Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133969
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.969, "Pasini, Lorena Elizabeth. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.065 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Borinsky, Budiño .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de junio de 2019, suspendió el trámite de la queja presentada por la defensa oficial de Lorena Elizabeth Pasini en el marco de la causa P. 120.688 -registro de esta Suprema Corte-, con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1 pie de página, legajo CSJN 1006/2018/RH1).
Por su parte, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, a través de la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Lorena Elizabeth Pasini, contra el auto de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de General San Martín que había confirmado la resolución del Tribunal en lo Criminal departamental que no hizo lugar al sobreseimiento de la nombrada por extinción de la acción penal (v. fs. 40/43 vta., leg. cas. n° 96.065).
Contra ello, el señor defensor oficial ante dicha instancia, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 47/63 vta.), el cual fue concedido por resolución del tribunal intermedio (v. fs. 71/73 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 96/100), dictada la providencia de autos (v. fs. 101), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 104/109) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación denunció la errónea interpretación del art. 67, inc. "e" del Código Penal y la violación al principio de legalidad, tachando la sentencia recurrida de arbitraria (v. fs. 51).
Cuestionó la decisión de la casación de rechazar el pedido de extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, al considerar que la sentencia dictada por esta Suprema Corte, el 14 de junio de 2017 en la causa P. 120.688, interrumpió el curso de la prescripción y, por tanto, no transcurrieron los doce años que reclamaba la parte desde la sentencia de condena del 29 de noviembre de 2005 pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín (conf. art. 62 inc. 2, Cód. Penal; v. fs. cit.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación efectuó una interpretación infundada y arbitraria del art. 67, cuarto párrafo, inc. "e" del Código de fondo, apartándose así de los principios de legalidad, máxima taxatividad y la garantía del plazo razonable (v. fs. 51 vta.).
Señaló que, con el dictado de la ley 25.990, se modificó el art. 67 del mencionado código y se derogó el concepto de "secuela de juicio" como supuesto de interrupción causal de la prescripción, enumerándose en su reemplazo de manera taxativa los actos procesales que ahora la interrumpen. Así, explicó que el último acto interruptor de la prescripción lo constituye la sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme (conf. art. 67, cuarto párr., inc. "e", Código Penal, texto según ley 25.990), la cual -en el caso- fue dictada el 29 de noviembre de 2005 (v. fs. 51 vta./52 vta.).
Seguidamente, efectuó un análisis sobre la prescripción entendida como garantía fundamental del ciudadano frente al ejercicio del poder punitivo estatal, y afirmó que el principio de legalidad "...importa un límite a los actores penales, prescribiendo la máxima taxatividad de sus contenidos, es decir prohibiendo toda interpretación analógica efectuada in malam partem , en [e]ste contexto es que [entendió] que a la sentencia de revisión, no puede conferírsele calidad interruptiva del curso de la prescripción, [...] porque se incurriría en una interpretación arbitraria del art. 67, inciso e) del C.P., desnaturalizando la garantía de la prescripción contenida en el art. 33 de la C.N." (fs. 53/54).
Insistió en que el nuevo texto del citado art. 67 establece que el último acto interruptivo de la prescripción es la sentencia de condena dictada por el Tribunal juzgador, aunque no se encuentre firme, y que la semántica del texto no admite extender ese carácter a la sentencia que revisa una condena como consecuencia de la interposición de un recurso. Adujo que pretender que la resolución del Tribunal de Casación o de la Suprema Corte pueda ser entendida como "sentencia condenatoria" importa decidir con prescindencia del texto legal y en consideración a otras circunstancias ajenas al mismo (v. fs. 54 y vta.).
Añadió que si se interpretara el art. 67, inc. "e" del Código Penal -texto según ley 25.990- para abarcar nuevos supuestos interruptivos de la prescripción, como vendrían a ser la sentencia del Tribunal de Casación, la de este Cuerpo y -eventualmente- la dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se estaría creando pretorianamente un plazo temporal mayor para el dictado de la extinción de la acción penal, siendo violatorio del derecho a ser juzgado en plazo razonable y a la revisión de la sentencia condenatoria, e inconstitucional al desnaturalizar y fulminar el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y el de estricta legalidad penal (v. fs. 54 vta./55 vta.).
En apoyo de su postura, citó los fallos "Salas Jara", "Squillario", "Giuliano", "Tello", "Santander", "De la Torre" y "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó que, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte nacional, se declare la prescripción de la acción penal (v. fs. 56 vta./59 vta.).
I.2. De modo subsidiario, volvió a tachar la sentencia recurrida de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa, excesivo rigor formal y violación al plazo razonable de duración del proceso (arts. 15, Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1., CADH y 14.3 "c", PIDCP; v. fs. 59 vta.).
Argumentó que "...una resolución que alega cuestiones formales para no hacer lugar a una violación constitucional que surge de las actuaciones, generando a su vez un mayor dispendio en la actividad jurisdiccional implica un excesivo rigor formal que atenta tanto contra la defensa en juicio como contra la garantía de ser juzgado en un plazo razonable que se pretende tutelar (art. 18 CN, CSJN Fallos 308:490, 311:2478)"; y que el tribunal intermedio, al omitir otorgar tratamiento al informe de fs. 27/31, se apartó también de la doctrina legal de esta Corte, pues "...los fallos deben atender a los pormenores existentes al momento en que se los dicta, aunque sean sobrevinientes" (fs. 61 y vta.).
Señaló como una afectación actual para su asistida el hecho de que podría ser detenida nuevamente pese a que transcurrieron casi 17 años desde la comisión del hecho, y 6 años desde que recuperara su libertad tras ser excarcelada (v. fs. 61 vta.).
Finalmente, solicitó que se decrete la extinción de la acción penal por prescripción, por ser la medida idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo, salvaguardándose así el derecho de Lorena Elizabeth Pasini a obtener una decisión definitiva en el proceso sin dilaciones indebidas (v. fs. 62 vta. y 63).
II. El señor Procurador General propició que se rechace el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa (v. fs. 96/100).
III. La señora defensora oficial adjunta ante la instancia intermedia, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal. En esa oportunidad, insistió en que no correspondía interpretar como un nuevo pronunciamiento de condena, al efecto de interrumpir la prescripción, la sentencia de fecha 14 de junio de 2017 dictada por esta Suprema Corte en la causa P. 120.688, puesto que allí se restableció la calificación legal impuesta por el tribunal oral en la sentencia de condena. También se ocupó del fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del planteo subsidiario sobre la extinción de la acción penal por violación al plazo razonable de duración del proceso. Por todo ello, solicitó que se asuma competencia positiva y se decrete la extinción de la acción penal por prescripción (v. fs. 104/109).
IV. Liminarmente, cabe realizar una breve síntesis del derrotero procesal de la presente causa, conforme lo trae el señor defensor oficial en el acápite de los antecedentes del recurso extraordinario en estudio.
IV.1. El 29 de noviembre de 2005, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín -por mayoría- condenó a Lorena Elizabeth Pasini a la pena de dieciocho años de prisión, por resultar coautora y autora de los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, por sentencia del 25 de febrero de 2013, hizo lugar al recurso de la defensa, declaró la extinción de la acción penal respecto del delito de tenencia ilegal de arma de guerra y absolvió a Pasini por el homicidio en ocasión de robo por mediar una situación de duda.
Esta Suprema Corte, el 14 de junio de 2017, en el marco de la causa P. 120.688, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el señor fiscal adjunto ante la instancia intermedia, casó el fallo recurrido y repuso la calificación actuada, condenando a la nombrada en carácter de coautora del delito de doble homicidio en ocasión de robo, y ordenó devolver los autos a la instancia anterior a fin de determinar la pena a imponer.
Contra esa decisión, la defensa presentó recurso extraordinario federal, cuyo rechazo por esta Suprema Corte motivó la presentación de recurso de queja ante el Máximo Tribunal nacional.
A su vez, con fecha 11 de julio de 2018, esa defensa había solicitado al Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de homicidio en ocasión de robo; planteo que también había formulado el defensor ante la instancia, el 19 de marzo de 2018, adunando la violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
El mencionado tribunal oral, por auto dictado el 29 de octubre de 2018, no hizo lugar a la declaración de extinción de la acción penal en la causa seguida a Lorena Elizabeth Pasini, por considerar que no había transcurrido el máximo de pena previsto para el delito de homicidio en ocasión de robo (v. reseña de fs. 48 vta./50 vta. del recurso en estudio y 6 del legajo CSJN 1006/2018/RH1).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento del 4 de diciembre de 2018, confirmó la decisión anterior (v. fs. 2 y vta., legajo casatorio n° 96.065). Contra ello, el 14 de diciembre de 2018, la defensa oficial de la imputada interpuso recurso de casación (v. fs. 5/9 vta.).
IV.2. Por su parte, tal como fuera reseñado en los antecedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 4 de junio de 2019, suspendió el trámite de la queja interpuesta ante esa instancia con fundamento en que podría encontrarse prescripta la acción en los autos principales (v. fs. 1 pie de página, legajo CSJN cit.).
A consecuencia de lo resuelto, esta Suprema Corte remitió copias digitalizadas de las actuaciones al Tribunal de Casación Penal, a fin de que -por donde corresponda- resolviera sobre la vigencia de la acción penal (v. fs. 3 pie de página, legajo CSJN cit.).
IV.3. El Tribunal de Casación Penal, por sentencia del 26 de noviembre de 2019, rechazó por improcedente el recurso deducido por la defensa oficial contra el auto de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental del 4 de diciembre de 2018 (v. fs. 40/43 vta.).
IV.4. Contra esa decisión, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación dedujo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio (v. fs. 47/63).
V. Disiento con la postura del señor Procurador General (v. fs. 96/100), el recurso procede.
V.1. Si bien la cuestión de la prescripción ha sido discutida en estos autos desde las instancias previas, conviene recordar que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
Asimismo, se debe destacar que, si bien los hechos por los que viene condenada Pasini en la presente por sentencia no firme datan del 28 de marzo de 2002, fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causa P. 131.505, sent. de 5-X-2020).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento, resulta pertinente señalar que la ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. causa P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación de la imputada, al haber reducido las causales de interrupción por actos del procedimiento; corresponde, por ende, su aplicación.
V.2. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpe el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015), conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015, entre otras.
Sin embargo, en el marco de las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos me remito en su totalidad, se aplicó la doctrina del fallo "Farina" de la Corte federal (sent. de 26-XII-2019), en lo que respecta a la interpretación que debe darse al art. 67, inc. "e" del Código Penal (ley 25.990), puntualmente, en el sentido de considerar que el último acto interruptor de la prescripción al que se alude en dicha norma es únicamente "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".
Aquí también, esta Corte debe adoptar los lineamientos sentados por el Máximo Tribunal nacional en el mencionado precedente. Recuérdese que en aquella ocasión se instruyó a esta Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que "...en lo sucesivo, para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la observancia de diversos artículos de la Norma Fundamental del país, a saber: i) art. 18 (vigencia del principio de legalidad estricta en materia penal y su proyección sobre el derecho a la jurisdicción o de juicio previo); ii) art. 31 (vigencia del orden jerárquico establecido por la Ley Suprema de la Nación, en el caso subvertido por la prevalencia de la cuestionada interpretación de un artículo del Código Penal -que es una ley de la Nación- por sobre el mencionado art. 18 de la Norma Fundamental); y iii) arts. 116 y 117 (vigencia de la interpretación de esta Corte, como tribunal supremo de la Nación, en 'causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución' como son aquellas que -como la presente- tratan sobre la observancia del principio de legalidad en materia penal)" (CSJN "Farina", sent. de 26-XII-2019, cons. 19).
Por tal motivo, computando el término legal de prescripción desde la sentencia condenatoria del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín dictada el 29 de noviembre de 2005 (v. reseña de antecedentes de fs. 48 vta. y 620/645 del principal digitalizado), el plazo prescriptivo, con relación al delito tipificado en el art. 165 del Código Penal, ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del mencionado código (según ley 25.990).
V.3. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no media en autos la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 119 y vta. y del Registro Nacional de Reincidencia que obran a fs. 126/128.
V.4. Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y declarar la extinción de la acción penal en orden al delito de doble homicidio en ocasión de robo por el que Lorena Elizabeth Pasini fuera condenada (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 165, Cód. Penal).
V.5. Una vez firme lo aquí resuelto, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Desde mi punto de vista, la defensa no logra demostrar un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, por el cual se denegó la extinción de la acción penal por prescripción (aun con la aplicación de la ley 25.990, más benigna).
En efecto, la recurrente insiste aquí en que la única interpretación posible del concepto "sentencia condenatoria" lo es en referencia a la sentencia de primera instancia, sin embargo la interpretación efectuada por el Tribunal de Casación se condice con la doctrina de esta Corte que es
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