Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Carlos Rubén Domínguez Ojeda, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.352, "Domínguez Ojeda Carlos Rubén S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 97104 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -en su integración unipersonal y en el marco de un trámite de juicio abreviado-, a través de la sentencia dictada el 21 de febrero del año 2019, condenó a Carlos Rubén Domínguez Ojeda a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes y por la participación de un menor de dieciocho años, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no ha sido debidamente acreditada, por la comisión en poblado y en banda y por la intervención de un menor de edad (hecho I), en concurso material con tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho II).
Contra la condena, la defensa oficial interpuso un recurso de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de abril de 2020, lo rechazó. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 435 del Código Procesal Penal, absolvió a Domínguez Ojeda respecto del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra -art. 189 bis (2) segundo párrafo del Código Penal (hecho II)-, y lo condenó en definitiva a la pena de trece años y cinco meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, de conformidad con los restantes delitos por los que fue condenado (v. fs. 61/67).
Frente a lo así decidido, la señora defensora adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 69/76), el cual fue declarado parcialmente admisible por el tribunal revisor en lo concerniente a la denuncia de arbitrariedad por errónea aplicación del art. 41 quáter del Código Penal (v. fs. 78/80 vta.); luego esta Corte dictó resolución en los términos del art. 31 bis de la ley 5.827 y lo rechazó por improcedente (v. fs. 86/89).
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso queja que tramitó como causa P. 135.175-Q (v. fs. 101/105).
Esta Suprema Corte admitió la vía directa y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a la denuncia de violación al debido proceso, defensa en juicio y la doble instancia, con relación a lo fallado por Casación al asumir competencia positiva y fijar nueva pena (v. fs. 107/109 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/118), dictada la providencia de autos a fs. 120, presentada la memoria por parte de la señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti (v. fs. 126/127 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. De acuerdo al acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte, sólo se abordará el agravio relacionado con la afectación a las garantías constitucionales y lo fallado por el Tribunal de Casación al asumir competencia positiva y fijar la nueva pena (v. esp. fs. 107/109 vta.).
En primer lugar, la defensa oficial denunció la violación al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia (conf. arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 72 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación luego de decidir que correspondía revocar -por vía del art. 435 del Código Procesal Penal-, la decisión de primera instancia con relación al delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, asumió competencia positiva y fijó la pena a Domínguez Ojeda en trece años y cinco meses de prisión.
En ese escenario, consideró que el tribunal revisor debió reenviar las actuaciones a fin de darle oportunidad a esa parte de discutir la pena a aplicarse, mediante un debate amplio sobre la cuestión (v. fs. 73).
Consideró que, a partir de una errónea actuación de parte del tribunal revisor, se limitó el ejercicio del derecho de defensa y la garantía de doble instancia como revisión amplia del fallo de condena (conf. fallo "Casal", CSJN y art. 8.2.h., CADH; v. fs. 73 vta.).
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíen los autos al tribunal de instancia a fin de que -debidamente integrado- y con un amplio debate, se fije una nueva pena a su asistido.
En forma subsidiaria, denunció la violación al derecho del imputado a ser oído debido a que el Tribunal de Casación fijó nueva pena sin haber tomado contacto directo ( de visu ) con su defendido (v. fs. 74 vta.).
Señaló que se vulneró la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente de los fallos "Pin" y "Maldonado", ello a consecuencia de fijar una nueva determinación de la pena sin haber tomado previamente conocimiento directo con su asistido, ni tener en cuenta sus condiciones personales, en vulneración al art. 41 inc. 2 -última parte- del Código Penal y, en consecuencia, del derecho del imputado a ser oído previo a ser condenado, de su derecho de defensa, al debido proceso y a una sentencia "no arbitraria" (fs. cit.).
Por ello, solicitó que se anule la sentencia impugnada y se disponga el reenvío de las actuaciones al Tribunal de Casación a fin de dictar nueva pena conforme a derecho (v. fs. 75 vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó a favor del rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 114/118).
III. La señora defensora oficial a cargo interinamente de la defensoría de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria en los términos del art. 487 del Código Procesal Penal. Sostuvo que esta Corte al resolver la procedencia de la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reconoció la vinculación directa e inmediata de los agravios y las cuestiones constitucionales planteadas; y que el tribunal revisor ocasionó un agravio actual y concreto al determinar pena sin permitir un amplio debate de la cuestión, especialmente ante la posibilidad de plantear circunstancias sobrevinientes considerando el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia de condena (v. fs. 126/127 vta.).
IV. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no prospera.
IV.1. El Tribunal de Casación de conformidad con lo previsto en el art. 435 del Código Procesal Penal (en función de haber absuelto a Carlos Rubén Domínguez Ojeda por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra -art. 189 bis (2) segundo párrafo del Código Penal-), asumió competencia positiva y redujo la pena aplicada (v. fs. 64 vta./66).
A tal fin sostuvo que a partir de la valoración efectuada por el magistrado de primera instancia respecto de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, consideró adecuado condenar a Domínguez Ojeda a la pena de trece años y cinco meses de prisión y costas, más declaración de reincidencia, por los delitos de secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes y por la participación de una menor de dieciocho años, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no ha sido debidamente acreditada, por la comisión en poblado y en banda y por la intervención de una menor de edad (arts. 55, 41 quáter, 167 inc. 2 tercer párrafo y 170 apdo. 2 inc. 6, Cód. Penal; v. esp. fs. 66 y vta.).
IV.2. La parte recurrente solo expone su discrepancia con lo decidido, pero no se ocupa de controvertir los fundamentos que dieron sustento al razonamiento que elaboró el Tribunal de Casación a partir del cual resolvió reducir la cuantía de la pena aplicada en origen.
En efecto, de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el tribunal de origen no valoró circunstancias atenuantes y sí ponderó como agravantes "la violencia desplegada" y "la proclividad delictiva" (cuestiones cuarta y quinta de la sentencia de condena, fs. 14 vta. y 15); circunstancias que el tribunal de la impugnación tuvo en consideración junto a los delitos que permanecieron firmes a la hora de fijar nueva pena.
Quien recurre ante esta instancia extraordinaria no se hace cargo de todo ello y cuestiona lo decidido desde la óptica de una opinión personal acerca del alcance que correspondía asignarle a la garantía de la revisión amplia del pronunciamiento. Sin embargo, en esos términos el planteo se devela insuficiente porque no demuestra cuál habría sido la vulneración directa a las garantías de la doble instancia, defensa en juicio y debido proceso a través del pronunciamiento casatorio que redujo la pena de Domínguez Ojeda.
Las alegaciones referidas a que el órgano casatorio no tomó previamente conocimiento de visu del procesado, ni tuvo en cuenta sus condiciones personales, en infracción -según lo afirma la parte- a los criterios establecidos en la materia por la Corte federal, se dirige -en lo esencial- a poner en evidencia un supuesto déficit en el procedimiento previo al dictado de la sentencia del Tribunal de Casación y ello de por sí se vincula con cuestiones típicamente procedimentales ajenas a la competencia de esta Corte. Tampoco -como ya dije- hubo en la argumentación ensayada, una adecuada demostración del compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en esta instancia, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al respecto, trae a colación (Fallos: "Maldonado" y "Pin").
Asimismo, resulta inaplicable a este caso lo decidido por la Corte Suprema en los precedentes mencionados. En el primero, en lo que es relevante, la importancia de la audiencia de conocimiento directo a la que alude el art. 41 del Código Penal fue puesta de relieve en el contexto normativo del Régimen Penal de la Minoridad (conf. ley 22.278, esp. art. 4) y del escrutinio de la validez de una pena perpetua fijada en la instancia revisora a un menor punible en virtud de un recurso fiscal, agravando así la temporal (de catorce años de prisión) que había sido impuesta en origen.
En el segundo -caso "Pin"-, la Corte federal remitió a los considerandos 18 y 19 de "Maldonado" al advertir que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (que revocaron la absolución dispuesta en primera instancia e impusieron pena) no tomaron conocimiento de visu del condenado antes de individualizar la sanción.
Ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta por la Corte nacional en los precedentes de mención se advierte en la especie, toda vez que -en lo central- no se trata aquí del juzgamiento de menores punibles sujeto a un régimen normativo específico (como en "Maldonado") ni se configura la situación del caso "Pin" pues el órgano casatorio provincial -lejos de revocar una sentencia absolutoria- rechazó el recurso deducido por la defensa pero a la vez de conformidad con el art. 435 del Código Procesal Penal, lo absolvió por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra -art. 189 bis (2) segundo párrafo del Código Penal- (hecho II) y redujo la pena impuesta por el tribunal de origen.
A ello hay que adicionar que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión en tanto no trasciende, en rigor, de un agravio meramente formal desde que no se han indicado los perjuicios que la omisión de haber convocado al procesado ante el órgano casatorio -previo a reducir la pena- en los términos referidos podría haber generado a sus derechos.
Por lo demás, las consideraciones expuestas anteriormente alcanzan para desechar las argumentaciones realizadas por la defensa a fs. 126/127 vta. donde insiste con la afectación a distintas garantías constitucionales, que, como se vio, quedaron descartadas.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Coincido con la solución que propicia la doctora Hilda Kogan.
En particular, en cuanto destaca que la parte recurrente solo expone su discrepancia con lo decidido, sin controvertir los fundamentos que dieron sustento al razonamiento que elaboró el Tribunal de Casación a partir del cual resolvió reducir la cuantía de la pena aplicada en origen. En efecto, de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el tribunal de origen no valoró pautas atenuantes y ponderó como agravantes "la violencia desplegada" y "la proclividad delictiva" (fs. 14 vta. y 15); circunstancias que el tribunal revisor tuvo en consideración, junto a los delitos que permanecieron firmes, a la hora de fijar nueva pena.
Así, tal como lo señala la jueza ponente, el impugnante no se hace cargo de todo ello y solo cuestiona lo decidido desde la óptica de una opinión personal acerca del alcance que correspondía asignarle a la garantía de la revisión amplia del pronunciamiento. Sin embargo, en esos términos, el planteo se devela insuficiente porque no demuestra cuál habría sido la vulneración directa a las garantías de la doble instancia, defensa en juicio y debido proceso a través de la sentencia de casación que redujo la pena de Domínguez Ojeda.
Con relación a las alegaciones referidas a que la Casación no tomó previamente conocimiento de visu del procesado, ni tuvo en cuenta sus condiciones personales, en infracción -según lo afirma la parte- a los criterios establecidos en la materia por la Corte federal, el recurrente no logra demostrar que las circunstancias del presente sean asimilables a las que motivaron las decisiones recaídas en los fallos "Maldonado" y "Pin" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tenor de las diferencias apuntadas en el sufragio de la ministra ponente.
También comparto las consideraciones sobre la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen, puesto que, vistas las características del caso, la parte no indica los perjuicios que la omisión de convocar a Domínguez Ojeda ante el órgano casatorio -previo a reducir la pena- habría generado a sus derechos, lo que conduce a la ineficacia de la pretensión.
Finalmente, las argumentaciones realizadas por la defensa a fs. 126/127 vta. donde insiste con la afectación a distintas garantías constitucionales, como acertadamente postula la doctora Kogan, quedaron descartadas a partir de las consideraciones anteriormente expuestas.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial en favor de Carlos Rubén Domínguez Ojeda, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:07:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:23:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:45:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 22:57:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/10/2022 08:52:55 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/10/2022 12:03:59 hs. bajo el número RS-113-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia