Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135353
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.353, "R., J. D. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.459 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de agosto de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de J. D. R. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, condenó al nombrado a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima, ello en concurso real de delitos (causa n° 3.355) y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente tres hechos (causa n° 3.357), en concurso real (v. fs. 87/94 vta.).
Frente a lo así resuelto, se alzó el doctor Gustavo Gabriel Giorgiani, defensor particular del imputado, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 96/100 vta., que fue concedido por el tribunal intermedio por resolución del 3 de junio de 2021 (v. fs. 103/105).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 111/115 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El defensor particular denuncia, en primer término, la arbitrariedad del fallo en lo concerniente al rechazo de la prescripción de la acción penal con relación a los hechos I y III de la causa n° 3.355 (v. fs. 96).
Alega que el Tribunal de Casación Penal no encontró abastecidos los recaudos positivos y negativos que la ley establece para tal declaración, porque consideró que el plazo de prescripción debe comenzar a contarse desde el día 17 de febrero de 2008, fecha en que la víctima cumplió trece años de edad, lo que aparejó que el cumplimiento de la diligencia prevista en el art. 308 del Código Procesal Penal efectuada el 8 de diciembre de 2017 -que contiene carácter interruptor de la acción- se llevó a cabo en plena vigencia de esta (v. fs. cit. y vta.).
Entiende que la falta de certeza de si los delitos se produjeron antes del 7 de diciembre de 2007 genera un estado de duda tal que, a la luz de los arts. 18 de la Constitución nacional y 1 del Código adjetivo, debe estarse por la solución más beneficiosa para su asistido, por lo que cabría concluir que la acción se encuentra prescripta respecto de los mencionados hechos (v. fs. 97).
Sostiene que resulta arbitrario resolver que en el caso el inicio del curso de la prescripción debe comenzar a contarse desde el momento en que la víctima cumplió los trece años de edad.
De otro lado, denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, toda vez que el órgano de casación convalidó el quantum punitivo que impuso el tribunal de mérito desoyendo su queja relacionada con la falta de fundamentación en tal operación y condenando a su asistido al máximo acordado con el Ministerio Público en el marco del juicio abreviado celebrado (v. fs. 97 vta.).
Indica que pese a convalidarse diversas atenuantes, se impuso un elevado monto de castigo sin haberse explicitado cuáles fueron las circunstancias fácticas y los criterios normativos tenidos en cuenta para la toma de tal decisión, así como también la incidencia que cada uno de ellos tuvo en el caso conforme las pautas valorativas dentro del marco de la culpabilidad (v. fs. 98 y vta.).
En tercer término, se queja de la errónea interpretación de la agravante "daño a la salud mental" de la víctima, contemplada en el art. 119 párrafo cuarto inc. "a" del Código Penal (v. fs. 98 vta. cit.).
Entiende que el tribunal revisor, de manera inmotivada, confirmó el yerro de la magistrada de mérito que tuvo por configurada la circunstancia agravante recayendo, consecuentemente, en un exceso de punición.
Postula que, en la inteligencia del intermedio sobre el punto, la totalidad de los casos de abuso sexual serían comprendidos por esta agravante ya que generalmente existen efectos psicosomáticos, mayormente el silencio y la ocultación resultan ser actitudes comunes a todas las víctimas de abuso, cuestiones que aparecen constantes en los supuestos según muestra la praxis (v. fs. 99).
Solicita se case la sentencia en crisis eliminando la agravante impuesta y readecuando la pena.
Por último, se agravia de la desproporción de la sanción impuesta (v. fs. 99 vta.).
Al efecto, insiste en que se confirmó el excesivo monto de pena impuesto sin dar razones de los elementos sopesados para su mensuración.
Refiere que en la mayoría de los casos de condenas por abuso sexual la expectativa de encierro del condenado es para toda la vida pero que el estado tiene límites en su poder punitivo que surgen de los arts. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Indica que frente a los límites actuales a los beneficios carcelarios dentro de la legislación vigente en materia de ejecución de la pena (Código de fondo, leyes 24.660 y 12.256) solo se le permitiría a R. obtener la libertad asistida, es decir, seis meses antes del agotamiento total de la sanción (v. fs. 100).
Arguye que en autos se aplicaron todas las figuras básicas agravadas y que para justificar el máximo de pena pactada (trece años y seis meses) y alejarse del mínimo (ocho años) el tribunal apreció dos agravantes y dejó de lado diversas atenuantes.
Adita que cuando el fiscal negocia un acuerdo abreviado las penas en expectativa dejan de ser las establecidas por el legislador para ser las acordadas por las partes y que ello importa también para el juez una disminución en su discrecionalidad en el momento de la determinación de la pena que debe ser respetuosa de los principios de proporcionalidad y razonabilidad (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6 y 24, CADH; 10.3 y 14, PIDCYP; v. fs. 100).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 111/115 vta.). El recurso no prospera.
III.1. De un breve derrotero de la causa surge que el tribunal de la instancia tuvo por acreditado que "... un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de N. B. C. -hija de su por entonces pareja- nacida el 17 de febrero de 1995, cuando la víctima contaba con 12 años de edad, sucediendo los hechos en el domicilio en que habitaban, sito en calle … … … … de Punta Alta. Hecho I: en circunstancias en que la joven se encontraba en el sillón ubicado en el living de dicho domicilio, mirando Los Simpson, dicho sujeto, aprovechando que se encontraban solos en el hogar, se acercó a la misma y comenzó a tocarla, por abajo de la ropa, en la vagina y pechos de la joven. Hecho II: en momentos en que se encontraban solos en el domicilio, a solo una semana del hecho I, dicho sujeto, entró en la habitación donde se encontraba durmiendo la joven y la empezó a tocar en sus partes íntimas, para luego accederla carnalmente vía vaginal, sin protección, provocando sangrado y dolor en la zona genital de la misma. Hecho III: con posterioridad, mientras la joven continuaba teniendo 12 años, en momentos en que se encontraban solos en el domicilio este sujeto volvió a tocar a la joven, por abajo de la ropa, en su pechos y vagina. Los tres hechos se cometieron bajo amenaza de que no contara nada, porque si no ella y su familia se iban a quedar sin nada y su madre no se merecía eso. Asimismo, los hechos fueron perpetrados aprovechándose dicho sujeto de la situación de convivencia preexistente y la confianza que lo unía con la víctima -quien lo trataba como un padre- generando en la misma un grave daño en su salud mental" (causa n° 1.602/18, orden interno 3.355; fs. 20 vta. y 21).
También se encuentra acreditado que "...un sujeto de sexo masculino abusó sexualmente de M. I. C., nacida el 31 de Julio de 1999, tocándola en la cola por debajo de su bombacha en tres oportunidades, cuando la adolescente se encontraba durmiendo en su cama y era despertada por el mismo en horas de la mañana aprovechando que la progenitora y ex-pareja de aquel se encontraba ausente por motivos laborales como asimismo aprovechando la situación de convivencia preexistente en el domicilio del Barrio Gaudí de la ciudad de Punta Alta, de la calle … … … n° …. Los hechos fueron cometidos hace 3 o 4 años a la fecha de la declaración de la menor del día 19 de junio de 2015, en período de finalización del año escolar" (causa n° 1.478/18, orden interno 3.357; fs. 26 vta. y 27).
La sentenciante de grado encontró a J. D. R. autor penalmente responsable de los delitos abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima en concurso real, en los términos de los arts. 119 primer y tercer párrafo en relación con el cuarto párrafo incs. "a" y "f" y 55 del Código Penal, hechos cometidos en perjuicio de la menor N. B. C., nacida el 17 de febrero de 1995, cuando la niña contaba con 12 años de edad (causa n° 1.602/18); y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente (tres hechos), en los términos de los arts. 119 primer párrafo en relación con el quinto párrafo inc. "f" y 55 del Código Penal, por los hechos cometidos en perjuicio de la menor M. I. C. (causa n° 1.478/18; v. fs. 38 y vta.); y, en consecuencia, lo condenó a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas.
III.2. Frente a ello la defensa particular de R. presentó recurso de casación en el cual -en lo que interesa- solicitó la prescripción de los hechos identificados como I y III de la causa n° 1.602/18, teniendo en consideración que R. fue indagado el 8 de diciembre de 2017, por lo cual si los sucesos ocurrieron antes de esa fecha ya habían transcurrido más de 10 años (máximo de la escala conforme la calificación legal), duda que en autos debería favorecer al encausado. Asimismo, se quejó de que la pena era desproporcionada, por estimar erróneamente computadas pautas agravantes, la omisión de considerar atenuantes y el menoscabo a principios constitucionales destinados a limitar el poder punitivo estatal. Puntualmente se agravió de que se valoró el "grave daño a la salud mental" de la víctima N. B. C., por haber implicado una doble valoración prohibida. Entendió que la sanción era desproporcionada y violatoria de los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad (arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6, CADH; 10.3 y 14, PIDCP; 40 y 41, Cód. Penal; v. fs. 55/69 vta.).
III.3.a. El Tribunal de Casación rechazó el pedido de prescripción de la acción penal con relación a los hechos identificados como I y III, calificados como abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la víctima en perjuicio de N. B. C..
Con cita de precedentes de esta Corte, recordó que para dictar la prescripción se deben acreditar todos los requisitos del instituto de un modo incuestionable, lo que en el caso concreto no se hallaba abastecido a tenor de las constancias de la causa (v. fs. 89).
Explicó que está probado y no ha sido cuestionado por el recurrente, que los hechos sucedieron cuando la víctima N. B. C. tenía 12 años y que cumplió 13 años el día 17 de febrero de 2008, plazo en que comenzó a correr definitivamente la prescripción que es de diez años, conforme el máximo de pena que prevé el delito por el cual R. fue condenado. Indicó que dichas fechas "...cobran relevancia pues el último [rectius: 'primer'] llamado a prestar la declaración que prevé el artículo 308 del CPP data de fecha anterior al día 8 de diciembre de 2017 en que R., como expresa la Defensa, fue indagado, es decir dentro del período de tiempo en que la acción estaba vigente, ello conforme lo normado por los arts. 62 inc.2, 63, 67 párrafo 6 inciso b) y cc. del C.P)" (fs. 89 vta.).
De esta forma, aseveró, no pueden tenerse por verificados los requisitos positivos y negativos para que opere la prescripción.
III.3.b. De otro lado desestimó los agravios relacionados con la determinación de la pena y la calificación legal de los sucesos.
Afirmó que el Tribunal valoró como atenuante la carencia de antecedentes penales de R. y como agravante las amenazas proferidas a la víctima que facilitaron la perpetración de los hechos "...receptando así las pautas que fueran propuestas por las partes en el juicio abreviado, por lo cual carece de sustento la queja sobre la supuesta omisión que habría cometido el a quo", al amparo del art. 371 del Código Procesal Penal que citó (v. fs. 92 vta. y 93).
En cuanto al planteo de valoración del "grave daño a la salud mental" de la víctima, indicó que el sentenciante computó esa circunstancia correctamente para la calificación legal de los sucesos, sin volver a ponderarla como una agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, con lo que no advierte que se hubiera mensurado dos veces de manera indebida la misma circunstancia en perjuicio del encartado, ni que se hubiera vulnerado el principio de non bis in idem (v. fs. 93 cit.).
Consideró que la solución legal prevista por el art. 119, cuarto párrafo inc. "a" del Código Penal, que establece que se agravará el delito cuando "...resultare un grave daño en la salud mental de la víctima" encuentra plena justificación, pues si bien en la abstracción se puede presumir que todo abuso sexual conllevará un daño o sufrimiento en la salud mental de la víctima, puede no resultar igual el alcance y conmoción que los hechos causen a la misma en un caso en concreto, siendo ese "plus", en supuestos como el aquí analizado, una circunstancia válidamente computable en un sentido más gravoso; sin vulneración al principio de legalidad (v. fs. cit.).
Halló correcto el molde legal ya que las circunstancias requeridas por el tipo penal agravado encuentra adecuado sustento probatorio a partir de los dichos de la víctima N. B. C. y de los informes de los profesionales de la salud que la atendieron, de donde surgen acreditados los serios padecimientos que a su salud mental causaron los abusos, a los cuales la nombrada trató por un tiempo de acallar en su interior, hasta que no pudo reprimirlos más y se manifestaron en dificultades para dormir, la necesidad de llevar adelante tratamientos farmacológicos y médicos, pensamientos recurrentes, elementos por los cuales el tribunal concluyó que "...dichas características conllevan daño en su salud mental, especialmente empobrecimiento del funcionamiento psíquico global, por acción de dichos mecanismos" (fs. cit. y vta.).
Por último, descartó que la pena impuesta resulte desproporcionada o violatoria a los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, dado que el Tribunal de grado cumplió con la exigencia de fundamentar su decisión, toda vez que trató correctamente los factores atenuantes y agravantes, citando además las normas sustantivas y procesales pertinentes, "...todo lo cual impide afirmar que la elección del monto de pena haya sido irrazonable en el caso (art. 106 CPP)". A ello sumó que la sanción impuesta coincide con la acordada por las partes al momento de peticionar el procedimiento abreviado (fs. 93 vta.).
Desestimó la solicitud de que se aplique el mínimo de la escala de prisión o, que la pena resulte elevada, por no acreditarse que el monto fijado transgreda las normas que lo regulan (arts. 40 y 41, Cód. Penal).
IV. La denuncia de arbitrariedad resulta insuficiente (conf. art. 495, CPP).
La defensa se limitó a exponer un mero criterio discrepante con la aplicación de las leyes que regulan el instituto de la prescripción de la acción penal, a la luz de la valoración de los hechos y de la prueba que realizó el juzgador, sin hacerse cargo de controvertir de manera eficaz los fundamentos que dieron sustento al fallo en crisis. Cuando, contrariamente a lo que refiere, de lo reseñado precedentemente se aprecia que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
La parte no logra evidenciar la existencia del vicio que invoca, limitando su reclamo a una expresión de disenso con el período de tiempo en que fueron consumados los abusos según el mérito que hizo el juzgador del dato que estimó incontrovertido de que tuvieron lugar cuando la niña contaba con doce años de edad.
Es decir, que tuvo por acreditado que los sucesos identificados como Hechos I y III acontecieron entre el 17 de febrero de 2007 y el 16 de febrero de 2008 inclusive, por lo cual computando que la prescripción de la acción penal comenzó a correr desde el 17 de febrero de 2008 (y siendo su término de diez años), no se encontraba prescripta al momento de efectuarse el primer llamado a prestar la declaración prevista en el art. 308 del Código Procesal Penal (a tenor de lo normado por el art. 67, cuarto párrafo, inc. "b", Cód. Penal), que data de fecha anterior el 8 de diciembre de 2017. De resultas, entendió que al momento de ser indagado el imputado R. la acción penal se encontraba vigente.
Viene al caso recordar que el objeto de la doctrina de la arbitrariedad "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
En conclusión, los cuestionamientos de la parte no pasan de ser una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el órgano intermedio y opuesto a su pretensión. Y es sabido que el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014 y P. 134.713, sent. de 13-IV-2022).
En función de lo dicho, queda sin sustento el planteo de afectación al principio de in dubio pro reo formulado a remolque del agravio anteriormente tratado y desestimado (art. 495, CPP).
V. Los restantes agravios tampoco prosperan.
De la reseña efectuada se advierte la reedición de los planteos llevados ante el Tribunal de Alzada respecto de la mensuración de las pautas atenuantes y agravantes, la errónea interpretación de la severizante "daño a la salud mental" de la víctima, y en relación con el monto de pena, sin rebatir de manera adecuada los fundamentos brindados, lo que permite evidenciar que el recurrente formuló una opinión discrepante, por ende ineficaz para conmover lo resuelto o demostrar el compromiso de las garantías que estima conculcadas en el caso.
Como quedó expuesto en la reseña efectuada (v. punto III.3.b.) el Tribunal de Alzada abordó los planteos sobre la calidad de atenuante de la carencia de antecedentes penales y como agravante "las amenazas proferidas a la víctima que facilitaron la perpetración de los hechos"; desechó las crít
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