Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134805
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.805, "Miranda, Julia Raquel y Barrientos, Darío Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.607 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 26 de noviembre de 2019, hizo lugar -parcialmente- a los recursos homónimos interpuestos por las defensas de Julia Raquel Miranda y Darío Adrián Barrientos, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores que, los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar Miranda coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y alevosía, y autora del ilícito de evasión, en concurso real; y Barrientos, coautor de homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y alevosía, y autor responsable del delito de coacción agravado por el uso de armas en concurso real entre sí. En consecuencia, casó el fallo en el nivel de la calificación legal y tuvo a Miranda como coautora del delito de homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento y autora de evasión, en concurso real; y a Barrientos como coautor del delito de homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y autor responsable del delito de coacción agravada por el uso de armas en concurso real entre sí; manteniendo incólumes las demás cuestiones de la sentencia (v. fs. 151/165).
Contra esa decisión los defensores oficiales ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, en representación de Julia Raquel Miranda; y el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en defensa de Darío Adrián Barrientos interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/212 vta. y 214/219, respectivamente). Mediante resolución de 19 de noviembre de 2020, la Sala II del Tribunal de Casación, declaró parcialmente admisible el reclamo deducido por la doctora Biasotti, en favor de Julia Raquel Miranda, y declaró admisible el interpuesto por el defensor doctor Nolfi en favor del coimputado Darío Adrián Barrientos (v. fs. 238/242).
Interpuesta queja por la porción declarada inadmisible, que tramitó bajo el número P. 134.744-Q, esta Suprema Corte mediante resolución de fecha 16 de junio de 2021 la desestimó por improcedente (v. fs. 266/269).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 250/256), dictada la providencia de autos (v. fs. 258) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado en favor de Julia Raquel Miranda a fs. 171/212 vta.?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensa de Darío Adrián Barrientos a fs. 214/219?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación Penal a fs. 238/242, los agravios que corresponde abordar remiten a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 80 inc. 2, e inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal- (v. fs. 202 vta./206 vta., IV.3.), y sobre afectación a los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena e inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua (v. fs. 206 vta./210 vta., V.4.).
II.1. La recurrente denuncia la errónea aplicación del inc. 2 del art. 80 del Código Penal por no haberse acreditado con la certeza necesaria que requiere un pronunciamiento condenatorio que su asistida hubiese obrado con ensañamiento (v. fs. 81 y vta.).
Refiere que de la prueba reunida no se pudo acreditar ni la existencia del elemento objetivo ni el subjetivo de la referida tipicidad agravada.
Se queja porque el tribunal revisor consideró que el ensañamiento se configuró en virtud de los informes médicos que dan cuenta del modo en que fuera ultimada la víctima, lo que importó un aumento deliberado del padecimiento al que fuera sometida, acreditándose con certeza el dolo específico de la calificante: el querer el autor ese plus de sufrimiento -un plus subjetivo consistente en la producción deliberada de mayores padecimientos y que es dable probar aún mediante prueba indiciaria-, aunque, advierte la recurrente, sin mencionar cuál sería en el caso concreto esa prueba acreditante siendo que a su entender los informes médicos no expresan de modo concluyente ese sufrimiento extra y la indiciaria no aparece justificada (v. fs. 204/206, en relación con fs. 161 vta. de la sentencia casatoria). Además, estima que existe contradicción entre el fundamento con que el Tribunal de Casación descartó la alevosía, pero convalidó su encuadre como ensañamiento.
Argumenta que cuanto menos, por el principio in dubio pro reo, se aplicó erróneamente el art. 80 inc. 2 al caso, inobservándose el art. 79 del Código Penal.
II.2.a. Por otro lado, denuncia la afectación a los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena, planteando la inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua (v. fs. 206 vta., V.4.).
