Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134882
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.882, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 54.329 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Medina, Sergio; Coronel, Ramón; Martín, Justo León y Galarza, Dolores", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal resolvió -por mayoría- mediante el pronunciamiento dictado el 11 de junio de 2015, rechazar el recurso fiscal deducido contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que, en lo que es pertinente, dictó veredicto absolutorio respecto de Dolores Basilia Galarza, Ramón Alberto Coronel Mujica, Justo León Martín y Sergio Gastón Medina por el delito de homicidio calificado por el que fueron acusados (arts. 45, 80 incs. 1, 3 y 6, Cód. Penal; v. fs. 262/288).
Frente a ello, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/299) que fue concedido por el órgano recurrido (v. fs. 324/325 vta.).
El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 416/422). Dictada la providencia de autos (v. fs. 424), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal por la señora defensora adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal (v. fs. 429/433 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad del fallo desde dos aristas.
De un lado, sostiene que el pronunciamiento que critica se ha fundado de modo aparente, con déficit de motivación, por haberse extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surge de sus contenidos -cita, en apoyo, los precedentes de esta Corte P. 113.511, sentencia de 6-VIII-2014 y P. 73.154, sentencia de 24-IX-2003-. Del otro, señala que el órgano intermedio se apartó del buen sentido y la sana crítica en la apreciación de las pruebas relevantes para identificar la veracidad de los hechos puestos a su conocimiento, merced a un análisis fragmentado de tales elementos de cargo (v. fs. 286 y vta.).
Aduce que no se atendieron los agravios llevados en el recurso de casación, los cuales fueron rechazados mediante el empleo de fórmulas genéricas, confirmando así la absolución de los imputados por aplicación del principio de la duda, pero omitiendo un razonamiento lógico de acuerdo a las constancias de la causa.
En ese camino afirma que el referido principio no puede reposar en una mera subjetividad pues en autos existe prueba indiciaria que abastece la certeza necesaria para la condena de los imputados.
Luego de transcribir los hechos probados, señala que la fiscalía atribuye a Galarza el haber pactado con los restantes imputados -a quienes les habría pagado una considerable suma de dinero- el homicidio de su marido Roberto Antonio Molina, consumado finalmente por Medina, Coronel y Martín el 17 de agosto de 2005 cuando lo abordaron al salir de su casa (v. fs. 289 cit.).
En este andarivel, hace hincapié en la declaración de José Luis Fernández (testigo de identidad reservada) que luego fue corroborada por el oficial Carlos José López, las que permitieron confirmar el lugar donde los autores se habían escondido, y a ello agrega la declaración de Marcela Beatriz González que facilitó reconstruir el plan de la instigadora Galarza.
Discrepa con la falta de credibilidad atribuida al testimonio de González, quien mantuvo sus dichos a lo largo del proceso. Afirmó, siguiendo el voto en disidencia del señor juez Borinsky, que el cuadro de trastorno de estado del ánimo tipo depresivo que motivó su internación, no desmerece su declaración como tampoco el resultado de los reconocimientos fotográficos, en los que señala a Medina y Coronel como las personas que recibieran en José C. Paz el dinero enviado por la imputada Galarza, que fueran también señalados por el testigo de identidad reservada Fernández y apuntados por el consorte de causa Martín (v. fs. 291/292).
Agrega los reconocimientos fotográficos de Coronel Mujica y Medina, efectuados por la testigo González en presencia de la defensa, como aquellos a los que les llevara dinero y que ambos intentaron amenazarla en su domicilio (v. fs. 292 vta.).
Suma las declaraciones prestadas por Fernando Hugo Prota (asesor legal de la corporación mormona) y el coimputado Martín. Sostiene que este último afirmó que conocía a los hermanastros Medina y Coronel del barrio, quienes habían comentado que ganaron dinero en un hecho donde habían matado a una persona, haciendo referencia a dos pistolas calibre 45 mm., un revólver 38 mm. y una escopeta, siendo que una de ellas tiene el mismo calibre que el usado para ultimar a la víctima del hecho (calibre 45; v. fs. 293 y vta.).
Refiere las testimoniales de Carlos Alberto Barzal y Diego Rodolfo David, quienes estuvieron detenidos en la misma celda que Martín y manifestaron que escucharon que este discutía con un recién llegado -Coronel- acerca del homicidio.
Valora, asimismo, testimonios de las hermanas Judith (expareja de Justo León Martín) y Yanina Colombo (expareja de un hermano del imputado Medina) quienes confirmaron que Medina y Martín habían participado de un hecho con tintes similares al investigado en la presente (v. fs. 294 y vta.).
Señala que con el informe de la Dirección de Análisis de Comunicaciones se acreditó la existencia de una llamada entrante, seis días después de ocurrido el homicidio, a la casa de la víctima (a cargo de Galarza) desde un locutorio que asiduamente era visitado por los imputados y a una cuadra de la casa de Medina demostrando la vinculación entre estos, así como su intervención en el homicidio (v. fs. 294 vta.). Aludió también a la declaración de Alejandro Adrián Soto -primo hermano de Medina- quien confirmó que luego del hecho entraron a su casa -a poca distancia de donde encontraron el cadáver de Molina- y que discutieron Coronel, Medina y Martín acerca del homicidio (v. fs. 295).
Asevera que la motivación económica resulta una prueba de convicción, citando la declaración, incorporada al debate por lectura, de David López (supervisor de la víctima) quien señaló que la esposa de Molina llamó por teléfono a un comprador solicitándole dinero, argumentando una situación económica grave, pidiendo que no le comente nada al marido y, consultado con este último, dijo no tener conocimiento de ello; que si bien tenía un problema de hipoteca no entendía el atrevimiento de su mujer para realizar esa especie de llamado. De dicha circunstancia también dio cuenta Manuel Fernández Santos, otro agente de compras de la iglesia (v. fs. 295 y vta.).
Aduna la circunstancia de que Galarza cobró el seguro de vida de la víctima Molina, conforme la constancia emitida por el Banco Galicia, así como una indemnización abonada por parte de la corporación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue depositada en una cuenta que esta tenía en conjunto con otra persona -José Gil Robles- cuyo paradero no pudo determinarse pues el domicilio denunciado resultó inexistente (v. fs. 296).
Afirma que la clara motivación económica de Galarza y la mendacidad al declarar resultan prueba determinante que permite confirmar la mecánica de los hechos, como así también la actitud posterior de los imputados, pues alardeaban con una cantidad de dinero para adquirir bienes como un auto o una moto (v. fs. 296 y vta.).
Finalmente aduce que el otro móvil posible y vinculado a la actividad laboral y religiosa del occiso, esgrimido por los casacionistas, no puede darse por acreditado pues no existen pruebas claras en esa dirección y que los testigos solo tuvieron referencias positivas hacia la persona de Molina. Explicó que se intentó hacer referencia a proveedores de alimentos como los posibles instigadores del homicidio sin advertir que la víctima trabajaba en otro sector de la empresa vinculada a la refacción y construcción de capillas (v. fs. 296 vta. y 297).
Concluye que el tribunal intermedio emitió una sentencia basada en afirmaciones dogmáticas, producto de una apreciación parcial y sesgada de las constancias de la causa, por lo que solicita se case por arbitraria (v. fs. 297 vta. y 298).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y propició su acogimiento (v. fs. 416/422).
III. Disiento con su opinión, pues el remedio incoado no prospera.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa -y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad (por fundamentación aparente, valoración parcial y fragmentada de la prueba)- no logran superar una mera discrepancia con el criterio del a quo , sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento, ni una administración irrazonable del principio favor rei.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. Fallos: 301:909; 319:1728; e.o.), de modo tal que, no ha sido posible corroborar con la certeza requerida para un juicio de condena, la hipótesis acusatoria. De allí la insuficiencia impugnativa (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
III.1. De acuerdo con el fallo originario, el sentenciante tuvo por acreditado, en lo que aquí interesa, que "...el día 17 de agosto de 2005, aproximadamente a las 7 de la mañana, Roberto Antonio Molina recibió tres impactos de bala en la cabeza, dos en región maxilar izquierda y otra en región de la cisura interparietal; las tres con rastros de ahumamiento, lo que indica que fueron efectuadas a menos de cincuenta centímetros, provocándole un paro cardiorespiratorio traumático secundario a laceración cráneo-encefálica, lo que le produjo la muerte, como lo indica el informe de autopsia [...] Habiendo sido visto por última vez al salir de su domicilio con destino a su trabajo, en calle Sarmiento 751 de Pilar, su cuerpo fue hallado en el interior de su automóvil Chevrolet Corsa, dominio ENF-939, en las proximidades de San Fernando y Río Gallegos de Cuartel Quinto, partido de Moreno" (fs. 405 vta.).
Indicó que la hipótesis sustentada por la fiscalía atribuye a Galarza el haber pactado con los restantes imputados, a quienes les habría pagado la suma de ocho mil pesos, el homicidio de su marido, consumado por Medina, Coronel y Martín en la fecha mencionada, cuando lo abordaron al salir de su casa, no llegando nunca a la Ruta 8 km. 48.400, aproximadamente a veinte cuadras de su domicilio, donde habitualmente lo esperaba Claudio Fernández, compañero de trabajo con quien continuaba el trayecto hasta Capital (v. fs. 406).
Destacó que el testimonio prestado por José Luis Fernández, que en su momento declaró bajo identidad reservada, y sobre el cual la fiscalía fundamenta su acusación y desvió radicalmente la investigación que transitaba por otros carriles, no podía considerarlo como base de imputación, por ser un sujeto que posteriormente no pudo ser habido. Aclaró que si bien su testimonio fue incorporado al debate por su lectura, debía descartarlo "...no sólo porque la Corte Suprema de Justicia ha considerado que no es posible su ponderación decisiva en una sentencia, cuando la misma no ha podido ser controlada por la defensa, afectando el ejercicio de este derecho, consagrado no solo por la Constitución, sino también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.f) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.e), concepto que ha sido recogido por la legislación, mediante la reforma a la norma procedimental mediante ley 14297, aunque no aplicable en este caso por así preverlo la misma, sino además por contener elementos que hacen dudosa su credibilidad" (fs. 406 vta.).
Especificó que Fernández concurrió espontáneamente a la DDI de José C. Paz, para hacer saber a uno de los investigadores su conocimiento respecto a un homicidio ocurrido en distinta jurisdicción, cuatro meses antes. Con motivo de ello, el oficial Carlos Javier López procedió a las averiguaciones pertinentes acerca de su ocurrencia en el Departamento Judicial de Mercedes, llevándolo a declarar ante la UFI correspondiente, sin verificar su domicilio, en el cual después resultó ser desconocido, refiriendo en la audiencia que no se lo había dado por cuanto tenía antecedentes penales (v. fs. 406 vta. y 407).
Recalcó que Fernández no era del lugar, sino que el domicilio que aportó era de Villa de Mayo, distante al lugar del hecho, en Moreno y límite con General Rodríguez; quien también supo el lugar en el cuerpo en el que se efectuó el disparo (en la zona occipital o parietal izquierda), como así también una vivienda en la que se ocultaron hasta que se fue la policía, datos que se los aportó al policía López, "...a quien no se le ocurrió en la posibilidad de que se tratara de alguien que había participado del hecho y consecuentemente, quería desviar la investigación" (fs. 407).
Subrayó que los datos aportados por el nombrado Fernández son en lo general coincidentes con los restantes que surgen de la causa, menos aquellos que pretenden involucrar a Galarza en el hecho (v. fs. cit.).
Indicó que Fernández dijo que Medina y "el negro Ruli" (por Coronel), fueron los que entraron a la casa, "...que como la víctima estaba durmiendo y no se despertaba, la esposa bajó y les abrió la puerta", lo que difiere con el testimonio de González, quien dijo que esa noche había dormido en casa de los Molina y cuando se levantó, quien sería luego víctima del hecho, estaba en la cocina tomando mate, en tanto que su esposa dormía (v. fs. 407 vta.).
Adunó que las hijas de la víctima, refirieron que en la casa había siete perros, cuatro de ellos guardianes, lo que dificulta creer que sacaron a Molina a punta de pistola dos desconocidos.
Concluyó que Fernández conoce "...detalles precisos del hecho, en todo el tramo de su comisión, pero precisamente trata de desviar la atención, cuando de la imputación a Galarza se trata y ella como medio para arribar a los restantes encausados" (fs. cit.).
A su vez, restó credibilidad a los dichos de Marcela Beatriz González, que entró al proceso con identidad reservada, y posteriormente declaró en la audiencia de debate, quien señaló que Galarza le había contado que pagaría para que maten a su marido, habiéndole ofrecido los mismos contactos para hacerlo con el suyo, a lo que esta se había negado terminantemente. Agregó que, en una oportunidad en la que se encontraron en la iglesia intentó ponerlo sobre aviso, pero que Molina le solicitó unos minutos para escucharla, y que al volver lo hizo con la familia, por lo que se limitó a pedirle prestado diez pesos (v. fs. 407 vta. y 408). Al referirse a la mañana del hecho, cuando Galarza le habría dicho que ese día se produciría el encargo, relató que se levantó temprano encontrándolo en la cocina tomando mate, ofreciéndole uno, estando solos en el lugar, pero sin embargo no lo hizo.
Destacó que la nombrada fue internada tras un intento de suicidio el 17 de enero de 2006 por un "cuadro de descompensación psiquiátrica" como da cuenta el informe del Centro de Salud Mental "Estancia del Pilar", siendo externada el 3 de abril. Deduce que al momento de su primera declaración ante la fiscalía de Mercedes (7-III-2006), donde se indica que "comparece espontáneamente", la misma estaba internada en una institución psiquiátrica en Pilar. Y también lo estaba al efectuar los reconocimientos fotográficos el 14 de marzo del mismo año, no quedando constancia alguna respecto a quién pudo retirarla de su lugar de internación y acompañarla hasta la ciudad de Mercedes (v. fs. 408).
Aseveró que, en su criterio, no todas las hipótesis estaban cerradas, cuando se eligió una de ellas para llevar al debate, por lo que "...solo ante la imposibilidad de que otra sea la realidad, es posible arribar a la certeza requerida para una sentencia condenatoria". Afirmó que la posibilidad de que otra sea la verdad "...crea una duda que no es posible superar" por lo cual le resulta imposible, por imperio legal y por convicción sincera, resolver favorablemente esta cuestión (v. fs. 409 vta.).
III.2. Ante el Tribunal de Casación interpuso recurso el señor fiscal que denunció absurdo, arbitrariedad, fundamentación aparente por haberse efectuado afirmaciones dogmáticas y omisión de prueba decisiva para la resolución de la causa, con apartamiento de la doctrina nacional (v. fs. 217/223 vta.).
En prieta síntesis objetó la desconsideración de los dichos de José Luis Fernández, en su opinión ponderados en forma parcial y contradictoria para sustentar el pronunciamiento absolutorio. Se refirió al testimonio prestado por Marcela González a quien la coimputada Galarza le solicitó ayuda para matar a su marido, reconociendo a Mujica y describiendo el modo en que observó el dinero entregado. Mencionó los dichos de Claudio Fernández, quien recordó que González le había manifestado la participación de Galarza en la muerte de Molina. Acudió a los testimonios brindados por Yanina y Judith Colombo (incorporados por lectura), en cuanto proporcionan datos de la tarea encomendada, o sea, ultimar a Molina. Entendió como el móvil del homicidio el cobro de los seguros de vida por parte de Galarza y se refirió a las contradicciones en que incurrieron los coimputados Martín, Coronel Mujica y Galarza -quien primigeniamente se había constituido como particular damnificada-.
III.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, a través del voto del señor juez Violini, al que adhirió el doctor Carral, preliminarmente indicó que en la requisitoria de elevación a juicio el señor fiscal tuvo por acreditado que el 17 de agosto de 2005, aproximadamente a las 08:30 hs., Coronel Mujica, Martín y Medina (prófugo a la fecha de la requisitoria), con premeditación, ultimaron a Roberto Antonio Molina (quien se dirigía a su trabajo) mediante disparos de arma de fuego, tarea por la que previamente habían recibido una suma de dinero no establecida, por parte de la esposa de la víctima, Dolores Galarza, la que fue entregada en forma previa, por interpósita persona, en sobres. De todo este relato, el tribunal sólo tuvo por acreditado que, en la fecha referida, alrededor de las 07:00 hs., Roberto Molina recibió tres impactos de arma de fuego en la cabeza, efectuados a menos de 50 cm. de distancia, lo que lo llevó a la muerte, y que fue visto por última vez al salir de su domicilio con destino a su trabajo (v. fs. 264 vta.).
De seguido resaltó que parte de la argumentación fiscal se sostiene en declaraciones incorporadas al debate por lectura, "...puntualmente, las de José Luis Fernández y Judith y Yanina Colombo, siendo que éstas no pueden ser valoradas a los efectos de fundar la condena, no sólo en virtud de la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia in re 'Benítez'", sino además en razón de "...la expresa prohibición contenida en el artículo 366 del Código Procesal Penal" (fs. 265).
Apuntó que toda vez que ni el recurrente ni la señora fiscal ante esa sede han argumentado en punto a los eventuales motivos por los que debería soslayarse dicha prohibición (los que tampoco observaba), "...los relatos de los testigos mencionados deben ser omitidos en el presente análisis" (fs. cit.).
En adición, destacó que "...el tribunal brindó una motivación (que el recurrente no refuta en forma adecuada) explicativa de los motivos por los que descreía del relato de Fernández (proporcionó un domicilio falso e información que sólo podría haber
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