Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134598
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.598, "M., D. J. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.008 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 7 de noviembre de 2019, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de D. J. M. contra la sentencia dictada en el marco de la causa 663 y su acumulada 877 por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores, que lo había condenado a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la guarda reiterado (causa 663; víctimas E.R. y M.R.) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y con el aprovechamiento de la convivencia preexistente, reiterado (causa 877; víctimas A.C. y V.C.). En consecuencia, excluyó la agravante relativa a "la violencia ejercida no sólo respecto de las víctimas de los hechos aquí juzgados sino la proferida a G. y B. de tan corta edad" y readecuó la pena, fijándola en diecinueve años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 142/164 vta.).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/188), que fue admitido por el Tribunal de Alzada de manera parcial, únicamente en lo que respecta al agravio de errónea aplicación del art. 119 cuarto párrafo inc. "b" del Código Penal (v. fs. 189/191 vta.).
En consecuencia, la defensa oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal respecto de las denuncias de índole constitucional rechazadas (v. fs. 202/206).
Esta Suprema Corte declaró procedente la presentación directa y admitió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo relativo al planteo de arbitrariedad por indebida fundamentación y errónea revisión de la sentencia de condena en punto al tratamiento dispensado a la denuncia de menoscabo de la defensa en juicio y el derecho al debido control de la prueba de cargo, por haberse admitido la incorporación por lectura de las declaraciones de R. E. R. y de la licenciada Graciela Toscano. También admitió el agravio vinculado a la arbitrariedad por indebida motivación, errónea revisión y vulneración de la defensa en juicio, el debido proceso, los principios de inocencia e in dubio pro reo y el derecho al recurso respecto de los agravios relativos a la acreditación de los hechos y su prueba (v. fs. 208/211).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 216/234 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 236), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial formuló los siguientes planteos:
I.1. En primer lugar, denunció arbitrariedad y violación al derecho de defensa por haberse incorporado por lectura prueba sin su control, por lo que solicitó la nulidad absoluta del pronunciamiento (v. fs. 174 vta.).
Puntualizó que las declaraciones testimoniales de R. E. R. y de la licenciada Toscano se incorporaron al juicio de manera ilegal, todo lo cual fue denunciado ante el Tribunal de Alzada, que descartó el planteo con base en fundamentos genéricos y dogmáticos que, como tales, descalifican la decisión por arbitraria. En su apoyo, citó el caso "Benítez" de la Corte nacional (conf. art. 18, Const. nac.; v. fs. 175/177 vta.).
De seguido, sostuvo que dicho déficit afectó el derecho a la revisión amplia del fallo de condena (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 178 y vta.).
En función de lo expuesto, solicitó que se case la sentencia y se declare la nulidad de la incorporación por lectura de las dos declaraciones testimoniales cuestionadas y la exclusión probatoria de todos los actos directamente derivados de ellas (v. fs. 178 vta.).
I.2. Como segundo agravio, tachó de arbitrario el fallo por indebida fundamentación, violación al derecho de defensa en juicio -derecho a ser oído-, debido proceso legal, afectación de la presunción de inocencia, del in dubio pro reo y del derecho al recurso (conf. arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; v. fs. 178 vta. y 179).
Alegó que se otorgó un poder desmedido a la inmediación y a las supuestas restricciones para controlar la valoración de los testimonios, incurriendo en arbitrariedad y afectando el principio de presunción de inocencia (conf. art. 18, Const. nac.; v. fs. 179/180).
Afirmó que la confirmación de la condena de M. no se sustentó en la existencia de certeza positiva que dé cuenta de su participación en los hechos (v. fs. 182).
De seguido, manifestó que "...la credibilidad de las víctimas se ha visto menguada en general y el recorte que al respecto efectúan los sentenciantes para creer en la versión que por ella[s] fuera brindada, sólo en ese tramo del relato, es lo que merece y debe ser cuestionado..." (fs. 182 vta.). A su entender, el modo en que se tuvieron por acreditados los hechos e identificado a su defendido no resulta razonable (v. fs. 183).
Aseveró que es esencial extremar los recaudos a los fines de analizar la credibilidad y suficiencia del relato de las víctimas, por ser prueba medular en este tipo de hechos; así como también cotejar estos testimonios con los restantes elementos de convicción en caso de que los hubiera, lo que -a su criterio- no acontece aquí (v. fs. 183 y vta.).
Refirió que "...la conclusión omi[tió] dar cuenta en forma motivada de las contradicciones, inconsistencias y ausencia de corroboración de algunos extremos de la materialidad infraccionaria, tal como es[a] defensa lo viene sosteniendo, más allá de la falta de precisión de la acusación formulada por la fiscalía -que pervive ante el pronunciamiento del a quo - toda vez que los hechos materia de juzgamiento encuentran su límite preciso en los términos descriptos en la materialidad ilícita..." (fs. 183 vta. y 184).
Denunció que no se abordaron los cuestionamientos efectuados al relato de la víctima y concluyó que la sentencia debe descalificarse por arbitraria (v. fs. 184/185).
Por tales motivos, pidió la revocación del fallo y la absolución de su asistido por no haberse conmovido el principio constitucional de presunción de inocencia.
I.3. Como tercer punto, planteó la errónea aplicación de la agravante prevista en el art. 119 cuarto párrafo apartado "b" del Código Penal (v. fs. 185).
Afirmó que, conforme la doctrina, el encargado de la guarda de la víctima es el que "...'... de modo regular (el simple encargo momentáneo de vigilancia no está comprendido) cuida la persona de aquélla, atendiendo sus necesidades o ciertos aspectos de éstas'" (fs. 185 vta.; v. también fs. 186; el destacado figura en el original).
En función de ello, sostuvo que corresponde descartar la agravante en cuestión porque M. nunca estuvo al cuidado de las víctimas (v. fs. 186).
Una vez más, descalificó por arbitraria la sentencia por haberse apartado de las constancias comprobadas en la causa.
A continuación, también criticó la "restante agravante" pues "...la convivencia preexistente [...] resulta una pauta a valorar siempre y cuando genere en la víctima un ámbito de confianza que es aprovechado por el victimario, circunstancia que no resulta acreditada en autos e incluso el a quo omite explicitar tales extremos en concreto" (fs. 187).
Concluyó que "...no existió un aprovechamiento de la convivencia preexistente, en razón de no preexistir una situación de convivencia, no siendo suficiente a dichos efectos la simple coexistencia de víctima y victimario en el mismo domicilio por un escaso lapso de tiempo. En efecto, el término convivencia alude a la circunstancia de vivir en compañía de otra persona, no pudiéndose establecer que por la mera circunstancia de alojarse circunstancialmente, coincidir esporádicamente, en dicho domicilio, pueda considerarse que víctima y victimario han convivido" (fs. cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar íntegramente el recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. La tacha de arbitrariedad en lo que respecta a la incorporación por lectura del testimonio de R. E. R. y de la licenciada Graciela Toscano, vinculada a la denuncia de violación del derecho de defensa y revisión amplia del fallo de condena, no procede.
Veamos.
III.1. Frente al agravio por la decisión de incorporar por lectura ambos elementos al juicio, el Tribunal de Casación Penal, en lo que respecta al informe de la licenciada Toscano, destacó que el órgano de mérito hizo lugar al pedido de incorporación con sustento en el art. 366 cuarto párrafo del Código Procesal Penal.
Explicó que se hallaba configurada la causal de inhabilitación para concurrir al juicio, conforme lo demostrado con la historia clínica de Toscano acompañada por el fiscal para fundar su petición "...situación que en el caso de autos no viene siquiera discutid[a] por el recurrente..." (fs. 152).
De la misma forma, desestimó las críticas relativas a la incorporación por lectura de la denuncia de R. R., padre de las víctimas M.R. y E.R. pues, una vez más, sostuvo que la decisión se fundó en las reglas del citado art. 366 párrafo sexto. Agregó que la denuncia en cuestión se valoró correctamente como un elemento corroborante de la versión de las niñas (v. fs. 152 vta. y 153).
Por último, aclaró que "...aun para el caso en que se le concediera razón a la recurrente, la hipotética exclusión de la denuncia o del informe psicológico [...] no podría nunca significar una variación en la conclusión condenatoria alcanzada por el Tribunal, toda vez que ella se sustenta suficientemente en el resto de la prueba analizada, que fuera recibida por el juzgador en el marco de la inmediación, y que no solamente consiste en los dichos de las víctimas respecto de los padecimientos que ellas mismas sufrieron, sino también [...] [en] que algunas de ellas han resultado testigos directos o de referencia de los abusos sufridos por otras de ellas" (fs. 153).
III.2. Ahora bien, los fundamentos de la sentencia de Casación no fueron rebatidos de manera eficaz por la defensa (conf. art. 495, CPP).
En efecto, en la vía extraordinaria el recurrente nada dijo respecto a las puntuales consideraciones del Tribunal de Alzada vinculadas con que el fiscal en su oportunidad solicitó la incorporación por lectura de tales piezas (informe psicológico y denuncia) por configurarse los supuestos específicos previstos en el art. 366 párrafos cuarto y sexto del Código Procesal Penal respectivamente.
