Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.657, "Romero, Kevin Nahuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 94.781 y su acum. N° 94.792 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores condenó a Kevin Nahuel Romero a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por su comisión en poblado y en banda, en concurso ideal con privación de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado a su vez, por su comisión por dos personas y con el empleo de armas (v. fs. 69/74 vta.).
Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso un recurso de casación. La Sala II del Tribunal de Casación Penal rechazó -en lo que aquí interesa- el recurso de la especialidad deducido.
Tras ello, la señora defensora oficial adjunta del Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 76/83), el que fue declarado admisible por el intermedio (v. fs. 86/88).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 95/98), dictada la providencia de autos (v. fs. 100) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y una construcción arbitraria del monto de pena impuesto, con transgresión a los principios de culpabilidad y proporcionalidad.
Con sustento en el precedente "Maldonado" de la Corte federal, alegó que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y que, en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución nacional, no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho (v. fs. 80 vta. y 81).
Explicó que oportunamente su par en la instancia había solicitado la reducción de la cuantía, por considerarla arbitraria, inmotivada y desproporcionada. Y que el órgano revisor, al homologar la pena de quince años fijada a Romero -de casi el doble del mínimo legal correspondiente al delito imputado y sin sopesar atenuantes ni agravantes-, afectó el principio de culpabilidad y reprochabilidad por el hecho cometido y el principio de proporcionalidad de la pena.
Agregó que la discrecionalidad con la que cuentan los magistrados para decidir en este extremo no puede ser confundida con arbitrariedad frente al orden jurídico (v. fs. 81 vta.).
Expresó que, en el caso si bien la sanción impuesta se encontraba dentro de la escala penal legalmente contemplada, no menos cierto era que su monto, no se corresponde con la culpabilidad de su defendido por el hecho reprochado, y solo pretende su neutralización por el tiempo que dure la pena (v. fs. 82).
Solicitó que se case el fallo y se reenvíe a la instancia casatoria a fin de que dicte una sentencia ajustada a derecho.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera (v. fs. 95/98).
III. El Tribunal de Casación, al desestimar el mismo agravio, y en lo que resulta de interés, sostuvo que la parte no había logrado "[...] demostrar que en la decisión del sentenciante se encuentre presente un vicio de arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control ante esta instancia" (fs. 70 vta.).
Recordó la facultad de los magistrados para realizar la evaluación de la incidencia de cada circunstancia en la determinación de la pena. A su vez, destacó que en el caso se encontraba dentro de la especie y escala legal del delito por el que se lo condenó y que no constituía transgresión normativa alguna la circunstancia de no imponer el mínimo previsto, desde que el ordenamiento jurídico no establece un punto de ingreso fijo a la escala legal, "...siendo la intensidad antijurídica del hecho, entre otros aspectos, los que deben determinar la cuantía sancionatoria sobre la que operarán en definitiva las atenuantes y severizantes que se computen en cada caso" (fs. 70 vta.).
Afirmó que los jueces habían fundado suficientemente el fallo en el aspecto de la pena de prisión impuesta, contemplando las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Agregó que la sanción no aparecía desentendida de la magnitud del injusto ni de las circunstancias del hecho, destacando la manifiesta insuficiencia del planteo del recurrente por el que solo se había limitado a esgrimir que la pena habría resultado elevada, sin procurar evidenciar transgresión a la normativa.
Por último, los magistrados señalaron que el sistema de atenuantes y agravantes contenido en el código fondal no importa una operación traducible en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena ya que ellas solo establecen pautas para que el juzgador determine el monto final dentro de la escala legal correspondiente, pero sin obligarlo a sujetarse a moldes tasados ni a ingresar a la misma por un punto fijo predeterminado.
IV. De lo antes reseñado se advierte que el órgano intermedio abordó el planteo relacionado con el monto de la pena y confirmó el juicio efectuado en la instancia de origen, además de desarrollar fundamentos propios en sustento de su postura; la defensa se estructura solo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, técnica que resulta ineficaz para demostrar la concurrencia de las infracciones que denuncia (art. 495, CPP).
Como es sabido, el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (causas P. 130.029, sent. de 16-V-2018; P. 131.620, sent. de 4-XII-2019; P. 131.910, sent. de 19-IX-2020; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.).
Para más, debe tenerse en cuenta que lo resuelto por el intermedio coincide con la postura de esta Corte que tiene dicho que "[...] el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P-133.289, sent. de 26/X/2021, entre muchas otras). Es que tampoco existe norma alguna que imponga al juzgador, en el caso de no considerar circunstancias agravantes y atenuantes, estarse por el mínimo legal de la escala aplicable. (causas P. 65.320, sent. de 17-X-2001; P. 66.728, sent. de 29-V-2002; P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; P. 82.819, sent. de 3-VI-2009, P. 117.602 sent. de 15-VII-2015, entre otras)" (causa P. 126.257, sent. de 11-IV-2018).
Por otra parte, aunque la defensa denuncia la afectación de los principios que invoca, no traduce tal afirmación general en una referencia concreta al supuesto de autos, para intentar demostrar la desproporción que alegó. Así, la tacha de arbitrariedad dirigida contra este tramo del pronunciamiento -del modo en que ha sido traída- no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesaria para evidenciar lo requerido.
Es sabido que la doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias es particularmente restringida y que, en ese sentido, la parte que aduce la existencia de una cuestión federal bajo aquel cauce debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de esa cuestión por la vía del caso excepcional de arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren abastecidos en la especie.
En consecuencia, y conforme lo resuelto, tampoco se evidencia la transgresión a los principios de raigambre constitucional que el señor defensor oficial alegó vulnerados.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/12/2022 14:20:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2022 08:36:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 07:18:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:27:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:36:05 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/12/2022 14:21:55 hs. bajo el número RS-141-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia