Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134585
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 481, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.585, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 93.081 del Tribunal de Casación Penal, Sala II seguida a Álvarez, Ezequiel Darío", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del 7 de noviembre de 2019, declaró -por mayoría- parcialmente procedente el recurso deducido por el señor defensor oficial de Ezequiel Darío Álvarez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas. En consecuencia, casó parcialmente el fallo al nivel de la calificación legal, excluyendo la agravación del homicidio por ser cometido con ensañamiento, marginando asimismo de la materialidad ilícita la referencia que daba por cierto el fin de dar muerte de un modo cruel y ocasionando sufrimiento, quedando sin modificar el resto del pronunciamiento jurisdiccional, sin costas (v. fs. 363/383 vta.).
Contra ello, el señor fiscal ante la instancia intermedia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 388/393), el que fue concedido por el órgano casatorio (v. fs. 397/398 vta.).
El señor Procurador General sostuvo el recurso fiscal y aconsejó su procedencia (v. fs. 408/412 vta.). Dictada la providencia de autos (v. fs. 414) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Surge de la sentencia de origen que el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón tuvo por demostrado que "...el día 20 de diciembre de 2016, siendo estimativamente la hora 6:00, en el domicilio sito en la calle Rivera Indarte n° 3802/3857 de la ciudad de Pontevedra, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, irrumpió una banda conformada por lo menos por tres sujetos de sexo masculino, quienes en cumplimiento de un acuerdo previo de voluntades y en forma conjunta, con el fin de dar muerte a Luis Alberto Pascua de un modo cruel y ocasionarle sufrimiento, rociaron con un líquido inflamable la humanidad del nombrado, para luego prenderlo fuego en vida, previo propinarle golpes en la integridad física, siendo que uno de los masculinos utilizó para dicho cometido un caño que tenía en su poder -diseñado como pieza constitutiva de un arma de fabricación casera tipo tumbera-, mientras que otro de los sujetos le ocasionó cortes en el rostro con una cuchilla que blandía, tras lo cual se produjo como consecuencia del accionar descripto la muerte del nombrado Pascua, producto de paro cardiorespiratorio traumático consecuente con quemadura de vías aéreas y de la superficie corporal e insuficiencia respiratoria con fecha 22 de febrero de 2017" (fs. 295 vta.).
I.2. Ante esta instancia extraordinaria, el señor fiscal centró su crítica en la decisión del Tribunal de Casación que mutó la calificación del hecho antes narrado, obliterando el ensañamiento del homicidio agravado (v. fs. 388 vta.).
En concreto, planteó la inobservancia del art. 80 inc. 2 del Código Penal por entender que lo decidido por el órgano revisor -en cuanto a que la conducta desplegada por Álvarez no cumplió con los requisitos propios del ensañamiento- incurrió en absurdo y arbitrariedad por apartarse de las constancias comprobadas de la causa, así como de la jurisprudencia y doctrina que acompañó (v. fs. 390).
En el entendimiento del recurrente, la afirmación de que la prueba reunida no permitía demostrar la intención deliberada de Álvarez de matar haciendo sufrir, de un modo cruel, aparece desentendida de la materialidad fáctica tenida por acreditada incluso en esa sede revisora (v. fs. cit. vta.).
Por el contrario, adujo que la despiadada acción llevada adelante por Álvarez evidenciaba la concurrencia de los elementos típicos exigidos para que se configure el ensañamiento, pues, a su entender, el estado del cuerpo de la víctima demostró la feroz agresión que sufrió el último día de su vida (v. fs. cit. y 391).
Sostuvo que no había dudas de que la conducta de Álvarez y sus compañeros resultó idónea para hacer sufrir a la víctima más de la cuenta, y que ese ánimo propio de la figura en cuestión se evidenciaba a partir de los instrumentos utilizados para cometer el ilícito, en tanto "...los agresores llevaban consigo un arma blanca, un caño, y una botella con líquido combustible, y por cierto, todos ellos fueron utilizados contra la humanidad de la víctima que al decir de los testigos Ojeda y Tessaro se encontraba indefensa, dormida o inclusive anestesiada, y en esas circunstancias lo golpearon con el caño que llevaba Álvarez y con el cuchillo que en primer término tenía Rodríguez en distintas partes del cuerpo, según se desprende de los informes médicos" (fs. 391 y vta.).
Destacó que los atacantes, no conformes con ello, "...finalizaron la secuencia agresiva rociándolo con un elemento combustible, prendiéndolo fuego. Es decir, aun contando con otros medios para darle muerte (esto es, con el cuchillo o con el caño) eligieron prenderlo fuego, lo cual, por supuesto aumentó el sufrimiento de la víctima, y esto fue buscado deliberadamente en forma intencionada por el acusado y sus compañeros" (fs. 391 vta.).
Para el señor fiscal, dicha despiadada acción reclama de modo natural la calificación de ensañamiento, ya que Álvarez mató con saña, aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causándole sufrimientos innecesarios para la ejecución del delito, en tanto la víctima falleció a consecuencia de las múltiples quemaduras sufridas luego de un largo proceso de internación (v. fs. cit.).
De seguido, el recurrente criticó el argumento del voto mayoritario del órgano intermedio utilizado para desechar la agravante en cuestión por el escaso tiempo transcurrido; y transcribió el voto en disidencia de la jueza Budiño, quien expresó que resultaba "...indubitable que la acción matadora presenta una nota extraordinaria de disvalor al desnudar la insistencia cruel con la que actuaron los homicidas en procura de terminar con la vida de la víctima..." (fs. 392).
En definitiva, pidió que se case el fallo atacado y se restablezca la significación legal atribuida por el tribunal de origen habida cuenta de que la conducta desplegada por el imputado -a su entender- debe calificarse como homicidio agravado con ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) toda vez que, de las constancias de la causa, surge que el imputado dio muerte a la víctima sometiéndola a sufrimientos innecesarios que consistieron en acrecentar deliberadamente la agresión (v. fs. 392 vta.).
II. El señor Procurador General mantuvo el recurso fiscal y propuso su acogimiento (v. fs. 408/412 vta.).
III. El Tribunal de Casación Penal -por mayoría- admitió parcialmente el recurso deducido por el señor defensor oficial contra el fallo dictado en la instancia de origen, luego de examinar y desestimar los planteos formulados respecto de la materia probatoria mediante los cuales la defensa procuraba justificar su pretensión de ajenidad de la conducta del imputado en el homicidio de la víctima.
El revisor también descartó el agravio que cuestionaba la calificación legal del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (v. fs. 373/376), por entender que no existían "...dudas que la muerte del damnificado Pascua resultó consecuencia directa del ataque soportado por él a manos del encartado y sus asociados" (fs. 373 vta.).
Sin embargo, descartadas todas las restantes alegaciones planteadas por la defensa, el tribunal intermedio consideró que el hecho reprochado no podía encuadrarse como un homicidio agravado por ensañamiento en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 376/378).
Para ello, el voto del doctor Mancini -que concitó la adhesión del juez Kohan- explicó que en este caso "...la brutalidad de las acciones desplegadas contra la víctima no puede negarse. Resultaría insostenible poner en tela de juicio el sufrimiento padecido por la víctima, a quien se acometió mediante un ataque combinado llevado a cabo con el uso de un cuchillo, golpes en la cabeza con un objeto contundente que produjeron fracturas, y las quemaduras resultantes de haber prendido fuego al damnificado en la cama en la cual reposaba. Fue de extrema ferocidad la conducta asumida por los matadores y, desde ese aspecto, el [tribunal oral] lleva la razón cuando señala que el fallecido Pascua tuvo padecimientos sufrientes" (fs. 376 vta.).
No obstante, añadió que "...desde el plano subjetivo, el ensañamiento convoca un propósito del homicida que apunte, no solamente a dar muerte, sino además [...] a que con exceso de ello se infrinjan a la víctima sufrimientos innecesarios para el acto propio de matación" (fs. cit.).
Así pues, estimó que el pronunciamiento impugnado había hecho mención dogmática de esa finalidad especial porque no la había sustentado en un razonamiento apoyado en los hechos que se tuvieron por probados. Refirió que "El conjunto acometimiento del damnificado por diversos medios, todos de eventual aptitud letal: tal el uso del cuchillo para lesionar con heridas punzo-cortantes, violentos traumatismos a una zona vital del damnificado que produjeron fractura de cráneo y maxilar inferior, cuanto, el prender fuego a Pascua, no conduce fatalmente a demostrar la especial intencionalidad requerida por la ley penal en la figura agravada en análisis" (fs. cit. y 377).
Agregó que todas esas circunstancias daban cuenta del carácter salvaje de los hechos y de la configuración de un crimen atroz, pero que lo reprimido por el citado art. 80 inc. 2 "es otra cosa". En concreto, explicó que "...En general se exige que la acción homicida se extienda relativamente en el tiempo, decidiendo mantener con vida a la persona atacada mientras se ejerce sobre ella la perversidad de hacerla sufrir con procederes que se extralimitan de la vocación matadora final. En el caso, precisamente, la multiplicidad y diversidad de medios ofensivos aplicados sobre la víctima, cada uno de ellos con virtual aptitud para ocasionar la muerte, impiden afirmar con certeza que -desde el plano subjetivo- dominaba en los coautores la idea de llegar a dicho resultado sólo por el cruento sendero de aplicar padecimientos innecesarios -emparentados en este caso, casi esencialmente, con la acción 'de quemar viva' a una persona-, pues al mismo tiempo, el acusado y sus socios aplicaron otros cursos causales que -aunque brutales- no implicaban esa especial mortificación y, alguno de ellos, incluso, podían importar la neutralización de la mentada finalidad, a poco que se repare que en el orden natural de las cosas la entidad de los golpes recibidos en la cabeza de la víctima bien podían colocarla en un estado de inconciencia, tal como surge de fs. 15 en donde se certifica un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento" (fs. 377 y vta.).
Bajo esa comprensión, la casación juzgó que las probanzas reunidas no demostraban que los agresores "...hubieran renunciado en su acción a la utilización de algunos medios comisivos en favor de aquel que presentaba especial aptitud objetiva para generar un padecimiento mayor preponderantemente buscado, si tal como se reputó en el fallo, el acometimiento fue inmediato, conjunto y relativamente breve en duración. Esta circunstancia indeleblemente fijada en la acción ejecutiva, no se desdibuja por la mera razón de que el resultado típico llegara, finalmente, como consecuencia causal de uno de aquellos medios -las quemaduras sufridas por la víctima-, en tanto ello nada puede evidenciar retrospectivamente sobre un ataque irrevocablemente acontecido sin privilegios comisivos de tal naturaleza, particularmente si se repara en la entidad de los politraumatismos en la cabeza" (fs. cit. y 378).
Con lo cual, razonó que las referencias fácticas que el tribunal de origen tuvo por acreditadas para escoger la calificación legal -en este aspecto- fueron insuficientes, dado que no estuvieron acompañadas de una razonada explicación encaminada a establecer el componente subjetivo típico exigido por el art. 80 inc. 2 del Código Penal, sin el cual no podía afirmarse la configuración de la agravante del homicidio en cuestión. En definitiva, concluyó que debía desestimarse "...la afirmada finalidad de '...dar muerte de un modo cruel y ocasionarle sufrimiento...' contenida en la descripción de la materialidad ilícita, y la subsunción legal que descansa sobre tal extremo (art. 80, inc. 2, C.P.)" (fs. 378).
En definitiva, el tribunal a quo casó el pronunciamiento recurrido a nivel de calificación legal, excluyendo la agravación del homicidio por ser cometido con ensañamiento, quedando inmodificado el resto del fallo, permaneciendo indemne la pena de prisión perpetua impuesta en el origen por resultar autor responsable de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (v. fs. 382 vta.).
IV. Ahora bien, de acuerdo con las previsiones del art. 494, párrafo segundo del Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal solo puede deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en caso de sentencia adversa, cuando hubiese pedido una pena de reclusión o prisión superior a diez años, con fundamento -únicamente- en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella.
En el caso bajo examen, y más allá de la admisibilidad oportunamente decretada, la decisión del a quo no repercutió en la pena y, la corrección que ahora pretende el recurrente tampoco permitiría modificar la sanción que viene impuesta (conf. art. 481, tercer párr., CPP).
Es que en rigor, si la parte acusadora ha obtenido un resultado satisfactorio o tolerable para los intereses que representa, aun cuando no se le haya concedido en el fallo todo lo solicitado, debe el recurrente realizar un esfuerzo adicional para explicar su interés en recurrir que permita remover el obstáculo procesal para habilitar la competencia de esta Corte en mejora de la situación ya obtenida, situación que no se advierte en autos (doctr. art. 421, CPP y causa P. 124.480, resol. de 9-XII-2015, mutatis mutandi ).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
En adición al mismo, estimo necesario señalar que -como principio general- la demostración del interés complementa la legitimación recursiva (conf. art. 481, CPP) pues debe impedirse que quien recurre, impugne soluciones que le fueron favorables o ingrese planteos meramente académicos o que devienen abstractos o solo buscan satisfacer el principio de legalidad objetiva (conf. mi voto en P.124.480, sent. de 15-XI-2016).
A su vez, la impugnabilidad objetiva del Ministerio Público Fiscal en particular, lo exige a través de la justificación del recaudo legal de "sentencia adversa" del segundo párrafo del art. 494 del Código Procesal Penal.
Es por ello que la Corte ha elaborado una doctrina por la cual estableció que "la sentencia impugnada debe provocar un agravio a la Fiscalía, debe decidir en contra de sus intereses expresados en el procedimiento, concediéndole algo menos de aquello que pretende" (conf. P. 106.171, sent. de 19-XII-2012; e.o.).
En el caso que se analiza, la modificación de la calificación legal que formuló el Tribunal de Casación no repercutió en la pena, y la corrección que pretende el Ministerio Público Fiscal tampoco modificaría la sanción que viene impuesta. Ante ese escenario el recurrente debió realizar un esfuerzo adicional para explicar el interés de su impugnación, sin embargo, como lo explica el voto al que adhiero, no lo hizo (conf. en sentido contrario, mi voto en P.124.480, sent. de 15-XI-2016).
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 481, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:07:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:23:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:44:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 22:56:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/10/2022 08:52:46 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/10/2022 12:03:33 hs. bajo el número RS-109-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia