Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135462
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Carlos Damián Bustamante y Jorge Gabriel Mendoza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.462, "Escobar, Carlos Armando; Bustamante, Carlos Damián; Paz, Carlos Alberto y Mendoza, Jorge Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, condenó a Jorge Gabriel Mendoza, Carlos Armando Escobar, Carlos Alberto Paz y a Carlos Damián Bustamante según se detalla a continuación.
A Jorge Gabriel Mendoza lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia.
Consideró al nombrado, coautor de los delitos de: robo calificado por el uso de arma de fuego -cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada- (hecho 1); robo calificado por el uso de arma apta -en grado de tentativa- y portación ilegal agravada de arma de guerra, en concurso real (hecho 2); y homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas con violencia e intimidación y por el uso de armas de fuego -en grado de tentativa-, en concurso real con portación ilegal agravada de arma de guerra (hecho 4).
Asimismo, lo encontró autor del delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no fue acreditada (hecho 3), en concurso real con los anteriores.
A Carlos Armando Escobar lo condenó a la pena de trece años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas con violencia e intimidación y por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra (hecho 4), en concurso real.
A Carlos Alberto Paz a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas con violencia e intimidación por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal agravada de arma de guerra (hecho 4).
A su vez lo condenó a la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y la de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional dictada en causa n° 2.729 y su acumulada n° 3.189 de ese mismo órgano, cuya condicionalidad revocó.
Por último, a Carlos Damián Bustamante lo condenó a la pena de trece años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas con violencia e intimidación por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (hecho 4) -ver fs. 7/40-.
Frente a esa condena, la defensa oficial de los imputados interpuso un recurso de casación y el 4 de agosto de 2020, la Sala III del Tribunal de Casación Penal lo rechazó (v. fs. 76/88).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad a favor de los nombrados (v. fs. 100/105).
El Tribunal de Alzada lo declaró parcialmente admisible: únicamente concedió el agravio por el que se denunció una errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 110/112).
Frente a ello, la parte no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 127).
Posteriormente por resoluciones del 4 de abril y del 13 de septiembre de 2022 esta Corte tuvo por desistidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos en favor de Carlos Alberto Paz y de Carlos Armando Escobar Villarruel, respectivamente, y ordenó seguir los autos según su estado respecto de los coprocesados Bustamante y Mendoza (v. fs. 144, 155 y vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 133/136 vta., dictada la providencia de autos a fs. 145 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido- el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal producto de una inexacta y absurda valoración de la prueba (v. fs. 102 vta.).
Entendió que se dio por acreditado el dolo homicida de los imputados y se descartó el de lesiones de un modo arbitrario.
Puntualizó que se obvió el dolo de lesiones y se estableció el de homicidio a partir de la distancia en que se efectuaron los disparos -dos metros-, pero que ello impedía tener por acreditada la intención de matar por parte de sus asistidos (v. fs. 103).
Agregó que la circunstancia de carecer de mayor cantidad de municiones no trajo aparejada intención homicida, ya que, de haber sido así, los disparos se hubiesen direccionado a zonas letales logrando una muerte segura.
Alegó que el examen efectuado por el revisor no encontró sustento en la prueba rendida, por lo que lo tildó de arbitrario y violatorio del principio de culpabilidad.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 133/136).
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
III.1. Frente a la sentencia emanada del tribunal de juicio, la defensa oficial presentó recurso de casación a través del cual -en lo que aquí interesa- denunció errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal, arbitrariedad y absurda valoración de la prueba. Solicitó la absolución de todos los acusados respecto al referido ilícito (en grado de tentativa) y subsidiariamente propuso un cambio de calificación hacia la figura de lesiones graves, con la consecuente adecuación de la pena con relación al hecho 4 (v. esp. fs. 52/55).
III.2. El Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad contra la condena de primera instancia -conforme se hizo referencia en los antecedentes del caso-.
En tal sentido, recordó que se tuvo por acreditado, en lo que aquí es objeto de examen, que "...el 16 de febrero de 2014, alrededor de las 22 horas, Mendoza, Escobar, Paz y Bustamante, mediante un acuerdo previo, arribaron a la vivienda ubicada en Bozzano 1.640 de San Pedro, frente a la cual se encontraba su morador Pedro Fabián Lineros junto con Marcelo Horacio Carrazán, a bordo de un Ford Falcon portando armas de fuego sin la debida autorización, descendieron del vehículo armados con una pistola 9 mm., otras armas de puño y una escopeta y dispararon a corta distancia hacia Lineros con la clara intención de darle muerte, descargas que impactaron en su tórax, muslo de pierna izquierda, hiriéndolo también en costilla, hombro y brazo, no logrando sus designios homicidas por la atención médica de la víctima (hecho 4)" (fs. 77 vta.).
En lo que respecta al encuadre típico, desestimó el intento defensista de desplazar la tentativa de homicidio agravado hacia la figura de lesiones leves y el ataque a los presupuestos que solventan la aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal.
Para así decidir afirmó que el dolo de matar no sólo estuvo presente en el ataque que tuvo como víctima a Lineros sino también en el de Carrazán.
Recordó que el fallo de la instancia, correctamente consideró el hecho de que varias personas (cuatro) abordaron sorpresivamente en un auto y dispararon hacia donde estaba la víctima -desarmada- hablando con el vecino. También resaltó que se tuvo en cuenta la distancia y cantidad de los disparos, las armas utilizadas (cuanto menos una escopeta, una pistola 9 mm. y revólver 22 mm.) y las ubicaciones de las heridas: disparos en el fémur izquierdo, escopetazo en el hombro, brazos, costillas, detectados en la pericia médica y lesiones de perdigones en el tórax (v. fs. 84).
Continuó remarcando dos frases que mencionó la víctima: que tiraron para "acribillarlo" y que dejaron de disparar porque se habrían quedado sin balas; así como que Lineros había matado a un amigo de los atacantes, y que según los dichos del testigo Juan Manuel Carrazán, los acusados querían matar a Lineros y lo iban a hacer -conforme le fuera explicado por su padre-.
Aseveró que en el actuar de los cuatro acusados existió intención de matar y no de lesionar a Lineros, habida cuenta de que la prueba colectada demostró el designio de causar la muerte, de una víctima que tuvo suerte debido a la cantidad de lesiones (v. fs. cit.).
Efectuó diversas consideraciones dogmáticas tendientes a esclarecer lo que debe entenderse por "dolo" y dolo directo, concluyendo que los imputados actuaron con dolo de matar a Lineros y no de lesionarlo (v. fs. 84 vta.).
IV. Frente a lo resuelto por el órgano intermedio las discrepancias del recurrente, tal como han sido planteadas, no pueden ser atendidas. Pues, aunque denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, sus críticas se asientan en una diferente valoración de la prueba que dio sustento a la subsunción de la conducta en el tipo penal indicado.
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad claramente invocados y demostrados, la regla determina que no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti alegados (conf. doctr. P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013 y P. 127.974, sent. de 21-II-2018).
En tal sentido, como quedó ya reseñado, el revisor consideró demostrado el dolo directo de matar a Lineros -en lugar de lesionarlo- a partir de la ponderación de un cúmulo de circunstancias (existencia de cuatro personas que abordaron sorpresivamente a la víctima y le dispararon; distancia; cantidad de disparos; tipo de armas usadas; ubicaciones de las heridas). Ello aunado a los dichos de Lineros en cuanto tiraron para "acribillarlo" y que la balacera culminó ante la falta de balas.
Frente a ello, la defensa brindó una particular interpretación de la reconstrucción fáctica, en un intento de desplazar los hechos hacia la figura de lesiones graves, temática que se encuentra marginada del ámbito de competencia de esta Corte (doctr. art. 494, CPP).
En definitiva, quedó en evidencia que -además de reeditar lo ya planteado- esgrimió un criterio personal y divergente sobre los hechos. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Carlos Damián Bustamante y Jorge Gabriel Mendoza, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2022 16:00:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2022 23:40:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:07:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:54:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:59:25 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 11:57:38 hs. bajo el número RS-124-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia