Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135752
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.752, "Errubidarte, Pablo Osvaldo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.903 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de octubre de 2020, rechazó, por mayoría, el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que -en lo que resulta pertinente destacar- desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código Penal deducido por dicha parte y condenó a Pablo Osvaldo Errubidarte a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por resultar autor responsable del delito de hurto automotor dejado en lugar de acceso público (hecho I), robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con tentativa de homicidio criminis causae (hecho II) y homicidio agravado por cometerse contra un miembro de la fuerza de seguridad, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra en dos oportunidades (hecho III), todos en concurso real -arts. 41 bis, 42, 50, 55, 80 incs. 7 y 8, 163 inc. 6, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo del Código Penal- (v. fs. 124/135).
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, mediante la interposición de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/157), que fue parcialmente concedido (v. fs. 158/160 vta.) sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. informe de fs. 165).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 167/170 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 172), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Resulta pertinente destacar que conforme surge del auto que admitió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley solo lo hizo en orden a las cuestiones federales vinculadas con sendos planteos de inconstitucionalidad que fueron articulados por la defensa técnica (v. esp. fs. 159 vta. y 160), por lo que, en ese marco, serán descriptos y abordados los reclamos de la parte.
I.1. Es así que la defensa oficial denuncia la inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código Penal -homicidio calificado por haber resultado la víctima miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición- que fuera aplicado en el caso al momento de resolverse la calificación legal que cabía asignarle al hecho reseñado como n° III, por considerar que inobserva los principios de igualdad y de respeto a la vida humana -arts. 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- (v. fs. 145 vta. y 146).
Asevera que el tipo penal cuestionado otorga un mayor valor a la vida humana de algunos sobre otros, distingo que, en su opinión, se trasluce como arbitrario e irrazonable (v. fs. 146 vta. y 147).
Esgrime, luego de reseñar pasajes del debate parlamentario de la ley 25.601 y del contexto histórico, que la justificación de tal agravante se centró en el riesgo que corren los integrantes de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, como representantes del Estado y la necesidad de brindar mayor protección a aquellos, trayendo a colación en sustento de su postura las opiniones de los legisladores que se opusieron a la sanción de dicha ley (v. fs. cit.).
Aduce que, a su criterio, la norma establece un privilegio indebido al otorgar mayor valor a la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad estatales en desmedro de quienes no pertenecen a ellas, no resultando racional que una decisión política y legislativa resuelva mediante una desnivelación del bien jurídico "vida", dando preponderancia a algunas por encima de otras (v. fs. 147).
Resalta, en ese orden de ideas, lo que surge del voto minoritario vertido en el fallo en revisión por el doctor Violini, quien afirmó que no resultaba "racional" ni "equitativo" que las decisiones políticas en materia de formación y presupuesto para las fuerzas de seguridad provoquen un desbalance del bien jurídico "vida" cuando se revelan ineficientes; y ejemplificó su interpretación sobre esta cuestión al sostener que si ante la comisión de un delito y el consecuente enfrentamiento armado, se provoca la muerte de un agente policial y de un transeúnte, la muerte de dicho agente se considerará "más grave" que la del ciudadano particular por el hecho de que el agente policial está obligado a actuar por su función, perdiendo de vista que el particular sufre idéntica lesión al bien jurídico tutelado (v. fs. íd. y vta.).
Postula, para el supuesto de que se haga lugar a este reclamo, se disponga recalificar el tramo pertinente del hecho III atribuido a su defendido como homicidio en ocasión de robo -art. 165 del Código Penal-, con la consiguiente reducción de la pena (v. fs. cit. vta.).
I.2. En segundo lugar, denuncia también la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta al encartado Errubidarte por el tribunal de mérito y que resultó confirmada por la Casación en el fallo en revisión -por mayoría-, en tanto se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, de proporcionalidad con los fines establecidos constitucional y convencionalmente y de igualdad ante la ley que se consagran en los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 57 de la Constitución provincial; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin brindar fundamentos válidos para ello -a su modo de ver- (v. fs. 147 vta.).
Aduce, además, que dicha pena resulta cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida del imputado (art. 5.2, CADH), y discrepa con el criterio empleado por el órgano revisor en virtud del cual consideró la eventual posibilidad de que el imputado acceda a la libertad condicional en la etapa de ejecución de la pena de prisión perpetua para descartar un planteo de similar tenor (v. fs. 149 vta.).
Afirma que el sentenciante incurrió en contradicción al sostener -de un lado- que la ejecución de la pena debe orientarse a la readaptación y reforma del condenado, mientras que -por otro- postuló que durante la ejecución de aquella pena de prisión perpetua existe la posibilidad de solicitar la recuperación de la libertad transcurridos treinta y cinco años de encierro, siendo su concesión absolutamente incierta (v. fs. 150).
Añade, en sintonía con lo expuesto, que la pena de prisión perpetua como la fijada a su defendido resulta estrictamente perpetua y solo eventualmente finita, es atemporal e indefinida y que, en caso de serle negada la libertad condicional nunca se agotará (v. fs. cit.).
Asevera, sobre la base de lo que entendió ser una mirada coherente y razonable de los datos de la realidad, que "...resulta poco probable que [su] defendido logre sobrevivir a 35 años de encierro y menos aún que en caso de lograrlo -para lo cual tendrá 76 años de edad- le sea efectivamente concedida la libertad condicional, máxime cuando se trata de una persona que ha sido declarada reincidente" (fs. cit. y vta.).
Menciona el documento elaborado por el Tribunal de Casación Penal -RC 2301/2018- y el fallo "Verbitsky" de la Corte federal a fin de poner de resalto la problemática de la superpoblación carcelaria y la situación crítica de las condiciones de detención de las personas detenidas, procesadas y condenadas en la Provincia de Buenos Aires; y subraya que del contenido y diagnóstico de ese informe surgiría que "...la supuesta 'temporalidad' de la pena perpetua -afirmada a la luz de art. 13 del CP- no es sino el ocultamiento de la suposición razonable, de que [su] asistido transcurrirá el resto de su vida en encierro; de modo que se lo ha eliminado definitivamente de la convivencia social hasta su muerte" ( fs. cit. vta. y 151).
Postula que para definir que la pena de prisión perpetua no es realmente perpetua debe demostrarse de antemano que ello es así y asegurarse un momento cierto en el cual la misma finalizará, es decir el agotamiento o el instante a partir del cual indefectiblemente cesará la prisión, aspecto que no es definido por la sentencia aquí atacada, de modo tal que -a su juicio- si el pedido de libertad condicional en favor del condenado es denegado nunca llegará el vencimiento de la pena, lo que reafirmaría su carácter perpetuo e indefinido (v. fs. 151 y vta.).
Indica que una pena perpetua de las características descriptas desconoce la finalidad resocializadora que le adjudica la normativa convencional y constitucional y que es consagrada como derecho para todo condenado y como obligación del Estado argentino (conf. arts. 36, CADH; 10.3, PIDCP y 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.), la cual se desvanece al depender de un suceso incierto, hipotético y futuro que, con cierto grado de seguridad, nunca acaecerá, pues podría no agotarse nunca -bajo su óptica- (v. fs. 151 vta. y 152).
Argumenta, adicionalmente, que la fundamentación empleada por la sentencia recurrida en este tramo de la decisión resulta arbitraria en tanto se sustenta en jurisprudencia que bien da una solución opuesta a la invocada por la defensa o bien no resulta aplicable en autos. En tal sentido, refirió puntualmente a que el precedente Mendoza y otros vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la causa "Gramajo" de la Corte nacional (CSJN Fallos: 329:3680), que fueron mencionados para avalar la postura referida a que no hay en el ámbito internacional norma alguna que impida la aplicación de una pena perpetua, han sido citados de un modo parcial y desvinculados con lo resuelto en esos mismos fallos y advirtió que las penas a perpetuidad son un motivo de especial preocupación en el ámbito internacional de los Derechos Humanos por su vinculación con el principio de proporcionalidad que deben mantener las penas, en la medida que -tal como lo advirtió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- una sanción radicalmente desproporcionada puede ser considerada en infracción al art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cit.), a su criterio (v. fs. 152/153).
Entiende que la doctrina emergente del mencionado precedente Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta aplicable al supuesto de autos, puesto que "...la pena impuesta infringe el art. 5.6 CADH" como también es contraria a los "...[arts.] 10.3 PIDCP, 18 CN, y 63 y ss. de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU", ya que ella no cumple con la finalidad de reintegración o resocialización social aludido en el fallo de marras y es, además, una sanción eliminatoria (v. fs. 154 vta./155 vta.).
Explica que la cantidad de pena en concreto debe guardar relación de directa proporción con el injusto reprochable por imperio del principio constitucional de culpabilidad por el acto y que, como corolario de lo expuesto, el órgano intermedio mantuvo la aplicación de una pena fija que no permite la adecuación a la menor culpabilidad que corresponde en este caso (v. fs. 155 vta.).
Considera que el tratamiento brindado por parte de la Sala V del Tribunal de Casación Penal al planteo de inconstitucionalidad incoado por la defensa no abastece las mandas constitucionales estatuidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, por haber incurrido en afirmaciones dogmáticas (v. fs. 156).
Postula, para el supuesto de ser rechazado el reclamo efectuado con anterioridad y confirmado el encuadramiento legal del hecho III en los términos del citado art. 80 inc. 8 del Código Penal, que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua circunscribiéndola a una sanción numérica que no supere como máximo los veinticinco años de prisión (v. fs. cit. y vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 137/170 vta., aconsejando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con su opinión, el remedio no prospera.
III.1. Cabe señalar que el tribunal de origen tuvo por acreditada la materialidad ilícita correspondiente al hecho III en los siguientes términos: "... el día 10 de agosto del año 2017, siendo aproximadamente las 12:40 horas, en el playón de estacionamiento del hospital del km. 32 de Villa Dorrego, partido de La Matanza, en circunstancias que el oficial de policía [Aníbal Aurelio] Acosta, perteneciente a la comisaría de Virrey del Pino, se encontraba realizando un relevamiento en el mentado nosocomio, es que observa que a pocos metros se encontraba estacionado el rodado descripto en el hecho I [-en ref. al rodado marca Renault, modelo Megane, de color azul, patente CXE 498-], siendo que a bordo del mismo se encontraba un sujeto de sexo masculino, mientras que dos personas de sexo femenino empujaban el rodado, identificados posteriormente dos de las tres personas. Que así las cosas, Acosta le da la voz de alto, y es en ese preciso momento, sin mediar palabra el sujeto de sexo masculino extrae de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, marca Smith Wesson modelo 910 serie nro. TDN-1278, y le efectúa un disparo al personal policial quien cae al suelo producto del impacto del disparo, que seguidamente este sujeto se acerca a Acosta y se apodera ilegítimamente de su arma reglamentaria, marca Astra modelo A100, serie nro. Z-2879, para finalmente efectuarle al menos dos disparos a modo de remate, a la humanidad de Acosta, lo que produce su desenlace fatal. Que luego de ello Errubidarte, [Virginia Elizabeth] Villarreal y la tercera femenina se dan a la fuga del lugar a pie, siendo que Errubidarte, para asegurar su cometido, efectuó sendos disparos contra el personal policial con ambas pistolas, no pudiendo lograr su objetivo de escape por el actuar de la fuerza policial " (fs. 85 y vta.; el destacado figura en el original).
Calificó legalmente esos sucesos -hecho III- como homicidio calificado por cometerse contra un miembro de la fuerza de seguridad, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra en dos oportunidades, todos en concurso real entre sí (v. esp. fs. 104 y vta.).
Rechazó, en lo pertinente, la petición de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código Penal efectuada por la defensa oficial por afectación al principio de igualdad (art. 16, Const. nac.), en tanto señaló que la parte no demostró ni alegó alguna irrazonabilidad de la figura legal atacada por lo que la sola enunciación de los principios supuestamente conculcados devenía insuficiente a tales efectos, toda vez que no existía un motivo real y contundente que demuestre la alegada incompatibilidad y, además, tampoco entendió demostrada la existencia actual de un perjuicio que justifiquen el interés en la declaración pretendida (v. fs. 82 y vta.).
Aseveró, en orden a la aducida violación al principio de igualdad que surgiría de que la noción de vida del funcionario público aludida en el art. 80 inc. 8 del Código de fondo tendría más valor que la de cualquier otra persona, que "No existe exceso en la ley cuando se castiga el homicidio de ciertos funcionarios, pues en este caso tienen deberes jurídicos que observar, que no tienen por cierto los ciudadanos que carecen de esa condición. Así, por ejemplo, tienen el deber de aprehender a personas en flagrancia de la comisión de un delito y aun en otros casos (arts. 153 CPP), accionar que solo resulta una facultad -y no una obligación- para el particular (art. 156 CPP PBA)" (fs. 83 y vta.).
Especificó, luego de destacar la exposición llevada a cabo por los diputados Caviglia y Fayad y los senadores Pardo y Agúndez en el debate parlamentario previo a la sanción de la norma como así también doctrina de autores, que la ubicación sistemática de la figura legal cuestionada en el Título de los "Delitos contra la vida" del Código sustantivo, lleva a concluir que el bien jurídico protegido es justamente la vida de la persona, en este caso el policía o miembro de una fuerza de seguridad, por el peligro al que se encuentra expuesto a diario al ejercer su función, o simplemente por su condición (v. fs. 83 vta. y 84).
Explicó que en esta figura penal se toma al funcionario público miembro de la policía o fuerza de seguridad o penitenciaria, que está siendo matado "...por el solo hecho de ser agente, y se crea con él la figura" y, siendo ello así, consideró que "...esta categoría no importa una discriminación arbitraria hacia otras personas, pues, tomando los parámetros que utiliza nuestro derecho judicial, no es irrazonable, ni es persecutoria, ni hostil, ni establece un indebido favor o privilegio" (fs. 84).
III.2. Contra lo así fallado, la defensa oficial del imputado, en lo que importa, reiteró la petición de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código Penal y denunció, asimismo, la incompatibilidad constitucional de las penas a perpetuidad en el recurso de casación (v. esp. fs. 45 vta./51 y 58/62). Luego, dicha parte presentó memorial manteniendo el recurso incoado y ampliando los argumentos en orden a la inconstitucionalidad de las penas a perpetuidad -como la sanción aplicada en el caso- previstas en el art. 80 inc. 8 del Código de fondo (v. fs. 110/114).
III.3.a. Frente a ello, la Sala V del Tribunal de Casación Penal a través del voto mayoritario del doctor Maidana que concitó la adhesión simple del doctor Mancini (v. esp. fs. 124 vta./132 y 134 vta., respectivamente), expresó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma -en el caso concreto de la prisión perpetua prevista en el art. 80 inc. 8 del Código Penal- debe estimarse como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad, siendo que -por ello- constituye un remedio extremo, que solo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la Constitución nacional y los tratados internacionales que la integran, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. fs. 124).
Explicó que la crítica a la "perpetuidad" de la pena debe contextualizarse con los arts. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.2, 5.2, 5.3, 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6.2, 10.1, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a nuestra Constitución nacional por el art. 75 inc. 22, en virtud de los cuales se ratifica que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos (art. 18, Const. nac.) y se ha definido con mayor precisión la finalidad de la pena bajo términos de prevención especial positiva (v. fs. 129 vta.).
Indicó, en ese marco normativo supralegal, que la ejecución de la pena al orientarse a la readaptación y reforma de los condenados, con resguardo del concepto de persona y dignidad humana, excluye en todo aspecto legitimar un encierro de por vida, el que por propia naturaleza no cumpliría con la reintegración social, debiendo rechazarse toda acepción literal del término, pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente (v. fs. cit. vta.).
Adunó, a las consideraciones ve
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