Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135146
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.146, "Barrios, Valentín. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.483 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso deducido por Valentín Barrios con el patrocinio letrado del señor defensor oficial contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que lo condenó a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el pago del rescate y por la participación de más de tres personas, en concurso ideal con robo con arma de fuego con aptitud incierta para el disparo y en poblado y en banda (v. fs. 137/151).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/181), que fue declarado admisible por el órgano intermedio (v. fs. 182/184 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 193/196 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 198), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora defensora oficial denunció que el tránsito de la causa por la instancia casatoria resultó "aparente", frustrando -de ese modo- el derecho al doble conforme, a tenor de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75 inc. 22 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 172).
Adujo que acudió en procura de la revisión del fallo de condena en el tramo correspondiente a la autoría responsable de Barrios en el hecho en que resultó víctima Juan Pablo Iglesias, advirtiendo sobre la falta de certeza que surgía de la prueba y la transgresión al in dubio pro reo , y que la respuesta a su reclamo se limitó a convalidar la sentencia de grado mediante afirmaciones dogmáticas y reediciones de lo dicho por el órgano del juicio (v. fs. 172 vta.).
Sostuvo que el tribunal intermedio se circunscribió a afirmar que no existía controversia en punto a la utilización de los teléfonos celulares de los hermanos Iglesias como medio de comunicación entre los captores y Nicolás Iglesias, quien se encargó de pagar el rescate, remitiéndose para ello a los dichos de la víctima, cuando tales dichos habían sido reseñados en la sentencia de condena solo en parte y en distintas cuestiones, lo que ocasionó que el órgano revisor se remitiera genéricamente a ellos. Del mismo modo, consideró que la casación dio por cierto que fue Barrios quien tuvo la función de realizar los llamados para exigir el pago del rescate a pesar de no haber sido señalado de ese modo por el damnificado, y sin que existan constancias que autoricen a concluir que tuvo una participación activa en la reducción de la víctima, su ingreso forzado al automóvil y su retención hasta su liberación. Aunque a continuación -dijo-, el revisor dejó traslucir la falta de certeza del rol de Barrios, porque al dar respuesta a uno de los agravios de la defensa expresó que aquel se encargó de llevar adelante, por lo menos, algunas de las llamadas extorsivas (v. fs. 174 y vta.).
Esgrimió que si se hubiera llevado a cabo una amplia compulsa de las actuaciones, iniciadas en el fuero federal y continuadas en el ordinario, los jueces se habrían detenido a analizar puntos dirimentes y dilucidar circunstancias tales como en qué momento la justicia federal ordenó la intervención de la línea telefónica del denunciante de la que se obtuvieron los audios de los llamados extorsivos; pues el pago del rescate se efectuó a las 00:30 hs. del 10 de octubre de 2014, y la denuncia que dio impulso a la investigación se formuló a la 01:20 hs. de ese mismo día, lo cual abre -a su entender- un abanico de interrogantes sobre la aptitud probatoria de esos audios para establecer, cotejo mediante, la identidad de una de las voces con la de Valentín Barrios. Agregó, además, que se convalidó esa mecánica de cotejo, que comparó los registros obtenidos en la investigación con los obrantes en el Banco de Datos de la Policía Federal Argentina, pero no se analizó el resultado del estudio practicado entre la voz de Barrios y el registro de audio obtenido por la justicia federal en el marco de la causa n° 81.457/14, de la cual su asistido fue finalmente desvinculado (v. fs. 175/177).
Concluyó exponiendo argumentos a fin de intentar poner en evidencia la escasa fuerza de la prueba invocada y sumó, a tal fin, cuestionamientos sobre los métodos adecuados para la realización del cotejo de voz (v. fs. 177 vta./179 vta.).
También criticó la valoración de un indicio de mendacidad extraído de la circunstancia de haber permanecido el imputado en un bar por un lapso de doce horas, así como su vinculación con un sujeto condenado por un secuestro extorsivo, por considerarlos dogmáticos (v. fs. 179 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III. Al formular sus agravios contra el fallo de origen, la defensa -en lo que aquí interesa- denunció la arbitraria valoración de la prueba reunida para tener por acreditada la autoría penal de su asistido; cuestionó para ello la labor pericial de las profesionales que se desempeñaron en el cotejo de los registros de voz almacenados en el Banco de Datos de la Policía Federal Argentina. En igual sentido, el señor defensor manifestó su disconformidad con la entidad que el órgano de mérito otorgó a los peritajes realizados en esa materia, afirmando que no tienen el grado de exactitud suficiente para acreditar la identidad de quien se escucha en los registros y que, por tal motivo, ese medio de prueba resulta inidóneo para probar la autoría de Barrios (v. fs. 114/119). Con base en tales premisas, el quejoso concluyó que la sentencia condenatoria adolecía de arbitrariedad, por haber declarado culpable a su asistido sin pruebas suficientes y valorándolas de manera no razonada (v. fs. 120).
IV. El Tribunal de Casación Penal, al momento de analizar esos agravios y tras recordar el alcance de su labor revisora, comenzó por señalar que se hallaba fuera de discusión que "...el día 9 de octubre de 2014, aproximadamente a las 22:00 hs., frente al domicilio de la calle 12 n° 135 de Berazategui, mientras Juan Pablo Iglesias se encontraba en su automóvil Volkswagen Scirocco, patente LWF-641, fue sorprendido por cinco o seis hombres. Estos intimidaron a Iglesias con pistolas y lo obligaron a ascender a un automóvil Volkswagen Gol Trend, luego le quitaron su teléfono celular con la línea 11-5710-1502 y llamaron a su hermano, Nicolás Manuel Iglesias, a quien le exigieron el pago de un rescate de ciento sesenta mil pesos. Finalmente, luego de varias comunicaciones, los secuestradores negociaron el pago de treinta y dos mil pesos. Dicha suma fue entregada por Nicolás Iglesias aproximadamente a las 00:30 hs. del día siguiente en Quilmes, en las cercanías de la avenida La Plata y el Acceso Sudeste para, tiempo después, ser liberado Juan Pablo Iglesias en la localidad de Guernica [...] [E]n dicho contexto los sujetos activos le sustrajeron al damnificado su billetera con trescientos pesos, documentación personal, un teléfono celular Samsung de la empresa Movistar y otro teléfono Blackberry de la empresa Nextel" (fs. 140 y vta.).
A continuación, adelantó que en relación con la denuncia de arbitraria valoración de la prueba respecto de la intervención ejecutiva de Barrios en los hechos que afectaron a Juan Pablo Iglesias, la queja no prosperaba.
Precisó que no existía controversia en punto a la utilización de los teléfonos celulares de los hermanos Iglesias como medio de comunicación entre los captores y quien se encargó de pagar el rescate de Juan Pablo -su hermano Nicolás- por medio de llamadas realizadas en forma casi inmediata al abordaje del damnificado por uno de aquellos sujetos que lo interceptaron a punta de pistola, desde el automóvil al que fue obligado a ascender, anoticiando a Nicolás Iglesias sobre el secuestro de su hermano y las exigencias dinerarias para su liberación (v. fs. 140 vta. y 141).
Luego, abordó los puntos objeto de crítica para la parte recurrente, esto es, la afirmación de identidad efectuada en el fallo entre el acusado Barrios y la persona que se encargó de llevar adelante, por lo menos, algunas de las llamadas exigiendo el pago del rescate.
Si bien destacó que esas críticas constituían una reedición de los planteos efectuados ante el tribunal oral, explicó que además se trataba de agravios emparentados con las formas y modos en que se desarrolló la labor pericial, anclados en el campo de la validez de la actividad investigativa y probatoria, por ello propios de las nulidades procesales y ajenos -por no advertirse nulidad absoluta- a la instancia casatoria (v. fs. 141/142). En esta dirección, sostuvo que "...de haberse considerado agraviado por la forma en que se desarrolló la actividad investigativa por parte del personal policial -en lo atinente a la pericia de cotejo de voz-, la defensa tenía la facultad de solicitar al juez que, precisamente, ha sido instituido en nuestro esquema procesal como el guardián de las garantías del imputado durante la investigación penal preparatoria. Era en aquella ocasión en donde debió plantear la descalificación de una actividad procesal que juzgaba defectuosa o irregular y, como tal, pasible de nulidad" (fs. 142 y vta.).
El revisor entendió que los embates dirigidos hacia esas labores periciales eran extemporáneos, y que tal circunstancia resultaba suficiente para desestimarlos, pero que, aun soslayando tal cuestión, tampoco advertía que se hubiere vulnerado el adecuado control y conservación de la muestra de voz reservada del acusado.
Explicó que la ley no exige formalidades especiales al acto de registración de las muestras fonográficas, y que las dudas postuladas por la defensa sobre la verdadera correspondencia entre la voz de Barrios y la muestra resguardada lucían desprovistas de toda argumentación que demostrase -o intentase demostrar- que el material con el que se confrontaron algunas de las llamadas entabladas por los captores y el hermano del secuestrado no se correspondían con las grabaciones de la voz de Barrios disponibles en la Sección Acústica Forense de la Policía federal. Destacó que aquellos registros fueron obtenidos por mandato judicial en el marco de la investigación de otro hecho de secuestro extorsivo, que en esa ocasión el acusado Barrios prestó su conformidad para la obtención del registro de una muestra sonora de su voz, y que aquel expediente judicial había sido incorporado a este juicio por lectura, por lo que la denuncia de afectación al derecho de defensa lucía dogmática (v. fs. 143 y vta.).
Agregó que en el marco de la libre convicción razonada nada impide que la coincidencia de las voces registradas sea efectuada por el propio tribunal en virtud de la inmediación, sin perjuicio de lo cual, en el caso, se había echado mano a un medio técnico que -con mayor precisión aún- permite establecer patrones de correspondencia entre las voces confrontadas. Y que ello constituía una base fáctica hábil para dar sustento razonable a la convicción de los jueces respecto a que la voz registrada correspondía a Valentín Barrios.
Tuvo en cuenta que aun cuando el estudio, técnica y métodos de evaluación se encuentran todavía en un proceso de investigación y, por ende, de constante evolución, ello no importa que la voz, como elemento identificador, deba ser marginado del espectro probatorio.
Respondió también que la circunstancia señalada por la parte -que la voz no tiene las características, estabilidad y alto grado de probabilidad estadística que tienen las huellas dactilares o el ADN de cara a la identificación de un sujeto- no implica su inutilidad como medio de identificación biométrico (v. fs. 144/145).
Seguidamente, detalló las precisiones técnicas arrojadas por los peritajes cuestionados y que dieron sustento a la conclusión a la que arribaron los magistrados (v. fs. 145/146), esto es, que tal como dijeron las expertas, del análisis comparativo espectrográfico surgió la correspondencia de la voz del señor Valentín Barrios con la voz masculina extorsiva obrante en los archivos antes individualizados.
Razonó que si la voz de uno de los interlocutores del hermano de la víctima, con quien este entabló negociaciones a fin de liberar al secuestrado mediante el pago de un rescate, corresponde al acusado, y -por si fuera poco- aquellas comunicaciones se llevaron a cabo a poco de iniciado el secuestro, desde el propio automóvil en donde quienes interceptaron a Juan Pablo Iglesias a punta de pistola lo tuvieron retenido hasta su final liberación, previa sustracción de diversos bienes de su propiedad -tal como el damnificado lo narró-, todo ese conjunto de elementos determina como única inferencia sustentada con lógica razonabilidad la de la intervención ejecutiva de Barrios en los términos relatados en el fallo respecto de los delitos que se le atribuyeron.
Asimismo, el tribunal integró al complejo probatorio "...el inocultable indicio retrospectivo de culpabilidad surgido de las tardías y mendaces explicaciones con las que el acusado Barrios pretendió justificar que aquella noche se encontraba en otro lugar distinto al que la pericia indica que estaba...", otorgando las razones para tal descrédito (v. fs. 146/147).
Resaltó que más allá de que Barrios no fue responsabilizado por el secuestro extorsivo que dio origen a la causa del fuero federal incorporada por lectura -en cuya investigación estuvo implicado- es inocultable la relación que mantenía con uno de los captores juzgado y condenado en esas actuaciones.
Dijo, por último, que la presentación de la defensa proponía una selección distinta de los elementos de convicción acomodada a sus intereses, soslayando que los jueces de mérito tienen plena autonomía en la determinación de las pruebas legítimas sobre las que conforman su convicción razonada y que, contrariamente a lo pretendido por la parte, no se advertía una situación de duda fundada y razonable que hubiere obligado al tribunal a expedirse a favor del acusado por imperio del principio in dubio pro reo (v. fs. 147 vta.).
V. De la reseña efectuada se desprende que para arribar a la confirmación del fallo de condena, el Tribunal de Casación efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" y -en el marco de la competencia abierta y merced a los agravios llevados- abordó la queja de la parte y justificó su decisión, otorgándoles un tratamiento completo e integral a los argumentos dirigidos a desvirtuar el valor probatorio que el órgano de mérito otorgó principalmente a los peritajes practicados, para finalmente desestimarlos fundadamente (conf. doctr. causas P. 98.459, sent. de 3-IV-2008; P. 127.013, sent. de 26-IX-2018; P. 133.411, sent. de 20-V-2021; e.o.).
La afirmación de la defensa relativa a que el escrutinio llevado a cabo significó un "tránsito aparente" que frustró el derecho a la revisión del fallo, y que la casación se desentendió de forma absoluta de su reclamo, no se condice con lo sucedido en el caso.
En realidad, bajo el ropaje de típicas cuestiones federales -por ejemplo revisión aparente, doble conforme, in dubio pro reo , etcétera-, lo que pretende la parte es imponer su propia visión sobre la labor pericial, sobre el grado de convicción que sus conclusiones generaron en la convicción de los jueces de mérito y sobre la credibilidad o eficacia probatoria que tales medios de prueba deben tener a la luz del debido proceso legal, pero sus críticas no constituyen más que la expresión de su disconformidad con lo resuelto por el órgano revisor.
Tampoco pone en evidencia que el pronunciamiento del tribunal intermedio incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y con apartamiento de las constancias probatorias de la causa. De esta manera, la sentencia queda a salvo de la tacha de arbitrariedad (art. 495, CPP).
En cuanto a la alegada transgresión al principio in dubio pro reo , y sin perjuicio de destacar que tanto la sentencia de mérito como la de revisión no esgrimieron margen de duda alguno respecto a la acreditación de la autoría del imputado en el hecho, el recurrente, de la mano de su invocación, reitera cuestiones vinculadas con la denunciada revisión aparente y arbitrariedad del fallo de casación, sin que esa normativa federal se encuentre inmediatamente involucrada en los términos que esgrime (art. 495, CPP).
Y si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de la persona acusada por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar.
En definitiva, el quejoso no logra poner en evidencia la existencia de graves defectos en la sentencia cuestionada a la luz del citado principio.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2022 15:17:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 17:05:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 19:30:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 08:44:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 09:10:57 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/09/2022 15:23:19 hs. bajo el número RS-97-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia