Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135991
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de los particulares damnificados, se casa el pronunciamiento recurrido y se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Loto por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.991 RC, "Valdez, Néstor y Campos, Norma Luisa -particulares damnificados- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.819 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Martín Ismael Torres", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Genoud, Kogan .
De la causa radicada electrónicamente ante esta Suprema Corte se advierte que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 18 de junio de 2021, por mayoría, desestimó por inadmisible el recurso de la especialidad interpuesto por los particulares damnificados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, condenó a Martín Ismael Torres a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor de homicidio en ocasión de robo (conf. art. 165, Cód. Penal).
Frente a lo así decidido, los particulares damnificados presentaron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunciaron, como primer agravio, la arbitrariedad del fallo, la violación del debido proceso y del derecho de acceso a la justicia. En segundo lugar, aludieron también a arbitrariedad en la valoración de la prueba. Finalmente, denunciaron la errónea aplicación del art. 165 del Código Penal y la inobservancia de los art. 80 incs. 6, 7 y 8, 41 bis y 189 bis, todos del Código Penal.
El Tribunal de Alzada, el día 12 de octubre de 2021, admitió parcialmente la impugnación, concediendo únicamente el agravio relativo a la tacha de arbitrariedad vinculada con la violación del debido proceso y el derecho a acceder a la justicia (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Christou").
Contra lo así decidido, los particulares damnificados no dedujeron queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por los particulares damnificados Néstor Toribio Valdez y Norma Luisa Campos, con el patrocinio letrado del doctor Domingo Faustino Loto, se reseñará únicamente el agravio correspondiente a la denuncia de arbitrariedad y violación del debido proceso y derecho a acceder a la jurisdicción (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.1. y 25, CADH y 14.1., PIDCP).
En tal sentido, los interesados denuncian que el a quo efectuó una arbitraria interpretación de los arts. 401 y 452 inc. 2 del Código Procesal Penal, todo lo cual afectó el debido proceso, el derecho a ser oído y el acceso a la jurisdicción en tanto se les denegó el control de la sentencia de condena recaída en el marco de un procedimiento de juicio abreviado (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.1., 25 y concs., CADH y 14.1., PIDCP).
Resaltan que manifestaron expresamente su oposición al acuerdo celebrado entre la defensa y el señor fiscal por haberse fijado una calificación legal menos gravosa (conf. art. 165, Cód. Penal) que la oportunamente establecida en el requerimiento de elevación a juicio (arts. 80 incs. 7 y 8, 41 bis, 45, 55 y 189 bis, Cód. Penal) y por la que la causa fue efectivamente radicada ante el Tribunal de mérito.
Concluyen que el fallo en crisis aplicó de manera aislada el art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal y no se hizo cargo de lo establecido en el art. 401 del mismo cuerpo de leyes, así como tampoco de armonizar la normativa procesal con los citados derechos constitucionales.
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso.
No coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es procedente (conf. art. 496, CPP).
Veamos.
III.1. El Tribunal de Casación, por mayoría -voto del señor juez Violini con adhesión simple del señor vocal Maidana-, como se adelantó, declaró inadmisible la impugnación.
En primer lugar, afirmó que la ley procesal no supedita el acuerdo de juicio abreviado a la voluntad del particular damnificado ni establece a su respecto notificación alguna, agregando que al inicio de las presentes actuaciones no existía norma alguna que indicara lo contrario.
En segundo término, reconoció que el particular damnificado sí tiene facultad para impugnar el fallo, de conformidad con lo previsto en el art. 401 del Código Procesal Penal. Sobre este punto, se remitió a lo expuesto oportunamente en su voto emitido en el expediente 12.795.
En cuanto al alcance específico que debe darse a dicha potestad impugnativa, indicó que la parte no tachó de inconstitucional las normas procesales que regulan el caso ni "...hizo referencia alguna a la admisibilidad del recurso presentado". Agregó que el monto de pena acordado por la defensa y el señor fiscal en el acuerdo de juicio abreviado es "...el único baremo que determina la posibilidad de recurrir a los acusadores -fiscal y particular damnificado- en los términos del art. 452 del Código Procesal Penal".
Sentado ello, puntualizó que el imputado fue condenado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor de homicidio en ocasión de robo siendo que el señor fiscal y la defensa pactaron idéntico monto de pena; por tales motivos, afirmó que se incumplió el requisito previsto en el art. 452 inc. 2 del Código Procesal Penal.
III.2. Si bien es doctrina de este Tribunal que los embates sobre cuestiones de índole procesal, como los dirigidos a impugnar el tratamiento dado, por ejemplo, a los arts. 401, 452 y 453 del Código ritual, resultan ajenos al acotado marco de la vía intentada de conformidad con las prescripciones del art. 494 de la mentada ley ritual, ello debe ceder cuando la forma de interpretar las reglas de legitimación del recurso del particular damnificado pueden conducir a desnaturalizar su intervención en la etapa de revisión de la sentencia, aunque sea de condena, y de tal modo afectar el debido proceso y el derecho a la jurisdicción preconizado por los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 -primer párrafo- de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. mutatis mutandi , causas P. 118.926, resol. de 28-V-2014 y P. 135.089, sent. de 23-XII-2021).
Tal es la situación configurada en el presente caso que impone analizar el fondo del reclamo.
IV. Asiste razón a los particulares damnificados al atribuir arbitrariedad al pronunciamiento del a quo que -por mayoría-, como consecuencia de una interpretación irrazonable del art. 452 inc. 2 citado, desestimó el recurso de esa parte por inadmisible, todo lo cual quebrantó el debido proceso y el acceso a la jurisdicción de los interesados (conf. arts. 18, 8.1. y 25, CADH y 14.1., PIDCP y concs.).
Tal como alega la parte, la exégesis que la Casación efectuó del art. 452 inc. 2 citado no resulta razonable en tanto no reparó en las particulares características del caso. Por un lado, no se hizo cargo de que la citada norma procesal no se refiere específicamente a las sentencias dictadas en el marco de procesos de juicio abreviado como la recaída en el sub lite . Por otra parte, dicha interpretación se contrapone a la amplitud de facultades que desde diversos ámbitos legales y jurisprudenciales se han reconocido a la víctima en el proceso penal, más aún cuando estuviere constituida como particular damnificada.
A ello cabe añadir que tal interpretación de las previsiones legales -pese a no regular específicamente un supuesto como el que aquí nos ocupa- desconoce las pautas hermenéuticas que emergen de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (ley 27.372, B.O. de 13-VII-2017), vigente por entonces (más allá de la posterior y particularmente regulada en el Código Procesal Penal por la ley 15.232, B.O. de 18-I-2021), en tanto dispuso entre los principios rectores que la gobiernan, el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos al acceso a la justicia y a ser escuchadas en todos aquellos actos fundamentales del proceso penal (cfr. arts. 3 y 5). Máxime cuando estando constituido como particular damnificado, hizo saber su voluntad en sentido contrario al acuerdo de juicio abreviado, y al deducir recurso contra el fallo que lo agravia, fue inadmitido por una interpretación de las normas en juego que cercena su participación en el proceso.
V. De modo que, al extender el tribunal intermedio, sin otra justificación, una regla que regula la habilitación del recurso de casación para un supuesto diverso a este y, al asimilarlo al presente caso, lo hizo en función de la interpretación más restrictiva de acceso al recurso para esa parte, frente a otra plausible más acorde a los estándares antes señalados, va de suyo, que su declaración de inadmisibilidad debe decaer frente a la arbitrariedad reprochada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que con esa doctrina "...se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:100; 311:948 y 2402)" ( in re C.525.XLIII. Recurso de hecho. "Cabezas, Daniel Vicente y otros s/ denuncia -Las Palomitas- Cabeza de Buey", sent. de 17-X-2007, cons. 6°).
En este proceso, como se ha indicado, el fallo sólo satisface de manera aparente aquella exigencia constitucional (CSJN Fallos: 312:1635 y 1953; 313:751; 315:119; conf. Palacio de Caeiro; El recurso extraordinario federal , La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. 125; causa P. 121.318, sent. de 9-XII-2015).
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado y devolver los autos a efectos de que se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de los particulares damnificados, se casa el pronunciamiento recurrido y se devuelven las actuaciones a la instancia anterior para que, con la integración que corresponda, se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Difiérase, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Loto por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:35:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2023 21:25:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:02:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:48:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 14:13:22 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/02/2023 16:02:49 hs. bajo el número RS-1-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia