Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Lucas A. Tornini por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.299, "Avellaneda, Cristian Gastón s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 99.141 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de octubre de 2019, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de confianza de Cristian Gastón Avellaneda y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lo condenó a la pena única de cuatro años y seis meses de prisión, comprensiva de la pena de dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional -modalidad revocada- que le fuera impuesta en causa n° 4162 del Juzgado en lo Correccional n° 5 departamental, la que a su vez comprende la pena recaída en causa IPP 08-00-021489-16 del Juzgado de Garantías n° 1 departamental, y de la pena de cuatro años de prisión dictada en causa n° 6616 de ese órgano recurrido por el delito de robo en grado de tentativa y robo agravado por efracción, con costas (v. fs. 21/26).
El defensor de confianza, doctor Lucas A. Tornini, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 38/41), el que fue concedido parcialmente mediante resolución de fs. 47/50.
Contra ello, la defensa no interpuso queja ante esta Corte, conforme surge informado de fs. 65.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 67/69 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 71 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El defensor particular -en lo que interesa destacar conforme la admisión del remedio en trato (v. fs. 47/50)- denunció la errónea aplicación del art. 12 del Código Penal, solicitando se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 40 y vta.).
Se agravió de los fundamentos utilizados por el tribunal intermedio para afirmar que la pena accesoria que prevé dicha norma no viola el bloque de constitucionalidad conformado por la carta magna y los tratados internacionales sobre derechos humanos y que solo procederá la inconstitucionalidad cuando la repugnancia entre la norma en cuestión sea manifiesta con el bloque constitucional.
Consideró que no se han tenido en cuenta las condiciones personales de su defendido ni las circunstancias del caso concreto. Aseguró que la decisión impugnada no sólo afecta a su asistido sino también a su familia, y a la posibilidad de ir avanzando conforme el sistema progresivo de la pena en cuanto lo es la ley de ejecución.
Argumentó asimismo que la norma en cuestión resulta violatoria de los principios internacionales, del interés superior del niño y representa una verdadera pena accesoria pues importa la limitación de modo automático a la responsabilidad parental sobre su hijo, ampliando de tal modo la represión punitiva del Estado a víctimas inocentes con la agravante de tratarse de un menor de edad, la capacidad de administración y disposición de sus bienes y a trabajar (v. fs. cit.).
Solicitó, por último, dado que, configurando la misma una pena accesoria, sin haberse fundado su aplicación al caso concreto ni estar relacionada con el delito cometido, se declare su inconstitucionalidad y se revoque su aplicación a su asistido.
II. Coincido con el señor Procurador General y considero que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 67/69 vta.).
III. Ante similar reclamo llevado por la defensa, el tribunal intermedio resolvió -en lo esencial- que: "Para determinar la presente cuestión debemos analizar cuál es la naturaleza jurídica del instituto en cuestión. Las incapacidades civiles de las que habla el art. 12 son una consecuencia de la condena carente de carácter punitivo, con connotaciones eminentemente tutelares, que concluyen cuando se produce la libertad del condenado" (fs. 23 vta.).
Sostuvo además que su alcance "...nos coloca frente a una incapacidad de hecho relativa, por lo cual el penado no pierde su capacidad jurídica, ya que la misma se refiere a un número restringido de actividades". Y que dichas incapacidades se encuentran expresamente enumeradas, pues "...no pueden extenderse a otros supuestos no previstos por la ley. Se impone allí la interpretación restrictiva..." (fs. 24).
Expresó que "...no obstante el carácter tuitivo y no represivo del instituto, al ser inherente a las penas aplicadas, la relación con ellas es estrecha, lo que tiene influencia decisiva en cuanto a la duración. Comienzan a regir desde la fecha de la sentencia firme, y cesan cuando el penado recupera su libertad. Las limitaciones, [...] sólo se refieren a los derechos enumerados por la ley, por lo que puede realizar todos los demás actos de la vida civil" (fs. cit.).
Destacó que la accesoria que contiene la norma en trato "...sólo implica una incapacidad de hecho relativa, lejos está de prever la 'muerte civil' reseñada por el recurrente..." (fs. 24 vta.).
Concluyó que la declaración de inconstitucionalidad sólo procederá cuando la repugnancia entre la norma en cuestión sea manifiesta, clara e indudable con el bloque de constitucionalidad conformado por la carta magna y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados por la reforma de 1994, concretamente los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 apartado 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y nada de ello ha acontecido (v. fs. 24 y vta.).
