido de marcha y evitar el encuentro y que, el manejo que hizo el encausado de su rodado no le permitió conservar el dominio del mismo para evitar colisionar con la motocicleta... el imputado accionó sus frenos cuando ya había comenzado a trasponer la arteria perpendicular por la que circulaba Broto" (fs. 126/127).
Recordó que en el derecho penal no existe la compensación de culpas e insistió en que Francisco Rojo incumplió con el deber de cuidado al no haber reducido la velocidad con la que abordó el cruce de calle y no haber prestado la debida atención a la circulación, todo lo cual habría evitado la colisión producida entre los dos rodados.
Por todo lo expuesto, aseveró que se demostró el nexo de imputación entre la infracción al deber de cuidado y el resultado lesivo, citando doctrina en su apoyo (conf. arts. 84, Cód. Penal y 66 inc. "b", dec. 40/07; v. fs. 127/133).
De seguido, en cuanto a las manifestaciones de Ricardo Broto, sostuvo que la parte no demostró defecto alguno en su ponderación ni se puso de manifiesto cuáles eran las circunstancias o expresiones de este que demostraran mendacidad. Aclaró que tampoco resultaba posible analizar su supuesta responsabilidad penal (v. fs. 133 y vta.).
Por otra parte, afirmó que el imputado no podía ampararse en el principio de confianza pues lejos de cumplir con las normas de tránsito, del modo en que se había tenido por probado que ingresó a la bocacalle, introdujo un factor de riesgo (v. fs. 134).
III.4. Por último, desestimó las críticas vinculadas al modo en que se realizó el juicio y a la supuesta afectación del debido proceso, fundadas en su escaso tiempo de duración, en la falta de oralidad y contradicción y en la casi totalidad de incorporación por lectura de prueba.
Frente a tales críticas, la Cámara respondió que la duración del debate respondió a la actividad probatoria desarrollada por las partes: únicamente se produjo la testimonial de Broto pues el resto de los elementos de convicción se incorporaron por lectura, todo lo cual, le restaba razonabilidad a la crítica (v. fs. 135).
A dicho déficit, agregó que el planteo era extemporáneo pues nada se había objetado durante la celebración del juicio (conf. art. 205 inc. 3 y 206, CPP, v. fs. cit.).
IV. De la reseña se advierte -como lo adelantara- que la defensa no controvirtió eficazmente los argumentos expuestos en el fallo en crisis (art. 495, CPP).
IV.1. En lo que respecta al agravio de afectación al debido proceso por el impulso de la acción penal a pesar de la pretensa voluntad del damnificado en sentido contrario, la parte no controvierte aquí el argumento de la falta de sustento legal del planteo -tanto material como procesal-.
En definitiva, conforme lo expusiera el Tribunal de Alzada, el recurrente no explica de qué modo dicha garantía se ve afectada cuando, tratándose de una acción penal pública, corresponde al Ministerio Público Fiscal -merced al principio de legalidad en materia procesal- la carga de impulsar la investigación, sin que la voluntad de la víctima -más allá de que deba ser tenida en cuenta- sea vinculante al respecto (art. 495, CPP).
IV.2. De igual manera, en lo que respecta a los cuestionamientos relativos a la desestimación de la suspensión de juicio a prueba, el impugnante no evidencia de qué modo se habría quebrantado la citada garantía cuando los motivos de su rechazo consistieron -exclusivamente- en la extemporaneidad del planteo (conf. art. 404 in fine, CPP; v. fs. 44/45, 80 y vta.).
Frente a ello la defensa -de manera dogmática y desatendiendo lo resuelto sobre el punto-, realiza consideraciones respecto a la competencia de las provincias para regular la materia no delegada a la Nación -extremo que no se discutió en el fallo impugnado- e insiste en que se debió aplicar el instituto en cuestión por haberse abastecido todas las exigencias del art. 404 citado. Sin embargo, fue precisamente una de ellas (la del plazo legal) la que en el caso se tuvo por incumplida, aspecto que como se dijo, el recurrente no controvierte (art. 495, cit.).
IV.3. Por su parte, la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba adolece de idénticos déficits pues se desvincula de lo resuelto en el caso.
En efecto, el apelante insiste en que con los dichos de Ricardo Broto quedó demostrado que este había perdido la prioridad de paso; que el imputado Francisco Rojo no iba a exceso de velocidad, y que el hecho se explica por la propia actitud de la víctima.
Sin embargo, no repara en la categórica aseveración del revisor referida a que la prioridad de paso no resolvía el caso, sino que la solución punitiva que recayó sobre el acusado Rojo encontró su fundamento en que fue este quien introdujo un riesgo no permitido -más allá del derecho de paso- al infringir el deber de cuidado en el momento de cruzar la bocacalle, puesto que no disminuyó la velocidad ni tomó los recaudos necesarios para mirar si había terceros circulando (conf. art. 39 inc. "b", ley 24.449; ley 13.927 y art. 66 inc. "b", dec. 40/2007); riesgo que se realizó en el resultado lesivo sufrido por Ricardo Nicolás Broto.
En definitiva, este argumento troncal con base en el cual la Cámara confirmó la condena queda incontrovertido pues la parte no hizo ningún esfuerzo por conmoverlo.
En suma, las manifestaciones del impugnante resultan ineficaces para demostrar en lo resuelto un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), y, en el presente caso, el señor defensor oficial no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
IV.4. Finalmente, tampoco prosperan los embates vinculados a la afectación del debido proceso por el corto tiempo de duración del juicio y el incumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción.
El recurrente se limita a sostener -de modo genérico- que planteó su oposición a la incorporación de prueba por lectura aunque sin especificar respecto de qué elementos ni en qué oportunidad puesto que -contrariamente a dicha afirmación- de la lectura del expediente se advierte que en los ofrecimientos de prueba efectuado por el entonces defensor de Rojo, no hubo oposición alguna a la incorporación por lectura solicitada por el fiscal sino que -además- la requirió expresamente (v. fs. 30/36 vta.).
De modo que, fueron los propios litigantes quienes acordaron incorporar por lectura buena parte de las evidencias en razón de que delimitaron el objeto de controversia a la información aportada por el testigo Broto, sin que quedaran constancias de objeciones de la defensa al respecto.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Concuerdo parcialmente con los votos que me preceden.
II.1. En lo que respecta a la denuncia de violación al debido proceso: por el impulso de la acción penal a pesar de la pretensa voluntad del damnificado en sentido contrario, y el corto tiempo de duración del juicio, con incumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción, junto con los cuestionamientos por la desestimación de la suspensión de juicio a prueba, adhiero a las consideraciones de la colega que inaugura el acuerdo en razón de la marcada insuficiencia impugnativa (v. apdos. IV.1., IV.2. y IV.4., voto de la doctora Kogan).
II.2. En cambio, en lo que atañe a la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba, en violación a las reglas de la sana crítica, a tenor de las constancias del caso, estimo que el recurso procede.
II.2.a. Los hechos llevados al debate por el acusador público refieren que "Siendo aproximadamente las 16,50 horas del día 10 de abril de 2018, Francisco Rojo conducía la camioneta marca Ford dominio n° AA281GA por calle Regimiento Tres de Caballería con sentido desde la ruta nacional N° 5 hacia calle Pincen de Trenque Lauquen. Al llegar a la intersección de la misma con Rancedo al no frenar y respetar la prioridad de paso al vehículo que circula por su derecha, colisionó a la motocicleta marca Honda XE Tornado dominio A059-TRZ guiada por Ricardo Nicolas Broto, quien circulaba por Racedo, desde Carlos Gardel hacia Regimiento Tres de Caballería. Como consecuencia de la colisión Ricardo Nicolas Broto sufrió politraumatismo con fractura de acetábulo izquierdo, lesión de carácter grave".
En la audiencia de debate declaró la víctima quien señaló, que venía circulando por la calle de mención en su motocicleta y que al llegar a la encrucijada "...no ve la camioneta de Francisco, iniciando el cruce y cuando va a doblar para la izquierda, lo choca". El testigo refiere, además, que él iba despacio porque es una calle de tierra y se disponía a doblar, y que a la camioneta la ve recién cuando está cruzando, "...cuando ya la tenía encima". También aclaró que -a su entender- "...la camioneta no venía muy fuerte, porque frenó enseguida". Luego, a preguntas de la defensa, añadió que fue indemnizado por la compañía de seguros, que firmó un convenio y prestó conformidad para el archivo de la causa penal. Refirió que el imputado Rojo se interesó por su salud, que estuvo en el hospital y también lo visitó en Buenos Aires, acompañándolo en su recuperación.
En las pericias técnicas mecánicas se describe que la camioneta presenta daños por impacto en el sector frontal derecho y la motocicleta por impacto en el sector lateral izquierdo. Las imágenes fotográficas dan cuenta de las posiciones finales de los vehículos. El informe planimétrico detalla la existencia de una huella de frenado de 6.70 metros, y a continuación una huella de arrastre de la motocicleta, que quedó debajo de la camioneta, de unos 3,60 metros de longitud. Por su parte, de las pericias bioquímicas surgió que ninguno de los conductores presentaba alcohol en sangre, a lo que cabe añadir que tampoco hubo incidencia del factor climático.
En ocasión de los alegatos, el fiscal reputó que Rojo había sido el embistente, y quien infringió el deber de cuidado, en tanto la motocicleta tenía prioridad de paso, más allá de que Broto girara a la izquierda y, además, el imputado no detuvo el vehículo al advertir que de su derecha venía circulando otro rodado, debiendo responder por el delito de lesiones culposas. Para la defensa, en cambio, el art. 41 de la ley de tránsito expresa claramente las excepciones a la prioridad de paso, entre la que se destaca "...que se haya detenido la marcha o se vaya a ingresar
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