Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134632
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.632, "V., C. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.525 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud, Carral, Mancini, Budiño.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 21 de mayo de 2020, a consecuencia del reenvío dispuesto por esta Suprema Corte en la causa P. 131.077, condenó al joven C. D. V. a la pena de diecinueve años de reclusión, accesorias legales y costas, en el marco de la causa por la cual había sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, homicidio criminis causae y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, todos ellos en concurso real (v. fs. 655/657).
El señor defensor oficial ante esa instancia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 671/689), el que fue concedido por el órgano inferior (v. fs. 690/692).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 703/709), dictada la providencia de autos a fs. 711 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de C. D. V. se formularon los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, la defensa denunció la privación del derecho de defensa en la instancia revisora, del debido proceso y la inobservancia de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa P. 130.372, y solicitó la nulidad del fallo y el reenvío de la causa con las consideraciones y límites que se sentaron en los precedentes P. 132.174 y P. 121.625 de este Tribunal (v. fs. 679 vta.).
Sostuvo que, una vez devueltas las actuaciones al tribunal intermedio, ese órgano -sin auto de radicación y omitiendo toda vista a las partes- procedió a dictar nueva sentencia pese al pleno conocimiento que tenía del pedido anticipado que había efectuado esa defensa para que se le corra vista a fin de conocer la nueva integración del órgano, actualizar los agravios debido al tiempo transcurrido desde la primera sentencia y peticionar la audiencia de determinación de pena. Con ello, indicó que se privó a su defendido de someter al análisis del tribunal cuestiones relevantes de sus circunstancias personales actuales y de argumentar técnicamente con relación al reenvío dispuesto, obturando así el derecho de defensa que se vio agravado en el caso por tratarse de un joven destinatario de un sistema normativo de protección especial. Apuntó que el pronunciamiento recurrido violentó principios esenciales del fuero de menores (conf. CSJN causa "Maldonado"; SCBA causa P. 132.174, "Benítez"; v. fs. 679 vta./680 vta.).
Para sustentar su postura, aludió al precedente P. 130.372, sentencia de 29-IV-2020, de esta Suprema Corte y transcribió las partes pertinentes de lo allí resuelto. En definitiva, concluyó que el Tribunal de Casación Penal –al dictar una sentencia de condena omitiendo toda vista a la defensa y cualquier tipo de intervención de esa parte- suprimió la garantía de defensa efectiva a través del dictado de una sentencia arbitraria y violatoria de lo normado en los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 apartados "h" y "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 apartado "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 680 vta./682).
Seguidamente, refirió que el reenvío que se ordene deberá tener en consideración dos cuestiones esenciales: en primer lugar, que se valore la demora en el proceso recursivo como nueva circunstancia atenuante sobreviniente (conf. causa P. 132.174, cit.); en segundo término, que se aplique lo resuelto en la causa P. 121.625, en cuanto allí se ordenó "...remitir las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin que provea la petición efectuada y dicte -en su caso- un nuevo pronunciamiento, no debiendo en dicho cometido modificar en más la pena impuesta luego de la casación operada oportunamente...", y que expresamente se establezca que el nuevo pronunciamiento deberá tener como tope el monto numérico fijado en la segunda sentencia dictada por dicho tribunal (v. fs. 682/683 vta.).
I.2. En forma subsidiaria, el impugnante denunció la violación de la garantía de prohibición de reformatio in peius por haberse aplicado una especie de pena más gravosa que la anterior, así como también la ausencia de fundamentación del monto de pena con vulneración del principio de proporcionalidad y errónea aplicación de la normativa penal juvenil (arts. 37 inc. "b" y 40, CDN y 4, ley 22.278; v. fs. 683 vta.).
I.2.a. En primer término, sostuvo que los jueces de Casación estimaron que correspondía sustituir la pena de prisión (no cuestionada por la contraparte a lo largo del proceso) por la de reclusión, en clara afectación de la garantía en cuestión. Citó el fallo "Albarenque, Claudio Darío s/ causa n° 115904" de la Corte federal y concluyó en la prohibición impuesta al órgano jurisdiccional revisor de modificar la decisión en crisis en perjuicio del imputado cuando ella solo había sido recurrida por esa defensa (v. fs. 684 y vta.).
