Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136233
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara insustancial el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Mateo Gabriel Benítez (doctr. art. 488, segundo párrafo, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.233, "Benítez, Mateo Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 112.132 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Genoud, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de octubre de 2021, por mayoría, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Mateo Gabriel Benítez contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental que no hizo lugar a la inclusión del nombrado en el régimen de libertad asistida, con sustento en lo normado en el art. 104, segundo apartado de la ley 12.256 (t.o. ley 14.296), en función del art. 14 inc. 5 del Código Penal (v. sentencia digital).
El señor defensor oficial adjunto de casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital del 5 de noviembre de 2021), que fue concedido por resolución del tribunal intermedio del 21 de diciembre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital del 26 de octubre de 2022), dictada la providencia de autos en la misma fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal solicita la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal en su segunda parte, el cual conforme las leyes 25.892 y 27.375 establece que la libertad condicional no se concederá en los casos previstos en los arts. 80, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo, 130, 142 bis anteúltimo párrafo, 144 ter inc. 2, 165, 166 inc. 2 segundo párrafo, entre otros; en violación -según aduce- a los principios de resocialización e igualdad (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Señala que en el caso no resulta posible compatibilizar las normas cuestionadas con los preceptos constitucionales y convencionales, en tanto que el art. 14 del Código Penal al imposibilitar el otorgamiento de la libertad condicional con único fundamento en el delito que le es imputado, no deja margen interpretativo para la adecuación al bloque de constitucionalidad federal.
Cuestiona el fallo por haber afirmado que el legislador tuvo en cuenta "... razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos ", y ello, implica -a su entender-, un trato diferenciado para un grupo de condenados que vulnera el principio de igualdad (el destacado figura en el original).
A continuación, hace referencia a la afectación al derecho a la readaptación social como fin de la pena impuesta, y particularmente sostiene que no resulta lógico que su pupilo se vea impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, pese a que en la causa se demostró que adquirió todas las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, basándose dicho impedimento en el mero hecho de haber cometido determinado delito, lo cual implica un apartamiento del fin resocializador de la pena. Cuestiona que la ley no puede determinar que los individuos que cometieron los delitos enunciados en la norma deberán cumplir "...la totalidad de su pena prisionizados -asumiendo que el encierro es la mejor opción para su readaptación- sin siquiera haber recibido todavía tratamiento alguno y menos aún verificado mínimamente si el que se le brindará surtirá efecto".
Seguidamente, aborda la alegada violación al principio de igualdad y cita diferentes precedentes de la Corte Nacional entre ellos el fallo "Napoli" (Fallos: 327:2868), y destaca sobre ello que "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos (arts. 1 y 6 de la ley 24.660 y 4 de la ley 12.256, 18 de la C.N. y 5.6 de la C.A.D.H.), haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no solo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable".
Por último, afirma que su asistido fue condenado por uno de los delitos previstos en el inc. 5 del art. 14 del Código Penal, y en el caso la violación resulta más grave debido a que no le es aplicable uno de los fundamentos esenciales expuestos por el Tribunal de Casación en la sentencia recurrida, ni tampoco la doctrina de esta Suprema Corte, ello en referencia a la gravedad del delito. Indicó que de las presentes actuaciones surge que Benítez fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa, quedando atrapado por la prohibición del inc. 5 del art. 14 del Código citado. Agregó que "La gravedad del delito como criterio objetivo para la segregación de un grupo del universo de los condenados para brindarle un tratamiento diferenciado ya no encuentra justificación, y a partir de aquí, podemos afirmar que la sentencia recurrida pierde toda fundamentación", al igual que la doctrina del más alto tribunal provincial a la que se hace referencia.
Por todo lo expuesto, concluye en la arbitrariedad de la decisión por considerar que el criterio de diferenciación no es objetivo y razonable, en consecuencia, es violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiendo se declare su inconstitucionalidad.
II. El señor Procurador General emitió su dictamen y propició el rechazo del recurso en examen, ello al considerar que el reclamo resulta abstracto pues Benítez agotaría su pena el 20 de diciembre de 2022, por lo que la norma cuestionada ya no sería óbice para la obtención del beneficio que esa parte pretende (v. dictamen digital en archivo adjunto del 26 de octubre de 2022).
III. Coincido con la Procuración General en que los agravios que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, devinieron insustanciales.
Veamos.
III.1. El Juzgado de Ejecución n° 1 de Mar del Plata, por auto del 8 de junio de 2021, resolvió no hacer lugar a la incorporación de Mateo Gabriel Benítez al tratamiento de libertad asistida solicitado a su respecto (conf. art. 104 y concs., ley 12.256).
