Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134594
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.594, "Conti, Ernesto Roberto y Cácere, José Antonio s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.460 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 23 de abril de 2020, en lo que aquí interesa, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las respectivas defensas particulares de José Antonio Cácere y Ernesto Roberto Conti, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que, por mayoría, los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado (arts. 45 y 80 inc. 9, Cód. Penal; v. fs. 219/263 vta.).
Frente a lo así resuelto, los defensores particulares de Conti -doctores Oscar Salas y Christian Romano- y los defensores de confianza de Cácere -doctores Fabián Raúl Améndola, Facundo Raúl Emanuel Améndola y Silvia Fabiana Petroff- dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 266/292 y 345/386), los que fueron declarados parcialmente admisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 387/390).
Contra la parcela de la decisión denegada, únicamente la defensa de Cácere dedujo queja ante esta Suprema Corte (v. inf. actuarial de fs. 400), la que fue desestimada por improcedente (v. fs. 401/404), siendo, asimismo, declarado inadmisible el recurso extraordinario federal formulado a remolque de ese rechazo (resol. de 2-III-2022; v. causa P. 134.281-Q y su acum. P. 134.280-Q, en el sistema de gestión de expedientes Augusta).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 408/414 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 426), presentado el memorial por la defensa de Ernesto Roberto Conti (v. fs. 431/437) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por las defensas de Ernesto Roberto Conti y de José Antonio Cácere?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. De acuerdo con el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte -conforme los términos de la resolución de admisibilidad, ver en especial fs. 389 última parte y 390; y el rechazo de la queja interpuesta por la parcela no admitida- he de abordar solo los agravios relacionados -en ambos recursos- con la falta de acreditación de la relación causal entre el hecho probado y la muerte de la víctima. Estos son los planteos que viabilizaron la cuestión federal denunciada, relativa a la violación del principio in dubio pro reo; y, por otra parte, con la errónea aplicación del art. 80 inc. 9 del Código Penal y el pedido de cambio de calificación legal por la figura de homicidio preterintencional (v. fs. 389 in fine y 390).
Por otro lado, dado que los impugnantes trajeron a conocimiento de esta Suprema Corte similares agravios y argumentos en torno al mismo hecho ilícito (homicidio calificado), estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar su tratamiento en forma conjunta.
II.1.a. Sentado ello, con relación al primero de los planteos, los defensores particulares de Ernesto Roberto Conti alegan que el enlace proclamado entre lo manifestado por el perito de parte del particular damnificado -doctor Omar Ledesma- con lo que surge de las testimoniales e informes médicos de la Asesoría Pericial, no demuestra el nexo causal que pueda unir la conducta de Conti con el resultado muerte (v. fs. 285).
Cuestionan que el tribunal intermedio desechó toda posibilidad de interrupción en el nexo causal a la ingesta del medicamento sedante diazepam por parte de la víctima. Expresan que los sentenciantes solo lo mencionan y concluyen que el comportamiento atribuido a los acusados condicionó el resultado por la incidencia de uno de los golpes propinados a la víctima. A partir de lo cual, aducen que cabría preguntarse -entonces- cuál fue el funcionario que efectuó dicho golpe, y a todo evento, por qué habría que atribuirle el mismo a Conti (v. fs. cit.).
Destacan que junto a la droga mencionada, la ingesta de alcohol y de sustancias estupefacientes, más el estrés causado por la detención son motivos suficientes para que su corazón tenga una falla (v. fs. íd.).
Con apoyo en lo manifestado por la perito de la Asesoría Pericial departamental -doctora Andrea Sánchez- aducen que no se descartó patología cardíaca tóxica (v. fs. 285 y vta.).
Estiman que el sentenciante se inclinó nuevamente a valorar la duda razonable en perjuicio del imputado desoyendo las consideraciones de la defensa, y enfatizan que la duda, en esta etapa procesal, obligatoriamente favorece al imputado (v. fs. 285 vta.).
Argumentan que si no atendieron a tiempo a la víctima y murió, y si le dieron una medicación que no correspondía, ello no puede reprochársele a su defendido (v. fs. cit.).
Con apoyo en la teoría denominada conditio sine qua non, concluyen que suprimida la conducta que se le endilga a Conti la muerte de todos modos acaecería (v. fs. 286).
II.1.b. Con relación al mismo tópico, los defensores particulares de José Antonio Cácere comienzan señalando que han de mantener el agravio de arbitrariedad porque no se puede colocar en pie de igualdad la existencia de dos criterios médicos antagónicos -tales los de la perito oficial Sánchez y del perito de parte Ledesma- (v. fs. 378).
Luego de reseñar las controversias suscitadas entre ambas posturas, las que se vinculan -en definitiva- con la causal de la muerte de Cannizzo (v. fs. 378 vta./379 vta.), consideran que asiste razón a los médicos oficiales al establecer que la misma ha sido una insuficiencia cardíaca aguda secundaria a un edema agudo de pulmón de estirpe tóxico (v. fs. 379 vta. y 380).
Alegan que, aun acompañando la versión del doctor Ledesma, existen circunstancias sin las que el resultado muerte no se hubiera producido, siendo la primera el consumo del aludido diazepam, y la segunda, la errónea valoración del testimonio del compañero de celda de la víctima, Víctor Villegas Helguera, pues se omite valorar que le fue ofrecida ayuda médica en varias oportunidades, y Cannizzo se negó a ello (v. fs. 380 y vta.).
Concluyen que aun en la hipótesis desarrollada por el perito Ledesma, la víctima hubiera sobrevivido a la agresión de haber permitido la asistencia médica oportuna que le fue ofrecida, y que el informe médico legal del doctor Gonzalo Zárate muestra la negativa de Cannizzo a ser examinado por el facultativo (v. fs. 381).
II.2.a. En lo que respecta a la errónea calificación legal y la petición de que se califique el suceso como homicidio preterintencional, los defensores de Conti comenzaron su reclamo reseñando los argumentos que -sobre dicho extremo- habían sometido a examen de la instancia intermedia (v. fs. 287 y vta.).
De seguido, en pos de que el hecho se recalifique en los términos del art. 81 inc. 1 apartado "b" del Código Penal, traen a colación un precedente de la Sala III de ese órgano (causa 4142, "Talavera, Félix Eduardo") en el que -a la luz de la teoría de la imputación objetiva- se subsumió el hecho en el sentido que aquí se postula. Con cita de Jakobs explican que un resultado lesivo puede ser atribuido no solo al autor, sino a la víctima, a un tercero o al infortunio, y que -en el caso- parecen haber confluido dos de estos factores: víctima e infortunio (v. fs. 288).
En ese discurrir, afirman que nunca existió la voluntad de matar ni pudo representarse ello en cabeza de nadie, y que no quedó probado que los policías hubieran tenido la intención de matar a Cannizzo (v. fs. cit.).
Alegan que lo resuelto acerca de que el golpe que impactó en el cuello de la víctima importó la creación de un riesgo propio del delito de homicidio, nada dice acerca del dolo específico que la figura requiere y que el sentenciante presume tal acción dolosa porque el médico particular dijo que tenía fisurado el hueso hioides, concluyendo que -a su juicio- se trata de meras presunciones (v. fs. 288 vta.).
II.2.b. Por su parte, los defensores de Cácere refieren que el delito aplicado es de los llamados de delicta propria que requieren para su configuración de una calidad especial en el sujeto activo. En tal sentido, traen a colación los precedentes de esta Corte en causas P. 129.331 (sent. de 14-XI-2018) y P. 128.500 (sent. de 29-VIII-2018; v. fs. 352/353).
Aducen que ni el tribunal criminal, ni el órgano revisor han podido acreditar con el grado de certeza requerido el dolo de parte de su defendido, ni la relación de causalidad entre la conducta que se le reprocha y el resultado muerte (v. fs. 353 y vta.).
Estiman que no existe un solo elemento de prueba que permita señalar a los imputados como autores de un golpe en el cuello con dolo homicida, ni aun teniendo en cuenta los testimonios de Juan Carlos Castro y Damián Cannizzo, ya que ni siquiera ellos hablaron de golpes en el cuello y que tampoco hay lesiones externas que permitan acreditarlo (v. fs. 354 y vta.).
Explican que, a tal efecto, el órgano revisor se basa en un posible golpe que no dejó marcas externas ni fue descripto por testigos (v. fs. 355 y vta.).
Para concluir, afirman que Casación no acreditó el elemento subjetivo con elementos externos que permitan inferir fuera de toda duda razonable que en el caso de autos su asistido conoció con exactitud los elementos que comportan el tipo objetivo y la apreciación correcta del significado de la situación (v. fs. 356).
III. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso traído (v. fs. 408/414 vta.).
IV. Por su parte, la defensa particular de Conti presentó el memorial del art. 487 del Código Procesal Penal, y confirmó cada uno de los argumentos desarrollados en el recurso extraordinario (v. fs. 431/437).
V. Desde mi punto de vista, y en el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Suprema Corte, los planteos no prosperan.
En lo que aquí importa, el Tribunal de Casación Penal recordó que la mayoría del órgano de mérito tuvo por acreditado que "El día 21 de octubre del año 2011, aproximadamente a las 11.30, cuatro sujetos de sexo masculino, todos ellos funcionarios policiales que estaban en ejercicio de su función prestando servicios en la Seccional Tercera de Berisso, ingresaron al interior de una vivienda particular ubicada en la calle 93 bis entre 126 y 126 norte de la localidad de Berisso, en la tarea de aprehender a un menor de edad al que venían persiguiendo, dando en el interior de la misma con Néstor Ariel Cannizzo, sobre quien pesaba una orden de captura dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental, que era conocida con anterioridad por dichos funcionarios. Allí mismo, en ejercicio arbitrario e ilegítimo de sus funciones, sacaron de la cama a Cannizzo y, pese a que el mismo no ofreciera resistencia, le propinaron una golpiza a través de la modalidad de pegar reiterados y violentos golpes de puño, golpes con un palo de escoba y patadas en diferentes partes de su cuerpo, asumiendo las consecuencias de los mismos en razón del evidente estado de indefensión que presentaba la víctima, llevando a cabo con su accionar malos tratos excesivos, innecesarios, vejatorios y humillantes en la tarea de materializar la diligencia que los convocara, para luego reducirlo e inmovilizarlo por dos de dichos sujetos y seguir golpeándolo y pateándolo, sacándolo de la vivienda a la rastra, golpeado, con sangre en la cara y con los pies descalzos, con el fin de ejecutar dicha orden de captura"; y que "También ha sido legalmente acreditado que durante las primeras horas de la madrugada del día 22 de octubre, y mientras Néstor Ariel Cannizzo se hallaba en el interior de una celda de la Comisaría Cuarta de Berisso, sufrió un cuadro asfíctico subagudo que le produjo la muerte, a consecuencia de la golpiza infligida que le ocasion[ó] una lesión traumática que derivara en una fractura del hueso hioides de la laringe" (fs. 223 vta./224 vta.).
V.1. En el abordaje a las críticas comunes de los recurrentes acerca de la falta de corroboración de la relación causal entre los golpes propinados por los funcionarios policiales a la víctima y su fallecimiento, el tribunal revisor -en primer término- efectuó un pormenorizado repaso de las posturas contrapuestas presentadas durante el debate entre el perito de parte, doctor Omar Ledesma (v. fs. 238 vta./240) y de la perito oficial, doctora Andrea Sánchez (v. fs. 240/241 vta.).
Luego, reseñó los fundamentos que motivaron a la mayoría del tribunal de mérito a inclinarse por reconocerle plena fuerza convictiva a los dictámenes y testimonio del doctor Ledesma (v. fs. 241 vta./243).
A continuación, recordó que la jueza que elaboró el voto mayoritario al ocuparse del dictamen presentado por la doctora Sánchez, señaló que aquella coincidió con el perito de parte en cuanto a que la muerte se produjo por un síndrome asfíctico, pero que disentían acerca del origen del mismo, y que no existía evidencia que demostrara una patología cardiológica preexistente ni tampoco la condición de adicto a las drogas de Cannizzo (v. fs. 243 vta.). Adunó a ello, que la aludida perito oficial reconoció en el debate que las causas que podían generar un corazón hipertrofiado podían ser distintas a las vinculadas con el consumo de sustancias tóxicas, así como que del informe de la perito en toxicología surgía que la cantidad de cocaína encontrada en el cuerpo de la víctima era "escasa" siéndole imposible establecer la incidencia de la misma en la causa de la muerte (v. fs. 244). De igual modo, estimó la ausencia de una explicación plausible por parte de la doctora Sánchez acerca de por qué al momento de realizar la autopsia no le dio trascendencia a la equimosis en la glotis que presentaba la víctima (v. fs. 244 y vta.).
Expresó que el valor convictivo otorgado a los dictámenes del perito de parte por sobre la posición de los peritos oficiales, no aparece como un indicador del que sea posible inferir la arbitrariedad o el vicio del absurdo alegado (v. fs. 245 y vta.). Y en respuesta a que la opinión de los peritos oficiales debería tener mayor peso que la del doctor Ledesma dado que aquellos tuvieron a la vista el cuerpo de la víctima durante la autopsia, sostuvo que los recurrentes no han explicado la razón por la cual dicha circunstancia debería tener la incidencia que pretenden en la evaluación de los magistrados sobre los criterios médicos presentados (v. fs. 246). Máxime cuando tampoco aparecía como una cuestión de peso dirimente el mérito de los antecedentes profesionales de uno u otro de los expertos. Pues, aun sin desconocerse que la perito oficial contaba (al momento de su primera intervención en la causa) con tres años de experiencia realizando autopsias en la Asesoría Pericial, también el perito de parte dio cuenta de suficientes antecedentes y trayectoria profesionales, que incluían su desempeño en el Cuerpo Médico Forense de La Matanza y Quilmes durante aproximadamente nueve años, teniendo en su haber alrededor de 3.500 autopsias en la Morgue Judicial del primero de los departamentos judiciales mencionados.
A mayor abundamiento, destacó que el perito de parte basó su dictamen fundamentalmente en que una de las fotografías obtenidas durante la autopsia daba cuenta de una equimosis que no estaba detallada en el informe respectivo y que la discrepancia con los peritos oficiales se basó en el valor que cada uno le asignó al mencionado trauma, pero que en ese intercambio de opiniones no surge una explicación o motivo que vincule sus disidencias con el hecho de no haber estado presente durante la aludida autopsia (v. fs. 246 vta.).
Adunó a ello, que el perito de parte no se apartó de los hallazgos de los análisis realizados por la perito anatomopatóloga, la licenciada en toxicología y la inmunohematóloga, sino con el alcance que la doctora Sánchez adjudicó a los resultados de las dos primeras (v. fs. 242 vta.). Y en cuanto a la discrepancia con la perito técnica radióloga y la imposibilidad de afirmar en forma certera la existencia de fracturas, explicó que ello no conlleva a la necesidad de revisar el valor del dictamen del perito de parte pues su conclusión sobre el origen del síndrome asfíctico no estuvo apoyada exclusivamente en la efectiva existencia de las soluciones de continuidad, sino fundamentalmente en la aludida equimosis, sobre cuya existencia no abrigó dudas (v. fs. 248 y vta.).
En suma, concluyó que la información contenida en ambos dictámenes ha sido analizada de forma detallada en el veredicto, sin advertirse en el razonamiento de los jueces una transgresión a las reglas de la sana crítica racional (v. fs. 248 vta.).
Por otra parte, estimó que la actuación de la Asesoría Pericial que las defensas señalaron ajustada a "estrictos protocolos", no se apreciaba tal a partir de la crítica del perito de parte de no haberse aplicado en el procedimiento de autopsia el "Protocolo de Estambul", y la respuesta de la perito oficial que al ser consultada sobre el mencionado protocolo, refirió que la Asesoría contaba con su propio protocolo (v. fs. 248 vta./249 vta.).
Rechazó asimismo el reclamo de la defensa de Cácere acerca de la existencia de una circunstancia interruptiva del nexo causal, tal el consumo del diazepam que se le habría suministrado a la víctima en la dependencia policial, por considerar que el mismo se apoya en una concepción exclusivamente naturalista de los hechos, que en la dogmática actual mayoritariamente aceptada ha quedado superada por la teoría de la imputación objetiva, dada su finalidad esencial de delimitar con alcances normativos qué conductas son casualmente relevantes a un resultado final lesivo (v. fs. 250 y vta.).
Enfatizó que "...la consideración del comportamiento atribuido a los acusados como condición del resultado ha quedado suficientemente demostrada, a partir de los fundamentos desarrollados precedentemente sobre la incidencia de uno de los golpes propinados a la víctima en la generación del síndrome asfíctico sub agudo que le provocó su fallecimiento", y que "...no se encuentra discutido que dicho comportamiento generó un riesgo no permitido, cuyo peligro para la vida de la víctima derivaba de la propia entidad de la acción, ya en un juicio realizado con anterioridad a la producción del resultado (ex ante), situación que luego se corroboró en el juicio de valor realizado ex post, sin que se hayan detectado la existencia de desvíos causales de relevancia" (fs. 250 vta.).
Adunó a ello, que resulta ineficaz la invocación de una circunstancia como "interruptora del nexo causal" por el solo hecho de haber ocurrido con posterioridad al hecho, en tanto que debe precisarse el alcance de la misma, su impacto y a partir de ello, poder concluir en que ese desvío del nexo de imputación ha sido esencial (v. fs. 250 vta. y 251).
Finalmente descartó la presencia de elementos que permitan afirmar que la argumentación de los jueces de la instancia conduzca a dudar razonadamente sobre como ocurrió el hecho y la atribución del resultado (la muerte de la víctima) al comportamiento de los nombrados Cácere y Conti, en carácter de coautores (art. 45, Cód. Penal), y que justifiquen la aplicación del principio in dubio pro reo (v. fs. 253).
V.2. En lo que hace a las críticas sobre la calificación legal aplicada, el tribunal intermedio descartó, en primer término, el planteo de la defensa de Conti referido a que la misma constituyó una transgresión al principio de congruencia.
Sobre el punto, explicó que durante el debate los a
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