De esta manera, la defensa oficial no se hizo cargo de controvertir el fundamento legal ni tampoco los presupuestos fácticos a los que se hizo referencia para excepcionar la regla de la oralidad, en particular, la situación de salud de la licenciada Toscano.
De igual forma, la cita del caso "Benítez" de la Corte nacional (Fallos: 329:5556) tampoco resulta eficaz, pues la parte no se hizo cargo de demostrar de qué manera lo allí resuelto sería aplicable al presente a pesar de las notorias diferencias fácticas entre ambos.
Cabe recordar que en dicho precedente se incorporó por lectura la totalidad de la prueba de cargo sin que en el juicio se produjera ningún otro elemento dirimente, mientras que acá -por el contrario- durante el debate se produjo un enorme caudal de prueba que la defensa pudo controlar y controvertir.
Vinculado con lo expuesto en el párrafo anterior, la defensa oficial tampoco conmovió la afirmación del Tribunal de Casación relativa a que incluso para el hipotético caso de que se excluyeran los elementos de prueba puestos en crisis, ello no cambiaría la suerte de lo decidido.
Lo expuesto evidencia la total insuficiencia del reclamo por genérico y dogmático.
Finalmente, atento a las consideraciones realizadas tampoco se vislumbra un déficit en la revisión del fallo de condena en este aspecto. La disconformidad de la parte con la decisión adoptada por el tribunal revisor no alcanza para demostrar una violación del derecho al recurso con los alcances que la Corte nacional le otorgó a partir de "Casal" (Fallos: 328:3399).
IV. Igual suerte corresponde a la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba, vinculada con la afectación del derecho de defensa en juicio, debido proceso, presunción de inocencia y revisión amplia de la sentencia de condena (conf. art. 495 cit.).
En efecto, las alegaciones de la parte relativas a que los testimonios de las víctimas incurrieron en inconsistencias y autocontradicciones no tiene un mínimo anclaje en las constancias del caso; la parte ni siquiera se encargó de abordar en particular el relato de cada una de las cuatro víctimas (M.R., E.R., V.C. y A.C.) sino que denunció contradicciones e inconsistencias sin especificar respecto de cuál o cuáles de ellas así como tampoco a qué tramos de los respectivos testimonios hacía referencia.
Veamos.
IV.1. De la lectura del fallo de Casación surge que, en primer lugar, se abordó lo acontecido en el marco de la causa 663.
En tal sentido, el órgano revisor destacó que con base en la prueba producida durante el debate e incorporada por lectura se tuvo por probado que "...sin poder precisar con exactitud las fechas y horarios, en el transcurso del año 2009 (con anterioridad al 20 de agosto de 2009 en que su padre [R. E. R.] denunció el hecho) y en el período comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y el 14 de noviembre de 2014 en que se denuncia[ro]n nuevamente, el aquí imputado D. J. M., en ocasiones y en períodos prolongados se encontraba a cargo de la guarda de las menores 'E.R.' y 'M.R.' y de sus hermanos 'G.R.' y 'B.R.', y en otras aprovechando la situación de convivencia preexistente con las niñas 'E.R.' y 'M.R.', que en ocasiones permanecían varios días seguidos viviendo con M., en el interior de la vivienda de calle … … … de la localidad de Mar de Ajó, abusó sexualmente en los períodos referidos y en reiteradas oportunidades tanto de 'E.R.' como de 'M.R.'. Los actos de abuso consistieron en tocamientos en las partes púdicas de las menores, lo que incluyó en algún caso introducción del pene en la boca de las menores, succión del sujeto activo de los órganos genitales de las niñas e incluso actos obscenos como exhibición de pornografía [...] respecto de 'E.R.', M. la llevaba desnuda a la cama con él, tocándola en todo el cuerpo y poniéndole el pene en la boca en al menos una oportunidad. Otras se colocaba chocolate en el pene para obligarla a que se lo succione, y grababa la escena. Asimismo, succionaba la vagina de la niña y le exhibía su pene tanto a ella como a sus hermanitas 'M.R.' y 'G.R.'. En cuanto a 'M.R.', se pudo reconstruir que abusaba de ella alzándola para llevarla a la cama, succionándole la vagina y el ano, obligándola a que lo bese en la boca. Además, le pedía que le succionara el pene ejerciendo sobre ella violencia física" (fs. 149 vta. y 150).
De seguido, la Casación mencionó que también se acreditó que E.R. y M.R., junto a su hermana y su hermano más chicos, eran dejadas por su madre en la casa del imputado "...casi diariamente, e incluso dormían allí muchas veces sin la presencia de su madre [...] M. conoció a la madre de los menores, M. R., cuando ésta se encontraba en situación de gran vulnerabilidad, pues había quedado sola a cargo de sus cuatro hijos de corta edad, sin trabajo ni casa, y [...] en esas circunstancias el imputado le proveía alojamiento en su casa, alimentos y cuidaba de los niños para que R. saliera a trabajar" (fs. 150).
Sentado ello, afirmó que tales hechos así como la autoría penalmente responsable de M. se probaron debidamente tanto con la prueba incorporada por lectura como con la producida durante el juicio (v. fs. cit.).
Puntualizó que se tuvo en especial consideración el testimonio de la víctima E.R., que dijo en el juicio que "M." la manoseaba y que a su hermana chiquita que tenía dos años "...'le chupaba ahí abajo'. Que su mamá decía que los llevaba a lo de M. porque tenía que trabajar, se quedaban mucho tiempo ahí, dormían ahí. Que a ella la tocaba todo el día y un día le puso el pito en la boca. Que le chupó la vagina a su hermana 'M.R.'. Que cuando se bañaban él entraba y las miraba, pero no las tocaba. Que a ella le metía el pito en la boca, pero nunca se lo chupaba" (fs. 150 vta.). Recordó también que, según la niña "...primero le contó lo que les sucedía a S., amigo o novio de su madre, y después a su mamá porque él le dijo que se lo cuente, pero que su mamá no le creyó. Después S. se lo contó a su papá y ahí hicieron la denuncia" (fs. cit.).
Resaltó que el dato cronológico aportado por E.R. consistió en que los hechos ocurrieron cuando tenía ocho años y estaba en tercer grado, en el año 2012. "Que ella vio que M. le mostraba el pito a su hermana 'M'. Relató también que M. le mostraba videos pornográficos, describiendo escenas de algunos de los que recordaba. Contó que [...] grababa todo lo que hacía con ellas, que tenía una cámara redondita de plástico que ponía arriba de la computadora con un cable que enchufaba a la computadora. Que las amenazaba siempre diciéndoles que si le contaban a la mamá iban a ir a un orfanato todos los hermanos" (fs. 150 vta. y 151). Apuntó que conforme su relato "...cuando ella iba a cumplir diez años las fue a buscar su papá por todo esto y se fueron a vivir a la casa de su abuela" (fs. 151).
Luego, el Tribunal de Alzada pasó a examinar los dichos de la niña M.R., que también declaró en el juicio y coincidió con su hermana en que eran dejadas en la casa del imputado y permanecían allí por mucho tiempo, incluso se quedaban a dormir en muchas oportunidades. "Contó situaciones de abuso que se condicen con lo relatado por su hermana, corroborando que el imputado les 'hacía cosas' ('una vez me chupó el culo' dijo, por ejemplo), les mostraba videos pornográficos y les quería mostrar su pito" (fs. cit.).
Sostuvo que M.R. coincidió con el relato de su hermana en que ello sucedió hasta que se fueron a vivir con su abuela, después de que su padre denunciara los hechos. "Que a su abuela ella le contó lo que les había pasado y después se lo contó al asistente social" (fs. 151).
En este punto la señora jueza Budiño, cuyo voto concitó la adhesión del señor juez Natiello, estimó que contrariamente a lo manifestado por la defensa, el testimonio de una de las víctimas corroboraba los abusos padecidos por la otra. "En efecto, la niña 'E.R.' declaró haber presenciado cuando el imputado le decía a su hermana 'M.R.' de 'hacer la chupadita' que eso era que le chupe el pito. Por lo que en este aspecto se trata de un testigo directo" (fs. 151 y vta.).
Adunó que también declaró en el juicio "...I. N. S., abuela de las víctimas y quien en la actualidad está a cargo de su guarda. Dijo que las niñas le contaron lo que les había ocurrido diciéndole que M. las manoseaba, les mostraba 'porno' y [...] sus genitales. Que 'E.R.' se lo había contado a la madre, pero no le creía" (fs. 151 vta.).
A ello se sumó el informe de la licenciada Toscano incorporado por lectura, que corroboró el testimonio de las víctimas y determinó la presencia de indicadores de abuso sexual en la infancia. Precisó que respecto de E.R., el informe resaltó también la ausencia de indicadores de fabulación o ideaciones motivadas o inducidas por adultos. Y que con relación a M.R., se remarcó su "...actitud pasiva, con escasa verbalización,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.