Por lo expuesto, solicitó la restitución a la especie de pena de prisión (v. fs. 686).
I.2.b. Por último, alegó la ausencia de fundamentación del monto de pena y violación del principio de proporcionalidad, solicitando que se aplique lo resuelto en el mencionado precedente P. 132.174, "Benítez", de esta Suprema Corte (v. fs. 686 y vta.).
Afirmó que el monto punitivo a imponer no debería superar los diecisiete años de prisión, y consideró que la sanción de diecinueve años aplicada por el tribunal intermedio no respetó la proporción dentro de la escala que ocupaba en la fijada anteriormente, por lo que terminó siendo un aumento encubierto de pena sin fundamentación alguna (v. fs. 686 vta.).
Agregó que la intervención previa del tribunal casatorio no lo eximía de fundar el nuevo fallo y que, al dictar la nueva sentencia, desatendió la regla que indica que la mera "gravedad del hecho" no puede fundar la necesidad ni la cuantía de la pena y que la respuesta que se dé al delito debe ser proporcionada no solo a sus circunstancias y gravedad "...sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad" (conf. CSJN causa "Maldonado" y Regla 17, Reglas de Beijing; v. fs. 688).
Por todo lo expuesto, concluyó que el marco punitivo debió quedar circunscripto entre los diez y los quince años de prisión como planteo de máxima o, en subsidio, no superar los diecisiete años de prisión en función de la escala que resultaba del fallo de esta Corte y la proporción resultante de las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas y circunstancias actuales, además de la relacionada con la demora en el proceso de revisión (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 703/709).
III. De modo liminar, corresponde efectuar una reseña de algunos hitos procesales de la presente causa.
III.1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento del día 28 de noviembre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, quien luego de haber declarado la responsabilidad penal del joven C. D. V. con relación a los delitos de robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, consideró la necesidad de imponer pena y lo condenó a la de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas (v. auto de responsabilidad de fs. 29/104 -pie de página- y auto de imposición de pena de fs. 237/306 vta.). En consecuencia, casó la decisión impugnada en lo que respecta a la determinación de la pena, obliteró como circunstancia agravante "la causa en trámite" y, en función de la escala penal que corrigió, readecuó el monto de la sanción en veintiséis años de prisión, accesorias legales y costas por los delitos antes mencionados (v. fs. 552/574 vta.).
III.2. Contra esa decisión, el señor defensor oficial ante la citada instancia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 585/604), el cual fue concedido por el órgano inferior (v. fs. 608/610) y que tramitó ante esta Suprema Corte como causa P. 131.077.
En su presentación, el recurrente formuló los siguientes agravios: a) en primer término, denunció arbitrariedad de la sentencia impugnada y falta de revisión integral en cuanto a la decisión de no aplicar la escala reducida de la tentativa; planteó la violación y errónea aplicación de la normativa que establece el régimen penal juvenil; cuestionó que la Casación hubiera entendido que la decisión de la instancia de no aplicar la escala reducida prevista en la ley (art. 4, ley 22.278) había sido una elección del tribunal de grado en el marco de su facultad legal y que se encontraba debidamente fundada en la gravedad de los hechos y la insuficiencia del tratamiento tutelar; finalmente, hizo alusión al fallo "Maldonado" de la Corte federal; b) en segundo lugar, alegó la violación del principio de legalidad al establecer el Tribunal de Casación una nueva escala penal; sostuvo que la "facultad" prevista en la ley, impone como única salida la utilización de la escala de la tentativa para todo el concurso de delitos y, por tanto, el marco punitivo debía quedar fijado entre diez a quince años y c) por último, denunció la falta de fundamentación del monto de pena impuesto y la violación del derecho a ser oído. Concluyó que el pronunciamiento cuestionado no abastecía los estándares mínimos de revisión de todo pronunciamiento judicial de condena en los términos de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero tampoco los específicos que impone el sistema penal juvenil, a la vez que se apartaba de la doctrina del mencionado precedente "Maldonado".
III.3. Este Superior Tribunal dictó sentencia el día 20 de noviembre de 2019 y acogió de modo parcial el recurso extraordinario incoado (v. fs. 632/638).
Para así resolver, se tuvo en cuenta que los parámetros que habían sido tenidos en consideración por el órgano casatorio al momento de imponer pena, no encontraban apoyatura legal que avalara esa solución, ya que eran contrarios a lo prescripto en el párrafo segundo del art. 56 del Código Penal en cuanto establece que "Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua...".
Se ponderó que, en el caso, el joven había sido condenado por las figuras contempladas en los arts. 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código Penal, concurriendo -entonces- la prisión o reclusión perpetua para el homicidio criminis causae (pena no divisible), la prisión o reclusión temporal para el robo calificado cometido con arma de fuego y la prisión temporal para la tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal (penas divisibles), y ello determinaba, conforme la citada norma, que debía aplicarse la reclusión perpetua (conf. causa P. 81.721, sent. de 30-XI-2005).
También se aclaró que "...establecida por los tribunales que han intervenido la premisa de que no puede condenarse a perpetuidad a los jóvenes en conflicto con la ley penal, es sobre dicha pena que debe implementarse un mecanismo por el cual se individualice, para estos casos especiales, una temporal", y que "...aun cuando la reducción conforme la regla de la tentativa no es imperativa para todos los casos en los que se juzga a menores (conf. causas P. 128.160, sent. de 6-V-2018 y P. 129.106, sent. de 26-XII-2018), en supuestos como el presente, en los cuales el concurso material conduce a una pena fija -que fue desestimada por el a quo -, el mecanismo del art. 44 del Código Penal permite, con base legal, la sustitución de la pena indeterminada por una temporal".
Así, se concluyó que "La decisión del órgano casatorio, so pretexto de dar un cauce normativo a la determinación de la pena no tuvo en cuenta, por un lado, que en el supuesto del art. 56 del digesto sustantivo no es necesario establecer una escala penal, en tanto la pena del concurso real -en su alternatividad- ya fue resuelta por el propio legislador..." y "Por el otro, tampoco consideró que, en el caso de aplicar la reducción de la tentativa, la operación recae sobre el concurso real de delitos y no para uno de los ilícitos que lo integran, en tanto las pautas del art. 44 del Código Penal, en lo pertinente, deben referirse a la pena que corresponde al mismo y no a cada uno de los hechos independientes".
En consecuencia, esta Suprema Corte casó la sentencia impugnada y ordenó remitir los autos al Tribunal de Casación para que, debidamente integrado, emitiera un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
III.4. El día 11 de diciembre de 2019, luego del dictado de la sentencia pronunciada en la causa P. 131.077, la defensa de V. presentó un escrito ante la Secretaría Penal de esta Corte pidiendo expresamente que, una vez devueltas las actuaciones al tribunal revisor y antes del dictado del nuevo pronunciamiento, se le diera nueva vista para tomar conocimiento de la integración del órgano, actualizar los puntos de agravio respecto del imputado atento el tiempo transcurrido desde la primera sentencia de Casación y peticionar la audiencia de determinación de pena (v. fs. 648).
III.5. Devuelta la causa a la Sala IV del tribunal intermedio, ignorando el requerimiento de la defensa, ese órgano dictó nueva sentencia el día 21 de mayo de 2020 y condenó a C. D. V. a la pena de diecinueve años de reclusión, accesorias legales y costas, por los delitos que fuera hallado responsable (v. fs. 655/657).
Para así decidir, y luego de un repaso de lo resuelto por esta Suprema Corte, sostuvo que "...la escala penal debería fijarse de conformidad con los lineamientos del segundo párrafo del art. 44 del código sustantivo (reclusión de quince a veinte años)" y que "...considerando las pautas atenuantes (la escasa educación, la minoría de edad del encausado al momento de la comisión del hecho y la circunstancia de que a los coimputados mayores se les agravara la pena en razón de la utilización de menores en el hecho) y agravantes (aplicación del art. 41 bis del Cód. Penal, gravedad del hecho, extensión del daño causado, nocturnidad y violencia del hecho) sopesadas que se mantienen firmes" resultaba adecuado fijar la pena en diecinueve años de reclusión, accesorias legales y costas del proceso, en función de los delitos por los cuales había sido declarada su responsabilidad penal (v. fs. 655 vta. y 656).
IV. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que corresponde hacer lugar –en lo pertinente- al recurso interpuesto por la defensa oficial de V..
IV.1. El primer agravio relativo a la denuncia de falta de realización de la audiencia de visu y la consecuente afectación del debido proceso y la defensa en juicio, prospera.
La defensa argumentó que, en el escrito presentado ante esta Suprema Corte luego del dictado de la sentencia pronunciada en la causa P. 131.077, había peticionado que, una vez devueltas las actuaciones al tribunal revisor, se le diera nueva vista para: "...tomar conocimiento de la integración del órgano, actualizar los puntos de agravio respecto del imputado atento el tiempo transcurrido desde la sentencia de fs. 552 y peticionar la audiencia de determinación de pena". No obstante, sin auto de radicación, omitiendo toda vista a las partes e ignorando sin justificación alguna el pedido expreso de la defensa, la Casación dictó una nueva sentencia (v. agravio en el acápite I.1. de la presente y escrito de fs. 648).
Las especiales particularidades de este caso dan cuenta de que el trámite desplegado ante el Tribunal de Casación Penal, al hacer caso omiso a la voluntad de la defensa respecto a su pedido concreto sin ninguna explicación en el marco de un proceso penal juvenil, derivó –tal como lo expone el impugnante- en la afectación de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa material del joven V. (conf. causas P. 122.619, resol. de 28-II-2018 y P. 130.372, sent. de 29-IV-2020).
Cabe destacar que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial puso de manifiesto que su defendido se vio privado de someter al análisis de los jueces de Casación principalmente cuestiones relevantes de sus circunstancias personales actuales, cercenándosele así el derecho a pronunciarse previo al dictado de una sentencia de condena. Además, consideró que lo acontecido era aún más grave porque V. era un joven destinatario de un sistema normativo de protección especial en el que es de suma importancia contar con la participación del imputado ante esa instancia.
Es significativo recordar que el procedimiento regulado para el recurso de apelación del régimen penal juvenil prevé, bajo sanción de nulidad, el contacto "directo y personal con el niño" por parte de los magistrados del órgano revisor, oportunidad en la cual se podrá "...asimismo oír a las partes para completar su información acerca de las circunstancias del caso" (art. 60, ley 13.634).
Esta obligación de llevar a cabo una audiencia de visu con el joven imputado en la instancia revisora fue resaltada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343, sent. de 7-XII-2005, cons. 24 del voto de la mayoría).
Si bien del estudio del trámite del expediente se desprende que C. D. V. tuvo la audiencia del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal con anterioridad al dictado de la primera sentencia del Tribunal de Casación y allí pudo exponer sobre sus circunstancias personales ante los jueces de ese órgano (v. fs. 526 y vta.), lo cierto es que ha transcurrido un lapso considerable entre ese acto y la nueva individualización de pena, por lo que las circunstancias personales entonces referidas bien pudieron haber variado.
Ahora bien, según el citado art. 41 inc. 2, las "condiciones personales" del agente deben ser tenidas en cuenta al momento de fijar el nuevo monto de la pena. Y precisamente acerca de sus "circunstancias personales actuales" es lo que la defensa indica que se lo privó de exteriorizar al joven con la omisión de la vista requerida y de la nueva audiencia ante la instancia intermedia.
Y, más allá de que ese acto procesal (la audiencia celebrada ante la instancia revisora en el año 2017) no haya sido anulado por esta Corte en su anterior intervención, las circunstancias apuntadas anteriormente dan cuenta de la necesidad de que la audiencia con el joven se llevara a cabo nuevamente luego del reenvío ordenado, más aún frente al pedido expreso de la parte y por tratarse de un proceso penal juvenil.
Justamente, todo ello reviste mayor trascendencia porque V. era menor de edad al momento de la comisión de los sucesos por los que fue responsabilizado, de modo que el conocimiento de sus condiciones personales actualizadas resultaba de vital importancia previo a la determinación de la nueva sanción.
No debemos olvidar que la imposición de pena por un he
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