Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.298, "Gallardo Vargas, Luis Omar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.596 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de noviembre de 2019, rechazó el recurso de la especialidad deducido por el señor defensor oficial de Luis Omar Gallardo Vargas contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de prisión perpetua como autor y coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía (dos hechos) e incendio con peligro de muerte para alguna persona, ambos en concurso real -hechos identificados con los n° VI y IV, respectivamente- (v. fs. 123/129 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 134/141), el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido por contener planteos de pretensa índole federal (v. fs. 142/144).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 156/159 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 161) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció la violación de la garantía del derecho al recurso contra el fallo condenatorio y la pena, y el derecho a una defensa efectiva en el marco del debido proceso que garantice una revisión amplia e integral (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 136 vta.).
Cuestionó que el tribunal intermedio no abordara los agravios que formuló el imputado de manera pauperis ante dicha instancia a fs. 119/120, afirmando que la negativa implícita a integrar el objeto de revisión con las apreciaciones sobre la prueba testimonial y pericial allí realizadas por el propio imputado "...redundó en la vulneración de la garantía convencional del derecho al recurso para obtener la revisión amplia e integral del fallo y de la pena" (fs. cit.).
Adujo que el órgano revisor rechazó el agravio vinculado con la verificación de la prueba de la autoría responsable de su asistido en el hecho VI, ponderando especialmente el indicio extraído de la declaración de Angélica Sombra. En ese discurrir, argumentó que en la aludida presentación su defendido explicó los motivos por los que requería el secuestro del teléfono celular de la nombrada, la necesidad de convocar a "la señora Fabiana" que habría podido ver claramente que quien estaba en la esquina de su casa en un auto "...era el hijo de José Benito Sanabria y nunca lo dijo", así como el secuestro del teléfono celular de Gladys Montenegro y que se reciba declaración a "la familia Pérez y Bercesi" y a "Roberto Carlos" Carlos Morales García y Alejandra Silveira (v. fs. 137 vta.).
Estimó, a los fines de explicar su ajenidad en el ilícito, que resultaba imprescindible un tratamiento expreso a los requerimientos del imputado, de lo contrario mal podría -a su entender- considerarse revisado en modo amplio y exhaustivo el caudal probatorio (v. fs. cit. vta.).
Adujo que "En lugar de expedirse sobre la pertinencia, o no, de las medidas requeridas [por el propio acusado...], el órgano intermedio se sustrajo de ponderar en su labor jurisdiccional la pretensión del imputado a la vez que prescindió de conceder vista a la defensa" y que, de tal forma "...provocó una seria restricción cognoscitiva de la tarea revisora y ese proceder originó la pulverización de la garantía de revisión amplia e integral del fallo y la pena por desentenderse de los términos en que la actividad jurisdiccional era requerida por el propio interesado" (fs. 138 vta.).
En aval de su postura, invocó los precedentes C. 1787.XL "Cardozo, Gustavo Fabián s/ recurso de casación" de la Corte federal; Liakat Ali Alibux vs. Suriname , sentencia de 30-I-2014 y Norín Catrimán y otros vs. Chile , sentencia de 29-V-2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 139 y vta.).
Concluyó que el pronunciamiento puesto en crisis ocasiona un gravamen actual y resulta arbitrario, pues permite dejar inalterada la resolución que, para confirmar una pena de prisión perpetua, no efectuó una revisión eficaz en consonancia con lo solicitado por Luis Omar Gallardo Vargas (v. fs. 140 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 156/159 vta.). Coincido con su opinión.
III.1. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denunció, en tanto se expidió en lo relativo a la prueba de la autoría responsable de Luis Omar Gallardo Vargas en el hecho VI conforme los motivos de agravios que fueron llevados a su conocimiento.
III.2. Al interponer el recurso de casación (v. fs. 92/104 vta.), el señor defensor oficial de la instancia, doctor Ariel Gastón Carrizo, denunció -en lo que es materia de análisis- la insuficiencia probatoria en la acreditación de la autoría responsable del imputado en el aludido hecho VI (IPP 07-03-008375-15), con sustento en que ninguno de los testigos que depusieron en la audiencia de debate habían señalado en forma directa a Gallardo Vargas como partícipe de tal ilícito, a excepción del testimonio de Mabel Sombra, sobre el que cuestionó la veracidad de sus dichos. Por otra parte, alegó que ante la insuficiencia probatoria se imponía el descargo efectuado por su defendido quien en forma clara manifestó su absoluta inocencia con relación a los homicidios que se le imputan y detalló todo lo que hizo esa noche y cómo se enteró de los hechos (v. fs. 98 vta./101 vta.).
