Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137011
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto denuncia arbitrariedad del fallo dictado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal el 11 de febrero de 2022, en lo referente a la fundamentación de la pena, y se reenvían los autos a la instancia anterior para que -con la urgencia del caso- dicte uno nuevo ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.011, "Betiga, Leonardo David. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de febrero de 2022, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a Leonardo David Betiga a la pena de tres años y dos meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar coautor responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. En consecuencia, descartó como pautas agravantes de la pena el antecedente condenatorio que registraba el imputado y su comportamiento reticente, manteniendo el mismo monto de pena impuesto en la sentencia de origen.
Contra lo así resuelto, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del 5 de abril de 2022.
Oído el señor Procurador General a través del dictamen del 22 de septiembre de 2022, dictada la providencia de autos (v. actuación digital de fecha 26-IX-2022), presentada la memoria por parte de la señora defensora adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti (v. archivo digital de 30-IX-2022), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con el auto de admisibilidad dictado por el Tribunal de Casación Penal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido a los fines de abordar las cuestiones de índole federal vinculadas con la arbitrariedad de la sentencia, la violación a la reformatio in pejus y a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, todo ello con relación a la justificación y determinación del monto de pena impuesto a Betiga (v. resol. digital de 5-IV-2022).
II. El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal formuló los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia una inadecuada fundamentación de la pena impuesta y reclama la aplicación de los estándares emergentes del precedente P. 134.447-Q "Antúnez" de esta Suprema Corte, solicitando se declare la arbitrariedad del accionar del tribunal intermedio. Argumenta que -al igual que en esa causa- el a quo obliteró pautas agravantes, y a pesar de ello, mantuvo la misma pena impuesta en la sentencia de mérito mediante argumentos dogmáticos y carentes de anclaje en las actuaciones, lo que -a su juicio- impide acceder a las razones que llevaron a los magistrados a adoptar esa decisión.
Cita también en sustento de su postura, el precedente "Castillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y afirma que "...no basta con que en una sentencia -que determina pena- se señalen las pautas mensurables en juego y el monto de pena al que se arriba"; sino que "...los jueces deben tornar manifiesta la ilación lógica que, partiendo de dichas pautas y de las particularidades del caso, permitió arribar al monto de pena que se estableció".
II.2. En segundo término, invoca infracción a los principios de proporcionalidad y de culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nac. y 9, CADH), como asimismo de la doctrina de la Corte federal en punto a la fundamentación de la pena.
Luego de hacer referencia a los citados principios que considera vulnerados y citar el fallo "Maldonado" de la Corte nacional, destaca que al obliterar la aplicación de las dos pautas agravantes el Tribunal de Casación Penal determinó que "...el hecho de autos presentaba un menor contenido de injusto -al quitar la resistencia al momento de la aprehensión- y de culpabilidad -al quitar la condena anterior como agravante-, ergo, ello necesariamente debería haber conducido a una reducción del monto de pena"; por ende, en la medida que no procedió a tal reducción, violentó el principio de culpabilidad en su manifestación de proporcionalidad.
II.3. Por último, denuncia la violación a la prohibición de reformatio in peius (conf. art. 18, Const. nac.), debido a que "...al obliterar dos pautas [...] agravantes mantener el mismo monto de pena, necesariamente, modificó la valoración del hecho -de su injusto y/o de su culpabilidad-, considerándolo más grave de lo que lo consideró el órgano de primera instancia". En consecuencia, solicita la revocación del fallo recurrido, de la mano de la cita del fallo "Escudero" de la Corte federal.
III. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo digital en presentación de 23-IX-2022).
IV. La defensora adjunta ante el tribunal intermedio presentó la memoria y acompañó los argumentos expuestos por el señor defensor oficial (v. archivo digital en escrito de 30-IX-2022).
V. El recurso procede con el siguiente alcance.
Veamos.
V.1. El sentenciante de grado tuvo por acreditado que "...el día 21 de mayo de 2019 alrededor de la hora 00:20 en el vagón 'furgón' del ferrocarril Belgrano Norte, detenido en la estación férrea de Los Polvorines, sita en la Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón y Gral. San Martín de la localidad de Los Polvorines, Pdo. de Malvinas Argentinas, el nombrado Bettiga portó en la vía pública sin la debida autorización legal el revólver marca Goliat calibre 32 largo nro. de serie 3473 con seis cartuchos de igual calibre colocados en el interior del tambor. Tal circunstancia fue corroborada por personal de la Policía Federal Argentina, Maximiliano Emmanuel Mendoza y Walter Fernando Álvarez, en ocasión que se encontraban cumpliendo funciones a bordo del mencionado ferrocarril, procediendo a incautar el arma de fuego descripta apta para el disparo" (v. sent. de condena digital de 2-VII-2021).
La mentada sentencia de condena no valoró pautas atenuantes y sí agravantes. En este último caso, la acusación había solicitado como calificante genérico "la nocturnidad" y el tribunal de mérito sostuvo que "...de hecho fue sorprendido Betiga con un arma de fuego cargada y apta para el disparo en horas de la noche lo que denota en sí un plus de peligrosidad en el hecho hacía el bien jurídico protegido que es la seguridad pública, lo que no se atempera por ser descubierto dentro del furgón del tren, dado que a esas horas y en ese lugar es notoria la peligrosidad". También valoró como agravante "el comportamiento del imputado durante el proceso" en cuanto a la negativa a brindar sus datos filiatorios y demás circunstancias mencionadas por Karina Maricel Castillo, lo que trasunta -a juicio del sentenciante- una actitud renuente a la autoridad al ser descubierto en el ilícito, alejada de una situación de inocencia. Finalmente, computó en tal sentido el "antecedente condenatorio" que registraba Betiga al haber sido condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor del delito de homicidio en ocasión de robo y coautor del delito de coacciones agravadas.
En ocasión de justificar la individualización de la pena, con cita de doctrina autorizada, refirió que "...la culpabilidad es un concepto intensificable y la medición concreta de la pena depende de la medida de la culpabilidad". Así, estimó que, "en el caso concreto, junto con las demás pautas mensurativas valoradas..." resultaba apropiado el monto referido, "...acorde al grado de culpabilidad revelado en el hecho en cuanto a horario de comisión, su comportamiento durante el procedimiento y el antecedente de condena que registra, lo que aumenta el quantum punitivo" (v. segundo párrafo de la cuestión segunda de la sentencia de primera instancia).
V.2. Atacado el fallo por la defensa oficial de Leonardo David Betiga, el tribunal revisor abordó el único motivo de agravio llevado vinculado con la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal en lo referente al monto de pena impuesto.
El doctor Carral, quien hizo la mayoría sobre el punto con la adhesión del doctor Violini, sostuvo que las objeciones relativas a computar el antecedente condenatorio y el comportamiento reticente del imputado, eran procedentes.
En cuanto a la primera pauta, a fin de fundar su decisión trajo a colación un precedente de la sala (causa n° 55.801 caratulada "S., F.O. s/ recurso de casación"), en donde se sostuvo que computar los antecedentes condenatorios como parámetro severizante de la pena, y a la vez para declarar la reincidencia "...desemboca inexorablemente en la doble valoración de una misma circunstancia en perjuicio del imputado, cuya prohibición constituye una de las principales implicancias que emanan de la garantía fundacional del ne bis in ídem que, sin perjuicio de ser reconocida como una de las 'garantías no enumeradas' (art. 33 CN), surge tanto del sistema republicano de gobierno como del Estado Democrático y Constitucional de Derecho".
Respecto del comportamiento reticente del imputado a colaborar con la policía como baremo severizante, el a quo entendió que no podía compartir ese criterio desde que ese enfoque presentaría el riesgo de pretender agravar la situación de quien hace uso de su derecho a negarse a declarar; en tanto que "...toda persona imputada de un delito no está obligada a colaborar con la administración de justicia ni con las fuerzas de prevención". Ello debido a que "El juicio de culpabilidad que interesa para la individualización de la pena debe excluir como objeto del mismo las referencias a la conducta anterior al hecho, a la peligrosidad, al carácter del autor, la conducta posterior al hecho, al menos como pauta aumentativa en la dosificación de la sanción a imponer".
A continuación sostuvo que "...de compartirse este sufragio, no encuentro que corresponda adecuar la pena en función del criterio mayoritario, por cuanto el reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión, sujeto a dicha interpretación y sin posibilidad de variar el panorama de mensura, constituiría una dilación que debemos evitar"; de modo que propuso mantener inalterable el monto fijado a Leonardo David Betiga de tres años y dos meses de prisión, declarándolo reincidente como autor responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
V.3. Como adelanté, asiste razón a la defensa en la crítica que porta el recurso con sustento en la doctrina de arbitrariedad de sentencia por ausencia de debida motivación, lo cual es de examen lógicamente previo a cualquier otra consideración.
Sentado lo cual, la conclusión del Tribunal de Casación, tras descartar como pautas agravantes de la pena la condena anterior que registraba Betiga como su actitud reticente con la policía, para mantener inalterable la sanción de tres años y dos meses fijada en la instancia de origen, se muestra meramente dogmática, lo cual imposibilita a la defensa conocer y comprender las razones que llevaron a los jueces a adoptar esa decisión más allá de su sola voluntad.
De ese modo, la sentencia cuenta con una fundamentación aparente, lo que importa un supuesto de arbitrariedad que descalifica el fallo como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 324:3612; 339:372; e.o.).
En efecto, según se expuso el juez ponente acogió la crítica de la defensa respecto de dos de las pautas agravantes de pena, las que obturó. Y, a renglón seguido, afirmó que no correspondía adecuar la pena so pretexto de que el reenvío para que un nuevo tribunal sustancie y decida la cuestión, sujeto a dicha interpretación y sin posibilidad de variar el panorama de mensura, constituiría una dilación a evitar (arts. 15, Const. prov. y 2, CPP). Mas, de esas meras afirmaciones dogmáticas: la sujeción a una interpretación que no se explicita y la relativa a la imposibilidad de modificar la mensuración de la pena que -en una escala penal que va de uno a cuatro años de prisión- tampoco logra auto-justificarse, no es posible extraer ningún tipo de consideración que, aunque escueta, permita entender el sentido de lo establecido acerca del quantum punitivo.
Corresponde entonces hacer lugar al recurso en cuanto denuncia la arbitrariedad del fallo en lo referente a la fundamentación de la pena, y remitir la presente a la instancia anterior para que -con la urgencia del caso- dicte uno nuevo ajustado a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto denuncia arbitrariedad del fallo dictado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal el 11 de febrero de 2022, en lo referente a la fundamentación de la pena, y se reenvían los autos a la instancia anterior para que -con la urgencia del caso- dicte uno nuevo ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2022 11:57:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 12:03:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:07:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:04:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:43:31 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/11/2022 12:05:23 hs. bajo el número RS-133-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia