Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 121698
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 121.698, "Gómez, José Alberto; Gómez, Jesús María y Videla, Arturo Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 20.714 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Carral, Maidana, Natiello.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 16 de septiembre de 2021 -causa CSJN 989/2019/RH1-, resolvió que en el caso resultaba aplicable, en lo pertinente, lo decidido en el expediente "Casal" (Fallos: 328:3399), a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió; en consecuencia, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada y devolvió las actuaciones para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a esa doctrina (v. fs. 395).
Recibida la causa en esta sede, se excusaron de intervenir por haber emitido opinión en la sentencia obrante a fs. 233/243 vta. -que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria (v. fs. 403/405).
En función de ello, se procedió a la integración del tribunal (v. fs. 415); con fecha 11 de abril de 2022, se admitieron las excusaciones efectuadas (conf. art. 47 inc. 1, CPP; v. fs. 418 y vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 171/183 vta.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El 29 de septiembre de 2009 la Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso homónimo deducido por el Ministerio Público Fiscal y declaró parcialmente procedente el interpuesto por la señora defensora oficial, ambos dirigidos contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Dolores que con fecha 17 de mayo de 2005 había condenado a José Alberto Gómez a la pena de 15 años y 2 meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo (hecho 1) y autor de robo simple (hecho 5), en concurso real entre sí; a Jesús María Gómez a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo (hecho 1) y robo simple en grado de tentativa (hecho 4), en concurso real entre sí; y a Arturo Javier Videla a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo (hecho 1); más declaración de reincidencia para los tres.
Por consiguiente, el Tribunal de Alzada casó parcialmente el fallo y condenó a José Alberto Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor de los delitos de homicidio agravado por la causa (hecho 1) y robo en poblado y en banda (hecho 3), y como autor de robo simple (hecho 5), todos en concurso real; a Jesús María Gómez, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por la causa (hecho 1), robo en poblado y en banda (hecho 3) y robo simple en grado de tentativa (hecho 4), en concurso real entre sí; y a Arturo Javier Videla a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por la causa (hecho 1) y robo en poblado y en banda (hecho 3), en concurso real. Asimismo, casó la sentencia en cuanto declaró reincidentes a los tres imputados, con reenvío a fin de que se dictase un nuevo pronunciamiento conforme a derecho sobre el punto (v. fs. 102/119).
En el marco de tal reenvío, el tribunal de grado decidió, el 1 de noviembre de 2012, declarar reincidente solo a Jesús María Gómez; no así a José Alberto Gómez y Arturo Javier Videla (v. fs. 147/154).
II. Contra ello, el señor defensor oficial interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/183 vta.), que fue concedido por la Suprema Corte (según sistema anterior a la ley 14.647; v. fs. 193/196).
En esa vía la defensa denunció que lo resuelto por la mayoría del tribunal revisor al declarar admisible y procedente el recurso fiscal vulneró la garantía a la doble instancia de sus asistidos (conf. arts. 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; CIDH caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica"; CSJN Fallos: "Giroldi", "Casal" y "Salto"; v. fs. 174 vta.). En su parecer, el éxito del recurso de la acusación "...anula la posibilidad de los imputados de revisar su condena mediante un recurso amplio, puesto que sólo les queda transitar la vía extraordinaria, con la limitación que [...] ello conlleva", pulverizando así el derecho a la revisión integral del fallo condenatorio y la pena por parte de un tribunal superior. De resultas, peticionó que se declare la inconstitucionalidad de la potestad recursiva fiscal, por oponerse a la realización de la garantía de la doble instancia (v. fs. 174 vta. y 175).
En subsidio, tildó de arbitrario el pronunciamiento impugnado por indebida fundamentación y denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 175 vta.). En esa senda, cuestionó el razonamiento lógico empleado por la casación para tener por acreditado el elemento subjetivo exigido por el homicidio criminis causae . Dijo que el tribunal intermedio, con base exclusivamente en la declaración incorporada por lectura de una testigo menor de edad, tuvo por probada la ultrafinalidad requerida por el inc. 7 del art. 80 (v. fs. 176). Argumentó que el órgano revisor "...debió maximizar los recaudos para fundar su decisión con base en aquel testimonio, en lugar de [...] limitarse a transcribirlo y a afirmar la certeza que su contenido le generaba respecto a la severa calificación pretendida por la parte acusadora" (fs. 176 vta.).
Por último, también en subsidio, planteó la violación del derecho a la vida, al principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena (arts. 18 y 19, Const. nac.; 4.1. y 9, CADH y 15.1., PIDCP), y la inconstitucionalidad de la prisión perpetua (v. fs. 177). Afirmó que el fallo cuestionado aplicó erróneamente el derecho penal y los principios constitucionales y convencionales que establecen que la pena debe ser adecuada y proporcional a la culpabilidad del autor. Entendió que bajo tales estándares el Tribunal de Casación debió efectuar una interpretación pro persona de la figura y de la pena previstas en el art. 80 del Código Penal y fijar un monto numérico de la prisión perpetua -sin exceder los 25 años- para así, luego, examinar si ella se adecua al principio de culpabilidad por el acto en el caso concreto o debe ser ajustada, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes del caso (v. fs. 177 vta.). Y para el supuesto de que no prosperara la interpretación propuesta en cuanto al alcance numérico de la sanción a perpetuidad, consideró que no restaba otra opción que la declaración de inconstitucionalidad de esa forma de encierro, por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 182 vta. y 183).
III. Antes de que la Suprema Corte se expidiera sobre la procedencia del recurso, concretamente, el 28 de marzo de 2017, el tribunal del juicio acogió parcialmente una presentación de la defensa y declaró extinguida por prescripción la acción penal de los delitos de robo simple en grado de tentativa (hecho 4) y robo simple (hecho 5) por los que habían sido condenados, respectivamente, Jesús María Gómez y José Alberto Gómez; al tiempo que rechazó el planteo en lo referido a la extinción de la acción penal del delito de robo en poblado y en banda atribuido a José Alberto Gómez, Jesús María Gómez y Arturo Javier Videla (hecho 3). Esta resolución se encuentra firme y consentida (v. fs. 220/226 vta.).
IV. La Suprema Corte dictó sentencia el 13 de septiembre de 2017 y, de conformidad con lo dictaminado por el señor fiscal del Tribunal de Casación Penal, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 233/243 vta.).
IV.1. Para así resolver, y con relación al planteo principal, la Corte rechazó "el embate así expresado" por novedoso.
En ese sentido, recordó que el tribunal intermedio había dispuesto a fs. 78 la acumulación del presente legajo -causa 5.493- y la causa 5.454, iniciada a partir del recurso de casación deducido por la señora agente fiscal de la instancia, por existir conexidad objetiva (v. fs. 92/98, cit. legajo casatorio).
Destacó que, a su turno, el tribunal intermedio resolvió -por mayoría- que el recurso fiscal era admisible y que la oposición de la defensa no constituía una derivación razonada del derecho vigente, por la naturaleza indivisible de la pena perpetua (v. fs. 104 vta. y 105).
Con ese piso de marcha, la Suprema Corte sostuvo que la defensa no había realizado ningún análisis en torno a que la admisibilidad del recurso fiscal conllevaría de suyo la afectación a la garantía del doble conforme, tal como lo postulaba en el recurso de inaplicabilidad de ley. Por ende, concluyó que las objeciones formuladas, aun con el cariz federal que pretendía otorgarle la parte, eran el producto de una reflexión tardía que obstaba a su atendibilidad, pues no habían sido materia de controversia -desde esa perspectiva- en la instancia procesal oportuna (conf. causas P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-IV-2009; e.o.).
A ello sumó que la recurrente tampoco había refutado los fundamentos de la mayoría (voto del juez Borinsky, a quien adhirió el juez Mahiques) que dieron sustento a la admisibilidad del recurso fiscal (art. 495, CPP).
Se dijo que ello también regía respecto de la declaración de inconstitucionalidad pretendida, pues no había sido sometida a la decisión de las instancias anteriores cuando era posible -en tanto la potestad recursiva fiscal ya había sido cuestionada ante el tribunal intermedio-, sino que se había articulado recién en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y que la extemporaneidad del planteo del caso constitucional resultaba suficiente para su desestimación (conf., e.o., CSJN Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007).
Por último, se afirmó que en el caso no se verificaba la presencia de un primer pronunciamiento de condena que habilitase, en cumplimiento de la doctrina emergente del fallo "Casal" y a la luz de la surgida del caso "Mohamed vs. Argentina" (CIDH, sent. de 23-XI-2012) la aplicación del mecanismo revisor sentado en "Carrascosa" (causa P. 108.199, resol. de 24-VI-2015).
IV.2. Seguidamente, esta Suprema Corte abordó y descartó los planteos subsidiarios.
El primero, referido a la arbitrariedad y errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, lo rechazó por considerar:
-que el pronunciamiento de casación contaba con fundamentación suficiente;
-que los argumentos de la defensa solo constituían una discrepancia con el criterio según el cual se tuvo por verificado el aspecto subjetivo de la figura en razón de que la víctima había reconocido a uno de los autores, sin advertir absurdo o arbitrariedad en la sentencia a tenor de las constancias comprobadas de la causa;
-y que pese a denunciar la errónea aplicación del art. 80 inc. 7, el planteo se dirigía a impugnar la valoración probatoria con la que se tuvo por acreditado el dolo y el especial elemento subjetivo requerido para el homicidio criminis causae , sin demostración de un vicio lógico o de una arbitraria ponderación capaz de conmover lo resuelto.
Asimismo, la Corte desestimó en todos sus términos el segundo planteo subsidiario, vinculado con la violación al derecho a la vida, al principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena.
V. Contra esta decisión, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario federal, donde denunció que el Superior Tribunal, al sostener que la defensa debió articular el planteo sobre doble instancia con anterioridad sin aludir a ninguna norma específica del ordenamiento jurídico, desnaturalizó la exigencia del planteo oportuno de las cuestiones federales (v. fs. 258 y vta.). Postuló que el traslado que la Suprema Corte de la Provincia efectuó de ese requisito al ámbito de su competencia era inadecuado y se tradujo en un excesivo rigor formal. También mencionó que como superior tribunal de la causa la Suprema Corte estaba obligada a pronunciarse en los términos del art. 14 de la ley 48. Citó el precedente "Di Mascio" (v. fs. 259).
Además, denunció la arbitrariedad del fallo por excesivo rigor formal y por apartamiento del fallo "Tarifeño" de la Corte nacional, según el cual cabe hacer excepción a los requisitos de admisibilidad formal de la vía extraordinaria cuando se han afectado cuestiones de orden público como las formas esenciales del proceso (v. fs. 260/261 y vta.).
De otro lado, señaló que este tribunal eludió efectuar un debido control de convencionalidad, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas oportunidades no exigió el planteo previo de una cuestión para resolverla; trajo a colación el caso "Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina" (v. fs. 261 vta./263 y vta.).
Luego, en cuanto a la garantía prevista en el art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estimó afectada, consideró que la respuesta de esta Corte era errónea porque la condena dictada por el Tribunal de Alzada que modificó la calificación legal y el monto de la pena en perjuicio de las personas imputadas también es primera condena (v. fs. 263 y vta./264). En apoyo, citó los fallos "Duarte", "Casal", "Vilche" y "Chambla" de la Corte nacional (v. fs. cit./265).
Finalmente, de modo subsidiario, tildó de arbitrario el fallo por falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa, y por haber subsumido el hecho 1 en el art. 80 inc. 7 del Código Penal sin acreditación -a su criterio- del elemento subjetivo de esa figura (v. fs. 266/268).
VI. Por resolución del 9 de mayo de 2018, esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario federal por inadmisible (regla 3 "d" y "e" para la interposición del recurso extraordinario federal, acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; v. fs. 297/300).
VII. Contra ello, el señor defensor oficial ante la instancia intermedia, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso queja por denegatoria de recurso extraordinario federal (v. fs. 390/394).
Particularmente, denunció la arbitrariedad manifiesta de esta Suprema Corte al no conceder el recurso extraordinario federal, prescindiendo de las cuestiones federales que portaba: a) desnaturalización de la exigencia del planteo oportuno de cuestiones federales; b) apartamiento del criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo "Tarifeño"; c) elusión del control de convencionalidad; y d) violación a la garantía del art. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
VIII. En la instancia extraordinaria federal se resolvió que resultaba aplicable, en lo pertinente, lo decidido en el expediente "Casal", a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió la Corte; en consecuencia, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada y devolvió las actuaciones para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a esa doctrina (v. fs. 395).
IX. Ahora bien, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, mediante resolución del 29 de septiembre de 2022 y por mayoría, declaró la extinción de la acción penal por prescripción con relación a los delitos -subsistentes- por los que fueron condenados Jesús María Gómez, José Alberto Gómez y Arturo Jesús Videla y, en consecuencia, dispuso su sobreseimiento (v. fs. 435/440 vta.). Para ello, invocando el precedente "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 342:2344), los jueces que hicieron mayoría tomaron como último acto interruptor de la prescripción la sentencia de condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental con fecha 17 de mayo de 2005, y afirmaron que desde ese entonces había transcurrido el plazo legal previsto por el art. 62 del Código Penal. Mientras que el juez que votó en disidencia señaló que la doctrina del fallo "Farina" aplicada a este caso daba por resultado que la "sentencia condenatoria" del art. 67 inc. "e" del Código Penal era el pronunciamiento emitido el 29 de septiembre de 2009 por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, puesto que tal decisión ingresó al fondo, cambió sustancialmente lo que se había resuelto en primera instancia e impuso en definitiva la pena de prisión perpetua; por eso, ubicó la prescripción de la acción penal el 29 de septiembre de 2024.
Esta decisión, según lo informado por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores con fecha 19 de octubre de 2022, fue notificada a las partes el mismo día de su dictado y no fue impugnada por ninguna de ellas (v. fs. 451).
X. Sentado lo anterior, al margen de las consideraciones que podrían formularse sobre el pronunciamiento dictado por la mayoría del tribunal de Dolores el día 29 de septiembre próximo pasado, no corresponde expedirse acerca de la justeza del reclamo que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues su tratamiento ha devenido abstracto (doctr. art. 488, segundo párrafo, CPP -según ley 11.922 y sus modif.-).
En efecto, como ya se dijo, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Dolores decidió declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación con los delitos -subsistentes- por los que habían sido condenados Jesús María Gómez, José Alberto Gómez y Arturo Jesús Videla, procediendo en consecuencia a dictar el sobreseimiento de los nombrados.
Así las cosas, los planteos efectuados por la defensa en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado procedente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la queja articulada, han perdido virtualidad, correspondiendo en consecuencia declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto (doctr. art. 488, segundo párrafo, CPP -según ley 11.922 y sus modif.-).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Carral , Maidana y Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a fs. 171/183 vta. (doctr. art. 488, segundo pá
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