IV.1. Frente a tales fundamentos el recurrente insiste con los mismos argumentos llevados ante la Casación sin impugnar los meritados antes reseñados del tribunal intermedio, lo que sella la insuficiencia del planteo (doctr. art. 495, CPP).
El desarrollo recursivo expuesto por la parte pone de manifiesto apreciaciones generales sobre la cuestión, desprovistas de toda argumentación que la relacione con las concretas circunstancias del caso.
IV.2. De todos modos, es dable señalar que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325, 300:241 y 1087; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados. Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. Fallos: 306:1597 y, en especial, 325:1201, in re "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°).
IV.3. Por lo demás, como ya lo he expresado al votar la causa P. 130.516, sentencia de 19-VI-2019, lo resuelto ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de examinar la declaración de inconstitucionalidad a la que arribaran los jueces de la Casación federal en el caso "González Castillo" (Fallos: 340:669), la cual revocó en los términos de la doctrina de arbitrariedad de sentencias por reputar que habían efectuado una interpretación apoyada en fundamentos aparentes, y que esa conclusión no podía ser considerada derivación razonada del derecho vigente, dando sobradas razones por las que, siendo esa solución la ultima ratio del orden jurídico, la decisión ponía en jaque criterios de política criminal y penitenciaria establecidos por el legislador sin aportar una justificación convincente y razonada con relación a su incompatibilidad con la Constitución nacional (cons. 6° a 10°), postura que luego reiteró en otros varios casos (v.gr.: "Hope Casilla, Ervin s/legajo de casación Fernández, Norma Amalia y otros s/homicidio simple", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Flores Rodríguez, Gerson s/infracción ley 23.737", "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Méndez, Matías o Méndez, Maximiliano Matías s/ homicidio agravado en grado de tentativa", sents. de 26-XII-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Ribles Rible, Marcos Carmelo s/ abuso sexual - art. 119 2º párrafo", sent. de 23-XI-2017; "Callejas, Viviana y otros s/recurso de casación", sent. de 31-X-2017; "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Migueles, Carlos Darío s/ infracción ley 22.415", sent. de 29-V-2018; "Recurso de hecho deducido por la defensa de Ariel Alberto Fernández, en la causa Cubilla Encina, Erme y otro s/ infracción ley 23.737 (art. 5º inc. c)" y "Orellano, Félix Alberto y otro s/legajo de casación", sents. de 21-VI-2018; "Gómez, Claudio Fernando s/legajo de casación", sent. de 17-X-2018; "Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y otros s/ infracción ley 23.737", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
Entonces aunque es arraigada doctrina de la Corte federal, por aplicación de los arts. 75 inc. 12, 121 y siguientes de la Constitución nacional, que la inteligencia dada a una norma de derecho común -tal la prevista en el art. 12 del Código Penal- y su adecuación al caso, constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la causa y ajena, por ende, a la materia federal (conf., por muchos, Fallos: 292:564; 294:331; 301:909; 305:799; 327:1552), pudiendo habilitarse su competencia revisora cuando la norma de tal especie -tal como ha sido entendida y aplicada- conllevara a la afectación de una garantía constitucional (Fallos: 190:392; 194:267; 195:458; 196:397; 199:617; 307:1289; conf., además, por todos, Imaz-Rey, El recurso extraordinario , 2ª. ed., Bs. As., 1962, pág. 131), pues, de lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias que son inherentes a su autonomía; el derrotero seguido por el Alto Tribunal de la Nación y estrictas razones de economía procesal, llevan a considerar lo así establecido una inteligencia suficientemente unívoca, por lo cual la solución que pretende un apartamiento a aquella clara y constante jurisprudencia debe estar especialmente fundada, lo cual no se ha dado en el caso.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Coincido con la solución propuesta por el doctor Soria, en tanto concuerdo en que el recurrente se ha limitado a reiterar planteos sometidos al conocimiento de la instancia anterior y sin desarrollar argumentaciones tendientes a controvertir lo fallado en contra de sus pretensiones. Media, pues, insuficiencia en la impugnación en examen (art. 495, CPP).
Así entonces, y en concordancia con las apreciaciones vertidas por el señor Procurador General en su dictamen, las que hago propias, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Lucas A. Tornini por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:35:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2023 21:25:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:02:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:48:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 14:22:52 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 16:11:02 hs. bajo el número RS-3-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia