Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133153
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.153, "Ogas Smith Gerardo Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78676 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el día 29 de junio de 2017, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el defensor particular de Gerardo Adrián Ogas Smith, doctor Pedro Esteban Bringa, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar partícipe necesario del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (v. fs. 89/99).
El día 20 de octubre de 2017, Ogas Smith, acompañado por su entonces defensor particular, se notificó del fallo casatorio en la sede del Tribunal y manifestó su voluntad impugnativa (v. fs. 104 y vta.). En función del tiempo transcurrido sin que dicha pretensión hubiera sido canalizada técnicamente, se intimó a la defensa en diversas oportunidades (v. fs. 105/106, 107 y vta. y 109 y vta.).
El día 26 de diciembre de 2017, el defensor particular dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 110/124).
El Tribunal de Alzada, el día 5 de abril de 2018, de modo preliminar, advirtió la falta de diligencia de la defensa particular en lo que respecta al cumplimiento del plazo previsto en el art. 483 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo cual, con fundamento en las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, sorteó dicho déficit. Finalmente, desestimó la impugnación por estimar que los agravios de pretensa índole constitucional no guardaban relación directa con lo fallado (v. fs. 125/128).
El imputado Ogas Smith, el día 9 de mayo de 2018, manifestó nuevamente su intención de impugnar la sentencia (v. fs. 132 y vta.). El día 10 de agosto de 2018, revocó la designación del abogado particular y solicitó ser asistido por la defensa oficial (v. fs. 139).
En dicho marco, la señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasotti, el día 9 de octubre de 2018 asumió su intervención y -en ese mismo acto- planteó reposición y/o nulidad del recurso de inaplicabilidad de ley que había interpuesto la anterior defensa y de los actos subsiguientes por afectación al derecho de defensa y al debido proceso, todo lo cual -a su entender- dejó a su asistido en estado de indefensión (v. fs. 143/145 vta.).
Frente a ello, el Tribunal de Casación Penal, el día 16 de octubre de 2018, desestimó la presentación por entender que había agotado su jurisdicción con el examen de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal y remitió las actuaciones a la defensoría de Casación para que continuara con las instancias procesales que pudieran corresponder ante la eventual afectación del derecho de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 146/147).
Contra dicha resolución, la señora defensora oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/153).
El día 27 de diciembre de 2018, el Tribunal de Casación Penal recondujo la presentación como una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 154).
Esta Suprema Corte de Justicia, mediante resolución de fecha 13 de marzo de 2019, rechazó por improcedente aquella reconducción y devolvió las actuaciones a la Sala II del Tribunal de Casación Penal para que resolviera la admisibilidad del recurso extraordinario conforme el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 155/156 vta.).
El Tribunal intermedio, el día 24 de septiembre de 2019, admitió la impugnación por considerar que se habían planteado agravios de pretensa índole federal vinculados con la afectación del derecho de defensa en la etapa recursiva y del debido proceso (v. fs. 161/164 vta.).
Esta Corte, por sentencia del 20 de agosto de 2020, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor del nombrado Ogas Smith y declaró la nulidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 110/124 y de los actos subsiguientes, ordenando dar vista a la defensa oficial para que canalice la voluntad impugnativa (v. fs. 180/185 vta.).
En cumplimiento de lo así dispuesto, la señora defensora oficial adjunta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la citada sentencia de la Sala II del Tribunal de Casación del 29 de junio de 2017 (v. fs. 195/209), que fue concedido por la aludida instancia a fin de abordar las cuestiones federales planteadas (v. fs. 210/212).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 221/228), dictada la providencia de autos (v. fs. 230), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora defensora formuló dos planteos en la presentación en análisis.
I.1. Como cuestión previa, denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso (arts. 8.1., CADH; 9.3 y 14.3.c., PIDCP y 75, inc. 22, Const. nac.), y, por su consecuencia, la afectación a los derechos de defensa en juicio, debido proceso y presunción de inocencia (arts. 1, 18, 31 y 33, Const. nac.; v. fs. 199).
En su aval, citó y reprodujo fragmentos del precedente "Espíndola" del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 199 y vta.).
Explicó que el plazo razonable resulta ser una garantía prevista en diversos pactos internacionales, con rango constitucional. En ese discurrir, citó los fallos "Bramajo", "Giroldi", "Mattei" y "Mozzatti", entre otros, de la Corte Suprema de la Nación; "Suárez Rosero" y "Genie Lacayo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; "Motta", "Ruiz Mateos", "Terranova vs. Italia" y "Phocas vs. Francia" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y sentencia en causa P. 94.754, "Romero", de 15-VII-2009, de este Tribunal (v. fs. 200/202).
Con relación al caso, argumentó que el hecho que se atribuyó al imputado "...data del 27 de agosto del año 2012, sin que a la fecha haya recaído sentencia firme, es decir, casi 10 años, de los cuales la etapa recursiva ha insumido casi cinco años " (fs. 202; el destacado figura en el original).
Adujo que por ello se impone evaluar la razonabilidad de la duración del proceso de acuerdo a los estándares emanados de la Corte federal sobre la cuestión en trato (conf. causas "Amadeo de Roth", Fallos: 323:982; "Barra", Fallos: 327:327; "Egea", Fallos: 327:4815; CSJN 2625/2004 (40-C)/CS1 "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa n° 7621-" de 7-VIII-2007; "Podestá", Fallos: 329:445; "Acerbo", Fallos: 330:3640; "Cuatrín", Fallos: 331:600; e.o.; v. fs. 202 y vta.).
Luego se refirió a los criterios elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y receptados por la Corte Interamericana de Justicia para la determinación de la razonabilidad del plazo de extensión del proceso: complejidad del caso, conducta del procesado y diligencia de las autoridades competentes en la conducción del trámite procesal, ocupándose someramente de su relación con este juicio (v. fs. 202 vta. y 203).
I.1.a. En cuanto al primero, adujo que de las constancias de la causa surge que no ha mediado en la investigación dificultad alguna, a pesar de lo cual la sentencia fue dictada casi cuatro años después de la fecha de comisión del hecho (v. fs. 203).
I.1.b. Con relación al segundo criterio mencionado, señaló que ha de descartarse toda conducta obstructiva de parte del imputado, desde que no ha mediado ninguna actividad dilatoria que pueda atribuírsele, en tanto la actividad procesal de la defensa consistió en intervenciones necesarias y en el ejercicio de los recursos que las leyes le conceden (v. fs. 203 y vta.).
Agregó que la inusitada dilación que existió entre la manifestación de la voluntad recursiva del imputado y el momento en que se garantizó su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria -casi cuatro años-, debido a la situación de indefensión en la que fue colocado, necesitó de un pronunciamiento de esta Suprema Corte que reconociera en el caso la afectación del debido proceso y del derecho de defensa ante la negativa del tribunal intermedio frente a la demanda de esa parte (v. fs. 203 vta.).
I.1.c. En tercer término, expresó que la mora de los órganos jurisdiccionales en resolver la causa, aun siendo explicable, no puede ser oponible a su asistido (v. fs. 203 vta. y 204).
Para concluir, afirmó que la duración del proceso en este caso es comprobadamente irrazonable y que si se considerara que aún no ha transcurrido el plazo del art. 62 del Código Penal que resultaría aplicable (en contra de lo planteado ut supra ), entonces no cabría otra opción que inaplicar por inconstitucional la ley común (arts. 5, Const. nac. y 11 y 57, Const. prov.) o directamente declarar su inconstitucionalidad (v. fs. 204 vta.).
I.2. En subsidio, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena, por violación a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales derivada de la razonabilidad republicana y del derecho de defensa, y la violación a la presunción de inocencia, al principio in dubio pro reo y a la garantía a la revisión del fallo (arts. 1 y 18, Const. nac. y 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP; v. fs. 205 y vta.).
Sostuvo que el pronunciamiento impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, ya que ante los planteos efectuados en el recurso que reclamaban la revisión del modo en el que el a quo había considerado acreditada la participación de su defendido y la calificación legal, la respuesta consistió en una reiteración de las razones del tribunal de grado y no en una verificación de si se había aplicado de modo correcto el método histórico (v. fs. 205 vta.).
Con sustento en lo decidido por la Corte nacional en el precedente "Casal", efectuó diversas consideraciones en torno al referido "método histórico" para la reconstrucción de un hecho del pasado (v. fs. 205 vta./207).
En concreto, adujo que, en respuesta a las críticas de esa parte, concernientes a la valoración de las declaraciones testimoniales y al cuestionamiento de la calificación legal, el órgano revisor efectuó un análisis que, en sustancia, resultó ser reiterativo del de primera instancia "...sin hacerse cargo en plenitud de las argumentaciones de descargo, que -de tal suerte- no encuentran un debido tratamiento en la sentencia revisora" (fs. 207 vta.).
En sostén de su postura invocó los fallos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como lo resuelto en la causa P. 98.023, sentencia de 22-VIII-2007 de esta Suprema Corte (v. fs. 208 y vta.).
En definitiva, concluyó que la sentencia impugnada ha frustrado el derecho al doble conforme (arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), y quebrado el principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac. y 8.1., CADH; v. fs. 208 vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no es procedente.
III.1. El agravio sobre la violación de la garantía de plazo razonable, no es de recibo en razón de su insuficiencia (doctr. art. 495, CPP).
La defensa del imputado hizo una mención genérica a esta garantía y la acompañó con abundante cita de precedentes jurisprudenciales, mas dejó sin adecuado análisis los diversos parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir su aplicación al caso, en particular la gravedad del suceso atribuido.
Resulta oportuno recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes, tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: TEDH Motta, 19-II-1991 y Ruiz Mateos, 23-VI-1993), que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del juicio implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 132.553, sent. de 24-II-2021; P. 135.381, sent. de 15-VI-2022; e.o.).
Así entonces, se advierte que la recurrente se limitó a señalar de modo abstracto el tiempo insumido en este juicio y a acompañar citas jurisprudenciales, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que se impone valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso, conforme la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal Supremo provincial.
Luego, la referencia a la mora de los órganos jurisdiccionales no puede deducirse del mero transcurso del tiempo, como parece resultar del razonamiento de la parte, sin considerar en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar este aspecto del tópico, tales como las que fueran detalladas en los antecedentes.
En cuanto a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por la recurrente, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable a este caso a pesar de las particularidades que los diferencian.
Cabe rememorar que esta Corte resolvió que la pretensión de que se extinga la acción penal por violación del plazo razonable de tramitación del proceso es insuficiente si el recurrente apoya su agravio en la afirmación dogmática de que ha sido superado el "plazo razonable" de duración de la causa, sin evidenciar, más allá de sus alegaciones sobre la simplicidad del asunto y la prudente conducta del procesado, tal circunstancia a través de un análisis concreto de sus constancias objetivas (causas P. 117.968, sent. de 11-III-2015; e.o.).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad evaluando la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia (CIDH caso Valle Jaramillo, sent. de 27-XI-2008) lo que constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (CIDH caso Kawas , sent. de 3-IV-2009, párrs. 112 y 115).
Este último elemento en particular, como acertadamente lo señala la Procuración General en su dictamen en alusión al requisito de la "gravedad del suceso" (conf. doctr. P. 131.933, sent. de 29-XII-2020; e.o.; v. fs. 224), ha sido ignorado de modo absoluto por la defensa y ello se erige en un impedimento serio para la declaración de la extinción de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. En efecto, la entidad del delito es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas y/o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (consid. V del caso "Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando causa nº 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21 de agosto de 2007 y consid. 21 del voto de la minoría conformada por los Jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", Fallos: 322:360).
Por lo tanto, la índole del hecho juzgado en estas actuaciones -robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda- constituye un obstáculo, en el sub lite , para propiciar la extinción de la acción por la causal en análisis e impide tener por configurados los presupuestos excepcionales que deben conjugarse para aplicar la jurisprudencia establecida por la Corte de la Nación a partir de los precedentes "Mattei" (Fallos: 272:188); "Mozzatti" (Fallos: 300:1102); "Moyal" (sent. de 23 de octubre de 2007) y su progenie (conf. causas P. 131.186, sent. de 2-IX-2020; P. 131.933, cit.; e.o.).
Finalmente, deviene innecesario pronunciarse acerca del planteo de inconstitucionalidad del art. 62 del Código Penal, dado que el mismo se supeditó a que el rechazo al progreso del reclamo por afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable tuviese sustento en el no cumplimiento de los plazos de prescripción reglamentados en la ley de fondo, y ello no surge de los fundamentos expuestos en los apartados anteriores.
III.2. El planteo subsidiario tampoco progresa.
En el caso, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió con la amplitud debida respecto de los agravios que habían sido llevados a su conocimiento relativos a la participación responsable en el hecho de Ogas Smith y a la calificación legal.
III.2.a. En este punto, cabe señalar que la Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos "...el día 27 de agosto de 2012, siendo aproximadamente las 16.30 horas, Nahuel Alberto Maidana y al menos tres sujetos masculinos no identificados y prófugos al momento del debate, con la cooperación necesaria de un quinto sujeto, luego identificado como Gerardo Adrián Ogas, utilizando una copia de las llaves de la vivienda ubicada en la calle Pueyrredón 854, zona poblada, de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, con las cuales dichos sujetos accedieron al interior y mediante intimidación ejercida con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser verificada, sobre la persona de Sandra Elizabeth Peralta, se apoderaron de varios elementos de valor que allí se encontraban, todos objetos pertenecientes a los moradores de la casa, dándose a la fuga con los objetos sustraídos y a fin de perpetrar este ilícito dichos sujetos se valieron de la participación indispensable de [Gerardo] Adrián Ogas, quien debido a la relación laboral que tenía con el dueño de la casa, Alejandro Maserati, proporcionó información sobre los movimientos cotidianos de la familia como así también sobre los objetos existentes en el lugar y proporcionó el juego de llaves para el ingreso de los autores a la vivienda, que sin estos distinta[o]s aportes el hecho no hubiera podido realizarse" (fs. 90 vta. y 91).
La prueba fundante de esa m
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