En este capítulo de su presentación, cuestiona el proceder sentencial adoptado por la Sala II del Tribunal de Casación en lo relativo a la revisión efectuada en materia de determinación de la pena en el caso en particular, extremo en el cual -considera- no se ha puesto en marcha el cuadro de exigencias que sobre el particular se desarrollaran en el fallo P. 87.172, sentencia de 3-VI-2009 de este Tribunal (v. fs. 206 vta. y 207).
Puntualiza que el tribunal revisor al confirmar la pena de prisión perpetua impuesta por el de grado inobservó los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 207).
Luego de transcribir lo decidido por el tribunal sobre el punto precisa que la actividad casatoria no se compadece con el deber de efectuar un juicio crítico sobre los aspectos controvertidos a efectos de poder constatar el error al sentenciar del a quo , denunciados por su parte.
Considera que el órgano intermedio con la competencia material abierta, se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin brindar fundamentos válidos para tal manera de obrar (v. fs. 209 vta.).
Se explaya sobre consideraciones vinculadas a la reprochabilidad por el acto, concluyendo que ella "...no puede asentarse en otra cosa que no sea un ilícito (conducta típica y antijurídica), a cuya magnitud la primera se adecua" (fs. cit.).
Trae a colación el precedente "Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago" (sent. de 21-VI-2002), del cual reproduce fragmentos (v. fs. 210).
De seguido plantea que para los homicidios previstos en el art. 80, el Código Penal impide al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, pues se limita a imponer indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando de tal modo lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto considera que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes.
Por tal motivo, insiste en afirmar que en casos como el de autos, al operar la pena absoluta de ese modo automático, dejando de valorar la proporcionalidad de la pena a la luz del juicio concreto de culpabilidad por el hecho, la sanción a imponer siempre resulta arbitraria (v. fs. 210 vta.).
Sostiene que tal modo de actuar afecta el principio de culpabilidad, por obligar a los jueces a tratar al imputado como una homogeneidad (no como un ser único), sometida a la aplicación ciega e indiferente de la pena. El art. 80 no permite individualizar la pena en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. cit.).
II.2.b. Por último, con relación a la pena a imponer sostiene que existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la de prisión perpetua, circunscribiéndose a otorgarle una sanción numérica, la que no podría superar los veinticinco años de prisión, por aplicación de los principios de culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley (arts. 16, 18, 28 y 33, Const. nac.), y de no ser ello receptado, solicita se declare su inconstitucionalidad en función de lo normado por los arts. 5, 40, 41 y 80 inc. 6 del Código Penal, por contradecir lo normado en los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 10.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al estatuirse -por vía de interpretación- una pena fija (v. fs. 211 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 250/256).
IV.1. La materialidad ilícita se tuvo por debidamente acreditada por ambas instancias en los siguientes términos: "...el día 8 de julio del 2015, en horario que no se puede determinar con exactitud pero con anterioridad a las 18.00 horas, Julia Raquel Miranda y Darío Adrián Barrientos-, se presentaron en la vivienda habitada por Jorge Luis Barrios, ubicada en calle Arcachón 1464 de la localidad de Ostende -Partido de Pinamar-, con el propósito de darle muerte. En tales circunstancias, le ocasionaron una lesión contuso cortante en las partes blandas del ojo izquierdo -el cual le faltaba desde tiempo atrás- y un traumatismo de cráneo, con hemorragia cerebral. Así aprovechando el estado de indefensión que ello generó, y con la finalidad de ocasionarle un sufrimiento extraordinario le produjeron más de cincuenta lesiones -en su mayoría punzo cortantes- mediante el uso de arma blanca, en la región anterior del tórax y en la cara, en el muslo, en el cuello, en la cabeza como así también escoriaciones [en] la cara y otras zonas de la superficie corporal. Finalmente le produjeron una herida que penetró en el tórax y lesionó la aurícula izquierda del corazón lo que le produjo una hemorragia de unos 200 cc en la cavidad pericárdica con taponamiento cardíaco que provocó el paro cardíaco y la muerte" (fs. 31 vta. y 32, sentencia de origen; y fs. 153 vta. y 154, Tribunal de Casación).
Frente a similar planteo que el aquí postulado por el impugnante en torno a las agravantes de alevosía y ensañamiento (v. al respecto el recurso de casación de fs. 82/93), el tribunal intermedio acogió favorablemente el agravio vinculado a la primera mencionada, y rechazó el restante.
En cuanto a la agravante de ensañamiento, única de interés en esta etapa, el Tribunal de juicio consideró que "...los sujetos activos al ocasionarle un traumatismo de cráneo -posiblemente con la sartén que se encontró a escasa distancia de su cuerpo- [...]. Y en esa situación, el haberle infligido cincuenta y siete lesiones -ese fue el número constatado en la diligencia de autopsia- sin duda ha estado intencionalmente dirigido a ocasionar un sufrimiento innecesario y extraordinario. Ello pone de manifiesto un mayor grado de crueldad de los sujetos activos, ya que teniendo en cuenta que eran dos los agentes que se presentaron ante la víctima alcoholizada y a quien ocasionaron aquel traumatismo craneano, es evidente que pudieron haber concretado el propósito homicida, sin causar ese cúmulo de lesiones en la superficie corporal, pero eligieron esa especial modalidad con el fin de aumentar su padecimiento" (fs. 50 y vta.).
A su turno, el revisor aludió al convalidarlo que dicha figura calificante del homicidio exige un aumento deliberado del padecimiento de la víctima, de suerte tal que la acción debe estar encaminada a matar haciendo sufrir, dado que "...debe quererse matar de un modo cruel justamente porque se busca, además de la muerte, ese 'plus' de sufrimiento o padecimiento" (fs. 161).
Puntualizó que ese plus subjetivo consistente en la producción deliberada de mayores padecimientos para la víctima, "...no obstante constituir una realidad psicológica generalmente no perceptible por vía de los sentidos de manera directa, igualmente debe ser acreditado, aunque fuere mediante prueba indiciaria" (fs. 161 vta.).
En ese sentido consideró que "...los informes médicos que dan cuenta del modo en que fue ultimado el occiso, fundamentan debidamente la posición del a quo sobre la manera de matar infligiendo sufrimientos innecesarios con relación al objetivo de quitar la vida" (fs. 161), en coincidencia con lo transcripto más arriba que resolviera el tribunal del juicio.
IV.2. Como lo adelantara, este planteo no puede prosperar.
IV.2.a. En primer lugar, cabe destacar que, si bien la defensa denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, lo cierto es que sus desarrollos se encuentran dirigidos a cuestionar la valoración de los elementos de prueba tenidos en cuenta para la configuración del ensañamiento en el homicidio (art. 80 inc. 2, Cód. Penal), planteos que -por regla- escapan al ámbito de conocimiento de esta Suprema Corte, salvo supuestos excepcionales que, no han sido evidenciados (art. 494, CPP).
En efecto, los argumentos traídos por la defensa de Julia Miranda a lo largo de su presentación recursiva dirigidos a impugnar ese encaje legal se limitan a exponer una posición contraria a lo decidido por el Tribunal intermedio, haciendo hincapié fundamentalmente en que a partir de la prueba ponderada no se pudo acreditar con certeza que Miranda tuvo la intención de provocar un sufrimiento innecesario a la víctima, pese a la constatación, en particular a partir del informe de autopsia, de la cantidad de heridas infligidas a la víctima hasta su efectiva muerte, según se describiera. Y en ello no se aprecia la arbitrariedad que predica del pronunciamiento en crisis.
En suma, la defensa no logra revertir que, como señaló el propio órgano casatorio, en coincidencia con el tribunal de grado, el ataque emprendido contra la víctima, junto con otro interviniente, en el contexto y modo en que fue llevado a cabo, implicó un plus de sufrimiento innecesario para el logro del resultado típico -muerte- (doctr. art. 495, CPP).
IV.2.b. Por lo demás, la recurrente tampoco logra desvirtuar el fallo en cuanto confirmó la aplicación al caso de la figura de homicidio calificado por ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal) por el cual viene condenada su asistida.
A pesar de lo alegado por la defensa, el suceso descripto en ambas instancias y los elementos de prueba referenciados dan cuenta sobre la concurrencia de los elementos tanto objetivo y subjetivo que requiere la figura del homicidio con ensañamiento (art. 80 inc. 2, Cód. Penal).
En particular, tengo dicho merced a lo votado en el precedente P. 123.200, sentencia de 26-X-2016, que si bien el número y la profundidad de las lesiones no necesariamente desplaza el homicidio simple hacia la figura calificante del art. 80 inc. 2 del Código Penal, en el caso, el elemento objetivo de la circunstancia agravante, constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar la muerte, que aumentaron el dolor o sufrimiento de la víctima, no puede negarse.
Y, en lo que concierne al elemento subjetivo sobre el que particularmente se suscita la disputa, este consiste en que el exceso cruel que objetivamente condujo a su deceso debe estar representado subjetivamente. Esto es, el autor debe ejecutar de modo consciente actos que exceden el propio derechamente de matar (delito de homicidio simple), en tanto provocan un plus consciente de sufrimiento de la víctima, sin ninguna otra exigencia subjetiva.
Así, autorizada doctrina sostiene que para que opere la agravante no debe demostrarse que quien lo hizo lo realizó para satisfacer una tendencia sádica o particularmente perversa o de especial "gozo" por el sufrimiento de la víctima, bastando desde el componente subjetivo con lo arriba indicado (Creus-Buompadre; Derecho Penal, Parte especial , Tomo I, Astrea, Bs. As., 2007, pág. 19, conf. causa P. 123.200, cit.).
En el caso que nos ocupa, la recurrente no demuestra que la realización consciente de Miranda respecto de la modalidad empleada para causar la muerte de la víctima no abastezca la calificación aplicada, a tenor de lo dicho en ambas instancias del juicio. Pues, en el referido contexto secuencial en el que el ataque tuvo lugar, la cantidad de puñaladas realizadas -alrededor de cincuenta- demostraron ese plus de sufrimiento. También por ello, los elementos típicos se encuentran satisfechos.
IV.3. En cuanto al principio in dubio pro reo , en atención a su eventual raigambre federal, cabe señalar que el reclamo se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí justificar en tanto de la reseña efectuada se advierte que el sentenciante de origen y el tribunal revisor no albergaron duda alguna respecto de la acreditación en el caso de los elementos del tipo como para justificar la aplicación de la agravante contenida en el inc. 2 del art. 80 del Código Penal.
Resultado de todo lo expuesto, debe mantenerse la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria.
V.1. Tampoco debe prosperar la denuncia respecto a que la pena de prisión perpetua conlleva la vulneración a garantías constitucionales y convencionales, solicitando por ello su inconstitucionalidad.
Ante similar reclamo llevado en el recurso de casación (v. fs. 92/93 y puntualmente fs. 121 vta./123), el tribunal revisor descartó que la prisión perpetua vulnere los principios que denuncia desestimando el reclamo por la inconstitucionalidad en el caso (v. fs. 161 vta./163 vta.).
Cabe señalar que ante el desvalor del acto que se aprecia en la conducta reprochada, la recurrente no se encarga de demostrar por qué la pena de prisión perpetua sería inadecuada y desproporcionada respecto de la culpabilidad del autor.
En definitiva, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. CSJN Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no pasa de ser un planteo teórico, en tanto no realiza un estudio circunstanciado del injusto para, de ese modo, intentar evidenciar que la sanción aplicada sería contraria a las normas constitucionales o convencionales que menciona (conf. precedente P. 120.347, sent. de 15-X-2015 de esta Suprema Corte).
Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" ("Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa n° 1174-" expte. letra M n° 1.022, Libro XXXIX), sostuvo que la pena perpetua es absoluta y por lo tanto, no ex
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