Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134955
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 134.955-RC, "Gutiérrez, Osvaldo Daniel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.135 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 134.886-Q, "Gutiérrez, Osvaldo Daniel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 96.135 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 13 de octubre de 2020, integrada por los jueces Violini, Borinsky y Maidana, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por la defensa particular de Osvaldo Daniel Gutiérrez contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Bahía Blanca que -luego de rechazar el pedido de extinción de la acción penal y la denuncia de violación al plazo razonable de duración del proceso- impuso al nombrado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse como médico, más el cumplimiento de las reglas de conducta y costas del proceso, todo ello, en el marco del reenvío dispuesto por esa misma Sala -integrada en ese entonces por los jueces Carral y Sal Llargués- que, con fecha 25 de junio de 2013, revocó el veredicto absolutorio oportunamente dictado por el tribunal de mérito y lo condenó por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, reenviando a la instancia para la determinación judicial de la pena (v. fs. 229/245).
En consecuencia, el Tribunal de Alzada, tras rechazar los planteos de prescripción de la acción penal y violación al plazo razonable de duración del proceso, casó la sentencia y readecuó la sanción en un año y diez meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para desempeñarse como médico por cinco años, con más las reglas de conducta impuestas en la instancia de origen (v. fs. cit.).
Frente a lo así resuelto, los defensores particulares, doctores Andrés Bouzat y Fernando Díaz Cantón, presentaron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 261/336 vta.).
El Tribunal de Casación, el 16 de marzo de 2021, admitió parcialmente el recurso; por un lado, concedió los agravios vinculados con la insubsistencia de la acción penal por violación al plazo razonable de duración del proceso, arbitrariedad por violación de las garantías de presunción de inocencia e in dubio pro reo, debido proceso y defensa en juicio; y, por el otro, desestimó las críticas en torno a la arbitrariedad e infracción al principio de legalidad, vinculadas al pedido de prescripción de la acción penal, por estimar que no trascendían de una mera opinión discrepante con tópicos de hecho, prueba y derecho común (v. fs. 345/351 vta.).
La defensa particular dedujo queja (v. fs. 371/409).
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 7 de octubre de 2021, declaró procedente la queja y admitió el tramo del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley vinculado con denuncias constitucionales y la tacha de arbitrariedad relacionada a la desestimación del pedido de prescripción de la acción penal (v. fs. 414/419).
Oído el señor Procurador General a fs. 432/444 vta., dictada la providencia de autos a fs. 447 y vta., presentada la memoria de la defensa particular a fs. 452/460 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los defensores particulares, doctores Andrés Bouzat y Fernando Díaz Cantón, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley plantean los siguientes agravios:
I.1. En primer término, la violación del principio de legalidad y arbitrariedad normativa en lo concerniente a la interpretación extensiva de las causales de interrupción y suspensión del curso de la prescripción (art. 18, Const. nac.).
Los defensores cuestionan que el Tribunal de Casación Penal no declaró la prescripción de la acción penal pese a que, desde el auto de citación a juicio (20-XII-2011), transcurrieron más de cinco años sin que se interrumpa o suspenda el curso de la prescripción.
Sostienen que no es acertado tomar como acto interruptivo la sentencia de fecha 25 de junio de 2013 del Tribunal de Casación Penal que revocó la absolución y ordenó el reenvío para la determinación judicial de la pena, pues -explican- únicamente reviste carácter interruptor, conforme lo previsto en el art. 67 inc. "e" del Código Penal, el pronunciamiento completo con la correspondiente imposición de pena. En su apoyo, citan las causas P. 90.519, P. 104.737 y P. 124.470 de esta Suprema Corte.
En función de ello, afirman que la prescripción de la acción penal ocurrió el 20 de diciembre de 2016 (v. fs. 297 vta.).
Asimismo, alegan que el fallo en crisis omitió tratar adecuadamente los argumentos conducentes para la solución del caso y fundó su decisión con sustento en fallos de la Corte nacional erróneamente citados, todo lo cual afectó el debido proceso y derecho de defensa (v. fs. 297 vta.).
