Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135001
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.001-RC, "Acuña, Luis Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 59.617 y su acumulada 59.622 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, tras la incidencia respecto de su intervención zanjada por esta Corte merced al pronunciamiento del 1 de agosto de 2018 en el marco del legajo P. 130.925, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de mayo de 2019, rechazó -sin costas en esa sede- los recursos de la especialidad deducidos por las defensas de Mauro Ponti, Luis Acuña, Rubén Steingruber, Natalio De Nardis y Luis Brandan, contra la sentencia emitida el 14 de julio de 2016 por la Sala VI de dicho órgano jurisdiccional que -en el marco de las causas 59.617 y su acumulada 59.622- hizo lugar, parcialmente, a los recursos de casación interpuestos por los agentes fiscales y por la particular damnificada contra el veredicto absolutorio pronunciado el 21 de mayo de 2013 respecto de los nombrados por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza en relación con los hechos materia de acusación que fueran tipificados como tortura seguida de muerte que tuviera como víctima a Gastón Duffau; y, en consecuencia, teniéndolos por penalmente responsables del hecho en cuestión, condenó a Mauro Adrián Ponti, Luis Alberto Acuña y Rubén Darío Steingruber en el carácter de coautores del delito de tortura seguida de muerte, imponiéndoseles la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas; y a Natalio Hernán De Nardis y a Leonardo Ezequiel Brandan, como participes necesarios de dicho ilícito, con la determinación de análoga pena (v. fs. 693/714 en función de fs. 332/367).
La señora defensora oficial adjunta, doctora Susana E. De Seta, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 22/32 vta. a favor de Acuña, mientras que el doctor Pousa Bogado lo hizo a favor de Brandan y la defensa particular de Ponti y Steingruber, ejercida por el doctor Pérez, dedujeron las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley que lucen a fs. 731/744 y vta. y 745/763 y vta., respectivamente.
El 10 de diciembre de 2020, el órgano a quo admitió el recurso extraordinario deducido por la defensa pública, declarando inadmisibles los restantes, lo que derivó en la deducción de quejas por parte de las defensas particulares (Pousa Bogado respecto del imputado Brandán y Pérez a favor de Steingruber) y por el señor defensor oficial, doctor Blanco a favor del imputado Ponti, las que tuvieron acogida favorable respecto de los recursos contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal (causas P. 134.981; P. 134.579 y P. 134.581), y fueron admitidos por esta Corte (v. resols. de fs. 854/858; 868/871 y 885/888).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 917/929, y el defensor particular de Leonardo Ezequiel Brandan, doctor Carlos A. Pousa Bogado, presentó la memoria del art. 487 del Código de rito a fs. 937/941, dictada la providencia de autos (v. fs. 931) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa a favor de Luis Alberto Acuña?
2ª) ¿Lo es el deducido por el doctor Pousa Bogado a favor de Leonardo Ezequiel Brandan?
3ª) ¿Es fundada la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada a favor de los imputados Mauro Adrián Ponti y Rubén Darío Steingruber?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el remedio bajo estudio la defensa de Luis Alberto Acuña plantea los siguientes agravios:
I.1. Arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y quebrantamiento a la garantía del ne bis in ídem ; afectación de los principios de preclusión y progresividad y de las garantías constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio, debido proceso y del plazo razonable de su duración (v. fs. 778).
Afirma el menoscabo al doble juzgamiento prohibido, por cuanto tras un proceso cumplido válidamente, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, de manera seria y razonada absolvió a su asistido; y frente a la disconformidad del fiscal por discrepancias en la valoración de la prueba efectuada por los jueces del caso, la Casación acogió dicho reclamo y anuló ese veredicto y devolvió a efectos de que se realice un nuevo juicio, lo cual le permitió al Estado reeditar los actos necesarios a fin de obtener un pronunciamiento de condena. Señala que realizado el nuevo juicio a cargo del Tribunal en lo Criminal n° 4 del referido departamento judicial, y frente a una nueva absolución, la sala VI del a quo acogió los recursos del ministerio público fiscal y del particular damnificado y condenó al imputado.
Sostiene que al haberse retrotraído el proceso a etapas ya superadas cuando se cumplieron las formas esenciales del juicio esto es, acusación, defensa, prueba y sentencia, se quebrantaron los principios de preclusión y progresividad, junto con la garantía del ne bis in ídem .
