Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de D. H. H. O., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.998, "H. O., D. H.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 95.325 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de julio de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a D. H. H. O. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda (arts. 45 y 119 tercer y cuarto párrafo inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 172/181).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 192/205), el que -por mayoría- fue declarado admisible el 26 de junio de 2020 (v. fs. 207/210), pero tras la declaración de nulidad del mencionado auto por decisión de esta Suprema Corte, quien ordenó su devolución para que -con carácter de urgente- se dicte una nueva resolución (v. fs. 214/217), fue concedido nuevamente -por mayoría- el 30 de diciembre de 2020 (v. fs. 224/227).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 245/251 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 253) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso bajo estudio, el señor defensor oficial formuló dos motivos de agravios:
I.1. En primer lugar, denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado -a su entender- indebidamente circunstancias agravantes; y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.), el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 194 y vta.).
Sostiene que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme y la revisión amplia, al ratificar circunstancias agravantes de la calificación legal sin efectuar un análisis conglobado de la cuestión (v. fs. 194 vta.).
I.1.a. Así, en un primer orden, cuestionó la consideración como pauta agravante del vínculo que unía al imputado con la víctima, y afirma que se incurrió en una doble ponderación prohibida de una misma circunstancia violatoria del ne bis in ídem .
Luego de transcribir los distintos grados de parentesco y demás tipos de vínculo que la norma aplicada contiene, el recurrente sostiene que "...las razones que fundamentan la consideración de estos lazos con la víctima como una circunstancia agravante de la figura prevista en el artículo 119 del C.P., son las mismas que podrían justificar un aumento de la pena en atención a ese 'desprecio por el vínculo' existente entre víctima e imputado, o la relación cercana que el fallo cataloga como 'padre afín', y que fue considerada al mismo tiempo como una circunstancia agravante que incidió sobre el monto de pena impuesto" (fs. 196 y vta.).
Denuncia que el fallo atacado adolece de contradicciones, puesto que al tratar la calificación legal aplicada a los hechos estableció que "...la agravante se funda en la posición de preeminencia, respeto y confianza del autor sobre la víctima, por lo que no es la pura calidad del autor la que califica el hecho, y para definir a los sujetos comprendidos en esta hipótesis se ha priorizado una situación de hecho antes que los más restrictivos vínculos jurídicos "; pero luego intentó justificar una nueva agravación del monto de pena en función de ese vínculo de "padre afín" y el desprecio por aquel que la perpetración del hecho implicaba (v. fs. 196 vta., el destacado figura en el original).
I.1.b. Por otro lado, cuestiona la valoración de la extensión del daño causado como circunstancia agravante y afirma que el Tribunal de Casación desestimó el reclamo de manera arbitraria y mediante una enumeración de la prueba en que se basó el fallo de primera instancia para su valoración, sin atender los cuestionamientos efectuados en el recurso con relación a las contradicciones existentes entre esos testimonios y otros medios de prueba producidos durante el debate, los cuales -a juicio de esa defensa- debilitaban el valor convictivo que la sentencia les atribuía.
Por todo ello, solicita la casación del fallo y la no consideración de las circunstancias agravantes erróneamente valoradas (v. fs. 197).
I.2. En segundo lugar, alega la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la falta de fundamentación del monto de pena (conf. arts. 8.2. "h", CADH y 14.5., PIDCP; v. fs. 197 y vta.).
Refiere que el Tribunal de Casación luego de ratificar la valoración de las agravantes discutidas, se limitó a afirmar que la fijación del monto punitivo impuesto resultaba ecuánime en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional; sin hacer mención del desarrollo lógico y razonado del camino utilizado para arribar a dicho monto, infringiendo el deber de revisión amplia del fallo condenatorio e incurriendo en el dictado de un pronunciamiento arbitrario (v. fs. 197 vta. y 198).
Seguidamente, centra su crítica en dos aspectos; el "...proceso lógico de construcción de la pena", y la "fundamentación" (fs. 198).
Con relación al primero afirma que "No se advierte cual ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso en concreto, de manera que esta falta de conocimiento acerca de esta construcción impide que esta parte [...] pueda controlar si esa operación intelectual resulta razonable y ajustada a derecho, como afirmó el Tribunal de Casación" (fs. 198 y vta.).
Indica que, en función de la escala penal aplicable al caso, corresponde merced a un "punto fijo" partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes, y que "[e]se punto fijo del cual partir ha sido llamado punto de ingreso, y tanto la doctrina, como la jurisprudencia indican que es el mínimo legal", para luego evaluar "...la existencia de agravantes y atenuantes" (fs. 199 y vta.), a las que -a su criterio- hay que asignarles "...un monto de punición", para luego de sumados y debitados, "...llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 199 vta.).
Sobre el segundo, señala que el Tribunal de Casación Penal no realizó estudio alguno de la escala penal, ni sobre el modo en que impactaron las pautas agravantes ponderadas, limitándose a un examen parcial y arbitrario al considerar adecuado el monto punitivo aplicado (v. fs. 200).
Considera que la indebida revisión de la pena impuesta por parte de la Casación, implicó desoír la doctrina de la Corte federal y de este Tribunal que originó la afectación a los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 202 y vta.).
Finalmente, en sustento de su postura, cita los precedentes P. 83.260 y P. 87.172 de este Tribunal y los fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 202 vta./204 vta.).
Por todo lo expuesto, peticiona que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia acorde con sus reclamos (v. fs. 204 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la vía intentada (v. fs. 245/251 vta.).
III. Preliminarmente corresponde destacar que luego de la resolución de esta Suprema Corte de 7 de octubre de 2020 que decretara la nulidad del primigenio auto de admisibilidad y devolviera las actuaciones a la Sala IV del Tribunal de Casación para que, con carácter de urgente, dictara una nueva resolución acorde a derecho (v. fs. 214/217), el referido órgano procedió al dictado de un nuevo auto el cual, por mayoría, declaró formalmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al considerar que el recurrente había invocado "...la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del código de fondo a través del cuestionamiento de circunstancias agravantes que incidieron en [el] quantum del monto punitivo" (fs. 224/227); decisión que la parte no controvirtió (v. informe de fs. 243).
De modo que sólo en lo referido a la errónea aplicación de los mentados arts. 40 y 41 en virtud del cómputo de dos pautas agravantes que se estiman indebidamente establecidas, es que corresponde analizar el recurso en trato.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que el sentenciante de origen tuvo por acreditado que "...en fecha 19 de agosto de 2016 en horario indeterminado pero luego de las 01:00 hora en el interior de la habitación principal del domicilio sito en … nro. … del Bario Parque Roma de la localidad de Glew, Partido de Alte. Brown; una persona de sexo masculino y mayor de edad, identificado como D. (H.) H., abusó sexualmente de la niña M. A. M., de 12 años de edad, quien resulta ser hijastra y que se encontraba en dicho domicilio en visita junto a su hermano menor, accediendo carnalmente el nombrado a la niña vía vaginal" (fs. 96 vta.).
A la hora de ponderar las pautas atenuantes, valoró en ese sentido "el buen concepto del que goza" y "la ausencia de antecedentes punitivos"; y como agravantes "la modalidad del hecho" con relación al desprecio por el vínculo puesto que mantenían una relación cercana de "padre afín", habiéndola criado desde los dos años de edad, y "la extensión del daño causado", debido a las distintas crisis que atravesó la víctima después de develarse aquellos eventos (v. fs. 127 y vta.).
El suceso fue calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado por haberlo cometido el encargado de la guarda (conf. arts. 45 y 119 tercer y cuarto párrafo inc. "b", Cód. Penal); imponiendo finalmente una pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 129 vta./133 vta.).
IV.2. En el recurso de casación, en lo que interesa destacar para la solución del caso, la defensa oficial de D. H. H. O. cuestionó -como tercer agravio- la pena impuesta por falta de fundamentación en el juicio de culpabilidad, y argumentó que pese a valorar una importante atenuante, se le impuso una pena muy superior al mínimo legal (v. fs. 148 vta. y 149). Por otro lado, se agravió de la valoración de las pautas agravantes postuladas en la sentencia de condena; así, en cuanto a la primera circunstancia ponderada sostuvo que "...el tipo penal agravado por haber sido encargado de la guarda, comprende al desprecio por el vínculo al mantener una relación 'padre afín'", y por tanto su valoración implica sumar agravantes de agravantes; con relación a la segunda pauta valorada en ese sentido, consideró que no estuvo demostrada y que solamente surge a partir de los dichos de la madre y el tío (v. fs. 151/152).
IV.3. El Tribunal de Casación Penal, adelantó que el planteo de la defensa sobre la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal, no prosperaría (v. fs. 179).
Abocado a la tarea revisora sobre dicho aspecto, señaló que la valoración como pauta agravante de la pena del "desprecio por el vínculo" en tanto relación cercana que mantenía de "padre afín", no implicó una doble valoración prohibida en tanto esa circunstancia no se encuentra contenida dentro del tipo penal escogido por el sentenciante de origen a la hora de calificar el suceso (v. fs. 179).
En segundo término, afirmó que "[l]as distintas crisis por la que atravesara la víctima después de develarse los eventos sucedidos resulta una pauta perfectamente valorable con sentido agravatorio, toda vez que implica un mayor grado de injusto por la 'extensión del daño causado' (art. 41 inc. 1 del C.P.)". Con relación a ello, sostuvo que el sentenciante de origen valoró los testimonios de los familiares directos de la menor -madre y tío- quienes describieron minuciosamente las características traumáticas que evidenció la menor M. A. M. luego del hecho investigado (v. fs. cit.).
Por último, en lo referente a la individualización del quantum punitivo sostuvo que "...deviene aplicable mi postura coincidente con la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia, que ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal" (fs. 179 y vta.).
A lo que añadió que "...no existe método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, resulta improcedente el recurso casatorio que se limita a tildar de excesivo el monto de la pena escogido por el 'a quo'" (fs. 179 vta.).
Finalmente, luego de citar doctrina de autor sobre la determinación de la pena afirmó que "...resultando ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto en lo que respecta a la culpabilidad del injusto bajo análisis y proporcionalmente racional, luego de haber analizado y valorado el 'a quo' los distintos atenuantes y agravantes que concurren en el caso", reputó que debía mantenerse inalterada la determinada (v. fs. 180).
V. Coincido -en lo pertinente- con el señor Procurador General en que el recurso no es de recibo.
Frente a lo resuelto, el planteo formulado por la defensa para justificar la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal como aduce a tenor de los desarrollos plasmados en la pieza impugnativa, puntualmente respecto de las pautas agravantes valoradas, es insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, la reedición del agravio llevado ante la Casación con relación a dichas pautas severizantes (v. particularmente fs. 151/152, recurso de casación), sin rebatir adecuadamente los fundamentos brindados por el órgano intermedio, solo espeja la formulación de una opinión contraria e ineficaz para conmover lo decidido (conf. causas P. 127.349, sent. de 14-VI-2017; P. 132.066, sent. de 17-VI-2020; e.o.).
V.1. En tal sentido, en lo que concierne al "desprecio por el vínculo" en tanto relación de "padre afín" del imputado, el a quo descartó que su inclusión hubiese implicado una doble valoración prohibida de una misma circunstancia al no hallarse contenida necesariamente dentro de la agravante típica aplicada. Frente a ello, la parte insiste con una posición opuesta sin lograr demostrar la infracción constitucional que aduce (art. 495, CPP).
V.2. En cuanto a la segunda agravante criticada -"la crisis que atravesara la víctima después de develarse los eventos sufridos"-, los argumentos de la parte amén de ser también una reiteración de los llevados ante la instancia intermedia, sólo dejan entrever su disenso a partir de exponer circunstancias fácticas y conjeturales sobre las contradicciones existentes entre ciertos testimonios y otros medios de prueba producidos durante el debate, que -a su entender- debilitarían notablemente el grado de convicción que la sentencia les atribuyó (v. fs. 197). Se aprecia así, que la objeción de la parte refiere a cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla, a la competencia de esta Corte salvo supuestos de excepción que no se configuran en el caso (doctr. art. 494, CPP).
En rigor, los agravios se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre las pautas agravantes que fundamentaron la construcción del monto punitivo y, con ello, el recurrente no logra poner de manifiesto que la decisión de Casación padezca de defectos tales como para evidenciar la errónea aplicación de la ley que invoca (art. 495, CPP).
Cabe concluir que es doctrina de esta Corte que el criterio divergente del recurrente respecto de la incidencia sobre el monto de la pena que le cabe a las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
En ese sentido, vale también recordar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de D. H. H. O., con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2023 19:48:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 06:54:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:14:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 12:00:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 12:05:06 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/02/2023 14:13:26 hs. bajo el número RS-9-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia