Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134660
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.660, "Cano Brian Jonathan Nahuel y Landoni, Luís Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 92.524 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el 20 de julio de 2018, condenó a Brian Jonathan Nahuel Cano a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidente, por resultar autor penalmente responsable del delito de doble homicidio calificado por alevosía y criminis causae en concurso real (arts. 12, 29, 45, 55, 80 incs. 2 y 7, Cód. Penal; v. fs. 23/38 vta.).
A su turno, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2019, en lo que ahora interesa destacar, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa oficial a favor del imputado y, en consecuencia, casó el fallo recurrido a nivel de la calificación legal declarando la errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal, manteniendo inalterable la pena fijada en la instancia de origen, así como la restante calificación legal del suceso (v. fs. 86/99 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 110/139 vta.), que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio en cuanto al planteo de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 140/144 vta.), lo que motivó la articulación de recurso de queja por la defensa (v. fs. 158/172 vta.).
Esta Corte, con fecha 3 de agosto de 2021, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que respecta a las denuncias de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal con afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (v. fs. 176/179).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 184/188 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 190) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En primer lugar, la señora defensora oficial adjunta denunció la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal con afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1. y 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 120).
Sostuvo que el agravio vinculado a la valoración probatoria para tener por acreditada la autoría de su asistido en el hecho constituyó un tránsito aparente por la instancia intermedia que vulneró la garantía del doble conforme (v. fs. cit.).
Tras realizar una transcripción de lo decidido por el órgano revisor (v. fs. 121/126), alegó que dicho tribunal se limitó a reproducir y reeditar la valoración del fallo de condena "...sustrayéndose de realizar un examen propio de la totalidad de las actuaciones para rechazar por éste y en su valoración el principio 'in dubio pro reo'" (fs. 126).
Expresó que, de haberse analizado la totalidad de las actuaciones, la Casación hubiera advertido que la fiscalía tenía otras hipótesis del móvil para dar muerte a las víctimas, tales como una deuda de García por la casa de la calle Fitte que generó un conflicto con el vendedor porque no le quería pagar hasta no escriturar, o un conflicto entre los hijos de Corbo y los de García (v. fs. 127 y 128).
Afirmó que esas dos principales hipótesis se dejaron de lado luego de que Mauricio Salman prestase declaraciones testimoniales ampliatorias en la sede de la DDI, en las que advirtió que habían sido sustraídos otros elementos además de la camioneta y sus papeles, y que el autor del hecho podría haber sido "Chuky" por ser asiduo visitante, al igual que "Beto", de la vivienda de las víctimas, como así también por los dichos de su tío Félix Omar García en cuanto afirmó que "Chuky" le habría robado, por lo que no tenía buenas referencias de él y por afirmar haberlo visto arreglando el techo de la vivienda de las víctimas (v. fs. 128 y vta.).
En definitiva, insistió en que la lectura del fallo daba cuenta del tránsito aparente por el órgano revisor, que, al desentenderse del contenido de los agravios sin dar a sus fundamentos centrales ninguna respuesta plausible, produjo un apartamiento de las constancias de la causa, brindando afirmaciones dogmáticas para insistir en la insuficiencia del recurso y sin un análisis propio de las constancias que debía realizar (v. fs. 129 vta.).
En aval de su postura, recordó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso con cita del fallo "Descole", e invocó también los casos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 129 vta./130 vta.).
I.2. Como segundo motivo de agravio, la recurrente denunció -en lo que es materia de análisis- la desnaturalización de la tarea revisora con afectación de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP), sustrayéndose del examen integral que se le impone por la garantía convencional al doble conforme (v. fs. 131 vta.).
Consideró que el tribunal intermedio no reparó que, en el caso, no existió prueba directa, sino solo indicios, algunos de los cuales -según afirmó- provinieron de declaraciones testimoniales que, desde el inicio, conjeturaron sobre los motivos que podrían haber tenido otras personas distintas a su defendido, y que en el devenir fueron descartándose (v. fs. 132).
Señaló diversas líneas investigativas advertidas por el fiscal sobre el móvil del hecho, tales como el saldo de precio de la vivienda y la hostilidad entre familiares, entre otras (v. fs. cit. y vta.). Añadió que la Casación se desentendió de cuestionar por qué no se realizaron las pericias que hubieran arrojado certeza en cuanto a quién propinó a las víctimas las cuchilladas (v. fs. 132 vta.).
Reiteró que el Tribunal de Alzada no efectuó una compulsa de la totalidad de las actuaciones y de los posibles móviles del hecho que fueron advertidos por el fiscal. En tal sentido, mencionó diversas pericias no agregadas que -en su criterio- hubieran llevado a la certeza de que su asistido no participó en el hecho o en la duda de su autoría (v. fs. 133 y vta.)
Destacó que una amplia función garantizadora del doble conforme hubiera llevado a responder acerca de si las gotas de sangre eran escasas dos y sin determinación de antigüedad, si Cano abusó de la confianza para ingresar a la vivienda de las víctimas para robar, o para qué drogar al mastín napolitano afuera del domicilio si el mismo tenía confianza con el perro, o por qué ningún vecino lo vio entrar y menos salir con el rodado cuya sustracción se le imputó, ni fue visto por ninguna cámara de seguridad, como así también que no se levantó una sola huella dactilar del nombrado dentro de la vivienda, y que si hubiera tenido destreza y habilidad en el manejo del arma blanca, no hubiera necesitado infligir tantas heridas para matar (v. fs. 134).
Concluyó que la limitada tarea del órgano revisor llevó a convalidar sin más el fallo de condena, sin cuestionarse si de la investigación enderezada y la prueba rendida en el debate, se transgredió -al menos- el principio in dubio pro reo (v. fs. 134 vta.).
I.3. Por último, la señora defensora denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal, así como también arbitrariedad por apartamiento de las constancias probatorias de autos y falta de fundamentación (v. fs. 136 vta.).
Para comenzar, recordó que el órgano revisor casó parcialmente el fallo de grado en lo referido al actuar alevoso atribuido a su defendido, considerando abundantes y suficientes las explicaciones dadas por el tribunal de grado para acreditar el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 137 vta.).
Cuestionó que el tribunal intermedio no reparó en los dichos del sobrino de García, en cuanto a que su tío le había manifestado que su plata no la encontrarían, a partir de lo cual la recurrente afirmó que parecería imposible que la suma de dinero sustraída estuviera guardada en un lugar tan accesible como los cajones del escritorio del dormitorio principal. Enunció diversas circunstancias que, en su criterio, no permitirían arribar a la certeza de que el plan de acción tuviera por finalidad robar a las víctimas, con sustento en que los bienes fueron sustraídos con posterioridad, salvo el rodado, la llave y el candado que bien pudo haber utilizado el autor para fugarse del lugar, pero que -en su parecer- no tuvo en miras matar a las víctimas para robar el vehículo adquirido por la venta de la casa de las víctimas hacía un tiempo atrás, del que también faltó su documentación (v. fs. 137 vta. y 138).
Adujo que ante la crítica sobre la falta de acreditación de la conexión subjetiva final que exige la figura aplicada, el órgano intermedio, apartándose de las constancias de la causa, afirmó dogmáticamente que Cano mató para robar (v. fs. 138 vta.).
Concluyó reiterando que, al menos, por el principio in dubio pro reo se aplicó erróneamente el art. 80 inc. 7 del Código Penal y se inobservó el art. 79 del mismo cuerpo legal (v. fs. 139).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 184/188 vta., aconsejando el rechazo del recurso interpuesto. Coincido con su opinión.
III. En primer lugar, la decisión del Tribunal de Casación respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En lo que aquí interesa, la Casación reseñó la materialidad ilícita del doble homicidio (identificado como hecho 1) que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...en un horario que no se puede establecer con exactitud, pero que al menos había sido entre las 18 horas y las 21 horas aproximadamente del día viernes 14 de abril de 2017, Brian Jonathan Nahuel Cano, alias 'Chuqui' o 'Chuki', en el interior del domicilio de calle Fitte 1839 de Mar del Plata propiedad de la pareja integrada por Alicia Lidia Corbo y Francisco Antonio García, aprovechándose del conocimiento pre[v]io que tenían del mismo y de la confianza de ambos para colocarlos en un estado indefensión, con la inequívoca finalidad de provocar la muerte y con ostensible despliegue de habilidad y destreza en el manejo de un elemento cortante de gran tamaño, no secuestrado, propinó a los nombrados reiteradas heridas cortantes de gran magnitud, que provocaron su muerte inmediata. En el caso de Corbo con hemorragia masiva por múltiples heridas y sección de vasos posteriores del cuello, y en el caso de García hemorragias masiva por herida de degüello. Tras de ello consumó el desapoderamiento ilegítimo de diferentes elementos que componían el ajuar de la pareja -a modo de ejemplo un televisor LED, un equipo de música con parlantes y ecualizador, una computadora de escritorio, aparatos de telefonía, documentación referente al inmueble de la calle Fitte nro 1839, llaves y documentación perteneciente a una camioneta Peugeot modelo Partner, dominio DHM641, dinero-, huyendo del lugar a bordo de la misma, hallada con signos de incineración con posterioridad" (fs. 89 y vta.).
III.2.a. Al dar respuesta a similares planteos a los aquí esgrimidos, con relación a la acreditación de la autoría de Cano en el hecho, el tribunal intermedio convalidó lo decidido por el órgano de primera instancia en cuanto "...ponderó que se hallaron manchas hemáticas (gotas de sangres) próximas al escritorio del dormitorio principal con los cajones abiertos y revueltos, donde claramente se buscara dinero proveniente de la venta de un automóvil y que, según el relato de los familiares [...], las víctimas tenían destinado a comprar una casilla rodante para vender comida en ferias regionales como forma de viajar y trascurrir esa última etapa de sus vidas". Resaltó que, según la pericia de ADN, esas gotas de sangre "...correspondían a Cano (en un porcentaje de 6.750 trillones)", a lo que sumó que, al ser detenido dos semanas después del hecho, Cano presentaba lesiones en sus manos "producidas por un elemento con filo que el galeno estimó con un tiempo de evolución mayor a 10 días y que los peritos criminológicos explicaron como ese goteo lineal discurre a través de los dedos dejando las huellas halladas" (fs. 90 vta. y 91).
A lo anterior, agregó que también se había valorado el conocimiento previo de Cano y las víctimas a través de un tercero apodado "Beto", y que la existencia de esa relación y el buen trato de las víctimas hacia el imputado había sido ratificado por varios familiares y personas cercanas a ellos, como también por fotos de Facebook donde se veía a Cano, "Beto" y el perro de aquellas; y que, a partir de esa relación, Cano pasó a ser una persona de confianza de García y Corbo, a punto tal que Andrés Salman -hijo de la pareja- dijo que un domingo lo vio familiarizado con el movimiento de la casa (v. fs. 91).
Con relación a la secuencia de los hechos investigados, sostuvo que el tribunal de juicio explicó que, para cometer su plan, Cano aprovechó que conocía el perro guardián, al cual le administró un sedativo a fin de no ser atacado cuando acometiera contra las víctimas, y que se apreció el aporte de los peritos criminológicos en orden a que cada paso fue premeditado, por eso el hallazgo de la puerta que no se hallaba forzada y las llaves colocadas del lado de adentro, así como el cuerpo de Francisco García junto a la puerta de entrada. Así es que, dedujo que el imputado primero acometió contra García de manera sorpresiva, porque la pericia respectiva había determinado que las manchas de sangre proyectadas en la pared daban cuenta que el nombrado se hallaba arrodillado además de no poseer mayores actos de defensa (v. fs. 91 y vta.).
Que asimismo se tuvo en cuenta el factor preponderante de la juventud de Cano por sobre la vulnerabilidad de personas mayores, y el indicio emergente de lo declarado por Germán Córdoba -presidente del frigorífico Recuperar-, que conocía a Cano por haber trabajado como faenador, es decir, hábil en el manejo del cuchillo. Que luego el imputado siguió con la vida de Corbo, quien ofreció una considerable resistencia de conformidad con las innumerables heridas en sus manos registradas en la autopsia y fotogramas obrantes en el anexo documental (v. fs. 91 vta.).
Indicó que el tribunal de origen había explicado que, después de ello, Cano consumó el desapoderamiento, estimando por los dichos de los familiares que de la vivienda faltaron unos cincuenta mil pesos, el televisor, la computadora, el equipo de música, la camioneta Peugeot Partner y su documentación (v. fs. cit. y 92).
Señaló que, al tratar específicamente la cuestión de la autoría, el tribunal de grado "...reiteró que la pericia de ADN realizadas a las gotas de sangre halladas en la vivienda determinaron [que] pertenecían a Cano, sopesando que dichas gotas se hallaban próximas al escritorio del dormitorio principal y a un ambiente contiguo al baño de la vivienda con los cajones todos revueltos", agregó que esos rastros se condecían con las heridas cortantes de sus manos, ello en línea con la mecánica y fecha de los hechos, concluyendo que pertenecían al imputado y que "...a esa hipótesis fiscal no se la enfrentó con ninguna otra pues el acusado nada dijo al respecto en la oportunidad que tuvo para hacerlo y el abogado defensor ejercitó una defensa negativa, cuestiona prueba y conclusiones de su contraparte" (fs. 92 y vta.).
Añadió a ello, que también se valoraron otros indicios acerca de la autoría de Cano en el hecho que emergían de los testimonios recibidos en el debate, tales como: i) la declaración de Estefanía Cepeda, que tenía una relación amorosa con Cano, y refirió que este la llamó días después del hecho y le dijo que se había mandado un "moco", que andaba con un auto y que lo había prendido fuego, lo que la testigo relacionó con los homicidios; ii) la declaración de Fernando Campos, cuya hija tuvo un hijo con Cano, y contó que su hija hablaba por teléfono con él y lloraba mucho, agregando que Cano en esos días le mandaba fotos en las que se exhibía con mucho dinero; iii) la declaración de Nelson Aliz, pareja de la madre de Cano, quien dijo que asesoró a aquella para que le dijera a su hijo que se entregara si tenía alguna relación con el hecho, hasta que el imputado dejó de comunicarse con ellos; iv) la ya aludida declaración de Germán Córdoba, presidente del frigorífico Recuperar; y v) la declaración de Tabares, quien vinculó la camioneta ya incendiada con Cano (v. fs. 92 vta. y 93).
Finalmente, destacó que "...la queja defensista aparece sustentada en la interpretación diversa de elementos de prueba, pero obviando el resultado que otorga la valoración en conjunto de la misma, lo que se constata en la circunstancia que la Defensa obvi[ó] criticar concienzuda[mente] los sólidos fundamentos del Tribunal lo que demuestra la [insuficiencia] del recurso en tales términos realizados" (fs. 93 y vta.).
III.2.b. Respecto al cambio de calificación legal pretendido por la defensa, en lo que aquí importa, apuntó que era evidente que "...Cano organizó un plan de acción que incluyó sedar al perro buscando seguridad, para luego atacar con un cuchillo y dar muerte a las víctimas, asestándole a Francisco García un corte en su cuello que le causó una rápida muerte por desangramiento sin permitirle casi defenderse y a Alicia Corbo numerosas y graves lesiones (la autopsia informa 40 heridas de arma blanca) muchas de ellas cortes defensivos en las manos, siendo que también Cano sufrió cortes en sus manos como lo determinó el posterior informe médico y las gotas de sangre que dejó en el interior del domicilio. Que dichos rastros de sangre estaban cercanos a las habitaciones con los cajones revueltos lo que acredita que Cano consumó el robo luego de matar a las víctimas". En definitiva, reflexionó que el planteo de la defensa aparecía desvinculado de los elementos de prueba y omitía analizar los sucesos de manera conjunta y, por ello, no lograba conmover la sólida fundamentación brindada por el tribunal oral, que poseía un adecuado anclaje con las circunstancias fácticas de los hechos. Por lo tanto, confirmó la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 94 y vta.).
III.2.c. Párrafos más adelante, y en respuesta a la postulada aplicación del beneficio de la duda, el órgano revisor sostuvo que "...los jueces de juicio son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento desde que el valor de los medios de prueba no se encuentra fijado o determinado de antemano, sino que corresponde al Tribunal de mérito evaluar y establecer el grado de convencimiento que tales elementos puedan producir. Ese valor no es más que un producto concreto de la lógica de quien aprecia y juzga; y es por ello que, si no se comprueban situaciones especiales que evidencien arbitrariedades en el raciocinio o posibilidad crítica, la elección de las pruebas que, a la luz del art. 209 del ritual, efectúa
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