Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135565
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.565, "Yagaimini, Raúl Darío y Cuesta Gatti, Jorge Roberto s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.636 y su acumulada n° 98.777 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Genoud , Kogan.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de julio de 2020, rechazó sendos recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que condenó a Jorge Roberto Cuesta Gatti y a Raúl Darío Yagaimini, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, con declaración de reincidencia para Cuesta Gatti (v. fs. 128/140).
El defensor particular de Raúl Darío Yagaimini, doctor Víctor Osvaldo Monzón, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 155/168 vta.); igual vía escogió la defensa particular de Jorge Cuesta Gatti a cargo de la doctora Viviana Alejandra Pérez (v. fs. 192/214).
El Tribunal de Casación Penal, por resolución del 24 de agosto de 2021, declaró la admisibilidad parcial de los recursos interpuestos (v. fs. 215/226); contra ello, la defensa particular de Cuesta Gatti articuló queja que tramitó como causa P. 135.558-Q (v. fs. 251/254 vta.), la cual fue resuelta por esta Suprema Corte de modo favorable concediendo la parcela de la vía extraordinaria que había sido inadmitida (v. fs. 256/258). Por otro lado, según surge del informe de fs. 249, contra lo decidido por el tribunal intermedio no tramitó queja en beneficio de Raúl Darío Yagaimini.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 262/273 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 275) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 155/168 vta. a favor de Raúl Darío Yagaimini?
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 192/214 respecto de Jorge Roberto Cuesta Gatti?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Liminarmente, cabe destacar que de conformidad con el auto de admisibilidad que luce a fs. 215/226, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado en beneficio de Raúl Darío Yagaimini fue concedido solo en relación con el agravio de ley sustantiva (inaplicabilidad del art. 80 inc. 6, Cód. Penal), sin objeciones de esa parte (v. fs. 249). De modo que en ese restringido marco será reseñada y abordada la vía impugnativa articulada.
II. El recurrente denuncia una incorrecta calificación legal, ello debido a que la agente fiscal amplió la requisitoria respecto a su defendido durante el curso del debate y le imputó el delito previsto en el art. 80 inc. 6 del Código Penal, teniendo en cuenta para ello como único elemento la declaración del testigo Verón la cual tildó de mendaz (v. fs. 165 y vta.).
Afirma que el tipo penal en estudio "...no implica una mera concurrencia de sujetos, sino un acuerdo para ejecutar el delito", es decir debe constatarse un acuerdo previo para ejecutar el hecho ilícito, una premeditación que responda a la concurrencia preordenada de voluntades entre los partícipes, donde cada acción desplegada por estos se vincule entre sí de manera subjetiva y objetiva, no bastando -por ende- la simple reunión ocasional (v. fs. 165 vta.).
Entiende que la figura del homicidio agravado que se imputó a su pupilo exige una planificación previa que debe persistir hasta el momento de la ejecución, es decir "...que haya habido tareas desplegadas a ese fin: inteligencia previa, seguimientos, planificación del lugar y modo y comisión etc."; elementos que -a juicio de esa defensa- no sucedieron en el caso (v. fs. cit.).
Refiere que, según los dichos de Verón, los sujetos que dice haber visto la tarde del 8 de agosto de 2013, "...hablaban de matar entre otros a una policía, por un supuesto ajuste de cuentas"; es decir conocían que era policía y que portaba un arma de fuego; pero los sujetos que abordaron a la víctima evidentemente no conocían esa circunstancia porque de otro modo -según el razonamiento que hace la defensa- no habrían actuado en la forma en que lo hicieron "...cruzándole la camioneta a distancia y permitiendo que la misma se defendiese"; por lo que -a su entender- pudo haberse tratado de un hecho circunstancial no planificado.
Concluye en que "...no hubo un plan original en desarrollo, ni una pre-ordenación tranquila y calculada de los medios dirigidos a efectuar la muerte tal como fue realizada"; "No hubo planificación o anticipación del modo de matar" (fs. ibíd.).
III. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso (v. fs. 262/273 vta.). Coincido con él.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. En lo que aquí importa, el Tribunal de Casación Penal, el 28 de julio de 2020, rechazó el recurso de la especialidad incoado por la defensa de Yagaimini contra la condena de primera instancia, conforme se hiciera referencia en los antecedentes del caso.
En tal sentido, las instancias previas tuvieron por acreditado que "...el 8 de agosto de 2013, aproximadamente a las 20.30 horas, en circunstancias en las que Alicia del Valle González circulaba con su automotor Renault 'Duster', en la intersección de 17 y 139 de Berazategui, los imputados junto con otro, quienes premeditaron matar a la anterior, interpusieron el automóvil Ford 'Focus' en el que viajaban en la línea de marcha del vehículo manejado por la mujer y dispararon contra la nombrada las armas de fuego que llevaban ocasionándole lesiones de tal magnitud (cara anterior hombro izquierdo, dorsal de manos izquierda, cara antero externa de tercio superior de pierna izquierda, zona media glútea derecha, zona media glútea izquierda, zona sacro coccígea y en zona posterior externa de tercio superior de muslo izquierdo) que provocaron su muerte" (fs. 129).
En cuanto al encuadre típico, el a quo abordó los motivos de agravios que buscaban un cambio de calificación por ausencia de preordenación y sostuvo que "...la cantidad de disparos (fue una balacera) recibidos por Alicia del Valle González dirigidos hacia zonas vitales (abdomen, entre otros sectores), demuestran claramente un accionar homicida"; y que los atacantes "...no solo le dispararon a la víctima en movimiento sino que abatida en el piso, reforzaron la intención de matarla en un ataque que rayana la alevosía (ver declaración de Strangis y conclusiones de autopsia) al seguir el acometimiento armado mientras la mujer estaba en el piso"; por tanto, el dolo homicida estuvo presente desde el inicio de los disparos (v. fs. 137 vta.).
Destacó que la acción desplegada dejó inconmovible el dolo de homicidio pues "...quien realiza la conducta dirigida a matar a otro, cumple acabadamente con todos los requisitos del tipo de homicidio"; ello en tanto que "El valor vida resulta ser el mismo para todos los seres humanos, y por ello, ante figuras 'simples', no calificadas por la identidad del sujeto pasivo o activo"; agregó que el disparar voluntariamente armas de fuego hacia otra persona a la que se da muerte como consecuencia de ello, revela el dolo; y que dicho disparo "...contiene una alta probabilidad de riesgo para la integridad de las personas y más aún si como en el caso, tres atacantes disparan hacia una víctima, ocasionando una verdadera balacera, pues no cabe dudas que implica la aceptación del mismo y de las consecuencias producidas" (fs. 137 vta. y 138).
Seguidamente, abordó el agravio dirigido a la "preordenación" tal y como la valoró el tribunal al momento de calificar los hechos. Al respecto, señaló que el concurso premeditado responde a una "...convergencia previa de voluntades, donde la acción de cada uno aparece subjetiva y objetivamente vinculada con la de los otros partícipes y no por una simple reunión ocasional, pues no se requiere fríos procesos deliberativos, de meditaciones tranquilas o serenas, es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo como confabulación para realizar el hecho, aún inmediatamente antes de cometerlo". Consideró el a quo que, en el caso, tal y como surge de las circunstancias mencionadas por los testigos existió, antes de los disparos dirigidos a acabar con su vida, "...un acuerdo previo entre quienes se subieron al Ford 'Focus' para luego emboscar a la víctima (interpusieron el auto en su camino), pues los tres ya sabían que el ataque mortal iba dirigido a Alicia del Valle González, tal es así que el testigo Strangis dijo que nada dijeron estas personas hacia la mujer, nadie discutió, fueron disparos inmediatos, apenas se cruzaron empezaron a disparar". Sumó a ello que "...Irrazábal y Burgos dijeron algo parecido, que no hubo disputa pues la balacera comenzó inmediatamente, y que con la mujer fuera de combate (le siguieron disparando en el piso)", luego los agresores huyeron, lo que permite descartar otras hipótesis, tales la de "...matar para robar o un robo con una víctima casual" (fs. 138).
De conformidad con la prueba colectada, el tribunal revisor afirmó que el sentenciante de origen concluyó con acierto que "...los tres (los imputados y el compinche muerto) intervinieron en la muerte de manera concertada y que cumplieron el propósito acordado de antemano" (fs. 138 vta.).
Con relación a la figura aplicada, refirió que -según la ley- deben ser al menos tres los intervinientes en el hecho "...con el concurso de dos o más personas"; y sea "...coautores, cómplices primarios o secundarios", requiriéndose además, que la concurrencia de dichas personas responda a una convergencia de voluntades previamente establecida, donde la acción de cada uno se encuentre subjetiva y objetivamente vinculada a la de los otros partícipes, no bastando con la simple reunión ocasional ni el acuerdo para matar, pues lo que se exige es el acuerdo para matar con el concurso de dos o más personas. Agregó que el sentido por el cual se justifica la agravante, es la desventaja en que se coloca a la víctima por la acción proyectada con pluralidad de intervinientes, y que -en el caso- la premeditación del delito y el acuerdo previo para matar existió conforme al relato de los hechos probados, pues la convergencia de voluntades de Yagaimini y Cuesta Gatti, no fue una simple reunión ocasional, en tanto que "Los solapados ejecutores llegaron armados en un auto, se interpusieron en el camino de la mujer policía, inmediatamente bajaron del mismo y sin mediar palabra le dispararon con diversas armas, para luego, con la víctima abatida y sin la menor posibilidad de defensa, volvieron a disparar asegurándose el resultado muerte que estuvo presente desde el comienzo de la acción" (fs. 138 vta.).
Concluyó que, por los motivos dados, debía confirmarse el homicidio en el encuadre del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. cit.).
IV.2. De lo expuesto se advierte que la denuncia de errónea aplicación de ese precepto del Código sustantivo es insuficiente (art. 495, cit.).
De un lado, porque frente a lo decidido por el Tribunal de Casación Penal las argumentaciones traídas por la defensa particular de Yagaimini resultan ser una reiteración -copia textual- de las llevadas en el recurso ante esa sede de fs. 66/88, por lo que dicha parte se desentiende absolutamente de las respuestas brindadas para convalidar lo actuado por la instancia de origen (art. 495, CPP).
Además, sus críticas -en rigor- se asientan en una diferente valoración de los elementos de convicción que dieron sustento a la subsunción de la conducta en el tipo penal cuestionado. Y es sabida la restricción de la competencia de esta Corte para las cuestiones de hecho y prueba, salvo supuestos de excepción que, en el caso, a tenor de la admisión del recurso en trato, no cabe analizar (doctr. art. 494, CPP).
En efecto, los desarrollos que trae el recurrente contra el decisorio en crisis no pasan de ser una opinión personal divergente a la del juzgador, puntualmente en lo referente a la apreciación de la declaración testimonial de Verón y a efectuar una nueva reinterpretación de los hechos, pero en esa faena no alcanza a conmover lo decidido ni a evidenciar una incorrección en la elección de la figura aplicada (doctr. art. 495, CPP).
En definitiva, la defensa debió hacerse cargo de controvertir los suficientes argumentos brindados por el tribunal revisor quien -con apoyatura en las constancias de la causa- concluyó en la existencia de un plan previo entre los coautores del hecho para incursionar contra la vida de la víctima, es decir existió premeditación y acuerdo previo para matar descartando una reunión ocasional entre Yagaimini y Cuesta Gatti, ello debido a que los sujetos llegaron armados trasladándose en un vehículo, se interpusieron en el camino de la mujer policía e inmediatamente se bajaron del auto y sin mediar palabra le dispararon con diversas armas de fuego, y habiendo quedado la víctima abatida sin posibilidad de defensa, volvieron a dispararle asegurándose el resultado letal (v. fs. 138 vta.). Por lo que las alegaciones de la defensa -contrarias- no resultan aptas para conmover los fundamentos que dieron sustento al fallo (conf. doctr. causa P. 135.022, sent. de 18-IV-2022; e.o.).
Con todo, tal como se alude en la sentencia del tribunal intermedio, esta Corte ha señalado que la premeditación que exige la figura en ciernes es de la concurrencia en el hecho. Por ello, se sostiene que no es necesario "...que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada deliberación. Es suficiente con que el acuerdo se haya llevado a cabo como confabulación para realizar el hecho, aun inmediatamente antes de cometerlo", lo que importa decir que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, esto es con la convergencia intencional de los unos respecto de la acción de los otros. Como vimos este dato ha sido afirmado por el a quo , refrendando lo actuado por el tribunal del juicio, sin demostración de absurdo o arbitrariedad por quien recurre.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Jorge Roberto Cuesta Gatti, la defensa particular formula los siguientes agravios:
I.1. En primer lugar, denuncia una arbitraria y errónea valoración de la prueba en lo referente a la participación del imputado en el hecho, el defectuoso procedimiento policial y judicial en la etapa de instrucción preparatoria (v. fs. 194 vta./196).
Sostiene que el tribunal casatorio no trató -al igual que el de mérito-, cuestiones vinculadas con la apreciación de la prueba y el juicio de reproche que, según la defensa, no debió tener como sustento exclusivo los dichos del testigo Strangis. Destaca que sus críticas hacen foco en las declaraciones prestadas por el mentado testigo en una etapa anterior al debate oral, e indica que, durante la instrucción de la causa, Strangis aportó datos que luego no logró mantener. Agrega que, con la intervención de la nueva fiscal, el testigo fue convocado nuevamente para prestar declaración casi tres años después de ocurrido el hecho, cambiando su declaración en un punto esencial como lo fue que "...no se encontraba a 30 metros sino a diez y [...] en condiciones de reconocer a los autores, dando vanas explicaciones de porque antes negó tal circunstancia". A juicio del recurrente el referido testigo resultó mendaz (v. fs. 196 y vta.).
La defensa de Cuesta Gatti argumenta, en sentido contrario al del tribunal, que las discrepancias existentes entre los testigos en los que se funda el pilar incriminatorio, no recaen en aspectos secundarios. Antes bien, considera que esas divergencias generan serias dudas sobre los relatos que estuvieron direccionados a incriminar a su pupilo; y que la forma de seleccionar la prueba afectó la garantía del debido proceso y la defensa en juicio además de resultar arbitraria (v. fs. 196 vta.). En definitiva, cuestiona que se haya minimizado la mendacidad manifestada por el testigo Verón lo cual demostró -a su entender-, el direccionamiento de los elementos de prueba dando cuenta de un plan para perjudicar a su asistido (v. fs. cit. y 197).
Refiere que el tribunal intermedio se limitó a mencionar los fundamentos y la prueba utilizada por el del juicio sin hacerse cargo de las críticas esgrimidas en el recurso de casación. Particularmente, se queja del trato brindado al planteo sobre la nulidad del procedimiento policial que culminó con la aprehensión de su pupilo, así como de los actos procesales consecuentes al haberse vulnerado el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, la libertad y la intimidad; ello debido a que el accionar policial de interceptación, requisa y secuestro de armas de fuego y del automotor Ford Focus, no obedeció a una orden judicial previa, ni tampoco a motivos de urgencia conforme los requisitos del art. 153 del Código de rito. Luego de hacer alusión a los fallos "M. R. M. s/ recurso de casación" y "Quaranta" de la Corte nacional, reafirma que el procedimiento estuvo dirigido en forma expresa y personal en contra de Cuesta Gatti.
Destaca que el fiscal de juicio como esa parte solicitaron que se diera inicio a una acción pública contra los policías que llevaron adelante todo el procedimiento de detención de Gatti por violentar garantías constitucionales.
Insiste con sus críticas al valor de convicción dado a algunas declaraciones testimoniales vertidas durante el debate, entre ellas las efectuadas por los testigos Héctor Orlando Márquez y Moyano.
Añade que la Casación hizo caso omiso a todos sus planteos y que la omisión de cuestiones esenciales (art. 168, Const. prov.), tal como la violación a la doctrina de esta Corte sentada en la causa P. 117.574, conllevan la arbitrariedad del fallo atacado.
También cuestiona la labor desarrollada por la experta Gladys Tebaldi y las pericias practicadas sobre el automóvil de la víctima, denunciando en este punto falencias en la cadena de custodia, aunque aclara que su crítica no se dirige hacia los profesionales en sí mismo, sino al material que a estos se les entregó para analizar en el entendimiento que la causa fue armada por personal policial para inculpar a Gatti, circunstancia que -a su entender- fue pasada por alto por el tribunal revisor.
Concluye en que no se observó la ley sustantiva y se afectaron las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y la doctrina de la Corte federal en materia de fundamentación de las sentencias, lo que deviene en la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis.
I.2. Por otro lado, denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y la doctrina jurisprudencial al considerar que el fallo se sustentó en la mera referencia a los elementos probatorios sin una explicación lógica que enlazara los sucesos enrostrados con las diversas pruebas mencionadas en la sentencia. Señala la ausencia de fundamentos del fallo y el no cumplimiento de los arts. 106, 201 y 373 del Código de rito, invocando una apreciación arbitraria de la prueba.
Cuestiona lo dicho por el tribunal revisor en cuanto a que del plexo probatorio pueda determinarse que la acción homicida llevada a cabo por Cuesta Gatti haya estado gobernada por el animus que requiere el art. 80 inc. 6 del Código Penal, guiada por la ult
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.