Pues, recuerda, que la Corte federal estableció que dicha garantía no solo veda la aplicación de una segunda pena por un mismo hecho ya penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra a través de un nuevo sometimiento a proceso de quien ya lo ha sido por el mismo hecho, con cita, entre otros, del precedente "Alvarado".
Refiere que su asistido no desarrolló conducta alguna que llevara a la anulación del fallo, sino que, por el contrario, se sometió a dos debates, soportó dos recursos de casación del fiscal y del particular damnificado y asistió a todas las audiencias. Y que entonces, "...al disponerse el reenvío de los obrados para el dictado de un nuevo pronunciamiento, por valorar la prueba el Tribunal de casación penal de manera diversa al de origen y volver a revocar una segunda absolución, se desconoce la doctrina sentada por el máximo tribunal nacional e incurre en arbitrariedad" (fs. 781 vta.).
I.2. "Afectación de la garantía de revisión amplia por parte de un tribunal superior. Art. 8.2.h., CIDH doctrina Mohamed vs. Argentina".
Sostiene que a su defendido se le impuso la pena de prisión perpetua recién por parte del Tribunal de Casación Penal, siendo esta escrutada por una Sala paralela en cumplimiento de la garantía de revisión amplia de hechos y derechos. No obstante, el imputado no ha visto garantizada dicha revisión. Y, frente a la ausencia de legislación procesal que contemple supuestos como el presente corresponde aplicar el mencionado precedente, anular la sentencia y absolver sin más a Acuña.
I.3. Arbitrariedad por ausencia de fundamentación y vulneración de la garantía de plazo razonable.
Estima la defensa que la Sala de Casación que actuó en el carácter de tribunal intermedio no explicó fundadamente el rechazo del planteo de esa parte respecto del exceso del plazo razonable del proceso, siendo que lleva más de una década sin sentencia firme, por lo que reputa que ha incurrido en el vicio de arbitrariedad, al brindar como respuesta meras afirmaciones dogmáticas, vacías de contenido y desentendidas de los hechos ventilados en la causa.
I.4. Además, denuncia en esta sede la conculcación del plazo razonable del proceso, con invocación de los arts. 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional y art. 1 en relación con los arts. 7.5. y 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Recuerda que el primer veredicto absolutorio data del 6 de mayo de 2009, el que a la fecha no se encuentra firme, a lo cual cabría sumar que no existieron dilaciones indebidas o demoras injustificadas imputables al justiciable ni de la defensa. Tampoco, sostiene, se advierte una especial complejidad en la causa, ni por las pruebas ni por la cantidad de imputados, ni por los delitos investigados y que la conducta de los justiciables no repercutió en la demora en su resolución, sino solo la del recurrente: parte acusadora.
Señala que a su asistido lo perjudica la situación de incertidumbre referida, dado que luego de haber obtenido dos veredictos absolutorios, en instancia del Tribunal de Casación Penal fue condenado a prisión perpetua, la que ahora pretende revisar ante un órgano superior.
Expuso que, si bien el a quo juzgó que ello no fue postulado por dicha parte al impugnar, a fs. 681/692 aparece el fundamento y motivación de la vulneración del plazo razonable.
Seguidamente, de la mano de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que el agravio de su defendido es palmario pues no solo se vulnera el acceso a la justicia por falta de determinación -en el caso concreto- del plazo razonable -con su correspondiente cese- sino que, tal omisión conlleva la violación del derecho de defensa al no haberse considerado los argumentos referidos al perjuicio de un proceso abierto.
Por todo lo cual reclama que este Tribunal se pronuncie sobre el planteo formulado atento a la responsabilidad internacional del Estado que está en juego y que la ausencia de respuesta puede comprometer.
I.5. Finalmente plantea arbitrariedad del fallo en crisis por indebida fundamentación, apartamiento de los precedentes de la Corte nacional, lo que determinó la afectación de la defensa en juicio y del debido proceso (v. fs. 784).
Recuerda que en oportunidad de impugnar el fallo condenatorio se agravió de la vulneración de la defensa en juicio y el debido proceso, relacionada con la valoración de la prueba aportada, concluyendo que no era suficiente para tener por acreditada la coautoría y la subsunción legal en los términos del art. 144 ter, incs. 1, 2 y 3 del Código Penal.
Después de transcribir parcialmente la decisión del a quo , sostiene su arbitrariedad en tanto se afirma que la muerte del joven Duffau fue producto del accionar policial, "...sin importar la causa del deceso, el momento de producción y de responsabilidad de quién". Por lo que estima que se "...realizó una atribución objetiva de responsabilidad, en virtud de la posición de garante pero en el caso, no se ha logrado acreditar si la causa de la muerte fue o fueron las lesiones, la ingesta de medicación u otra patología, o alguna omisión de cuidado. No se acreditó si el hecho desencadenante de la muerte aconteció previo a subir a Duffau al patrullero, con posterioridad o cuándo" (fs. 784/785).
Añade que, si se coincide en que no se conoce a ciencia cierta la causal de muerte, su atribución al personal policial resulta desajustada a los elementales principios constitucionales de culpabilidad, inocencia, in dubio pro reo y legalidad. Y que cuando alegó la ausencia de los elementos de la teoría de la imputación objetiva, sus objeciones fueron contestadas en forma dogmática sin detenerse en dar respuesta a lo sostenido por esa defensa.
Repara que en el caso "...no se han señalado los elementos ex antes y ex post al hecho que permitan formular la afirmación efectuada por la Sala II y VI y convalidada por la Sala III. No aparece comprobado el grado de conocimiento -certeza positiva- para tener por acreditada la materialidad ilícita y que [...] tampoco se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el art. 144 ter del CP para encuadrar la conducta de su asistido en la mencionada figura típica" (fs. 785).
Insiste en la ausencia de acreditación de: la imposición de torturas; que fueran impuestas por personal policial; que la víctima se encontrara privada de la libertad; que su defendido tuviera poder de hecho sobre la víctima (conforme los elementos requeridos por el art. 144 ter del Código Penal). También, recuerda que se agravió de la atribución de coautoría a su asistido pues cualquiera sea la teoría aplicada no se ha logrado certeza en cuanto a la participación que le cupo, solo sustentada en el indicio de oportunidad, cuando no se ha acreditado la causa de la muerte.
Denuncia apartamiento de los precedentes "Casal" y "Carrera" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afectándose la garantía a la revisión amplia que imponen los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5. del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II. El Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con ello, en razón de la marcada insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP).
IV.1. La arbitrariedad alegada en relación con la violación a la garantía del ne bis in idem, no es de recibo, en tanto se desentiende de los argumentos que sobre el punto brindó la Casación para desestimar ese motivo de agravio.
En efecto, ante similares planteos al aquí efectuado (v. recursos de fs. 490/491; 546 vta./549 y 576/578), la Sala III del tribunal intermedio, en ocasión de convalidar lo actuado por su par -mediante el voto del doctor Borinsky- señaló que "...la facultad de recurrir la sentencia [...] absolutoria por el acusador no quebranta la prohibición de doble valoración" (fs. 696 vta.).
Dijo que, por lo demás, la defensa alude al doble riesgo conforme al sistema anclado en el derecho estadounidense, "...más nada hay en el caso que encuentre sitio en el mismo". Pues, el pilar fundamental que anima la cláusula del doble riesgo es que el Estado no debe tener atribuciones para oprimir a los individuos a través del abuso del proceso penal. Empero, siguió argumentando, no existe un principio que permita verificar cuándo un nuevo procesamiento resulta opresivo en los términos de la cláusula, debiéndose hacer un balance entre los intereses opuestos de individuos y comunidad. A ello sumó que la operatividad de la garantía se encuentra supeditada a la existencia de una sentencia firme, circunstancia no presentada en el caso (v. fs. 698 vta.).
Por su parte, el doctor Carral -luego de referir a la legitimación recursiva del acusador, a la jurisprudencia sobre tal temática y la garantía del ne bis in ídem - estimó que "...mientras se trate de un mismo proceso donde la sentencia absolutoria no se encuentre firme, las reglas que admiten la posibilidad de su revocación no importan un doble juzgamiento, sino la reedición de una etapa en el cauce de un mismo proceso" (fs. 709 vta.).
Finalmente, la jueza Budiño, que en este tema adhirió al referido juez Carral, adicionó que no advertía la incompatibilidad constitucional alegada respecto del dispositivo legal que faculta al acusador a recurrir un veredicto absolutorio, en tanto lo que la garantía en cuestión proscribe es que "...el condenado o absuelto por sentencia firme sea sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, prohibición que no se viola cuando se pretende la revisión de un pronunciamiento no firme a través de una vía recursiva que no configura nuevo enjuiciamiento" (fs. 710).
Expuso que "...no debe confundirse la doble persecución penal prohibida por los instrumentos internacionales, con el doble conocimiento en un mismo proceso. La instancia recursiva no hace nacer un proceso autónomo o distinto en el que se renueve la acusación, sino que se trata de la continuación del mismo proceso, ahora en una instancia de control, prevista por el legislador a fin de que un órgano superior controle la razonabilidad de un acto de gobierno como es la sentencia", como manifestación propia del sistema republicano consagrado en nuestro régimen constitucional (v. fs. 711).
Consideró que la regulación del recurso fiscal consagrada en el art. 452 del Código Procesal Penal es una forma razonable de compatibilizar los intereses en juego y satisfacer una obligación convencional del Estado para con la víctima en particular y sus ciudadanos en general.
IV.2. Como lo anticipara, tal línea argumental no fue debidamente censurada por la defensa. Pues, de un lado, reitera agravios relativos a la anulación del veredicto absolutorio emitido en su momento por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de la jurisdicción de mención, decisión que fue impugnada ante esta Corte, que en el marco del legajo P. 112.825, resolución de 21-XII-2011, luego de equipararla a sentencia definitiva en virtud de la alegada afectación a la garantía del ne bis in idem , estimó que el planteo resultaba insuficiente (conf. art. 495, CPP). Frente a ello y desestimado que fuera el recurso extraordinario federal, la parte no dedujo queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sellando la suerte de lo decidido, pese a lo cual pretende volver sobre el mismo asunto sin justificar la habilitación cognoscitiva de este Tribunal para entender nuevamente en el tema (conf. arts. 479, 421 y concs., CPP).
Además, tampoco logra evidenciar de qué manera, a tenor de las particularidades del caso, se habría afectado la garantía del ne bis in idem a la luz del alcance otorgado por la normativa internacional (conf. arts. 8.4, CADH y 14.7., PIDCP) y la jurisprudencia de la Corte nacional citada según el alcance asignado por el tribunal intermedio (conf. art. 495 cit.).
Se aprecia que esgrime antes bien una opinión personal sobre el rendimiento que debiera otorgarse a la aludida garantía -haciendo especial hincapié en el reenvío operado, situación no acontecida en el pronunciamiento finalmente aquí impugnado (v. fs. 781 vta.)- técnica inhábil para conmover lo decidido en torno al alcance dado por los arts. 8.4. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exigen la existencia de una sentencia firme como presupuesto, extremo aquí ausente.
Tampoco explica que, de conformidad con el alcance más amplio asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la aludida garantía en los fallos citados -en tanto no exige la existencia de una sentencia firme como requisito- en este debiera operar de ese modo. Porque, aunque no se me escapa que la Corte federal, último intérprete de la Constitución nacional, ha ido delineando a lo largo de los años y en numerosos fallos el alcance que cabría atribuir al principio constitucional en ciernes, la temática posee diversos aspectos que no fueron precisados ni abordados por la parte en su intento de demostrar la aplicabilidad de tal doctrina al supuesto que nos ocupa, limitándose a la cita de varios precedentes (v. mi voto en causa P. 119.833, sent. de 11-III-2015).
Cabe destacar que, en lo que hace a la sentencia de condena de la cual se agravia, el Tribunal de Casación Penal no anuló ningún acto procesal ni dispuso el reenvío (conf. art. 461, CPP), sino que, a instancias de la impugnación fiscal y de la particular damnificada, asumió competencia positiva y revocó la absolución por estimar que el derecho se había aplicado erróneamente (cfr. art. 460, Cód. cit.).
En ese sentido, explícitamente señaló que no existía óbice legal ni constitucional para que ese órgano jurisdiccional dictara una sentencia condenatoria, aclarando que el art. 460 del Código Procesal Penal determina que si la resolución recurrida no hubiere observado o hubiere aplicado erróneamente la ley sustantiva o la doctrina jurisprudencial, el Tribunal de Casación la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y doctrina cuya aplicación se declare, cuando no sea necesario un nuevo debate. Consideró que ello se encontraba avalado por el precedente "Duarte" de la Corte Suprema de Justicia de Nación y sus antecedentes y añadió que tal forma de resolver no impedía la revisión amplia de la sentencia por otra Sala conforme el fallo dictado en la causa P. 108.199, "Carrascosa" de este Tribunal (v. fs. 364 y vta.).
Ello carece de réplica idónea. Pues no lo es la insistencia en la afirmación dogmática de afectación de la mencionada garantía junto c
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