Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136343
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.343, "Ciappina, Mario Raúl s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 111.280 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, en lo que interesa, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata que confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena que estableció que Mario Raúl Ciappina estaría en condiciones temporales de acceder al beneficio previsto en el art. 13 del Código Penal el día 28 de marzo de 2042 (v. sent. digital de fecha 26 de agosto de 2021).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. archivo adjunto de fecha 25 de noviembre de 2021, y escrito aclaratorio de fecha 16 de diciembre de 2021); el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio de fecha 23 de diciembre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen en archivo adjunto de fecha 21 de octubre de 2022), dictada la providencia de autos con fecha 24 de octubre de 2022, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa denunció que la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido desconoce el derecho a la vida (art. 4.1, CADH) y el fin resocializador contemplados en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como consecuencias del derecho a la dignidad e integridad personal. Señaló, además, que en el caso se conculcó el art. 5.1 y 5.2 de la citada Convención, en tanto se habría impuesto una pena cruel, inhumana, degradante e infamante.
Explicó que en el cómputo de pena cuestionado se estableció que la libertad condicional correspondería ser otorgada a Ciappina en marzo del año 2042, ello de conformidad con los arts. 13 y 16 del Código Penal, por lo que recién podría acceder a la misma luego de transcurridos treinta y cinco años de encierro, implicando -según adujo- una pena a perpetuidad.
Se refirió al principio de progresividad como elemento para delimitar el alcance que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga al derecho a la vida, en tanto el mismo no estaría limitado a la vida en términos biológicos, sino que lo ha extendido al derecho a vivir con dignidad, con la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. En sustento de su postura citó el caso Baldeón García vs. Perú y la Opinión Consultiva 16 de la Corte Interamericana, también el art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Resaltó, además, la realidad carcelaria nacional y, específicamente, en esta Provincia.
Por otra parte, afirmó que mantener detenido a su asistido por un plazo tan extenso convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte", dado que la vida de la persona se agotará en manos del Estado.
Sostuvo que la pena a perpetuidad impuesta no logra sortear el control de convencionalidad que exige que la pena sea compatible con los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el monto máximo estipulado en el Estatuto de Roma, todo lo cual -a su juicio- avala la petición de inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal.
Como consecuencia de lo expuesto entendió vulnerados el derecho a la vida (art. 4, CADH) y la prohibición de imponer la pena de muerte (art. 4.3, íd.).
I.2. Por otro lado, denunció la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ello por considerar que el tribunal revisor no atendió el planteo referido a la afectación al fin resocializador de la pena impuesta y que tampoco analizó que del cómputo de pena cuestionado resulta la aplicación de una sanción que constituye un trato cruel, inhumano y degradante a la luz de la expectativa de vida del condenado, con supresión de toda posibilidad de elaborar y ejecutar un plan vital (conf. arts. 5.2, CADH y 7, PIDCP).
Consideró que una pena que elimina la posibilidad de lograr la reintegración a la sociedad es, en esencia, contraria a los fines resocializadores que se declaran como objetivos de la misma.
Concluyó en que el cómputo de pena impuesto a Ciappina, efectuado por aplicación de los arts. 13 y 16 del Código Penal, vulnera el derecho a su dignidad personal y a la finalidad esencial de reinserción social que la sanción debe procurar (conf. art. 5.6, CADH).
I.3. Por último, denunció la violación al derecho a la vida (arts. 4.1 y 5.6, CADH). Sostuvo que, en este caso de conformidad con el art. 13 del Código Penal, la posibilidad que el ordenamiento jurídico contempla para que su representado pueda acceder a la libertad estaría ubicada entrada ya la edad jubilatoria, por lo que difícilmente pueda aspirar a incorporarse al sistema laboral o a desarrollar un proyecto de vida. En atención a ello consideró que la situación de Ciappina genera una incompatibilidad entre la citada norma de fondo y las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida y a la integridad y dignidad personal.
Finalizó este agravio afirmando que el cómputo de pena aprobado mediante la aplicación de los arts. 13 y 16 del Código Penal resulta contrario al derecho a la vida, al trabajo y a la integridad personal, implicando en definitiva la imposición de una pena cruel e inhumana, por lo que solicitó se declare su inconstitucionalidad y se disponga el reenvío de las actuaciones a fin de realizar un nuevo cómputo de pena respetuoso de los derechos humanos invocados.
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso.
III. Adelanto que comparto esa opinión.
Para una mejor comprensión del caso, corresponde que inicialmente efectúe una reseña del derrotero procesal de la causa.
IV.1. De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, el 3 de diciembre de 2020, aprobó el cómputo de pena practicado en autos (IPP 06-00-8954-07). En lo que importa destacar para la solución del caso, allí se estableció que Mario Raúl Ciappina había sido condenado a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de prisión perpetua dictada en esa causa por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), y de la de un mes de prisión de ejecución condicional impuesta en causa n° 2133 (583/07) por el Juzgado Correccional n° 4 departamental, y que se encuentra detenido en forma ininterrumpida desde el día 30 de marzo de 2007. Asimismo, se dejó constancia que Ciappina en causa n° 3232 que se le siguió por el delito de tentativa de robo y acumulada con la causa n° 3242 por el delito de violación de domicilio -ambas acumuladas-, permaneció en cada una de ellas un día de detención, computando un total de dos días privado de la libertad; finalmente, se determinó que Mario Raúl Ciappina estaría en condiciones temporales de acceder al beneficio previsto en el art. 13 del Código Penal el día 28 de marzo de 2042.
IV.2. Frente a ese pronunciamiento, la defensa oficial del condenado dedujo recurso de apelación en el que cuestionó la constitucionalidad del citado art. 13 del Código fondal; consideró que el período de treinta y cinco años para poder acceder al beneficio liberatorio resultaba desmesurado y, a su vez, excedía el máximo establecido por el Estatuto de Roma para crímenes más graves. En tal sentido, sostuvo que observando ese tope se debieron computar -en rigor- veinte años y no treinta y cinco para acceder a la libertad condicional, por lo que Ciappina -a su entender- se encontraría en condiciones de obtener ese beneficio el 28 de marzo de 2027 (v. archivo adjunto en presentación digital de fecha 7 de junio de 2021).
Completó sus argumentaciones haciendo expresa alusión a los informes oficiales que dan cuenta de la situación de crisis estructural del sistema carcelario bonaerense, con el aditamento de los efectos de la pandemia en las condiciones de encierro.
En suma, alegó que el recaudo temporal de la libertad condicional no contempla en modo alguno el lapso existencial y que culmina consagrando la imposición de una pena ilícita y, por ende, cruel, inhumana y degradante.
IV.3. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, rechazó el recurso y confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena cuestionado (v. resolución digital de fecha 14 de mayo de 2021).
Para así resolver sostuvo que "...la pena a perpetuidad en la legislación argentina no resulta efectivamente perpetua, ya que el condenado tiene la posibilidad de retornar al medio libre, luego de cumplir en prisión un lapso de tiempo (arts. 13 y 16 del CP)"; por lo que "...transcurrido el lapso de 35 años de prisión el condenado podrá acceder, de cumplir con los demás requisitos impuestos por la norma, a la libertad anticipada".
Aclaró que, si bien para el delito de genocidio el Estatuto de Roma establece el acceso a la libertad condicional cumplidos veinticinco años de prisión, dicho tope no lleva el alcance que pretendió darle el apelante, en tanto contempla un sistema de revisión a los fines de determinar si puede reducirse (conf. art. 110 inc. 3, Estatuto cit.).
En ese sentido, señaló que "...la norma convencional establece [que] la Corte Penal Internacional examine la pena perpetua impuesta a los fines de determinar si es posible iniciar un proceso de revisión renovable incluso con periodicidad (punto 5 del citado art. 110)"; y que la misma norma determina en el párrafo 4, "a", "b" y "c" los criterios a los cuales debe ceñirse ese examen, los que se relacionan con el tipo de delitos que se cometen y las situaciones en las cuales se verifican los casos que se juzgan, en especial referidas a la colaboración que la persona condenada realizara a la Corte Penal Internacional para sus investigaciones y enjuiciamientos, como también la ayuda para localizar los bienes o reparar a las víctimas; además precisó que en el art. 110 párrafo 5 se establece que en caso de no realizarse la reducción de la pena, se procederá en la forma en que lo determina el reglamento de procedimiento y prueba, que en la regla n° 223 determina que "...la cuestión de la reducción de la pena, se examinará cada 3 años, obviamente luego de transcurridos los 25 años indicados en el art. 110...".
Por tal motivo, el Tribunal de Alzada consideró que el pretenso paralelismo formulado por el señor defensor para acceder a la libertad condicional, no actúa de forma automática, sino que está dirigido a un examen de revisión sometido a su vez a criterios de colaboración; y que "...la interpretación pretendida no es la que deriva de dicho pilar normativo, tratándose además de un supuesto ajeno a los establecidos en el Estatuto".
Seguidamente, se refirió a la alegación de la defensa sobre el máximo de pena que determina el Estatuto de Roma y señaló que "...si bien es cierto que dicha normativa establece en el art. 77 inc. a) la reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años, a continuación dispone en el inc. b) del mismo articulado la reclusión 'a perpetuidad' [...] cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado". Indicó que se desprende de la propia sistematización del Estatuto de Roma la clara intencionalidad de separar dos marcadas situaciones: por un lado, la imposición de una pena temporal y, por el otro, la posibilidad de establecer una pena a perpetuidad cuando la circunstancia lo justifique.
También rememoró que la ley 26.200, que implementó el citado Estatuto, es de aplicación solo a los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra. Asimismo destacó que el agravio -además de lo expuesto- no revelaba actualidad (conf. CSJN Fallos: 311:2518; 312:290 y 916; 327:3532).
Para finalmente rechazar la apelación interpuesta, concluyó que "...los condenados no transcurrieron en prisión el plazo previsto aún con la identificación temporal pretendida para solicitar su incorporación al instituto de la libertad condicional, por lo cual no puede echarse mano a la declaración de inconstitucionalidad para que -en forma anticipada- se declare que la norma del art. 13 del CP no resultaría aplicable al supuesto de autos".
IV.4. Contra esta decisión, la defensa oficial de Mario Raúl Ciappina dedujo recurso de casación llevando agravios del mismo tenor a los articulados en el recurso anterior, centrado -esencialmente- en que el plazo estipulado en el art. 13 del Código Penal para acceder en el caso a la libertad condicional "...resulta a todas luces desmesurado, pues excede el máximo establecido en el Estatuto de Roma para los crímenes más graves y de trascendencia internacional". Entonces, planteó que "...se deberían computar 20 años [...], y no 35 como lo establece el art. 13 del CP".
IV.5. De tal modo, arribamos al fallo del Tribunal de Casación cuestionado en la impugnación en tratamiento.
En lo que importa destacar para la solución del caso, dicho tribunal rechazó el recurso de la defensa cuya pretensión era la declaración de inconstitucionalidad del art. 13 del Código Penal, a consecuencia del término de treinta y cinco años previsto para acceder a la libertad condicional en el caso de penas a perpetuidad, y, con invocación de antecedentes de esa sala (causa n° 102.109, sent. de 15-VII-2020, la que transcribió en sus partes pertinentes; e.o.), destacó que dicho reclamo no tendría favorable acogida.
A continuación, expresó que en el sistema penal argentino la perpetuidad de las penas no es tal debido a que, si bien pueden ser indeterminadas no son infinitas y se extinguen -salvo supuestos de excepción- con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas, y que "...resulta imposible fijar de antemano la duración de la misma por su propia naturaleza, no solamente porque lo perpetuo es [...] lo que dura para siempre, cualidad que llevaínsita su inconmensurabilidad, sino, en especial, por el régimen de cumplimiento que la torna variable. Pero al mismo tiempo, la legislación determina que en la mayoría de los casos las penas perpetuas no revisten tal carácter y, en cambio, tengan finalización". Dijo además que "...las penas perpetuas tienen previsto su agotamiento a partir de la concesión de la libertad condicional" y que "... es la propia ley la que les pone término". Agregó que "El simple cotejo con la práctica y con la lectura de los textos legales revela que la mayoría de las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional y que el único obstáculo para que ello ocurra sería la reincidencia, siendo que tal limitación es solo preliminar y no es lo que se verifica en la aplicación del plexo normativo en forma armónica", "...por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena (con anterioridad a la sanción de la ley 25.892 era de veinte años), o, de mediar reforma legislativa en el futuro que haga variar dicho lapso en menos". También señaló que "...la ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, permite por su artículo 17 la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad al condenado a pena perpetua que haya cumplido en detención quince años"; y en la hipótesis de máxima "...cuando se impusiera la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado contenida en el art. 52 del digesto de fondo (lo cual no se verifica en estos autos), la misma permite, según la norma el art. 53 del C.P., la obtención de una libertad que quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones que allí se establecen, transcurridos cinco años más de los treinta y cinco (o veinte) años de prisión".
Luego de citar doctrina de autores sobre el tema, precisó que, salvo la prohibición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las previsiones de los tratados incorporados a la Constitución nacional no surge que aquellas sean incompatibles con la aplicación de una pena de prisión perpetua, dado que "...si cumpliendo el recaudo de brindar una potencial soltura, se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón [...] no pugna con la normativa constitucional que ella se vea conminada para el delincuente mayor cuando [...], no sólo no existe norma alguna en el plexo constitucional que lo prohíba, sino que tampoco surge implícita su contradicción con los derechos humanos que aquél tutela y siempre que se respete -al igual que en el caso de aquellas temporales determinadas- la integridad de la persona condenada...". Invocó los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanas o degradantes.
Destacó también que las penas de prisión perpetua no resultan ser un obstáculo a la resocialización del condenado, pues del art. 1 de la ley 24.660 surge que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad"; y que durante dicho tiempo de encierro, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad debido a que "...todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla". Además, aseguró que tampoco se incumple con la aludida finalidad establecida por las normas internacionales en cuanto a la reforma y readaptación social del condenado (específicamente arts. 5 inc. 6, PSJCR y 10 inc. 3, PIDCP) dado que esas normas indican "...la finalidad 'esencial' que debe perseguir el Estado en el legítimo ejercicio del 'ius punendi', cual es la 'reforma y readaptación social' de los condenados; y si bien, de tal suerte, marcan una clara preferencia en torno a aquel objetivo llamado de prevención especial -del que [...] no resultan excluidos los condenados a prisión perpetua-, evidentemente no obstaculizan otros fines que el legislador adopte, y que no se enfrentan a la interdicción también prevista en nuestra Constitución Nacional de que las cárceles sean para castigo".
Sostuvo que el sistema del art. 13 del Código Penal para la libertad condicional "...aparece íntimamente relacionado con expresa mención a los máximos de las penas divisibles, al establecer como requisito para su procedencia el cumplimiento de una parte de la condena (dos tercios en las penas que superen los tres años, y ocho meses o un año en el caso de penas de prisión o reclusión de tres años o menores)". Pero que "...el cumplimiento de las penas continúa en el régimen apuntado resultando que el tiempo que se cumple la pena en libertad condicional, sumado al cumplimiento efectivo previo, nunca resulta inferior al término de la condena".
Asimismo, señaló que "...los efectos del goce de la libertad condicional entrañan la ext
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.