Para así decidir, sostuvo que el causante "...no se encuentra [...] en condiciones de acceder a un régimen de libertad asistida, por no reunir los recaudos temporales ni subjetivos para ello"; en tanto que no cumplió con el recaudo del art. 104 de la ley 12.256 ya que "...ante la imposibilidad de aplicarse a su respecto el régimen de libertad condicional, recién se encontrará a seis meses del vencimiento de la pena el 20/6/2022"; parámetro objetivo imprescindible a los fines del instituto en cuestión. Agregó que "...conforme la reforma legal establecida por ley 27375 en fecha 28/7/2017, se encuentra el causante impedido de acceder al régimen de libertad condicional, no encontrando motivo alguno para hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad de dicha normativa, máxime cuando siquiera fue la misma requerida".
Luego de citar doctrina de esta Suprema Corte, descartó que la norma cuestionada vulnere el principio de igualdad, o la reinserción como finalidad de la pena ni tampoco la progresividad de la misma. Finalmente, también descartó el argumento de la defensa en torno a que el delito previsto en el art. 166 inc. 2 segundo párrafo, en el caso, había quedado en grado de tentativa; ello por considerar que dicho extremo no modifica en nada la prohibición establecida en el art. 14 inc. 5 del Código Penal.
III.2. A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del pronunciamiento del 5 de julio de 2021, abordó el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial y lo rechazó confirmando la decisión anterior.
Particularmente, destacó su coincidencia con el razonamiento efectuado por el magistrado de origen, que reputó ajustado a derecho. Concluyó que "...la aplicación del artículo 104 segundo párrafo de la ley 12.256 deviene inviable ya que para acceder al instituto que contempla deben reunirse las mismas exigencias que para la libertad condicional"; y que solo resta a quienes están comprendidos en el citado art. 14, la posibilidad de obtener eventualmente las salidas que prevé la primera parte de dicha norma, es decir, aquellas que se otorgan seis meses antes del vencimiento de la pena.
III.3. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, de conformidad con la reseña de antecedentes, desechó el recurso casatorio interpuesto contra la decisión antes mencionada.
A través del voto del doctor Maidana al que adhirió el señor juez Borinsky, luego de destacar sobre la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una ley, sostuvo que en el debate parlamentario de la ley 25.892 el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, teniendo en cuenta aquellos hechos que por su "entidad, gravedad y magnitud", conmueven a la sociedad.
Agregó sobre el punto que la gravedad del delito, por el resultado lesivo de la conducta, se muestra como un dato objetivo válido para diferenciar las consecuencias jurídicas y ello no trastoca el principio de igualdad ante la ley, ello debido a que "...es una pauta indicativa de que ella se aplica no 'por lo que es', sino 'por lo que hizo', adecuándose así a un derecho penal de acto".
También dijo que "...la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse de manera automática sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único". Y, frente a la imposibilidad de acceder a la especie "...no obstante se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del C.P., pero no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis".
Concluyó que no advertía que se trastoque el fin de la pena ni el principio de progresividad, toda vez que si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14, segunda parte, Cód. Penal), "...ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre".
IV.1. Sentado ello, como adelanté -en coincidencia con la postura del señor Procurador General- resulta insustancial expedirse en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal a consecuencia de la prohibición allí establecida para el otorgamiento de la libertad condicional a penados por ciertos delitos.
De la reseña efectuada, podemos advertir que la defensa de Mateo Gabriel Benítez efectivamente venía reclamando la libertad de su pupilo con sustento en que la sanción penal se agotará el 20 de diciembre de 2022, y por tanto se encontraba en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional a partir del 20 de octubre de 2021, y que el 20 de abril de ese año (es decir, seis meses antes que el hito temporal para la libertad condicional) se hallaba habilitado para acceder a la libertad asistida conforme el art. 104, segundo párrafo de la ley 12.256.
Ahora bien, de conformidad con las circunstancias actuales del proceso, al día de la fecha le restaría al encausado menos de un mes para agotar la pena impuesta; y, de conformidad con el art. 104 primera parte de la ley 12.256, como se ha establecido en todas las instancias judiciales previas, a partir de seis meses antes de su agotamiento se encontraría en condiciones de obtener la reclamada libertad asistida, de así peticionarlo, presentes los demás recaudos legales. Sentado lo cual la pretensión liberatoria con sustento en el art. 14 inc. 5 del Código Penal y su relación con el art. 104 citado, deviene insustancial.
IV.2. Acaso a mayor abundamiento, cabe destacar que, de las actuaciones digitalizadas que surgen de la MEV, se desprende que, en cumplimiento de lo decidido por la Cámara departamental del fuero, el 15 de septiembre del 2022, el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de Mar del Plata en el marco del incidente de libertad asistida correspondiente a la causa n° INC-17019-6, le otorgó al penado Mateo Gabriel Benítez la libertad referida, bajo las condiciones que allí se estipulan, lo cual refuerza que ha devenido inoficioso.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara insustancial el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Mateo Gabriel Benítez (doctr. art. 488, segundo párrafo, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2022 13:54:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2022 14:09:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 12:41:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:00:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:53:46 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 10:23:02 hs. bajo el número RS-152-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia