Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Tomás Artemio Jara, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.113, "Jara, Tomás Artemio s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° 20.156 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Juzgado Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante sentencia dictada el 8 de febrero de 2021, emitida en juicio abreviado, condenó a Tomás Artemio Jara a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de siete años y reglas de conducta por el plazo de tres años, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo calificado en los términos del art. 84 bis primer párrafo del Código Penal (v. sent. digital).
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a través del pronunciamiento del día 15 de abril de 2021, declaró inadmisible el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial contra el referido fallo (v. sent. digital).
Frente a esa decisión, el señor defensor oficial de la Defensoría departamental de Bahía Blanca, doctor Carlos Carnevale, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/5), que fue concedido por el órgano recurrido (v. fs. 6/9).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 21/23), dictada la providencia de autos (v. fs. 25) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia de Cámara por no haber dado tratamiento al agravio relativo a la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación, invocando la vulneración de derechos fundamentales del imputado (v. fs. 2 vta.).
El señor defensor reconoció que el planteo lo efectuó recién al interponer el recurso de apelación, pero entendió que ello no impedía su abordaje por parte de la Cámara departamental en función de que esa era la primera oportunidad para poner en conocimiento de la jurisdicción dicho agravio, al tiempo que, por tratarse de una cuestión de índole federal, se imponía el control de constitucionalidad difuso establecido en art. 31 de la Constitución nacional (v. fs. 3 vta.).
En esa senda remarcó que había solicitado la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación establecida en forma conjunta con la de prisión en el art. 84 bis del Código Penal, por considerarla una sanción de imposible cumplimiento, desproporcionada, irracional, cruel e inhumana, que vulnera el derecho al trabajo de Jara.
Agregó que, al margen de la naturaleza federal de la cuestión, en función de lo decidido por el Máximo Tribunal de la Nación en el fallo "Casal" la Cámara no podía limitar el tratamiento de la misma conforme el alcance del derecho a revisión de la sentencia de condena (v. fs. 4).
Requirió también que la pena fuera suplantada por tareas en favor del Estado o multa (v. fs. 4 vta.) y por último indica que la sanción resulta desproporcionada ya que el imputado carece de antecedentes penales por lo que la inhabilitación para conducir por siete años resulta excesiva (v. fs. 4 vta. cit.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 21/23).
III.1. El órgano de la instancia tuvo por acreditado que "...en la ciudad de Punta Alta, el 9 de octubre de 2017, aproximadamente a las 12:50 hs., en circunstancias en que TOMAS ARTEMIO JARA se hallaba al mando de una camioneta marca Nissan, modelo Frontier, dominio EAY 105, circulando por calle Avda. Tucumán en sentido ascendente violó los deberes de cuidado exigidos al momento de conducir en la vía pública al no circular con cuidado y prevención, al efectuar una maniobra de giro a la izquierda para ingresar a calle 12 de Octubre sin desviarse con la antelación suficiente de treinta metros hacia la mano izquierda, sin advertir debidamente su maniobra al no colocar luz de giro con anticipación suficiente y en exceso de velocidad al circular al menos a 39,13 km/h, cuando la velocidad máxima permitida era de 30 km/h (arts. 39, 43, y 51 inc. 'e' apdo. 1, ley 24.449). Dicho accionar provocó que JARA colisionara al motovehículo marca Honda, modelo Biz, dominio 857 CBW, conducido por Diego Sebastián Paredes Saucedo, quien momentos antes circulaba por detrás y en igual sentido de circulación; sufriendo Paredes Saucedo un traumatismo encéfalocraneano grave, hemoneumotorax y traumatismo abdominal con ruptura de bazo e hígado, lo que generó un shock hipovolémico y la muerte" .
Luego de admitir el juicio abreviado, condenó a Tomás Artemio Jara como autor responsable del delito de homicidio culposo calificado en los términos del art. 84 bis primer párrafo del Código Penal.
III.2. Frente a ello la defensa interpuso recurso de apelación donde en el acápite de la admisibilidad señaló que el acuerdo de juicio abreviado no era un límite al ejercicio del derecho al doble conforme, por lo que cualquiera de las circunstancias previstas en la sentencia era pasible de ser revisada por un órgano superior. En cuanto al fondo solicitó, como único motivo de agravio, la inconstitucionalidad de la escala penal de la pena de inhabilitación establecida como pena conjunta a la de prisión, en el art. 84 bis primer párrafo del Código Penal, por resultar de imposible cumplimiento, por ser desproporcionada e irrazonable, cruel e inhumana -en el caso concreto- y por limitar el derecho de su asistido a trabajar. Agregó que dicha sanción trascendería su persona, teniendo en cuenta que Jara es el sustento de su familia (v. rec. digital).
III.3. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca rechazó el remedio intentado. Para así decidir expresó que el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado era un derecho que no podía ser limitado (con cita del precedente P. 91.712, sent. de 18-VI-2008), en línea con la amplitud revisora derivada de la garantía constitucional de la doble instancia, por lo que el recurso resultaba formalmente admisible.
Como consecuencia de lo expuesto, sostuvo que la revisión de la sentencia dictada en juicio abreviado se extendía -en principio- no solo a lo referido a la materialidad ilícita y la autoría del imputado, sino también a la calificación legal y a la pena (v. sent. digital).
Especificó, con cita de precedentes de esa Sala, que la cuestión era diversa, la revisión no se vinculaba con aquellos extremos sino con la clase de pena prevista para el delito -en el caso, la de inhabilitación especial-, y novedosamente se procuraba su inconstitucionalidad.
Remarcó que la parte no había formulado ninguna observación durante la tramitación de la causa, como tampoco había introducido ningún argumento o petición con relación al planteo de inconstitucionalidad que, recién lo había hecho en esa instancia, lo que había impedido que la jueza de primera instancia hiciera alguna consideración al respecto.
Mencionó que la defensa al prestar conformidad, junto con su asistido, al acuerdo de juicio abreviado, no opuso reparo alguno respecto a la pena de inhabilitación y su inconstitucionalidad, lo que demuestra la extemporaneidad del planteo y la falta de un interés directo que permitiera abrir la vía recursiva.
Advirtió que la petición de inconstitucionalidad ensayada contrariaba la propia conducta procesal e implicaba vulnerar la doctrina de los propios actos, al indicar que nadie puede asumir una conducta distinta a otra anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Aseveró que este modo de obrar queda aprehendido por la citada doctrina, pues la pretensión resultaba incompatible con su anterior conducta, lo que quitaba coherencia a su actual planteo y determinaba también, su inadmisibilidad.
Finalmente descartó que con base en el principio iura novit curia , y en la fiscalización de oficio de la constitucionalidad de una norma, se pudiera sortear la inadmisibilidad (art. 435, CPP), dado que la pena de inhabilitación especial aplicada no resultaba contraria a ningún derecho consagrado en la carta magna que provocara su declaración de inconstitucionalidad, entendida esta como un acto de suma gravedad y último recurso del orden jurídico.
IV. La impugnación debe ser rechazada. Como quedó expuesto en la reseña que antecede, la Cámara, con sustento en la doctrina de la Corte federal referida al planteo de cuestiones constitucionales en la primera oportunidad posible -y su mantenimiento subsiguiente-, sumado a la doctrina de los actos propios; resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena conjunta de inhabilitación prevista en el art. 84 bis del Código Penal.
Lo resuelto por la Cámara se condice con el criterio expuesto por esta Corte en casos análogos, pues la parte que aquí recurre no formuló tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a fin de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (CSJN Fallos: 328:3165).
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que "De este modo, la intempestiva formulación no observa el estándar aplicado por la Corte federal en la materia por el cual se establece que el planteamiento de la cuestión federal debe hacerse en condiciones tales que habiliten al tribunal de última instancia en el orden local, a pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva (CSJN Fallos: 147: 371; en Suplementos de Actualización. Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso extraordinario y recurso de queja: Parte 1, Ira. Edición, Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2011, pág. 132)".
Pero además, se confirma la contradicción con los actos propios que le fuera reprochada por el Tribunal de Alzada. En efecto, si la defensa entendía que el art. 84 bis del Código Penal contenía una pena contraria a la Constitución nacional, debió insoslayablemente efectuar el pertinente planteo en el momento oportuno (esto es, ante el órgano de primera instancia) y no cuestionarlo ante el tribunal revisor. El no proceder del modo relatado, además de la inoportunidad, devela una contradicción flagrante con los actos propios, pues la calificación del hecho fue propuesta al juzgado de la instancia como resultado de un acuerdo de partes (conf. causa P. 119.015, sent. de 15-VI-2015).
Es que, la doctrina de los actos propios enseña que la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. mis votos en causas P. 125.050, sent. de 22-VI-2016; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017 y P. 135.436, sent. de 29-X-2021 también aplicada por la Corte federal en Fallos: 285:410 y sus citas; 297:27;.299:89; 305:568; 307:599, 635 y 1582; 308:1175 y 2405; 310:884; 315:369 y 317:655).
Por otro lado, la defensa tampoco logra demostrar que la solución adoptada por el Tribunal de Alzada haya sido dictada en violación al derecho al recurso en los términos de la doctrina del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la colega doctora Kogan.
Como bien lo señala la ponente, la parte no demuestra que el Tribunal de Alzada departamental haya incurrido en la arbitrariedad alegada al no haber dado tratamiento al agravio relativo a la pretensa inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación establecida conjuntamente con la de prisión en el art. 84 bis del Código Penal, en el marco del procedimiento de juicio abreviado en los términos acordados, en vulneración de derechos fundamentales del imputado.
El tribunal revisor estimó que el planteo recién fue introducido en el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, tal como lo reconoce el propio impugnante, sustrayendo el caso constitucional del abordaje de la jueza de grado.
Mencionó que la defensa al prestar conformidad, junto con su asistido, al acuerdo de juicio abreviado, no realizó ninguna observación respecto de la pena de inhabilitación que ahora reputa inconstitucional. Sostuvo que esa contrariedad en su conducta procesal implicaba vulnerar la doctrina de los actos propios, siendo además demostrativa de falta de interés directo a fin de habilitar la vía emprendida por ser fruto de una reflexión tardía.
Frente a ello, la parte no demuestra que al haber actuado en la instancia primigenia sin reserva alguna acerca del eventual agravio constitucional respecto de la pena de inhabilitación especial sobre la que luego se alzara, sin que ello vaya de la mano de réplicas a la situación de hecho, las pruebas del caso, el contenido disvalioso del acto atribuido ni la cuantía de la pena establecida con ajuste a lo acordado, es decir, ceñida la sentencia de condena a tales parámetros que vienen enhiestos, aparezca arbitrario el argumento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca antes reseñado.
Pues, bajo tal estado de cosas, la novedosa pretensión de inconstitucionalidad de la mentada pena conjunta, no solo aparece en clara contradicción con el obrar anterior, sino que ha impedido que la jueza de grado emprendiera el test que tardíamente procura del Tribunal de Alzada sobre una consecuencia inescindiblemente atada a la suerte de los demás elementos que vienen incontrovertidos. Porque, pese a que el recurrente le achaca desproporcionalidad, no pretende una revisión del monto de pena establecido en el caso, sino que confronta su legitimidad con el derecho a trabajar del condenado, pretendiendo que aquella sea descalificada por inconstitucional y suplantada por tareas en favor del Estado o por la pena de multa, cuando nada de eso formó parte del debate ante el juzgador de origen.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto de la doctora Kogan con las consideraciones vertidas por el doctor Soria .
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan con el aditamento de las consideraciones expuestas por el doctor Soria.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Tomás Artemio Jara, con costas (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2023 13:52:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/02/2023 18:03:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2023 11:38:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2023 13:08:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2023 13:50:57 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/02/2023 14:20:46 hs. bajo el número RS-5-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia