Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136276
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.276, "A., B. E.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 99.805 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal rechazó, por mayoría, el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de B. E. A. contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de Junín que lo declaró coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y autor de homicidio agravado por la causa, cometido mediante el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real (arts. 41 bis, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, segundo párrafo y 189 bis inc. 2, tercer párrafo, Cód. Penal), difiriendo la eventual aplicación de sanción penal hasta el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 22.278.
Contra ello, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por resolución del 28 de diciembre de 2021 la Sala recurrida lo declaró parcialmente admisible, solo en cuanto denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia de la figura compleja prevista en el art. 165 del mismo digesto, sin que esa decisión mereciera objeción alguna de la parte (v. informe de 10 de marzo de 2022).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba atinente a los presupuestos típicos del delito aplicado y, como consecuencia de tal situación, la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
Puntualiza que no se alcanzó la debida certeza para tener por demostrada la conexión ideológica entre la acción de matar, el objetivo de consumar un robo y quedar impune.
Asevera que existen escasas referencias en autos acerca de la manera en que se produjeron los disparos y la herida mortal recibida por la víctima, lo que impide tener por acreditado el extremo subjetivo que el tipo penal endilgado requiere. En esta senda, indica que la escasa luminosidad del lugar donde ocurrieron los hechos imposibilita conocer quién ejecutó las acciones y de qué forma realmente estas sucedieron.
Estima que los elementos valorados por el revisor solo permiten formar convicción acerca de una muerte violenta causada por un arma de fuego, así como el desapoderamiento, más no sobre el elemento subjetivo que exige la figura agravada del homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Explica que el a quo escogió una de las hipótesis posibles sobre las circunstancias que rodearon el suceso, sin despejar otras, tal como el estado del arma empleada, pues no se puede descartar que un anormal funcionamiento de la misma efectuara un disparo de forma accidental, lo que en su opinión denota una deficitaria labor valorativa, que torna arbitrario el fallo.
En definitiva, refiere que, por aplicación del principio in dubio pro reo , debió encuadrarse el suceso enjuiciado en la figura del art. 165 del Código Penal, lo cual solicita que sea aquí enmendado.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
III. Coincido con lo dictaminado en que el recurso no procede.
III.1. Como se observa en el referido dictamen, del modo en que ha sido formulado, el agravio alegado al deducir el recurso extraordinario, arbitrariedad e incorrecta interpretación de una norma de fondo, se hallan inescindiblemente ligados entre sí. La no concesión del tramo vinculado a la arbitrariedad implicaría una inadecuada ruptura de la unidad conceptual de la argumentación del apelante que actúa en representación del imputado, en el marco de un proceso del régimen penal juvenil que además había manifestado su voluntad impugnativa. Ello denota la necesidad de analizar conjuntamente los agravios admitidos en la órbita del derecho de fondo y el motivo de arbitrariedad desde la perspectiva conexa (conf. CSJN Fallos: 340:1149; causa P. 133.182, resol. de 11-III-2020; e.o.).
III.2. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de Morón tuvo por debidamente acreditado que "...el 21 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 23:30 horas, en la intersección de Cercano y La Place de Pontevedra (Merlo), al menos cuatro sujetos, tres mayores de edad y el imputado menor, apodado 'Monedita' o 'Polaquito', interceptaron el paso de Isidro Peredez Enciso y de Genaro Sánchez Silguero, y mediante intimidación con las armas de fuego que portaban, sin autorización para ello (como es evidente, siendo menor), les exigieron la entrega de sus pertenencias, ante lo cual Sánchez Silguero se resistió por lo que, tras golpearlo en la cabeza con una de las armas, se apoderaron de su billetera con dos mil pesos y una tarjeta Sube. En tanto, el acusado se alejó unos metros con Peredez Enciso, quien persistía en su resistencia, y le efectuó dos disparos con el claro propósito de quitarle la vida para consumar sus designios furtivos, logrando apoderarse del par de zapatillas que la víctima traía puestas, un celular y una suma de dinero, dándose posteriormente a la fuga. Luego, Peredez Enciso muere a causa de las heridas provocadas por los disparos " (sent. de 2-IX-2019).
El órgano de la instancia encontró a B. E. A. coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y autor de homicidio agravado por la causa, cometido mediante el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real.
III.3. Frente a ello la defensa oficial presentó recurso de casación en el que se agravió de la autoría responsable en el ataque homicida y del encaje legal de dicha conducta. En lo que importa y en prieta síntesis, observó la subsunción jurídica de los hechos en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal y peticionó su encuadre en el art. 165 del referido digesto de fondo. Alegó la ausencia de pruebas corroborantes de la preordenación de la muerte, y falta de acreditación del dolo que requiere la figura agravada. En su opinión se trató de un robo con homicidio resultante.
III.4. El órgano revisor, por mayoría, mediante el voto del doctor Borinsky que concitó la adhesión del doctor Maidana, en lo tocante a la subsunción legal de los hechos, coincidió con la ponderación efectuada por el tribunal, en tanto a través de los movimientos descriptos por los testigos, en el que el imputado junto con otros tres interceptaron a Genaro Sánchez Silguero y a Isidro Paredez Enciso para apoderarse de lo que llevaban (dinero, celular, zapatillas), y de ser necesario matar con el arma que portaban (cuanto menos una, apta y cargada) a quien se resistiera para concretarlo, entendió claramente corroborado que los intervinientes "...se pusieron de acuerdo para robar con el arma que A. portaba, poniendo en obra el delito en sí mediante la ejecución conjunta del homicidio" (sentencia digital).
Explicó que no cabían dudas que A. portaba un arma de fuego, la que fue utilizada para matar a quien se resistió para impedir el fin furtivo (Paredez Enciso), pues en mancomunada tarea el imputado junto con los otros querían apoderarse de lo que no era suyo, y de ser necesario, como lo fue, doblegar la oposición de quien se resistiera a efectos de sortear cualquier escollo en su camino.
Resaltó que los disparos de armas de fuego fueron efectuados hacia una zona vital del damnificado como el tórax, "...pues no debemos perder de vista que la bala penetró por región escapular izquierda a través de la cavidad toráxica con una dirección de atrás hacia adelante, de inferior a superior izquierda a derecha con lesión en pulmón izquierdo forma transversal y salida en región anterior del cuello, para responder a la resistencia ejercida por Paredez Encino, obedecen a su finalidad de consumar el robo, y tal es así que con la víctima abatida, el acusado no solo se apoderó del dinero y el celular, sino que le sacó también las zapatillas".
Entendió correcta la calificación legal efectuada toda vez que "...no nos encontramos frente a un suceso accidental pues la mecánica de los hechos, la distancia y la dirección de los disparos que termina con la vida de Paredez demuestran sin hesitación, el dolo homicida".
Tuvo por comprobada la ultraintencionalidad que deposita el hecho en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, que transita a contramano de la tipificación que pretende la defensa de A., quien intenta traer el robo con homicidio como figura aplicable.
Con cita de doctrina y precedentes de esta Corte aseveró que si del sistema del art. 80 inc. 7 citado no resulta que el elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, va de suyo que no es necesaria una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, pues la ley solo exige que, en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin delictuoso funcione como motivo específicamente determinante del homicidio, y esto no demanda, indefectiblemente, premeditación o reflexión, sino solo decisión, la que puede producirse de improviso en la ejecución del hecho mismo.
Indicó que cuando se mata para neutralizar la resistencia de la víctima y así poder consumarlo, el caso espeja un concurso real de robo agravado por el empleo de armas que concurre materialmente con homicidio agravado por la causa, y no el de robo con homicidio resultante (art. 165, Cód. Penal).
Resaltó que el homicidio agravado por la causa es un homicidio calificado, no por concurrir con un robo u otro delito, sino por un elemento subjetivo que determina su comisión, mientras que la hipótesis del art. 165 citado se refiere a un delito complejo formado por un robo y un homicidio en el que este último surge como una contingencia, no calificada por aquel elemento subjetivo, en ocasión del despliegue de una acción tendiente al apoderamiento de la cosa ajena con fuerza en la misma o violencia en las personas, o se produce con motivo de ella, siendo el robo el elemento circunstancial del tipo que pune el resultado de homicidio.
Confirmó los encajes escogidos por el tribunal y rechazó el recurso.
IV. Cabe señalar que los planteos que trae la recurrente bajo la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, en rigor, se enderezan a cuestionar aspectos vinculados a la prueba valorada en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de los hechos y de los elementos de convicción tenidos en cuenta-, a efectos de lograr un cambio en la calificación legal, y por ello, en principio, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).
Si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores en materia de hecho y prueba que porta el reclamo de quien aquí recurre (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.). La defensa de B. E. A. ha manifestado su opinión diversa y se ha pronunciado por una interpretación alternativa de la prueba, en particular respecto de los aspectos subjetivos requeridos por la figura legal aplicada (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), intentando discutir un posible disparo accidental, pero con dicho proceder, en virtud de las constancias comprobadas del caso, no ha logrado demostrar el vicio que le atribuye a la sentencia recurrida.
En efecto, la defensa oficial se limitó a señalar que no existieron precisiones acerca de cómo se produjeron los disparos y la herida mortal de la víctima; así como la falta de adecuada iluminación en el lugar que impidió determinar quién y de qué forma se desarrolló la dinámica del evento y que no se explicaron los elementos con sustento en los cuales se tuvo por acreditado el elemento subjetivo en cuestión.
Sin embargo, tales afirmaciones resultan dogmáticas y sin ningún anclaje en las particulares circunstancias de la dinámica del hecho. Pues, a contrario, vale reiterar, el tribunal revisor ponderó y ratificó expresamente los elementos de prueba e indicios con los que contó el juzgador para arribar a la condena: la prueba testimonial (Genero Sánchez Silguero y Roberto Carlos Figueredo), el informe acerca de la trayectoria de los disparos en el cuerpo del occiso, y la mecánica en que se desarrollaron los hechos: esto es, que frente a la resistencia de Peredez Enciso, el imputado decidió persistir en la finalidad de consumar el robo de los efectos personales de aquel mediante los disparos de arma de fuego a zona vital de su humanidad, y ya con la víctima abatida se apoderó del dinero, el celular y las zapatillas.
De otro lado, en cuanto a la conexión subjetiva tiene dicho este Tribunal que del mentado art. 80 inc. 7 no resulta, ni expresa ni implícitamente, que ese especial componente "subjetivo" del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito, esto es que en modo alguno requiere premeditación, planeamiento o preordenación, bastando con su devenir súbito o en el curso de la ejecución del hecho (doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 53.150, sent. de 11-III-1997; P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; e.o.), como al menos, se dio por aquí corroborado, dado que la muerte de la víctima Isidro Paredez Enciso -que se resistió para impedir el fin furtivo- tuvo lugar a consecuencia de los disparos efectuados hacia una zona vital como el tórax con lesión en pulmón izquierdo y salida en región anterior al cuello, a corta distancia buscando su impunidad.
De modo tal que la parte no aporta argumentos atendibles que justifiquen el cambio de calificación legal pretendido. En consecuencia, la solución del tribunal intermedio en cuanto ratificó la autoría, y consideró debidamente acreditada la ultrafinalidad exigida por la figura penal aquí criticada, debe refrendarse frente a la insuficiencia del reclamo. Pues, como se dijo, el impugnante no ha puesto en evidencia la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento del fallo cuestionado, que encajen en el elenco de supuestos de la doctrina de la arbitrariedad que invoca (CSJN Fallos: 310:234).
V. Finalmente, por estar imbricado con el agravio anterior descartado, queda sin sustento también la denuncia de afectación al principio in dubio pro reo (art. 495, CPP).
A mayor abundamiento, cabe agregar que este Superior Tribunal local tiene dicho que si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como fue expuesto en el caso por el juzgador de origen y confirmado por el tribunal del recurso- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Y siendo que nada de eso logró justificar aquí el recurrente, el planteo -a remolque del éxito del anteriormente descartado- queda huérfano de sustento como para evidenciar en concreto y para este caso el quebranto constitucional aducido (conf. causas P. 103.092 -y su acumulada P. 103.093-, resol. de 14-VII-2010; P. 108.757, resol. de 26-X-2011; P. 117.915, resol. de 4-VII-2012; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 108.865, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 113.053, sent. de 18-IX-2013; P. 115.390, resol. de 23-XII-2013; P. 117.891, resol. de 19-II-2014; P. 118.276, resol. de 12-III-2014; P. 118.331, resol. de 30-IV-2014; P. 117.177, sent. de 3-XII-2014; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:19:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:11:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 09:32:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:37:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 10:58:29 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 15:17:24 hs. bajo el número RS-163-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia