Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135825
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.825-RC, "A., F. y L., D. S. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.043 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan , Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el día 10 de agosto de 2021, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de F. A. y D. S. L. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, condenó al primero a la pena de seis años de prisión más el pago de multa mínima (cuarenta y cinco unidades fijas), accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves (dos hechos: I y II) y coautor de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal (hecho IV); encubrimiento (tres hechos: V, VI Y VII) y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (hecho VIII), todos en concurso real entre sí; y a la segunda, le impuso la pena de seis años de prisión, multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas por resultar autora de los delitos de abuso de arma y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal (hecho III), coautora de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal (hecho IV); encubrimiento (tres hechos: V, VI Y VII) y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización (hecho VIII), todos en concurso real (v. fs. 6/13).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular, doctor Cristian J. M. Moix presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 16/41 vta.).
El Tribunal de Alzada, el día 9 de septiembre de 2021, concedió el recurso en cuanto a los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 12 del Código Penal y 45 de la ley 23.737 (t.o. según ley 27.302; v. fs. 46/48 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 61/65 vta., dictada la providencia de autos a fs. 67 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el defensor particular, en primer lugar, tilda de inconstitucional la aplicación de las accesorias del art. 12 del Código Penal por quebrantar el derecho a la patria potestad y la capacidad de administración y disposición de bienes (v. fs. 16 vta.).
Argumenta que L. y A. tienen tres hijos en común menores de edad, C. I. L. (trece años de edad), L. B. L. (once años) y B. M. F. L. (tres años), razón por la cual el citado art. 12 vulnera el derecho a la patria potestad de sus defendidos y repercute en forma negativa en el equilibrio familiar (v. fs. 17).
Refiere que siendo que ambos están privados de libertad, los hijos en común de ambos quedarían en una situación de vulnerabilidad pues no contarían con su asistencia ni con su protección, todo lo cual quebranta el interés superior de los niños (conf. arts. 3.1. y 3.2., CDN y 3, ley 26.061; v. fs. 21 vta.).
Sostiene que, en este caso, la pena impuesta trasciende a terceros. Cita textualmente fallos de diversos órganos jurisdiccionales (v. fs. cit. y 25/28 vta.).
A su vez, se agravia del alcance dado por el Tribunal de Casación Penal al derecho al recurso en el marco de procesos de juicio abreviado. En su apoyo, trae a colación doctrina y jurisprudencia (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 22/24).
Explica que el art. 12 del Código Penal configura una verdadera pena que tiene el problema de ser de aplicación automática sin permitir su graduación en el caso concreto. Puntualiza que "...el hecho físico del encierro, más aún en el caso particular por ejemplo cuando [su] defendida, la Sra. L., se encuentra en arresto domiciliario, en nada le impide ejercer las obligaciones y derechos sobre la persona y bienes de sus hijos para su protección y formación" (fs. 29 vta.).
Recuerda que las penas deben tener por finalidad la readaptación y señala que según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se debe presumir la capacidad de las personas y la restricción de la misma exige de un pronunciamiento judicial que así lo determine (conf. arts. 18, Const. nac.; 5.5., CADH y 10.3., PIDCP -v. fs. 29 vta. y 30-).
Como segundo agravio, denuncia arbitrariedad y tacha de inconstitucional la aplicación de la multa mínima de cuarenta y cinco unidades fijas (conf. arts. 5 inc. "c", 45 y concs., ley 23.737), equivalente a la suma de doscientos cuarenta y tres mil pesos ($243.000) respecto de cada uno de sus defendidos. Sostiene que es desproporcionada, excesiva y quebranta el derecho a la igualdad, a la propiedad, al principio de resocialización, legalidad, razonabilidad, entre otros que no especifica (arts. 16, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22, Const. nac. -v. fs. 35-).
Argumenta que sus asistidos y su entorno familiar tienen escasos recursos económicos, a lo que se agrega que ambos están privados de libertad e impedidos de conseguir algún ingreso económico y que al ser pareja la carga económica total se incrementa a doscientos cuarenta y tres mil pesos, tornándose de cumplimiento imposible (v. fs. 35 y vta.).
Indica que "Hasta el mes de noviembre del año 2016, la ley 23.737 preveía en su art. 5 la imposición como pena accesoria de la prisión, la multa que iba desde los pesos doscientos veinticinco ($225), hasta pesos dieciocho mil setecientos cincuenta ($18.750). Estos montos luego de dicha fecha fueron reformados a través de la sanción de la ley 27.302. Dicha reforma [...] estableció un sistema de actualización automática de sus montos mediante unidades fijas. De esta manera, la multa contenida en el art. 5 de la ley 23.737 establece en la actualidad un mínimo de 45 y un máximo de 900 unidades fijas. Siendo dicha 'unidad fija' equivalente al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Estos valores expresados en pesos, corresponden al día de hoy a un mínimo de pesos ciento treinta y cinco mil [...] y un máximo de pesos dos millones setecientos mil" (fs. 36).
Alega que "Si bien se realizó en la presente causa un acuerdo de juicio abreviado y se acordó la imposición de la multa mínima, el [Tribunal en lo Criminal n° 1] podría haber dejado sin efecto el excesivo monto que resulta de la multa mínima [...] teniendo en cuenta que se conocía sobre la falta de recursos económicos de los imputados y la familia de éstos (conf. arts. 21, 40, 41 Cód. Penal)" (fs. 36 vta.).
Por tales motivos, solicita se deje sin efecto la multa impuesta y se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.302 y de los arts. 5 inc. "c" y 45 de la ley 23.737 y 21 del Código Penal en lo que respecta a la aplicación de la pena de prisión ante el incumplimiento del pago de la multa. De lo contrario, podría verse afectado el consentimiento de los imputados, quienes suscribieron el acuerdo convencidos de que se iba a cumplir determinada cantidad de tiempo en prisión y luego, en etapa de ejecución penal podría resultar que, por la aplicación del plexo normativo expresado, pueden ser sorprendidos con una postergación del egreso al medio libre debido a que carecen de "...los medios económicos suficientes para pagar la multa" (fs. 37).
Manifiesta que el pedido de inconstitucionalidad del art. 21 citado radica en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.; 7.7., CADH) pues la conversión de la pena de multa en prisión solo recae en las personas vulnerables (v. fs. cit.).
Frente a tal situación, nuevamente, recuerda la importancia de atender a los fines de resocialización de la pena (conf. arts. óp. cits., 40 y 41, Cód. Penal y ley 24.600).
Por último, sostiene la inconstitucionalidad de la remisión establecida en el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 por configurar un supuesto de ley penal en blanco que remite a un órgano administrativo para que determine el valor de la multa a aplicar. En su apoyo, cita jurisprudencia (v. fs. 37 vta./40).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso.
Coincido con lo así dictaminado.
III. La impugnación resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Tal como a continuación se demostrará, los planteos de inconstitucionalidad de las respectivas normas, vinculados con la tacha de arbitrariedad, no trascienden de un mero criterio divergente con lo fallado que no logra poner en evidencia la violación de las garantías constitucionales para dar sustento a la medida extrema que reclama.
Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera las normas cuestionadas contrarían la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. causas P. 82.601, sent. de 1-VI-2005; P. 105.301, sent. de 9-VI-2010; P. 119.505, sent. de 21-IX-2016; P. 131.690, sent. de 23-X-2019; e.o.).
III.1.a. En lo que respecta al pedido de inconstitucionalidad del art. 12 del Código Penal, frente a idéntico planteo al reeditado por la parte, el Tribunal de Casación Penal afirmó que las incapacidades civiles del art. 12 del Código Penal son una consecuencia de la condena ". .. carente de carácter punitivo, con connotaciones eminentemente tutelares, que concluyen cuando se produce la libertad del condenado. El alcance de dicha medida nos coloca frente a una incapacidad de hecho relativa, por lo cual el penado no pierde su capacidad jurídica, ya que la misma se refiere a un número restringido de actividades" (fs. 7 vta.).
En función de ello, descartó que la citada norma implique la "muerte civil" de la persona, instituto que no fue previsto por Vélez Sarsfield, aclarando que la aplicación de las accesorias del citado art. 12 tampoco entran en contradicción con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuyos arts. 638, 641 inc. "d" y 644 son el correlato de la anterior legislación (v. fs. cit.).
Concluyó pues que la norma puesta en crisis no viola los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el art. 5 apartado 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
III.1.b. Ante dicha respuesta, la parte reproduce de manera dogmática los fundamentos llevados en el recurso de casación sin hacerse cargo de controvertir lo fallado (v. causa digital).
De esta forma, insiste en que el art. 12 es una pena dejando enhiesta la afirmación del Tribunal de Alzada relativa a que son medidas de carácter tuitivo y no punitivo.
En cuanto al argumento del recurrente vinculado a la afectación del interés superior de los tres hijos en común de A. y L., cabe destacar que, si bien ello también fue planteado ante el Tribunal de Casación, lo cierto es que el sentenciante nada dijo sobre el punto, siendo -precisamente- dicha omisión lo que la defensa debió cuestionar en lugar de reeditar idéntico planteo.
Sin perjuicio de ello, cabe agregar que de los propios términos del recurso y de diversas piezas del expediente surge que L. estaría cumpliendo arresto domiciliario junto a sus hijos de ahí que la defensa particular no explica de qué manera, siendo que su defendida estaría ejerciendo la responsabilidad parental de sus hijos al vivir con ellos, el embate relativo a la restricción de la patria potestad y a la afectación del interés superior del niño tendría verdadero interés actual, sin perjuicio de tampoco relacionarlo con las supuestas restricciones al ejercicio de la patria potestad de su padre quien sí se encuentra detenido en una unidad penitenciaria (v. informe RUD de fs. 70/71 y expediente digital; conf. art. 495 cit.).
De igual manera, las manifestaciones de la defensa relativas a que las accesorias del art. 12 no son compatibles con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no atacan eficazmente la afirmación en contrario del Tribunal de Alzada que, en su apoyo, se remitió a diversos artículos del citado cuerpo de leyes que resultan compatibles con la norma puesta en entredicho.
III.1.c. Por otra parte, tal como lo puso de manifiesto la Procuración General y como esta Suprema Corte lo advirtiera en las causas P. 130.516 (sent. de 19-VI-2019) y P. 131.690 (sent. de 23-X-2019) -ambas con voto de la doctora Kogan-, entre otras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se manifestó expresamente a favor de la constitucionalidad del art. 12 del Código Penal en el marco del precedente "González Castillo, Cristián Maximiliano y otro s/ robo con arma de fuego" (sent. de 11-V-2017, y su progenie "Hope Casilla, Ervin s/ legajo de casación Fernández, Norma Amalia y otros s/ homicidio simple", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Flores Rodríguez, Gerson s/ infracción ley 23.737" y "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Méndez, Matías o Méndez, Maximiliano Matías s/ homicidio agravado en grado de tentativa", sents. de 26-XII-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Ribles Rible, Marcos Carmelo s/ abuso sexual - art. 119 2° párrafo", sent. de 23-XI-2017; "Callejas, Viviana y otros s/ recurso de casación", sent. de 31-X-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Migueles, Carlos Darío s/ infracción ley 22.415", sent. de 29-V-2018; "Recurso de hecho deducido por la defensa de Ariel Alberto Fernández, en la causa Cubilla Encina, Erme y otro s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)" y "Orellano, Félix Alberto y otro s/ legajo de casación", sents. de 21-VI-2018; "Gómez, Claudio Fernando s/ legajo de casación", sent. de 17-X-2018; "Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y otros s/ infracción ley 23.737", sent. de 21-XI-2018; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Albornos, David Raúl y otro s/ legajo de casación", sent. de 26-III-2019; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Antonini Rosetti, Hugo Luis s/ secuestro extorsivo", sent. de 7-V-2019; e.o.).
Resulta útil recordar que en el citado precedente "González Castillo", el Máximo Tribunal nacional afirmó que partiendo de la base de que la ley 24.660 tuvo como uno de sus objetivos adecuar la legislación penitenciaria a los nuevos estándares en materia de derechos de los penados (conf. CSJN Fallos: 327:388, cons. 17 del voto mayoritario), de su lectura no surge objeción alguna con relación al art. 12 del Código Penal "...sino que en ella explícitamente se reglamentó cómo debía proveerse a la representación del condenado en los términos de dicha regla (conf. art. 170)" así como también ordena que las inhabilitaciones del citado art. 12 se suspenden cuando se acceda a la libertad condicional o la libertad asistida (conf. art. 220 -cons. 7-).
También se expidió sobre la compatibilidad del art. 12 con el Código Civil y Comercial de la Nación. En tal sentido, indicó que el texto del nuevo ordenamiento civil revela la subsistencia de la decisión legislativa en favor de asignar efectos a la regla del art. 12 del Código Penal. "Así, al regular las restricciones al ejercicio de los derechos y deberes del progenitor condenado, la nueva normativa sustituye el artículo 309 del código civil derogado, y establece, en análogo sentido, que 'El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure: b) el plazo de la condena a reclusión y prisión por más de tres años' (conf. art. 702 inc. b, Código Civil y Comercial de la Nación). Del mismo modo, en lo atinente a las restricciones a la capacidad para la administración de los bienes, si se tiene en cuenta que el nuevo marco normativo les ha asignado un carácter estrictamente excepcional (conf. especialmente, artículos 31 y sgtes. del Código Civil y Comercial de la Nación), difícilmente pueda sostenerse [...] [e]l carácter cruel, indigno o infamante de la curatela a la que queda sujeto el penado".
De lo expuesto se desprende que ante la clara doctrina del Máximo Tribunal de la Nación sobre la constitucionalidad del art. 12 del Código Penal, el recurrente debió hacerse cargo de su contenido y aportar nuevos argumentos que justifiquen apartarse de aquella; nada de ello se hizo en el presente (conf. CSJN 4-VII-85, LL, 1986-a-178; Fallos: 183:409; 192:414; 212:327; e.o.).
III.2.a. Respecto de la inconstitucionalidad de la multa prevista en el art. 5 inc. "c" en función del art. 45 en la ley 23.737 (t.o. según ley 27.302), el reclamo tampoco procede.
Frente a idéntico planteo al ahora reeditado por el recurrente, el Tribunal de Casación Penal descartó la tacha de inconstitucionalidad.
En tal sentido el señor juez Natiello, a quien adhirió el señor juez Kohan, recordó que, en el sistema regulado por el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el juicio abreviado debe haber acuerdo entre las partes en el tipo y monto de pena, extremos que no podrán ser modificados en perjuicio de la persona imputada por parte del órgano jurisdiccional (conf. art. 396, CPP). Resaltó que "Los acusados, con el debido asesoramiento legal, negociaron la calificación y la pena, lo que hicieron por propia conveniencia, optando por una sentencia rápida y un monto sancionatorio siempre menor, obteniendo una situación más ventajosa" (fs. 8 vta.).
En particular, en relación con la multa aplicada, explicó que "...luego de la reciente reforma introducida a la Ley 23.737 por la Ley 27.302 (BO 08/11/2016) ha quedado definida en cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas -describiendo la ley que cada una de ellas equivale al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos (F.01), que a la fecha de la comisión del ilícito, conforme el Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2019, tenía un valor de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600)-. De lo cual puede deducirse que, en la presente causa se ha aplicado el mínimo de la escala penal relativa a la multa del presente delito pesos ciento sesenta y dos mil ($162.000), monto que oportunamente no fue tachado de inconstitucional, por lo que no puede ser atacado en esta ocasión" (fs. 8 vta. y 9).
En función de ello, afirmó que el sentenciante tras reconocer la eficacia de la estratégica negociación acordada por las partes decidió del modo indicado. Por lo que, añade, a esta altura sorprende el planteo efectuado por la defensa, "...toda vez que en la celebración del juicio abreviado, debió indicarle [...] que si había consentido la multa a imponer y llevado ese acuerdo al proceso, no podría luego cuestionar su incumplimiento, por lo que consider[ó] que no existe un agravio razonable".
Agregó que la declaración de inconstitucionalidad de las normas es una medida de ultima ratio , conforme jurisprudencia de la Corte nacional y de esta Suprema Corte que citó en su apoyo (v. fs. 9 y vta.).
Con dicho marco, estimó que las normas puestas en crisis no quebrantan ningún principio constitucional y que tampoco advierte irrazonabilidad ni arbitrariedad, sino que se fundan en razones de política criminal que "...excede el ámbito del examen 'l
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