Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135234
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.234, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 91.901 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Ledesma, Roberto Ariel", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria .
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante sentencia del 17 de abril de 2018, por mayoría, dictó veredicto absolutorio respecto de Roberto Ariel Ledesma por el delito de homicidio doblemente calificado -tres hechos- por el que fuera acusado, y declaró la prescripción de la acción penal respecto del delito de tenencia ilegal de arma de guerra (v. fs. 31/46 vta.).
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de marzo de 2020, rechazó el recurso fiscal deducido contra la decisión antes referida, confirmando el veredicto absolutorio (v. fs. 105/115).
Frente a ello, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/123 vta.), que resultó admitido por dicho órgano (v. fs. 126/128 vta.).
El señor Procurador General sostuvo la impugnación fiscal y propició su acogimiento (v. fs. 189/198) y la señora defensora oficial adjunta a cargo interinamente de la Defensoría de Casación Penal presentó la memoria prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 206/211). Dictada la providencia de autos (v. fs. 200) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció arbitrariedad del fallo impugnado por fundamentación aparente y déficit de motivación, y por haberse extraído de ciertas piezas probatorias una conclusión que no surgía abiertamente de sus contenidos (v. fs. 119).
En esa línea, indicó que, a partir del análisis correcto de los dichos vertidos por el testigo presencial de los hechos Walter Javier González Ramos, se llegaba sin duda a la conclusión incriminatoria de Ledesma. Según su criterio, ese testimonio daba cuenta de la intervención de Ledesma en los hechos, incluso señalando en un croquis su posición en la secuencia delictual, por lo que las contradicciones indicadas por el revisor -que en realidad el fiscal no advirtió- en modo alguno podían redundar en una falta de credibilidad de su relato (v. fs. cit.).
Recordó que González Ramos -en oportunidad de prestar declaración indagatoria, siendo finalmente desvinculado del hecho- indicó con claridad que los atacantes eran cinco, que estaban armados (uno con una escopeta y los otros con armas de puño), que rodearon el auto en el que viajaba junto a una de las víctimas, que conocía a los atacantes por ser del barrio -refiriéndose a uno de ellos como "Ariel"-, y que también sabía que el auto del imputado Ledesma era un "Taunus celeste con un dibujo en el capot", aunque no lo vio en las inmediaciones del lugar del hecho. Cuestionó que el Tribunal de Casación Penal hubiera restado entidad al relato de González Ramos bajo el entendimiento de que no había logrado identificar al imputado como uno de los autores de los hechos (v. fs. 119 vta.).
A su entender, un análisis contextualizado de la prueba permitía inferir sin esfuerzo que, cuando el testigo mencionó a "Ariel" en su exposición y luego -inmediatamente- respondió preguntas sobre el automóvil de Ledesma, siempre se refería a la misma persona (v. fs. 120).
También denunció que ese testimonio fue fragmentado en lo tocante al rol que habría ocupado el imputado en los hechos. Así, rememoró que el testigo había referido con claridad que los atacantes eran cinco, que les pidieron que se bajen del auto apuntándolos con armas de fuego, colocándose tres adelante y dos atrás, que el apodado "Pedo" tenía una escopeta y los otros tenían armas de puño, que todos dispararon contra Fuchs, graficando, para más, el lugar de ubicación del rodado abordado y los movimientos que habría realizado "Ariel" en el hecho. Frente a ello, estimó que esa prueba había sido valorada de manera parcial -también en ese aspecto- por el órgano revisor (v. fs. cit.).
En orden a las contradicciones que la casación encontró entre los dichos vertidos por González Ramos, Pereyra y Rosales, advirtió que comparar tales testimonios fue un yerro sentencial, toda vez que se puso en pie de igualdad y con idéntico peso convictivo las expresiones de quien fue testigo privilegiado del hecho (González Ramos se encontraba dentro del automóvil junto al Sargento, finalmente asesinado) con las de aquellos testigos que percibieron los acontecimientos desde otras perspectivas (dentro de sus moradas y a través de una mirilla de la pared; v. fs. 120 vta.).
Concluyó que los tres testimonios no resultaron contradictorios, sino más bien coincidentes: González Ramos y Rosales dijeron que vieron cinco atacantes, mientras que la testigo Pereyra, inmediatamente luego de mencionar que había visto a tres personas armadas, aclaró que podían ser más pero que no podía precisarlo, circunstancia desoída por el órgano casatorio para justificar la duda acerca de la participación de Ledesma en el hecho y acompañar lo decidido por el tribunal de mérito (v. fs. 120 vta. cit. y 121).
Por otro lado, se quejó del desmérito otorgado por el tribunal intermedio al testimonio de Eulogio Jesús Velardez -amigo de los condenados por el hecho- porque solo había aportado meras referencias acerca de quienes estuvieron en el lugar.
Recordó que Velardez manifestó haber escuchado de sus amigos -en particular de Damián Pawluk- que en el lugar de los hechos estuvo "Ariel", que no sabía su apellido, pero sí que tenía un Taunus azul con una mujer pintada en el capot, reconociendo luego al imputado Ledesma como el referido "Ariel". En consecuencia, tildó de superflua la labor del revisor, ya que debió prestar especial atención a dicho testimonio que, pese a poder ser considerado "de oídas", lo declarado lo había escuchado de uno de los propios autores del hecho por la amistad que los unía y corroboraba también la versión dada por el testigo González Ramos con relación al número de intervinientes y sus identidades, robusteciendo así su credibilidad (v. fs. 121).
Seguidamente, aludió a la versión exculpatoria ensayada por Ledesma, quien había explicado que en realidad estuvo en el lugar de los hechos, pero no con los atacantes sino con los chicos peruanos que se encontraban en la esquina vendiendo droga y fueran luego muertos; lo que -según el fiscal- se contraponía con los dichos de todos los testigos que fueron coincidentes en señalar que las víctimas eran solo dos (los peruanos), que estaban en el piso pidiendo clemencia y que nadie más había allí -previo a la llegada del automóvil- ni en el suelo ni junto a ellos que no fuera parte integrante del grupo atacante (v. fs. 121 vta.).
Respecto a los dichos de Roberto Fernández, a partir de los cuales la casación extrajo la posibilidad de que el imputado efectivamente hubiera estado junto a las víctimas, el impugnante indicó que mal podía referirse el testigo a los "tres peruanos" y ello tomarse como duda respecto de que uno de ellos era Ledesma, pues éste era argentino y en ningún momento el testigo lo identificó como a esa otra persona, aunque sí logró identificar a los otros dos (v. fs. cit.).
Agregó que el revisor omitió adentrarse en el tratamiento de una prueba de cargo de relevante peso convictivo, esto es, la circunstancia de haber hallado a Ledesma, a pocas horas de acontecido el hecho, con el arma -y un cargador con 20 proyectiles intactos- de una de las víctimas (el Sargento Fuchs) mientras viajaba a bordo de su Ford Taunus (v. fs. 122).
Mencionó que el argumento dado por Ledesma, en cuanto a que el arma intentó venderla al padre de un amigo que era policía, no había sido más que un intento de mejorar su situación procesal, ya que luego no pudo brindar el nombre de esa persona y de su amigo solo sabía que se llama "Raúl", pero no dónde ubicarlo (v. fs. cit.).
Concluyó que el fallo apelado careció de motivación suficiente y resultó violatorio de las garantías constitucionales del debido proceso legal (art. 18, Const. nac.), apartándose deliberada e infundadamente de las constancias de la causa y prescindiendo de elementos de prueba conducentes, lo que denotó su labor aparente (v. fs. 122 vta.).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso y propició su acogimiento (v. fs. 189/198).
III. Disiento con su opinión, el remedio no prospera.
Las alegaciones que porta la pieza impugnativa -y que se pretenden apoyar en la doctrina de la arbitrariedad por fundamentación aparente, valoración parcial y fragmentada de la prueba- no logran superar una mera discrepancia con el criterio de la casación, sin evidenciar los déficits de motivación que le reprocha al pronunciamiento, ni una administración irrazonable del principio favor rei.
Contrariamente a lo sostenido por la parte, la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan esa tacha (conf. doctr. Fallos: 301:909; 319:1728, e.o.), de modo que, aun frente a las reglas que gobiernan este tipo de casos, no ha sido posible corroborar con la certeza requerida para un juicio de condena, la hipótesis acusatoria. Media, pues, insuficiencia impugnativa (arts. 495, CPP y 15, ley 48).
III.1. De acuerdo con el fallo originario, el sentenciante tuvo por acreditado que "...el 1 de febrero del 2002 en horas de la madrugada, en la esquina de la calle Amat y Hoerts de la localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, al menos tres personas del sexo masculino, mayores de edad, mediante intimidación con el empleo de armas de fuego se apoderaron ilegítimamente de las zapatillas que pertenecían a Manuel Fernando Limache Grijalva y Luis Abelardo Limache Grijalva, presentándose en ese momento un rodado en el que viajaban por lo menos tres sujetos entre los que se encontraba el sargento primero Leonardo Fuchs de la Policía de esta Provincia, ante lo cual para lograr su impunidad efectuaron disparos contra él mismo que le ocasionaron la muerte, apoderándose ilegítimamente del arma reglamentaria Browning pistola calibre 9mm N° 279.871 y la pistola calibre 9mm Smith Wesson N° KJF 4906 que portaba, con las cuales se dieron a la fuga y asimismo dispararon contra los mencionados precedentemente quienes como consecuencia de las lesiones perdieron la vida" (fs. 31 vta.).
El órgano de juicio, si bien tuvo por probado el suceso mencionado, por mayoría, no encontró acreditada la autoría responsable del imputado Roberto Ariel Ledesma, por el delito de homicidio doblemente calificado -tres hechos- por el que fuera que fue intimado.
Para así decidir, el juez Conti, que concitó la adhesión del juez Pianta, apreció el testimonio de Eulogio Jesús Velardez, quien esencialmente hizo alusión a los comentarios que le había hecho Damián Pawluk acerca de las personas que estuvieron en el lugar del hecho, señalando entre ellos a "Ariel" de quien no sabía el apellido, pero sí que andaba en un Taunus azul que tenía una mujer en el capot (v. fs. 39).
Ponderó la declaración del imputado Ledesma, en la que negó su participación en el hecho brindando una versión de lo sucedido y explicaciones de las circunstancias por las que fue encontrado con el arma de una de las víctimas y de los motivos por los que no había declarado antes, y dio cuenta de haber hecho una denuncia por agresión al personal policial (v. fs. 39/40).
En esa senda, señaló que sus dichos se vieron fortalecidos y corroborados con el contenido de la IPP n° 290.171, de la que surgía la denuncia por apremios ilegales realizada el 5 de febrero de 2002 en donde manifestó el modo torturante por parte del personal policial interviniente, y también las actuaciones en las que consta su negativa a declarar luego de las entrevistas que mantuvo con su defensora (v. fs. 40 cit.).
Con relación al testimonio prestado por Roberto Fernández, destacó que fueron solo dichos de oídas, que no observó las secuencias del hecho ya que no salió de su casa y solo escuchó corridas por las inmediaciones de su vivienda, pero afirmó que vio a los "tres peruanos" alrededor de la 01:00 de la madrugada antes de ingresar a su domicilio, y que recién salió y vio tirados en el piso a dos de los tres peruanos; todo lo cual instaló dudas sobre que este tercer sujeto fuera efectivamente Ledesma, como lo dijo él mismo durante el debate (v. fs. 40 vta.)
De seguido, analizó pormenorizadamente el relato de Walter Javier González Ramos llevado a cabo en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, quien estuvo presente al momento de los sucesos en el interior del auto junto con Fuchs y el Tucumano, quienes se dirigieron al lugar a comprar droga a los peruanos. Rememoró lo ocurrido esa madrugada, e indicó a "Ariel" como uno de los integrantes del grupo de atacantes, pero sin precisiones sobre la identidad del referido (v. fs. 40 vta./42 vta.). Resaltó que el nombrado dio la posición en que ellos se encontraban, así como también a los cinco atacantes y que uno de ellos era "Ariel", y que a los peruanos no los vio en el lugar seguramente porque estaba todo oscuro (v. fs. 42 vta.).
Remarcó discrepancias en el número de los atacantes con relación a los dichos de la testigo Pereyra, quien había referido que eran tres los que apuntaban a los que estaban en el piso -en referencia a los "dos peruanos"-, y no pudo precisar si había más atacantes, que uno de los tres se acercó al auto y comenzó una balacera, mientras que González Ramos dio otra versión, refiriendo que eran cinco los atacantes, que tres lo hicieron desde el lado de enfrente del auto y dos por atrás y que uno de estos sería "Ariel", pero no indicando qué Ariel sería (v. fs. cit.).
Por último, destacó que el testigo Néstor Fabián Rosales "...no pudo precisar en el debate cuántos eran los que participaron del hecho, que vio que eran tres y dos, que vio un auto y luego una balacera, pero nada más" (fs. 42 vta. y 43).
Luego de analizar la totalidad del material probatorio constituido esencialmente por declaraciones testimoniales, algunas incorporadas por lectura y otras producidas durante el debate, indicó que se encontraban imposibilitados de arribar a una "...lógica y razonable reconstrucción de los participantes del hecho", destacando que "...ninguno pudo precisar la presencia del acusado como uno de los autores de los disparos que dejara sin vida a las tres víctimas" (fs. 43).
De modo superfluo mencionó lo dicho por Jorge Eduardo Ocampo -condenado por este evento a la pena de prisión perpetua- en cuanto a que Ledesma estaba en el lugar del hecho, pero que no participó efectivamente en el deceso de las víctimas (v. fs. cit.).
Finalmente, aseveró que se encontraba ante una situación de duda en cuanto a la participación de Ledesma en el evento y, con sustento en las previsiones del art. 1° del Código Procesal Penal, resolvió no tener por acreditada su autoría responsable en el hecho (v. fs. 44).
III.2. El señor Agente Fiscal titular de la Unidad de Juicios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora interpuso recurso de casación, en el que solicitó en primer término la nulidad de la declaración testimonial brindada por Jorge Eduardo Ocampo, condenado como autor por este mismo hecho, y la exclusión de la misma. Asimismo, denunció que la prueba no había sido valorada en forma razonada y crítica, resultando arbitraria la decisión sobre la existencia de la "duda" en la participación del imputado en los hechos acreditados. Argumentó que la versión exculpatoria del encausado carecía de entidad, suficiencia y apoyatura probatoria, entendiendo que su participación había quedado establecida con la prueba invocada en el voto minoritario del fallo impugnado, sobre la base de la imputación dirigida por el coprocesado González, el testigo Velardez y la incautación del arma sustraída a la víctima el mismo día del hecho en poder de Ledesma. En consecuencia, solicitó que se ordene el dictado de un pronunciamiento condenatorio (v. fs. 52/62 vta.).
III.3. La Sala II del Tribunal de Casación Penal -a través del voto del doctor Mancini, al que adhirió la doctora Budiño- ratificó el veredicto absolutorio de Roberto Ariel Ledesma, por entender que el fallo no merecía ningún reparo legal, "...pues fue expuesto en términos lógicos y con respeto a la normativa pertinente..." (fs. 112), siendo la línea argumental entonces examinada de la fiscalía de similar tenor a la que sustenta ahora la impugnación que aquí se examina (v. fs. 52/62 vta.).
Preliminarmente, en orden a la declaración de Jorge Eduardo Ocampo, resaltó que no tuvo incidencia decisoria en el pronunciamiento, dado que fue invocada a título complementario de lo que surgió de las demás constancias citadas. Aseveró que la expresión "De modo superfluo" utilizada por el tribunal de origen, al principiar la ponderación de los dichos de Ocampo, puso en evidencia que dicha declaración solo significó un mero complemento de todo lo valorado, esto es, la declaración del imputado Ledesma y las testimoniales previamente ponderadas, a las que se había dedicado particular y detallada consideración.
Concluyó que los magistrados formaron la convicción absolutoria en atención a la orfandad probatoria apreciada en cuanto a la participación del acusado en el evento, y que los dichos de Ocampo cuanto mucho fueron invocados "sobreabundando" las razones de una decisión ya consolidada, por lo cual descartó cualquier intento de planteo invalidante de la decisión (v. fs. 110 y vta.).
Seguidamente, analizó la valoración probatoria efectuada por el órgano de juicio en lo relativo a la ausencia de acreditación de la autoría respecto de Ledesma y, en consonancia con el voto mayoritario, juzgó clara la insuficiencia probatoria a los fines de establecer la intervención activa de Ledesma en el suceso que culminó con la muerte de Manuel Fernando Limache Grijalva, Luis Abelardo Limache Grijalva y Leonardo Fuchs.
En ese andarivel, resaltó que el testigo Velardez solo aportó referencias acerca de quiénes estuvieron en el lugar del hecho; que González Ramos sindicó a "Ariel" en un rol activo "...pero no especificó la identidad del mismo, ni tampoco ofreció información respecto a lo que hizo efectivamente", más allá de que también ofreció una versión respecto del ataque que no concordaba con la acercada por la testigo Pereyra, a lo que sumó que tanto ésta como Rosales nada pudieron aportar sobre aquellos trascendentales aspectos, al igual que Fernández, quien no observó las secuencias del ataque (v. fs. 112 vta. y 113).
Aseveró que la duda sostenida en el fallo había sido debidamente explicada, haciéndose mención a la carencia de elementos que ilustren acerca de la concreta conducta desplegada por el imputado, de los desajustes evidenciados en las declaraciones sobre el ataque y la versión aportada por el imputado, la que, más allá de haberse tenido por corroborada en varios aspectos, en modo alguno había sido contrarrestada (v. fs. 113).
Coligió que, al no haberse demostrado que la decisión absolutoria obedeciera a una actividad arbitraria o absurda por parte de los juzgadores, vicio cuya presencia tampoco advirtió, el veredicto absolutorio debía mantenerse.
A todo evento, agregó que el hecho de que el imputado hubiera estado en el lugar de los sucesos y sido el único no agredido, no implicaba necesariamente que hubiera formado parte del grupo agresor, pues ninguno de los testigos lo indicó como autor de los disparos o, cuanto menos, de manera concluyente desar
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