Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 135501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se deja sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y se reenvían los autos para que jueces hábiles resuelvan el agravio de la defensa vinculado con la pena impuesta, bajo los límites que impone la garantía constitucional de la prohibición de la reformatio in pejus y de conformidad con lo aquí precisado (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.501-RC, "V. C., M. P. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.776 del Tribunal De Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de julio de 2020, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó -en el marco de un acuerdo de juicio abreviado- a M. P. V. C. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, por haber sido cometido mediante el empleo de un arma y contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (arts. 45 y 119 párrafos tercero y cuarto inc. "f", Cód. Penal; v. fs. 129/134 vta.).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 145/150), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 152/154).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 176/179 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 181) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial denunció que la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal es arbitraria y vulnera el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la garantía de prohibición de la reformatio in pejus , como así también el derecho a la doble instancia (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 147 vta.).
En tal sentido, sostuvo que V. C. -en un primer pronunciamiento- había sido condenado a la pena de seis años y dos meses de prisión, sentencia que fue consentida por el fiscal y recurrida exclusivamente por la defensa, que se agravió de la violación a la defensa en juicio y el principio de congruencia. Explicó que, a partir de ello, el Tribunal de Casación hizo lugar al planteo y reenvió la causa a fin de celebrar un nuevo juicio; y que, posteriormente, el fiscal propuso un acuerdo de juicio abreviado con una calificación del hecho y una pena más gravosa para el imputado que la fijada en la sentencia anulada. Continuó indicando que, si bien la defensa prestó conformidad con la calificación legal y la pena, lo hizo al solo efecto de celebrar dicho acuerdo, pues en el mismo escrito señaló que la pena de ocho años acordada vulneraba -entre otras garantías- la prohibición de la reformatio in pejus . Sin embargo, el juez de primera instancia y el Tribunal de Casación resolvieron luego que, en el caso, dicha garantía no se había afectado por tratarse de un supuesto de juicio abreviado (v. fs. 148).
Frente a ello, el recurrente afirmó que lo resuelto por la Casación vulneró la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el caso "Olmos, José Horacio" (Fallos: 329:1447); y destacó que, de haberse representado que la condena consentida por la parte acusadora a seis años y dos meses de prisión, a raíz del recurso de la defensa, sería aumentada a ocho años de prisión, no hubiera sido recurrida, recalcando que tal hipótesis no se le representó, pues está prohibida y lesiona el derecho al recurso (v. fs. 148/149).
Refirió que se trata de un supuesto de nulidad absoluta por vulneración a diferentes garantías constitucionales (debido proceso, defensa en juicio, prohibición de la reformatio in pejus y la doble instancia), por lo que se imponía restar efecto al consentimiento prestado por el imputado y su defensor con relación a la pena (v. fs. 149 y vta.).
Concluyó que el proceder del Tribunal de Casación vulneró el derecho que a su defendido le acuerdan los arts. 8.2. inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, citando el precedente P. 91.360 de esta Suprema Corte para avalar su postura (v. fs. 149 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó que se anule el fallo impugnado y se disponga el reenvío de las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento que absuelva a su asistido o bien fije la pena en seis años y dos meses de prisión (v. fs. cit.).
II. En su dictamen, el señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley por violación a la prohibición de la reformatio in pejus (v. fs. 176/179 vta.).
III. Liminarmente, cabe efectuar una reseña del derrotero procesal de la presente causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 14 de junio de 2012, condenó a M. P. V. C. a la pena de seis años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de estupro agravado (v. fs. 1/9).
III.2. Contra ello, la defensa oficial del nombrado interpuso recurso de casación a través del cual denunció la arbitrariedad de la sentencia por falta de fundamentación, reconstrucción de la materialidad ilícita de manera incompleta, violación al principio de congruencia, omisión en el tratamiento de cuestiones planteadas, nulidad de un dictamen pericial y la disconformidad con el monto de pena aplicado (v. fs. 11/24).
III.3. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento del 10 de octubre de 2013 y por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto, anuló el fallo impugnado y ordenó celebrar un nuevo debate (v. fs. 25/32 vta.).
Para así decidir, sostuvo que en el caso existió una diferencia esencial entre el hecho descripto en la acusación -abuso sexual triplemente agravado por el acceso carnal por haber sido cometido con armas y aprovechando la convivencia preexistente- y el que había sustentado la condena -estupro agravado-; en ese contexto, estimó vulnerado el principio de congruencia, aun cuando el órgano de juicio había optado por una figura penal más beneficiosa en cuanto al monto punitivo de la que pretendía la agente fiscal de juicio (v. fs. 28 vta.).
III.4. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que cuestionó únicamente la afectación al principio ne bis in idem , planteo que fue rechazado por esta Corte el 29 de marzo de 2017 en el marco de la causa P. 123.646 (v. reseña realizada en el dictamen a fs. 178 vta. y 179).
III.5. Vueltos los autos a la instancia de origen, el señor agente fiscal solicitó la aplicación del trámite de juicio abreviado y peticionó que se condene a M. P. V. C. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido con arma y contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo (v. fs. 33/34 vta.).
III.6. Por su parte, la defensa oficial del imputado presentó escrito y adhirió a la propuesta fiscal compartiendo tanto la calificación legal como la pena (v. fs. 35/40 vta.). Sin embargo, en dicha presentación, también solicitó como cuestión preliminar la declaración de inconstitucionalidad del art. 461 inc. 1 del Código Procesal Penal por violación al ne bis in idem y, de manera subsidiaria, invocó la prohibición de la reformatio in pejus al considerar que el tope de pena a imponer no debía superar los seis años y dos meses de prisión que había sido aplicada por el tribunal en la sentencia anulada, citando el fallo "Olmos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sustento de su postura (v. particularmente fs. 36 vta./40).
III.7. El Tribunal en lo Criminal n° 8 departamental, por sentencia dictada el 14 de mayo de 2018, condenó a M. P. V. C. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, por haber sido cometido mediante el empleo de un arma y contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (conf. arts. 45, 119 párrafos tercero y cuarto inc. "f", Cód. Penal; v. fs. 41/55 vta.).
III.8. Contra ello, la señora defensora oficial de la instancia dedujo recurso de casación y denunció la violación al principio ne bis in idem , a la prohibición de la reformatio in pejus , a la garantía de defensa en juicio, debido proceso, progresividad y preclusión en el proceso penal (v. fs. 60/74).
III.9. De conformidad con los antecedentes, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó por improcedente el recurso interpuesto (v. fs. 129/134 vta.).
En lo que importa destacar para la solución del caso, para desestimar el agravio de la defensa sobre la violación a la prohibición de la reformatio in pejus y el principio ne bis in idem por la imposición de la pena de ocho años de prisión, el órgano revisor sostuvo que, tal como lo había indicado el tribunal de origen, el presente supuesto presentaba particularidades que lo diferenciaban del precedente "Olmos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que "...el imputado y su defensa acordaron una calificación legal distinta a la impuesta en el decisorio anulado por la Sala IV y fijaron la sanción en el mínimo legal previsto para el tipo legal" (fs. 132 y vta.).
Indicó que, si bien la pena pactada fue superior a la impuesta anteriormente, se ubicó en el mínimo de la escala penal correspondiente a la calificación legal -abuso sexual agravado por el acceso carnal, por haber sido cometido mediante el empleo de un arma y contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente-; y también destacó que el reenvío dispuesto y del que se agraviaba el recurrente, fue para que se procediera a la celebración de un nuevo debate pero que, por decisión de las partes, no tuvo lugar (v. fs. cit.).
De tal modo, consideró que el recurrente renunció a la facultad de que se realizara un juicio completo y, por ello, no podía alegar la vulneración a la prohibición de reformatio in pejus fundada en una situación que consintió al elegir el juicio abreviado (v. fs. cit.).
Luego de distintas consideraciones sobre el trámite abreviado acordado, afirmó que los precedentes invocados por la defensa presentaban circunstancias fácticas diferentes a las suscitadas en el presente expediente, por lo que, al no guardar analogía, no resultaban aplicables al caso (v. fs. 133).
Finalmente, concluyó que el impugnante no logró acreditar que el fallo atacado presentara ninguno de los vicios o vulneraciones normativas en cuestión y afirmó que la sanción fijada en la instancia anterior resultaba proporcional y adecuada a la gravedad del suceso ilícito atribuido a V. C. (v. fs. cit.).
IV. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso prospera.
Cabe destacar que la violación de la garantía que prohíbe la reformatio in pejus se verifica cuando se dispone un juicio de reenvío que coloca al procesado -único impugnante- en un escenario más gravoso del que tenía antes de recurrir (conf. causa P. 115.904, sent. de 13-VII-2016).
De la reseña efectuada anteriormente, podemos advertir que el Tribunal de Casación anuló la sentencia de primera instancia, a consecuencia del recurso interpuesto únicamente por la defensa y ordenó la realización de un nuevo debate (v. fs. 25/32 vta.); luego, el Tribunal en lo Criminal n° 8 departamental impuso a M. P. V. C. -en el marco de un acuerdo de juicio abreviado- una pena de ocho años de prisión por resultar autor responsable del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, por haber sido cometido mediante el empleo de un arma y contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (v. sentencia de fs. 41/55 vta.). Por lo tanto, no caben dudas de que ello empeoró la situación que había obtenido el acusado merced al pronunciamiento anterior de seis años y dos meses de prisión en virtud del delito de estupro agravado (v. fs. 1/9).
Ahora bien, en nada altera la circunstancia de que la nueva sentencia haya sido consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado como dijo el tribunal revisor, ya que la defensa incluso solicitó expresamente, en el escrito que presentó al aceptar la propuesta fiscal, que se tuviera en cuenta al momento de imponer pena la prohibición de la reformatio in pejus y no se aplicara un monto superior a los seis años y dos meses de prisión fijados inicialmente (v. puntualmente fs. 39 vta. y 40).
De tal modo, esta modificación en perjuicio del imputado resulta inaceptable, pues no es razonable concederle al inculpado la facultad de impugnación y, al mismo tiempo, como consecuencia del reenvío ordenado, empeorar su situación procesal -en ausencia de recurso fiscal- a través de una condena más gravosa; en ese contexto, se lo ubicaría en la disyuntiva de correr ese tipo de riesgo o consentir una sentencia que considera injusta (conf. Fallos: 300:671; 307:2236 y 329:1447).
Cabe recalcar que la propia Corte nacional ha sostenido que dicha garantía "...ha sido extendida por esta Corte no sólo al ámbito estricto de la jurisdicción apelada, sino que aquélla también alcanza al 'juicio de reenvío'. Como consecuencia, en aquellos casos en los que el imputado provoca por medio de su recurso la nueva realización del juicio, la sentencia que de él resulte, tiene el límite de la reformatio in pejus. De este modo, el dictado de una nueva condena no puede colocarlo en una situación peor que la que ya tenía con la anterior (conf. doctrina de Fallos: 307:2236)" (del voto del doctor Petracchi en causa O.136.XXXVII, "Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa").
En tal sentido, el Tribunal de Casación Penal, al resolver el recurso de la defensa, desconoció todas estas circunstancias y que, en el contexto del caso, la nueva sentencia tenía como límite la pena de seis años y dos meses de prisión que en su momento había sido consentida por el Ministerio Público Fiscal.
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y reenviar para que jueces hábiles resuelvan el agravio de la defensa vinculado con la pena impuesta, bajo los límites que impone la garantía constitucional de la prohibición de la reformatio in pejus y de conformidad con lo aquí precisado.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Concuerdo con el doctor Torres en la procedencia del recurso interpuesto.
Ante las circunstancias del caso, estimo oportuno enfatizar que el impugnante puso en evidencia el perjuicio concreto y efectivo derivado del nuevo fallo dictado luego del juicio de reenvío, al imponerse al acusado una pena mayor que la establecida en la sentencia originaria solo apelada por la defensa.
Así entonces, voto también por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se deja sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y se reenvían los autos para que jueces hábiles resuelvan el agravio de la defensa vinculado con la pena impuesta, bajo los límites que impone la garantía constitucional de la prohibición de la reformatio in pejus y de conformidad con lo aquí precisado (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2022 15:17:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 17:05:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 19:30:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 08:45:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 09:11:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/09/2022 15:29:35 hs. bajo el número RS-99-2022 por SP-ARCHUBY PAULA VALERIA.
Fin de la sentencia