Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135670
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.670, "Díaz Flaqué, Rafael Benedicto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 99.081 y su acum. n° 99.077 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de diciembre de 2020, en lo que interesa destacar para la solución del caso, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Rafael Benedicto Díaz Flaqué contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas por resultar partícipe necesario del delito de defraudación fiduciaria (en tres hechos) y coautor del delito de estafa en grado de tentativa, administración infiel y asociación ilícita, en concurso real entre sí (v. fs. 283/317 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 322/340 vta.), el que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida (v. fs. 358/360 vta.). Contra la parcela de la decisión denegada la parte articuló queja (causa P. 135.594-Q), que fue rechazada -por improcedente- por esta Corte mediante resolución del 16 de diciembre de 2021 (v. fs. 371/373 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 375/378 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 380) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte (v. resols. de fs. 358/360 vta. y 371/373 vta., emanadas del tribunal casatorio y de esta Corte, respectivamente), he de abordar solo los agravios vinculados con la inconstitucionalidad del art. 210 del Código Penal -asociación ilícita-, y con la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del mismo cuerpo legal por afectación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las penas (v. esp. fs. 360 último párr. y vta.).
II.1. Con relación al primero de ellos, la defensa requiere que se cumpla con el control difuso de constitucionalidad por cuanto -en su parecer- se ha llevado a sancionar a su defendido por un proceder que no reviste la autonomía necesaria como para afectar a un bien jurídico determinado e independiente como lo es el del orden público (v. fs. 328 vta.).
Recuerda que ante la instancia intermedia esa parte alegó que el ilícito en trato no solo no resultaba de aplicación al caso, sino que además vulneraba los principios de lesividad, reserva, legalidad y culpabilidad -conforme art. 18 de la Constitución nacional- (v. fs. cit.).
Manifiesta que en esa oportunidad la defensa planteó que la figura en cuestión exige dolo directo (de propósito o específico) en el que los sujetos activos actúen con una finalidad clara, objetiva, comprobable e inequívoca de pertenecer y participar en la asociación, así como un número mínimo de integrantes que desplieguen conductas delictivas, plurales e indeterminadas (v. fs. id. y 329).
Afirma que el accionar de los aquí involucrados -entre quienes se encuentra su defendido- no reveló nada de ello, y que al tratarse el delito en cuestión de una figura de peligro abstracto que lesiona un bien jurídico autónomo "...se terminaría por castigar sólo intenciones, sin la necesidad que existan actos constatables en el mundo exterior, que pongan en riesgo bienes jurídicos determinados y que de alguna manera exterioricen propósitos criminales, resultando ello abiertamente contrario a los principios constitucionales aludidos" (fs. 329).
Enfatiza que el tribunal revisor invoca la necesidad de probar otros ilícitos a modo de indicio para reprochar la asociación ilícita, cuando ello no surge de la tipicidad establecida en la figura cuestionada (v. fs. cit.).
Critica, asimismo, que el tribunal a quo resolvió la cuestión mediante la transcripción de la opinión de diversos autores de la dogmática penal argentina, pero sin efectuar ninguna vinculación con el caso en estudio (v. fs. 329 vta.).
Alega que el órgano revisor confirmó la condena de su asistido por el "Hecho VI" encuadrándolo como "asociación ilícita" con sustento en los elementos propios de los delitos contra la propiedad por los cuales, de manera independiente, resultó condenado en concurso real -conforme art. 55 del Código Penal- y aunque referencian a la tranquilidad pública y al orden público para resolver, nada prueban al respecto, de modo tal que ante la ausencia de lesividad constatada ello hubiera habilitado a los magistrados a disponer la absolución de su defendido (v. fs. 331 vta.).
Señala que de haber prosperado el planteo de inconstitucionalidad de la norma en cuestión, consecuentemente no hubiera sido posible su aplicación al supuesto de autos en el que no se lesionó de modo independiente y autónomo otro bien jurídico diferente como lo es el de la "tranquilidad pública" al que se alude oblicuamente al tipificar las conductas reprochadas en el Título pertinente del aludido Código sustantivo, aclarando que la asociación ilícita se encuentra -como delito de peligro abstracto- dentro de las conductas contra el orden público (v. fs. 332).
Estima que tampoco se ha acreditado "...un programa de delincuencia y ni que [su] defendido, junto con el resto de los involucrados quisieran delinquir en forma indeterminada" y que "...lo único que pudo o podría serle recriminado [a aquél], frente al peor de los escenarios, es la participación que fuera determinada en los hechos por los que se lo condena conforme [el] art. 45 del CP . Es decir, en los delitos contra la propiedad" (fs. 333; el destacado figura en el original).
Reitera que no surge probado el aludido programa de delincuencia o la autonomía propia de la figura legal aplicada y que "...hubiese resultado por demás necesario acreditar", a tenor de las exigencias inherentes al dolo directo que la asociación ilícita requiere para su configuración, a su criterio (v. fs. cit.).
Efectúa una reseña de diversos extractos del pronunciamiento en crisis en los que se abordaron las cuestiones vinculadas con la permanencia y autonomía que requiere el delito enrostrado -asociación ilícita- (v. fs. id. /334), y concluye que el órgano revisor "confunde" al menos en apariencia "...cuestiones que hacen al 'ardid' propio de la estafa en general y a los abusos de confianza en particular; como así también en torno a la asociación ilícita y a lo dispuesto por el art. 55 del CP " (fs. 334; el destacado figura en el original).
Alega, en suma, que de confirmarse la decisión del tribunal recurrido en torno a la convalidación de la norma puesta en crisis -art. 210 del Código Penal-, se dará lugar a la aplicación de una disposición de peligro a un delito de daño cuando el peligro como tal -al bien jurídico tutelado en los delitos contra el orden púbico- no se vio verificado, lo cual -en su modo de ver- así debió ser declarado en la instancia revisora (v. fs. cit. vta.).
Expresa, en lo que aquí interesa destacar, que tampoco se ha probado certeramente el número mínimo de agentes que dicho ilícito requiere, conforme lo denunciado por esa parte con relación a la situación procesal del titular fiduciario, Sergio Arnaldo Favretto (v. fs. id. vta. y 335).
Denuncia párrafos más adelante en orden al planteo de inconstitucionalidad articulado, que el ilícito por el que resultó condenado su defendido -art. 210 del Código Penal-, resulta violatorio del principio de legalidad penal conforme su redacción actual, fundamentalmente con relación a los arts. 1, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 338 y vta.).
Critica la argumentación empleada por la Casación para resolver ese reclamo, en tanto considera que las respuestas brindadas no han sido solventes en función de la entidad de los agravios vertidos y, además, resultan insuficientes y contradictorias dado que reconocen indirectamente lo argüido por la parte respecto de la mala técnica legislativa de la norma constitucionalmente cuestionada que se aplicó en el caso (v. fs. 338 vta.).
Insiste, en definitiva, con invocación de los principios de lesividad, culpabilidad y reserva en que a través de la figura delictiva en trato -art. 210 del Código Penal; asociación ilícita- se castigan "...meros acuerdos y pensamientos" que lejos están de afectar sea por daño o por riesgo al bien jurídico, lo cual reemplaza el derecho penal de acto por el de autor, impropio de nuestro ordenamiento constitucional y concluye en que, también, se afecta el principio de proporcionalidad dada la magnitud de la pena con relación a otros tipos penales (v. fs. 339 y vta.).
Requiere, finalmente, se proceda a declarar la inconstitucionalidad de la citada norma sustantiva o bien, en su defecto, se desaplique la misma en el caso con la consecuente disminución de la sanción respecto del imputado Díaz Flaqué (v. fs. cit. vta. y 340).
II.2. En lo concerniente a la individualización de la pena fijada, aduce que los nueve años de prisión que fueron cuestionados por esa defensa ante la instancia intermedia (v. esp. fs. 145/147 vta.), deben ser nuevamente puestos en discusión, toda vez que "...para una persona que carece de antecedentes penales; esto es, fijarle por un delito (o aún por plurales delitos contra la propiedad), no violento(s), una pena superior al mínimo del homicidio simple ( cfr. art. 79 del CP ) demuestra lo irrazonable de ello, de su determinación en su quantum en ese monto lindante a la década privativa de la libertad" (fs. 335; el destacado figura en el original).
Estima, en esta parcela de su queja, que el monto de pena de nueve años de prisión establecido resulta desproporcionado y carente de fundamentación, pues si bien el tribunal a quo hizo mérito de una pauta atenuante basada en la ausencia de antecedentes penales, la misma "...no se vio reflejada en la sanción numérica individualizada", como tampoco fueron atendidos los cuestionamientos que la parte dirigió contra una de las agravantes, conforme lo aduce (v. fs. 335 vta., 336 vta. y 337).
III. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 375/378 vta.).
IV. El planteo defensista, por el cual se reclama la declaración de inconstitucionalidad del art. 210 del Código Penal -asociación ilícita-, no es de recibo.
IV.1. Según lo ha sostenido el Superior Tribunal federal, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (CSJN Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300:241; 1087; 314:424).
En dicha dirección, recordó que en virtud de la facultad que le otorga el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (CSJN Fallos: 11:405; 191:245; 275:89) y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).
Siendo entonces la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.), no corresponde formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados (conf. CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, causa "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/acción de amparo", sent. de 5-III-2003). En tales términos, su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. CSJN Fallos: 306:1597 y, en especial 325:1201, causa "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; P. 100.629, sent. de 6-V-2009; conf. P. 70.498, sent. de 29-XII-2004; P. 87.309, sent. de 13-IX-2006; P. 73.200, sent. de 15-III-2006; P. 96.825, sent. de 26-XII-2007; P. 103.293, resol. de 17-II-2010 y P. 108.276, sent. de 11-V-2011; e.o.).
Tal la situación de autos en que los reparos traídos por la defensa oficial para confutar lo resuelto por el tribunal intermedio no pasan de una interpretación distinta de la figura actuada (art. 210, Cód. Penal, cit.), que no demuestran de modo inequívoco su contrariedad con la Constitución nacional; sin que las razones suministradas en el fallo recurrido para convalidar la legitimidad del cuestionado tipo penal hayan sido objeto de una réplica eficaz (doctr. art. 495, CPP).
IV.2. En efecto, cabe recordar que la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal -a través del sufragio del doctor Kohan que concitó la adhesión simple del doctor Natiello-, en oportunidad de resolver, se ocupó inicialmente de los agravios vinculados con la absurda y errónea valoración de la prueba efectuada por el tribunal de mérito en torno a la reconstrucción histórica de los hechos que le fueron atribuidos -en lo que importa destacar para la solución del caso- al encausado (v. esp. fs. 286 vta./295).
Coincidió con lo resuelto por el tribunal de origen respecto a la conformación de una asociación con fines ilícitos por parte de los procesados Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona -junto a Sergio Arnaldo Favretto; conforme "Hecho VI"- (v. esp. fs. 283 y 294 vta.), en cuanto se tuvo por verificado que "...dicha voluntad asociativa tuvo por objeto cometer delitos dolosos contra la propiedad ajena, cuyo accionar estuvo signado por la existencia de un acuerdo previo, estableciéndose una organización determinada y una distribución concreta de roles específica entre los protagonistas, mediante la creación ficticia de deudas a favor de empresas que respondían a los imputados Carmona y Díaz Flaqué", como así también que "...los justiciables compartían negocios, propiedades y oficinas en distintos lugares y bajo apariencias disímiles" (fs. 294 vta. y 295).
Compartió, a su vez, el criterio del juzgador de mérito en orden a que "También se tuvo en cuenta que los acusados suscribieron numerosos documentos, de variada índole (poderes, boletos de compraventa, constitución de sociedades anónimas y civiles, cambios de directorio, transmisiones de dominio, mediaciones, reconocimientos de deuda, etc.), con los que concretaron actos jurídicos que tuvieron en mira afectar patrimonios ajenos" (fs. 295).
Expresó que el tribunal del debate valoró con acierto el cuerpo probatorio del cual surgía "...que el aporte de los condenados giró en torno a su capacidad técnico jurídica, de estructuras societarias para llevar a cabo sus actos delictivos, permitiendo tener por acreditada una convergencia de voluntades, donde la empresa criminal encaminada no tenía límites en cuanto a los hechos a realizar ni un territorio circunscripto, más allá de los actos efectivamente concretados por la asociación criminal" (fs. cit. y vta.).
Justificó, en razón de los fundamentos reseñados, que en el caso se hallaban verificados los diversos extremos que componen la aludida figura legal (art. 210, Cód. Penal, cit.) -ver fs. 296-.
Abordó, en otra parcela del fallo, los cuestionamientos vertidos por la parte en torno a la configuración del tipo legal actuado en la causa -asociación ilícita-, afirmando que "...el art. 210 del Código Penal requiere que exista el acuerdo de tres o más personas para dedicarse a determinada actividad ilícita, resultando que esa asociación sea sumida con proyección de permanencia que exceda la simple concurrencia transitoria de voluntades. Es así que, la norma en cuestión exige un dolo específico, que lo constituye la intención de asociarse para cometer delitos, donde las acciones delictivas aparecen como un prolijo engranaje, con la participación de tres o más personas, descartando un simple acuerdo transitorio" y citó, en sustento de su decisión, el precedente "Stancanelli", sentencia de 20-XI-2001 de la Corte federal (v. fs. 299).
Agregó que es menester que el grado de organización y estructura trasluzca una cierta planificación de actuaciones al servicio de los fines ilícitos propuestos, que debe ser el objetivo del grupo considerado globalmente y no de cada uno de sus miembros por separado de modo tal que permita distinguir el fenómeno de una confluencia ocasional, y coligió que tales elementos se encontraban presentes en el caso en juzgamiento, como así también encontró acreditada la participación responsable que les cupo a los imputados de autos en tanto estos "...actuando cada uno de la manera que [...] se describiera, tengo por acreditado que los indicados han unido sus voluntades para organizarse con el fin de cometer acciones delictivas" (fs. cit.).
Efectuó de seguido, mediante la transcripción de abundante cita jurisprudencial y doctrina de autores, una descripción amplia de los requisitos típicos de la figura en trato, que -en prieta síntesis- comprendió: i) el abordaje de la definición de la conducta punible (v. fs. 299/300 vta.); ii) que es una infracción contra la tranquilidad pública, que pone en peligro el orden social sin el cual no es posible la convivencia y vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas (v. fs. 300 vta. y 301); iii) la exigencia de una pluralidad de miembros que la integran y el número necesario para la tipificación del injusto (v. fs. 301 y vta.); iv) el acuerdo previo entre sus integrantes (v. fs. 301 vta./303); v) la permanencia de la asociación independiente de la comisión o no de delitos, bastando que se compruebe el acuerdo de voluntades entre los componentes (v. fs. 303 y vta.) y vi) la implicancia de "tomar parte" de la misma, destacando que su existencia no requiere de f
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