De seguido, cuestionan la errónea aplicación del art. 67, segundo párrafo del Código Penal y el quebrantamiento del debido proceso y del principio in dubio pro reo , por haberse desestimado el pedido de prescripción de la acción penal con sustento en que operó una causal de suspensión en tanto el delito se cometió en ejercicio de la función pública (v. fs. 298).
Indican que el Tribunal de Alzada introdujo un argumento novedoso para rechazar la prescripción de la acción, insistiendo en que, aun tomando como acto interruptivo la sentencia incompleta que el 25 de junio de 2013 revocó el fallo absolutorio, también estaría prescripta la acción penal. Frente a tal situación, señalan que el órgano revisor adujo de manera sorpresiva que el delito fue cometido en el ejercicio de la función pública por el imputado y que su ulterior permanencia en el cargo público impidió que la prescripción operara (v. fs. 298 y vta.).
A su entender, no se demostró que el delito se haya cometido en el ejercicio de la función pública, pues el solo hecho de que Gutiérrez fuera médico de un hospital público no resulta suficiente para tener por configurada la causal de suspensión de la prescripción. Insisten con que, para ello, no basta con que el autor del presunto delito ocupe un cargo público, sino que es indispensable que el delito lo cometa en un ejercicio de función pública. Citan las leyes 26.097 y 24.759 y sostienen que el caso de autos no está abarcado por estas (v. fs. 299/300).
Concluyen que se afectó el principio in dubio pro reo y el debido proceso por falta de debida fundamentación en lo que respecta a la configuración de la causal de suspensión del curso de la prescripción (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2., CADH; 11.1., DUDH; 14.2., PIDCP; 67, párrafo segundo, Cód. Penal; v. fs. 301/302).
Por otra parte, tachan de arbitraria y tardía la afirmación de que el curso de la prescripción de la acción penal se encuentra suspendido, pues ello -a su entender- quebrantó los derechos de defensa, al recurso y la igualdad ante la ley (v. fs. 306).
Refieren que, a lo largo del expediente, nunca se planteó la posibilidad de que el curso de la prescripción pudiera estar suspendido, sino que dicho argumento recién lo introdujo el Tribunal de Casación Penal, luego de diecinueve años de proceso penal sin que haya sido ni siquiera mencionado en las instancias previas ni advertido tampoco en el dictamen fiscal ante el órgano casatorio (v. fs. 306 vta./308).
Finalmente, alegan que el temperamento adoptado por el órgano casatorio afectó el derecho al recurso pues, dado que únicamente la defensa apeló el fallo de condena, la introducción de un nuevo argumento en su contra en la etapa recursiva afectó su derecho a la revisión amplia del mismo (conf. arts. 8.2.h., PIDCP y 14.5., PIDCP; v. fs. 308 vta./310).
I.2. En segundo lugar, los defensores cuestionan la desestimación del planteo de afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1., CADH; y 9.3., PIDCP; v. fs. 310 y vta.).
A tal fin, detallan los siguientes acontecimientos relevantes del caso (v. fs. 311 vta./312 vta.):
El hecho objeto del proceso (muerte de Francisca Leiva) se produjo en octubre de 2001, habiendo transcurrido más de diecinueve años a la fecha en que se interpuso el recurso extraordinario.
El primer llamado a prestar declaración indagatoria fue el 15 de marzo de 2005, esto es, un año antes de que opere el plazo de prescripción de 5 años previsto para el delito reprochado.
La requisitoria de elevación a juicio se realizó el 12 de marzo de 2010, "...a casi diez años [de la comisión del hecho], lo que equivale a dos veces el plazo de la pena máxima prevista en abstracto".
El auto de citación a juicio se formuló el 20 de diciembre de 2011, a diez años del hecho investigado.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por mayoría, el 10 octubre de 2012, dictó veredicto absolutorio respecto de Gutiérrez por el delito de homicidio culposo.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 25 de junio 2013, hizo lugar al recurso del particular damnificado, revocó la absolución y condenó a Gutiérrez como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, reenviando las actuaciones al órgano de mérito para la determinación judicial de la pena.
El 12 de agosto de 2013, la defensa presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado por inadmisible por la Suprema Corte con fecha 15 de junio de 2016 por falta de definitividad del fallo.
El 1 de agosto de 2016, la defensa dedujo recurso extraordinario federal, que fue también desestimado por la Suprema Corte el 25 de octubre de 2017.
Luego de transcurridos diecisiete años del hecho, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, el 8 de noviembre de 2018, en el marco del reenvío ordenado por la Casación, desestimó el pedido de prescripción por violación al plazo razonable de duración del proceso y le impuso a Gutiérrez la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse como médico, más el cumplimiento de las reglas de conducta y costas del proceso.
"Luego de dos años y dos meses de dicha sentencia (es decir, un lapso de tiempo mayor al de la sanción de prisión impuesta)", el Tribunal de Casación Penal, el 13 de octubre de 2020, redujo la pena a un año y diez meses de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación especial.
Contra la sentencia del año 2013 que declaró la culpabilidad, integrada con el fallo del año 2018 que rechazó el planteo de prescripción e impuso pena, el 27 de octubre de 2020, esa defensa presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Asimismo, resaltan que el hecho es de relativa sencillez en función de las medidas probatorias llevadas a cabo en la investigación, que Gutiérrez es el único acusado -aclarando que solo hubo otra persona imputada hasta la elevación a juicio-, y que no existió actividad dilatoria por parte de la defensa, ya que los únicos recursos extraordinarios interpuestos fueron contra la decisión que revocó la absolución (v. fs. 311/312).
Sentado ello, sostienen que la etapa recursiva -hasta ese entonces- se extendió por más de ocho años "...y existen serios motivos para suponer que, como mínimo, se deberán transitar otros cuatro o cinco hasta agotar las instancias judiciales que restan en la órbita provincial y nacional" (fs. 312 y vta.).
Por ello, apuntan que su defendido viene soportando una duración irrazonable del proceso, sin haber entorpecido la investigación ni el juzgamiento y estando siempre a derecho. En su apoyo, citan los fallos "Mozzatti", "Bartra Rojas", "Casiraghi", "Kipperband", "Barra", "Podestá", "Espíndola", entre otros de la Corte nacional (v. fs. 312 vta./317).
Postulan que resulta irrazonable responsabilizar a la defensa por los recursos interpuestos contra la revocación de su absolución y más aún que, si se sostiene que eran vías inadmisibles, se justifique que las autoridades judiciales hayan tardado cuatro años en rechazar las supuestas impugnaciones indebidas, ya que, si tan inadmisible eran, debieron haber sido rechazadas in limine y no cargarse la exagerada demora en resolver en la cuenta del recurrente, por el solo hecho de haber ejercido sus derechos (v. fs. 314).
Frente al excesivo tiempo que insumió la investigación penal preparatoria y la etapa de juicio, vuelven a recalcar que el hecho no revistió complejidad -ni por la materia de juzgamiento, ni por la cantidad de personas involucradas, ni tampoco por las medidas de prueba materializadas-, concluyendo que la prolongada duración del proceso se explica por la demora de la actividad jurisdiccional (v. fs. 314).
A sí pues, tachan de arbitraria la decisión de la Casación que descartó el planteo de afectación al plazo razonable de duración del proceso con el argumento de que no se cumplieron las exigencias legales para declarar la prescripción de la acción penal, en tanto la conculcación de dicha garantía es independiente al régimen de la prescripción. Citó extractos de los fallos "Espíndola" y "Farina" del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 315/318).
I.3. Finalmente, para el caso de no prosperar los planteos anteriores, los defensores particulares denuncian la violación de la presunción de inocencia, del principio in dubio pro reo y tachan de arbitraria la valoración de los hechos y la prueba (conf. arts. 1, 18 y 33, Const. nac.).
Según su criterio, la prueba recabada en el caso solo podía conducir a la duda en favor del imputado, pero ello fue soslayado en las instancias anteriores. Además, atribuyen arbitrariedad a lo afirmado por la casación en cuanto a que Gutiérrez creó con su conducta un riesgo no permitido, y estiman que se realizó una valoración irrazonable de la prueba considerada y se prescindió de otras dirimentes para el caso, que llevó a aplicar erróneamente el tipo penal endilgado.
II. El señor Procurador General aconseja el rechazo del recurso deducido en su totalidad (v. fs. 432/444 vta.).
III. En la memoria presentada ante esta Suprema Corte, los defensores particulares agregan, con relación a la denuncia de violación a la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que el proceso penal lleva más de veinte años, "...circunstancia que, según la jurisprudencia del Máximo Tribunal, basta para declarar extinguida la acción". Asimismo, insisten con que la convocatoria a prestar declaración indagatoria se hizo "...al filo de la prescripción" y que el requerimiento de elevación a juicio se formuló luego de nueve años de ocurrido el hecho cuando la investigación fue relativamente sencilla y con un único imputado (v. fs. 453 y vta.).
Reiteran que la defensa no realizó maniobras dilatorias y que los recursos extraordinarios contra la sentencia que revocó la absolución y la que impuso la pena hacen al legítimo ejercicio del derecho de defensa (v. fs. 453 vta.).
Indican que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida en el 2013, recién fue declarada inadmisible por esta Suprema Corte en el año 2016; que, de igual manera, en el año 2017, se desestimó por inadmisible el recurso extraordinario federal. Ante tal situación, critican que para rechazar ambas impugnaciones por inadmisibles se demoró cuatro años (v. fs. 453 vta. y 454).
De seguido, cuestionan los argumentos de la Procuración General relativos a que como el curso de la prescripción de la acción estaba suspendida por ocupar el imputado un cargo público, no tenía ninguna incidencia analizar la afectación del plazo razonable de duración del proceso, pues ello se contrapone expresamente con lo resuelto por la Corte nacional en el precedente "Oliva Gerli" (Fallos: 333:1987) y no se hace cargo de los más de veinte años de proceso penal en trámite (v. fs. 454 y vta.).
Por último, reeditan las críticas llevadas en el carril extraordinario en cuanto a la aplicación al caso de la causal de la suspensión del curso de la prescripción por el supuesto carácter de funcionario público (v. fs. 455 y vta.).
IV. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso es procedente (conf. art. 496, CPP).
V. Sin perjuicio de las consideraciones que cabría formular en cuanto a la tacha de arbitrariedad en el tratamiento del pedido de prescripción de la acción penal y a la denuncia de violación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio y sus derivados, por haberse introducido recién en la etapa casatoria el argumento novedoso y sorpresivo de la configuración de una causal de suspensión del curso de la prescripción (conf. art. 67, segundo párrafo, Cód. Penal) -cuando la única parte recurrente había sido la defensa-, por cuestiones de economía procesal y a los fines de no continuar dilatando el trámite de la presente, se abordará -sin más- la denuncia de violación al plazo razonable de duración del proceso, cuya configuración en el caso se advierte de manera evidente (conf. art. 2, Cód. Penal).
VI. Tal como se adelantara, el agravio vinculado a la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. pto. I.2.) es procedente (art. 496, CPP).
VI.1. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación Penal afirmó que, entre la sentencia de ese órgano que revocó el veredicto absolutorio y condenó a Gutiérrez en orden al delito de homicidio culposo (sent. de 25-VI-2013) y la que fijó la pena (sent. de 8-XI-2018), transcurrieron más de cinco años, período durante el cual "...sucedieron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires del 15 de junio de 2016 y del 25 de octubre de 2017" (fs. 233 y vta.).
De ello extrajo que "...'la actividad procesal del interesado' -a través del tránsito por vías [extraordinarias] inadmisibles- insumió una demora del orden de los cinco años, lo que obsta la procedencia de la insubsistencia de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, al no darse los indicadores a tal fin delineados por la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] que fueron invocados por el propio impugnante" (fs. 233 vta.).
VI.2. El temperamento adoptado por el Tribunal de Alzada no puede ser convalidado.
En efecto, como acertadamente lo denuncia la parte, el proceso penal lleva más de veintiún años de tramitación y, más allá de que se ha dictado una sentencia condenatoria que fue confirmada, el procedimiento aún no ha concluido en tanto la decisión no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, persistiendo de ese modo la situación de incertidumbre que ello implica.
En sintonía con lo alegado por la defensa, y por los motivos que seguidamente se expondrán, considero que en las presentes actuaciones se afectó el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas.
VI.3. Como es sabido, en la actualidad, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene expresa tutela constitucional, al encontrarse previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 7.5. y 8.1.), en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Ho
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.