Luego, con fecha 17 de octubre de 2018, el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia desistió de la audiencia de informes prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal y mantuvo expresamente en todos sus términos el recurso casatorio articulado (v. fs. 115).
Posteriormente, el 25 de octubre de 2019, el imputado presentó ante el Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora la mentada presentación in pauperis que se titula "Solicita: Ofrecimiento de pruebas en la acción de revisión tal cual lo estipula el artículo 467 y sus concordantes del CPPBA" (fs. 119/120 vta.). Corrida que fue la vista de esa presentación a su defensa oficial, esta solicitó que se pongan en conocimiento del tribunal intermedio los nuevos elementos de prueba aportados por el imputado que podrían hacer variar su situación procesal -a su entender-, a efectos de no vulnerar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal (v. fs. 121).
III.3. A su turno, conforme se expuso en los antecedentes, el Tribunal de Casación Penal abordó el recurso casatorio deducido por la defensa y lo desestimó (v. fs. 123/129 vta.).
Para arribar a esa decisión, reseñó la materialidad ilícita que el tribunal de mérito tuvo por debidamente acreditada con relación al hecho VI en los siguientes términos "...que el 14 de agosto de 2015 [...], a las 00:20 horas aproximadamente, en el interior de una finca precaria sita en la intersección de las calles Fiambalá y Nuestras Malvinas de la localidad de 9 de Abril partido de Esteban Echevarría, una persona, mayor de edad, identificada como Luis Omar Gallardo tras ingresar a ésta, en cuyo interior se encontraban Sergio Fabián Bercesi y Alejandro Pérez Lindo, ambos durmiendo, aprovechándose del estado de indefensión de los mismos actuando sobre seguro, sin que exista ningún riesgo para sí, mediante el empleo de arma de fuego, con claras intenciones de causarles la muerte a ambos, tras apuntar hacia zonas vitales, siendo que al primero de los nombrados le apunta a la zona de la cabeza y al segundo en la zona del abdomen, efectúa varios disparos impactando algunos de ellos en dicha zona, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que producen el posterior deceso de los mismos" (fs. 124 y vta.).
Puntualmente, para desechar el agravio vinculado con la acreditación de la autoría responsable de Gallardo Vargas en el aludido hecho VI resolvió que "...el 'a quo' fundamentó su convicción teniendo en cuenta la declaración de Angélica Mabel Sombra quien sostuvo que escuchó hablar a las víctimas del autor de disparo sindicándolo a Gallardo" y que "...los jueces argumentaron funda[da]mente respecto de la credibilidad de la declaración de la testigo Sombra, quien asistió a los jóvenes en la puerta de su casa mientras esperaban la ambulancia. En ese discurrir [...] el Tribunal [de origen] dio razones respecto de[l] porqu[é] el padre de Keko -Sergio Fabián Bercesi [una de las víctimas]- no reparó en tal circunstancia, agregando que todos los testigos fueron coincidentes en señalar que las víctimas hablaban cuando estaban en la ranchada, por lo que no es lógico sostener que no lo hicieran al ser depositados en la entrada de la casa de la testigo Angélica Mabel Sombra" (fs. 126 vta. y 127).
A lo que adunó, que "En el análisis de las injuramentadas de Gallardo, el Tribunal [del debate] sostuvo que el encartado solo intentó mejorar su situación procesal señalando las diversas contradicciones en las que incurrió el nombrado al dar su versión de los hechos. Versión que tampoco logró ser corroborada por la testigo María del Carmen González -concubina del encartado-, en tanto que conforme la apreciación de los sentenciantes la misma se presentó ambigua e inconsistente", y entendió que "...no es atendible la crítica entablada por la defensa con relación a la selección de prueba realizada por el Tribunal para acreditar la autoría de Gallardo limitando su impugnación a una re interpretación de la misma, mediante la cual el defensor solo expone criterios meramente discrepantes con los expuestos en el fallo (artículos 210 y 373 del Código de Procedimiento Penal)" (fs. 127).
IV.1. Conforme ese derrotero, las puntuales solicitudes efectuadas por el imputado en su presentación in pauperis -tal como afirmó la parte- (v. fs. 119/120 vta.), no recibieron contestación porque no fueron oportunamente planteadas en el recurso de casación (v. fs. 92/104 vta.) y, en consecuencia, el tribunal intermedio no estaba obligado a su abordaje.
El derecho a obtener una revisión amplia de la condena no incluye el de que sean tratados asuntos no introducidos oportunamente por la parte, pues presupone la carga de plantearlos en la ocasión procesalmente prevista para ello. Entonces, si en el fallo impugnado el órgano revisor guardó silencio respecto a tales reclamos, fue en razón de que dichos planteos no habían sido propuestos al tribunal intermedio en la oportunidad procesal pertinente. De tal modo, no es posible predicar la arbitrariedad del fallo por no haber ingresado al tratamiento de agravios no formulados (doctr. art. 451, CPP).
El criterio empleado por la Casación se compadece con arraigada doctrina de esta Corte en cuanto a que la interposición del recurso de casación marca el límite temporal para expresar los motivos de casación que pueden ser revisados en esa sede (conf. art. 451, CPP -cit.-). Vencido ese término, las posteriores ocasiones procesales, como las previstas en el art. 458 del mencionado Código adjetivo, están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación Penal debe ejercer su control de legalidad, como tampoco correspondía en el caso hacerlo sobre la aludida presentación de fs. 119/120 vta., posterior a la deducción del recurso casatorio.
De modo tal que ninguna obligación tenía dicho órgano de abocarse al tratamiento de reclamos extemporáneos, sin menoscabo del derecho al recurso (art. 8.2.h., CADH), y sin que ello pueda afectar la efectiva defensa material del acusado ni la utilidad de la defensa ante dicha instancia, según se invocó. Por lo demás, el recurrente no ha demostrado -ni se advierte- lo contrario en torno a la actividad revisora desplegada en el caso (art. 495, CPP).
Así entonces, y teniendo en consideración las apreciaciones vertidas por esta Corte -en lo pertinente- en las causas P. 124.480, sentencia de 15-XI-2016 y P. 129.498, sentencia de 17-IV-2019 -entre tantas otras-, respecto del límite temporal para expresar agravios ante la Casación -art. 451 cuarto párrafo del Código Procesal Penal-, las que cabe dar por reproducidas, corresponde desestimar el planteo que con similar alcance ha sido aquí formulado (conf. causa P. 131.234, sent. de 19-II-2020 y todas sus citas; entre tantas más).
Y cabe señalar que lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), no derogó -aun de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y, al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento, lo hizo en función de la profundidad de la revisión mas no respecto de la extensión de los agravios llevados, obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de aquellas, y este criterio fue en definitiva ratificado por el Superior Tribunal de la Nación en el caso G.1363.XLIII RHE "Godoy, Gustavo Ezequiel y otros s/ causa nro. 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008 (conf. causa P. 129.498, cit.).
En consecuencia, la impugnación no consiguió evidenciar la argüida violación a la garantía de la revisión amplia, toda vez que la decisión recurrida comporta la recta aplicación de la solución legal expresamente delimitada para una situación como la del caso puesto que -como ya se dijo- los reclamos acerca de que el tribunal a quo no respondió planteos llevados con posterioridad a la interposición del recurso de casación quedan comprendidos por lo señalado con anterioridad: la Casación no abordó puntos tardíos por aplicación del art. 451 del Código Procesal Penal, y ello no puede ser objetado.
Por lo demás, los aspectos procesales del planteo que esbozó en su reclamo -ver especialmente fs. 138 y vta.-, no corresponden a la competencia revisora de esta Corte.
Y, a todo evento, si la parte hubiese entendido que se incurrió en omisión de tratamiento de algún asunto esencial para la solución del caso -ver fs. 138 vta., penúltimo párrafo-, debió acudir a la vía recursiva prevista para subsanar defectos de ese tenor (conf. doctr. causas P. 104.249, sent. de 13-V-2009; P. 102.157, sent. de 15-VII-2009; P. 125.334, sent. de 23-XI-2016; P. 123.045, sent. de 16-VIII-2017; e.o.; art. 491, CPP).
IV.2. Finalmente, tampoco se evidencia la presencia de alguno de los supuestos excepcionales en los que esta Corte ha admitido el recurso por hallarse el imputado en situación de indefensión, que se daría especialmente por desconocimiento de gestiones conducentes para el encauzamiento de la voluntad recursiva expresada in pauperis por el imputado privado de su libertad, lo que no ha ocurrido en el caso (conf. doctr. causas P. 82.833, sent. de 7-II-2007; P. 88.887, sent. de 18-IV-2007; e.o.); ni es posible parangonar la situación a un supuesto de interpretación excesivamente ritualista (conf. doctr. causas P. 81.109, sent. de 29-X-2003; P. 82.438, sent. de 21-IX-2005; P. 129.247, sent. de 21-XI-2012; P. 127.748, sent. de 14-VI-2017, P. 126.347, sent. de 29-IX-2017; P. 129.918, sent. de 21-XI-2018; P. 132.304, sent. de 1-XII-2020; e.o.).
En efecto, surge de las constancias del presente legajo casatorio que el procesado Gallardo Vargas contó durante todo el trámite procesal de la causa con la asistencia de la defensa oficial sin interrupciones.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2022 19:28:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2022 09:13:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 19:54:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:28:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:39:05 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 13:37:42 hs. bajo el número RS-116-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia