Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135876
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.876, "Á., M. J. s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.821 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de noviembre de 2020, rechazó el recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal de Jurados presidido por la Jueza técnica, doctora María Alejandra Raverta del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul que condenó a M. J. Á. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente (v. fs. 56/75).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/86), el que fue concedido -por mayoría- a fs. 88/90 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 97/100 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 102) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal en lo concerniente a la concurrencia de pautas agravantes en la medición de la pena; y violación al derecho al doble conforme (art. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 82).
Luego de efectuar una reseña de lo decidido, alega que el proceder del tribunal revisor resultó arbitrario e importó un tránsito aparente por la instancia revisora (v. fs. 85 y vta.).
I.1. En primer lugar, cuestiona la respuesta otorgada por el juzgador al agravio esgrimido sobre la ponderación de "...la corta edad de la víctima" con efecto aumentativo de la pena. Pues, sostiene que tal situación ya se encuentra aprehendida en la agravante de la figura penal en trato por la cual se condenara al imputado, incurriendo entonces en una doble valoración prohibida (v. fs. 82 y vta.).
Denuncia por insuficiente la justificación brindada por el órgano intermedio, ya que es innegable reconocer que, a menor edad de la víctima, menor grado de maduración mental para comprender el significado de lo que sucede y por ende para prestar o no consentimiento al acto abusivo, y por tal motivo nuestra ley contempla un mayor grado de injusto para los casos en que la víctima resulte menor de edad. En ello reposa, a su criterio, la doble valoración efectuada de una misma circunstancia en contra del imputado, así como el déficit endilgado a ese tramo del acto revisor.
I.2. En segundo término, se alza contra la ponderación de "...la especial vulnerabilidad de la víctima". Denuncia que el Tribunal de Alzada reeditó los argumentos dados por el inferior, sin brindar respuesta adecuada a los planteos de la defensa en el recurso de casación a pesar de admitir que los hechos objeto de juzgamiento no fueron perpetrados durante el tiempo que la niña estuvo hospitalizada, que sería el momento en que se encontraba en esa especial situación.
I.3. Luego, aborda la circunstancia vinculada con la "...prolongación en el tiempo", siendo que tal agravante resultaría propia del abuso sexual gravemente ultrajante que se encuentra, en el caso, subsumido por la figura más grave del abuso sexual con acceso carnal, provocando por tanto un avasallamiento al principio constitucional del ne bis in idem .
El impugnante refiere que el art. 119 en su segundo párrafo agrava los abusos cuando por su duración o circunstancias de realización hubieren configurado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. La norma no precisa un determinado tiempo, por lo que será tarea de los juzgadores establecer y fundamentar debidamente, por qué motivo la extensión de los abusos en un determinado tiempo implica un sometimiento sexual mayor, que justifique una calificación legal más gravosa.
Entiende que la consideración efectuada en la sentencia respecto a ese tópico resulta vaga e imprecisa, por lo que se ha conculcado el derecho de defensa.
I.4. Con respecto a la agravante vinculada con la "violencia psicológica", con base en supuestas amenazas proferidas por su asistido hacia la víctima, denuncia que una vez más el tribunal intermedio se desentiende por completo de lo reclamado por la defensa en cuanto a que en la Cámara Gesell la menor no refirió haber sufrido amenaza alguna, dando por acreditada tal agravante a raíz del silencio de los hechos por un lapso aproximado de un año, cuestión que no fuera mencionada por el tribunal de juicio.
I.5. Finalmente, en punto a la "extensión del daño causado", se agravia de que el tribunal diera por probado tal extremo con sustento en los dichos de los psicólogos que declararon en la audiencia de debate oral, quienes manifestaron advertir una gran afección de la menor víctima. Sin embargo, afirma, no se aprecia ni se demuestra en el pronunciamiento que ese sentimiento pudiera constituir un plus de disvalor más allá del que comúnmente es inherente a los delitos de esta clase.
II. En síntesis, concluye que las pautas agravantes criticadas fueron arbitrariamente convalidadas, merced a una inadecuada e insuficiente faena revisora por parte del Tribunal de Casación.
En consecuencia, solicita se case el pronunciamiento y se reenvíen los autos al inferior para que -debidamente integrado- dicte una sentencia conforme a derecho sobre las cuestiones discutidas que garantice el derecho a obtener la revisión del fallo condenatorio por parte de un tribunal superior (v. fs. 85 vta.).
III. En concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 97/100 vta.), el recurso puede prosperar, en tanto la disconformidad con la solución adoptada por el a quo es ineficaz para demostrar la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal (art. 495, CPP y su doctr.).
IV. Al interponer el recurso de casación, en lo que aquí interesa, la defensa esgrimió que la pena no debía alejarse del mínimo legal, toda vez que las pautas que incidieron -por su severidad- en la determinación del monto de doce años de prisión vulneraban el " non bis in idem" , habida cuenta de que ingresaron en esa consideración cuestiones ya abarcadas en la figura básica o en la calificada (v. fs. 27 vta.).
El juzgador intermedio -según se adelantó- descartó que le asistiera razón al impugnante (v. esp. fs. 72 vta./74).
IV.1. En cuanto a la "corta edad de la víctima", señaló que "...el mérito de esa pauta no constituyó una doble valoración de una misma circunstancia integrativa del tipo en cuestión, porque las diversas formas que puede presentarse la comisión de los ilícitos por las que viniera sindicado el acusado pueden resultar demostrativas de diferentes intensidades de contenido de injusto en cada conducta, siendo entonces adecuado y razonable valorar ese 'plus' como una pauta que implique un aumento del monto de pena a imponer. Pues en el caso, debemos poner de manifiesto que la edad de la víctima está por debajo de los trece años que presupone el primer párrafo del art. 119 del C.P. y que son considerables sólo a la hora de determinar si pudo o no consentir la relación". Concluyó así que la corta edad de la víctima A. Á. -por entonces de once años- al ser abordada por el acusado, "...revela un mayor contenido de injusto que debe incidir en la pena a imponerse, dado el candor propio de la edad y la mayor vulnerabilidad que se tiene en esa etapa de la vida" (fs. 72 vta. y 73).
IV.2. Asimismo, entendió correctamente sopesada "...la especial vulnerabilidad de la víctima" (v. fs. 73).
Afirmó el juzgador intermedio que "...el sentenciante puso de relieve la condición de la menor, quien sufrió una enfermedad severa que derivó en un trasplante de médula. Es decir, aun cuando la defensa alegó que las conductas abusivas no se dieron cuando la niña se encontraba internada, lo cierto es que la niña se encontraba en una especial situación diferente a la de sus otros hermanos. Entonces, más allá de que las acciones reprochadas no se dieron cuando la niña estuvo hospitalizada, el encartado escogió a esa menor a pesar de los padecimientos que tenía en su salud para llevar adelante su accionar delictivo, lo que implica un mayor contenido de injusto. En efecto, esa circunstancia resultó correctamente justipreciada a fin de establecer una mayor dosificación en el reproche punitivo" (fs. 73 cit.).
IV.3. En cuanto a la "...prolongación en el tiempo", el a quo puntualizó que "...como fuera expuesto en los alegatos, la fiscal del caso expuso que no se pudo cuantificar la cantidad de veces que se afectó la integridad sexual de la joven. A pesar de ello sí se pudo establecer la franja temporal en la que se dieron las conductas abusivas (varias), que implica un período de casi un año. En ese sentido, al no poder constatar precisamente la cantidad de los ataques no hubo un concurso real, sino que se trató de un delito continuado. Es decir, la conducta del incuso implicó la comisión de diversos hechos delictivos que conforman una secuencia. Los mismos conforman un único injusto o un delito continuado, es decir una antijuridicidad única con pluralidad de acciones, identidad de actores configurando un proyecto criminal permanente e inalterado en lo que hace a la totalidad de sus despliegues fácticos. En otras palabras, M. Á. renovó esa resolución delictiva originaria bajo el efecto motivador de circunstancias esencialmente iguales y, de tal modo, la pluralidad de realizaciones típicas (en sí autónomas) deben considerarse una unidad de acción, que configura un solo delito continuado, tratado a la luz de las reglas del artículo 54 del Código Penal. Dicho lo anterior, la circunstancia de ponderar la prolongación en el tiempo no tiene que ver con la calificación legal como lo estima la recurrente, sino como una pauta objetiva que implicó una mayor afectación a la integridad sexual de la menor. Como tal, y al no poder establecer una identificación precisa de los ataques no se aplicó la figura del art. 55 del C.P. (concurso real)", sin menoscabo alguno al principio del non bis in idem denunciado por la parte (v. fs. 73 y vta.).
IV.4. En lo que hace a las objeciones formuladas respecto de la ponderación de la violencia psicológica ejercida por parte del imputado, la Casación concluyó que fue correctamente sopesada. Precisó que "...cada vez [que] infligía un ataque sexual contra la menor profería la amenaza de que si alguien se enteraba los iban a echar de la casa". Estimó "...que el imputado se encargó de montar con habilidad un escenario para enredar a la niña y exhibirle un gran temor", y a través de ese modus operandi logró "...infundir[le] tal miedo y preocupación, eventualidad que se comprobó a partir del silencio de los hechos por el lapso aproximado de un año". En suma, reputó que la pauta establecida merecía "...un mayor reproche punitivo en atención a la cuantificación del daño para con la niña con las conductas y formas que tuvo el encartado" (fs. 73 vta. y 74).
IV.5. Por último, también ratificó "...la extensión del daño causado" como pauta agravante de pena, en razón de que el "...daño psicológico producido a la víctima resultó elocuente". Tuvo esto justificado con lo declarado en el juicio por las psicólogas que aludieron a "...la gran afección de A.". En especial, refirió a "...lo expuesto por la Lic. Gabriela Rosatto (psicóloga de la menor) quien llevó adelante el tratamiento psicológico. El daño resultó patente, particularmente el sentimiento de culpa que derivó el develamiento de los hechos y la relación con sus hermanos menores. En ese orden de ideas, consider[ó] que el daño en la psiquis fue acreditado en la menor, ello como consecuencia de los actos aberrantes y depravados de los que fuera víctima, con la carga adicional de que el autor de los mismos fue quien ejercía el rol de padre, y que fueran causales del comienzo de un tratamiento psicológico" (fs. 74 cit.).
V. De la reseña efectuada se advierte que, contrariamente a lo afirmado por la parte, el órgano revisor brindó los motivos por los cuales avaló las circunstancias que determinaron el monto de la sanción aplicada, no observándose que sus fundamentos resulten meramente aparentes o desprovistos de una justipreciación adecuada.
En las instancias previas, se analizaron y justificaron sobradamente -tal como se acaba de reseñar- las razones que avalaban cada una de las pautas de mesura de la pena. Por ello, las afirmaciones del recurrente relativas a que la decisión carece de apoyatura o es dogmática, omite rebatir lo efectivamente decidido, técnica que resulta ineficaz para revertir en esta instancia extraordinaria lo resuelto (art. 495, CPP).
Así, el tribunal intermedio confirmó las pautas fijadas por la instancia de mérito para individualizar la pena dentro de la escala legal prevista en función de la subsunción legal reprochada. Y tal decisión se encuentra ajustada al régimen de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin que el apartamiento del mínimo legal de la referida escala constituya la errónea aplicación denunciada (art. 495, CPP).
En rigor, la defensa no logra justificar que lo resuelto escape a lo que se tiene dicho acerca de que si bien es cierto que no corresponde valorar nuevamente en la medición de la pena las circunstancias que ya fueron tomadas en cuenta por el legislador al determinar el alcance del tipo penal -"prohibición de doble valoración"- pues al establecer aquel una escala penal ha contemplado los diversos grados posibles de gravedad que puede presentar el delito en su concreción; también lo es que la forma o el modo en que se ha manifestado el hecho, no resulta indiferente para determinar la mayor o menor gravedad del ilícito y, por ende, el reproche de culpabilidad que corresponde formular a su ejecutor (doctr. causa P. 128.070, sent. de 21-XI-2018).
Cabe recordar que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave. El juzgador al convalidar lo actuado dio cuenta de esos matices diferenciales, sin que se advierta ni la parte logró explicar que se hubiera incurrido en un grosero error o juicio arbitrario al decidir de ese modo.
En rigor, los agravios de la parte se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre las circunstancias que fundamentaron la construcción del monto punitivo y, con ello, el recurrente no logra poner de manifiesto que la resolución de la casación padezca de defectos tales como para evidenciar ni la errónea aplicación de la ley, ni la arbitrariedad o la violación de los principios constitucionales que invoca. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:35:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2023 21:25:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:02:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:48:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 14:22:02 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 16:08:36 hs. bajo el número RS-2-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia