Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134171
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.171, "Ruiz Díaz, Francisco Roberto y González Porta, Pablo Daniel o José Armando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 39.806 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral, Mancini, Kohan.
El Juzgado de Transición n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que interesa, mediante sentencia del día 28 de octubre de 2008, condenó a Francisco Roberto Ruiz Díaz a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por encontrarlo autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y amenazas calificadas, en concurso real, cometidos el día 27 de diciembre de 1995 (arts. 142 bis primera parte, texto según ley 20.642 y 149 bis primera parte, en relación con el art. 149 ter inc. 2 apdo. "a", texto según ley 11.179 respectivamente; t.o. Cód. Penal, decreto 3.392/84; art. 55, Cód. Penal); y a Pablo Daniel o José Armando González Porta a la pena de doce años de prisión de cumplimiento efectivo, y reincidente por segunda vez, por encontrarlo responsable de los delitos de violación agravada en grado de tentativa (art. 119 inc. 3, en relación con el art. 122, Cód. Penal, texto según ley 11.179; t.o. Cód. Penal, decreto 3.392/84; art. 42, Cód. Penal -causa n° 30.145-); y de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y amenazas calificadas (arts. 142 bis primera parte, texto según ley 20.642 y 149 bis primera parte, en relación con el art. 149 ter inc. 2 apdo. "a", texto según ley 11.179 respectivamente; t.o. Cód. Penal, decreto 3.392/84; en concurso real -art. 55, Cód. Penal-; v. fs. 7/23).
Frente a ello los procesados y sus defensas oficiales interpusieron recursos de apelación.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento del día 14 de julio de 2020, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el señor defensor general interino -doctor Pablo Andrés Radivoy-, declaró prima facie extinguida la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas calificadas (art. 149 bis primera parte, en relación con el art. 149 ter inc. 2, texto según ley 11.179, causa n° 27.584 de origen) respecto del encausado Francisco Roberto Ruiz Díaz; y rechazó parcialmente dicho recurso en lo atinente al nombrado, por no encontrarse extinguida por prescripción la acción penal en orden al delito de privación ilegal de la libertad calificada coactiva (art. 142 bis primera parte, según ley 20.642, causa n° 27.584 de origen). Asimismo, rechazó la apelación incoada por la defensa oficial de Pablo Daniel o José Armando González Porta en cuanto a la solicitud de la insubsistencia de la acción penal respecto del nombrado, como asimismo de Ruiz Díaz, incluido en el tratamiento del medio interpuesto (v. fs. 28/38 vta.).
El señor defensor general departamental de Bahía Blanca interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 341 y concs., ley 3.589; v. fs. 1/6 vta.), el que fue admitido parcialmente por el órgano recurrido, sólo en orden a la insubsistencia de la acción penal por vulnerar la garantía convencional de ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 48/52). Del informe de fs. 12 surge que contra lo así resuelto no se dedujo recurso de hecho (art. 356 in fine , CPP -ley 3.589 y modif.-).
Oído el señor Procurador General (a fs. 17/21), dictada la providencia de autos (v. fs. 23) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Tal como quedara detallado en la reseña de antecedentes, el único agravio que corresponde tratar aquí es el referido a la violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable en favor de González Porta -que también podría eventualmente beneficiar al coimputado Ruiz Díaz- (v. fs. 51 y vta.).
Al respecto la defensa alegó que la Corte federal ha reconocido que la prescripción constituye el pronunciamiento garantizador que permite la tutela del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, reforzando la idea del carácter de garantía de la prescripción (CSJN Fallos: 322:360; 323:982; caso "Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros", sent. de 7-III-2006, v. fs. 3 vta.).
En línea con ello planteó la insubsistencia de la acción penal en relación con el imputado Pablo Daniel González Porta, circunstancia también aplicable al coimputado Ruiz Díaz. Denunció arbitrariedad del fallo, por apartamiento del deber convencional y constitucional de garantizar el juzgamiento en una duración razonable (v. fs. 4 vta. y 5).
Explicó que si bien el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no puede traducirse en un número de días o años, y que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado parámetros para su valoración, entre los mismos no figura única y exclusivamente la gravedad del hecho cometido, tal como resaltó la Cámara revisora .
En apoyo citó el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Suarez Rosero vs. Ecuador , donde se determinó el concepto de plazo razonable y se dijo que se deben tomar en cuenta distintos elementos para interpretar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso.
Remarcó que los imputados siguen sometidos a juzgamiento por un hecho que data de hace más de veinticuatro años, y que ha tenido sentencia condenatoria pronunciada el día 28 de octubre de 2008, transcurriendo casi doce años desde el dictado de la misma (v. fs. 5 cit.).
Concluyó en que el plazo razonable de duración del proceso en el caso en análisis se encuentra excedido y que el Estado incurrió -por medio de sus órganos de instrucción- en una duración extremadamente innecesaria, lesionando derechos y garantías constitucionales de sus asistidos, afectando grave e irreversiblemente su derecho de defensa y la garantía de debido proceso legal (v. fs. 5 vta.).
Finalmente requirió con base en lo argumentado que se resuelva la prescripción de la acción penal del imputado Ruiz Díaz y la insubsistencia de la acción penal respecto a González Porta (v. fs. 6 vta.).
II. El señor Procurador General propició rechazar el recurso (v. fs. 17/21). Acompaño su postura.
III. Necesariamente en virtud de la naturaleza del agravio en examen, corresponde realizar un análisis de los pasos procesales que tuvo este expediente.
III.1. En tal sentido cabe señalar que la causa tuvo inicio a raíz de un motín con toma de rehenes e intento de fuga que tuvo lugar en la Unidad Penitenciaria n° 4 de Bahía Blanca, el día 27 de diciembre de 1995. Originariamente tramitó ante el entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 6 de Bahía Blanca, y los aquí recurrentes junto a otros diez sujetos más, resultaron imputados por los delitos de evasión, tentativa de evasión, privación ilegal de la libertad calificada, amenazas calificadas, daño calificado, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas (v. fs. 47, expediente principal n° 6-27.584). Posteriormente se agregaron las causas n° 6-30.145 y 6-32.564, seguidas contra González Porta (y otro) en virtud del intento de violación y lesiones contra otro recluso.
III.2. Tras la reforma legislativa que incorporó el actual Código Procesal Penal (ley 11.922 de 18-XII-1996, modificada su entrada en vigencia y aplicación por leyes 12.059 y 12.085), los expedientes fueron reasignados y quedaron radicados en el Juzgado de Transición n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
III.3. El día 28 de octubre de 2008 el Juzgado de Transición dictó sentencia condenando, en lo que importa, a Francisco Roberto Ruiz Díaz a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por encontrarlo autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y amenazas calificadas, en concurso real (hechos cometidos el día 27 de diciembre de 1995) y a Pablo Daniel o José Armando González Porta a la pena de doce años de prisión de cumplimiento efectivo, y reincidente por segunda vez, por encontrarlo responsable de los delitos, de violación agravada en grado de tentativa (hecho ocurrido el día 16 de octubre de 1996 en la Unidad IV de Bahía Blanca), privación ilegal de la libertad calificada y amenazas calificadas (causa n° 27.584, sucesos acaecidos el día 27 de diciembre de 1995 en la Unidad IV de Villa Floresta), todos en concurso real (v. fs. 1.134/1.150 vta. del principal).
III.4. La defensa de los imputados apeló la condena y tras concederse los recursos y elevarse a la Cámara departamental, ese órgano devolvió el expediente al Juzgado de Transición el día 27 de marzo de 2009 a fin de que se cumplieran diversas notificaciones y, asimismo, se diera tratamiento a los recursos de apelación interpuestos por los procesados González Porta a fs. 1.163 y 1.167; y Ruiz Díaz a fs. 1.174 (v. fs. 1.176/1.177).
III.5. El día 29 de septiembre de 2009 el señor juez a cargo del Juzgado de Transición concedió libremente el recurso de apelación interpuesto a fs. 1.174 por el procesado Ruiz Díaz contra la sentencia condenatoria y concedió en relación los presentados por el procesado González Porta a fs. 1.163 y 1.167 (arts. 299, 302 y concs., CPP, según ley 3.589 y sus modif.) para ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, elevando los autos en esa fecha (v. fs. 1.186). Luego, el día 6 de octubre de ese año fue nuevamente reenviada a la instancia para que se resolviera la situación procesal del coencausado Juan Antonio Correa (v. fs. 1.188), lo que sucedió el día 16 de agosto de 2011 (v. resol., fs. 1.299).
III.6. Finalmente, el día 27 de febrero de 2020 la entonces señora jueza Gilda G. Stemphelet a cargo del Juzgado de Transición n° 1 dictó el proveído del que surge "...halló traspapelada entre los procesos del régimen de la ley 3589 t.o. el presente proceso penal con una elevación a la Excma. Cámara Penal pendiente de realización". En dicho decreto explicó que "...el motivo de tal circunstancia refiere a que en el año 2011 se recibieron cúmulos de causas en diversos tramos las que de acuerdo a su estado se reservaron en un mobiliario de la repartición", y este expediente se halló en ese estado, entre causas terminadas y en condiciones para enviar al Archivo departamental (v. fs. 1.308).
III.7. Recibida la causa en el Tribunal de Alzada con fecha 28 de febrero de ese año, se efectuó un amplio informe actuarial sobre la situación procesal de los imputados (v. fs. 34) del cual surge que, durante el tiempo que la presente causa estuvo traspapelada, ambos imputados -que habían recuperado la libertad oportunamente por estos hechos- cometieron otros delitos y recibieron diferentes condenas, aspecto sobre el que volveré más adelante.
Así las cosas, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dictó el día 14 de julio de 2020 la sentencia en crisis, que fue reseñada en los antecedentes.
En tal decisión declaró prima facie la prescripción de la acción penal del delito de amenazas calificadas pero denegó dicha solución extintiva para el delito de privación ilegal de la libertad calificada coactiva (art. 142 bis primera parte, texto según ley 20.642, t.o. decreto 3.392/84), por no haber transcurrido el plazo máximo de duración de la pena de doce años -previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal- desde el último acto interruptivo considerado, esto es, el dictado de la sentencia no firme de fecha 28 de octubre de 2008 (v. fs. 32).
En orden al plazo razonable de duración del proceso como garantía constitucional, efectuó un racconto de la jurisprudencia de la Corte federal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta Corte provincial (v. fs. 34/35 vta.) y señaló que resultaba necesario analizar, conforme las pautas establecidas en los fallos citados, si en el presente ha sido vulnerado el derecho del procesado a un juicio sin demoras indebidas.
Explicó que si bien se advertía una prolongación inusitada del proceso, sin que alcanzara la justificación apuntada por la entonces magistrada Gilda Stemphelet, la dilación del trámite del expediente en ese contexto no permitía habilitar la vía excepcional de la extinción de la acción por la insubsistencia de la misma, toda vez que ponderó, particularmente a la gravedad de los hechos por los que fueron condenados los procesados González Porta y Ruiz Díaz, como un impedimento para ello, a lo que sumó el restante hecho por el que fuera condenado el primero en la causa n° 30.145 -la violación en grado de tentativa- (v. fs. 35 vta.).
En definitiva, consideró que la gravedad de los sucesos era una pauta que impedía la procedencia de la insubsistencia de la acción penal (v. fs. 36).
IV. De acuerdo con el detalle expuesto, los hechos motivo de condena no han sido objeto de discusión, de modo que tanto los aspectos referidos a la materialidad ilícita como a la autoría, calificación legal y la pena, arriban firmes, con el cumplimiento de la doble conformidad constitucional (conf. art. 8.2 "h", CADH).
La defensa hace hincapié en el alongado proceso penal y critica el argumento de la gravedad de los delitos aquí reprochados como impedimento extintivo. Sin embargo, esa aislada crítica resulta insuficiente para lograr la pretensión extintiva (conf. art. 355, CPP -según ley 3.589 y sus modif.-).
Ello así, dado que para demostrar la aplicabilidad de la extraordinaria solución requerida se exige una labor que implica examinar ciertos parámetros relevantes merced a los cuales el juzgador pueda valorar las diversas circunstancias que rodean el caso, tal como enseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entre otros: la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades judiciales (TEDH Eckle v. Alemania , n° 1982/4, 15-VII-1982; Kemmache v. Francia , serie A núm. 218, pág. 27, apdo. 60, 27-XI-1991; Pélissier y Sassi v. Francia , n° 25444/94, apdo. 67, CEDH 1999-II, [10]; Jetzen v. Luxemburgo , n° 2008/16, 4-III-2008; entre muchos).
En igual sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha fijado estándares para la determinación de la razonabilidad del plazo insumido, debiendo considerarse cuatro elementos, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales (CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua , párr. 77; Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164; Kawas Fernández vs. Honduras . Fondo, reparaciones y costas, sent. de 3-IV-2009, Serie C No. 196, párr. 112; Bayarri vs. Argentina . Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sent. de 30-X-2008, Serie C No. 187, párr. 107; Escué Zapata vs. Colombia . Fondo, reparaciones y costas, sent. de 4-VII-2007, Serie C No. 165, párr. 26 y Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (CIDH casos Valle Jaramillo y otros vs. Colombia , párr. 155 y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia , párr. 164).
En concreto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la defensa "...debería al menos mencionar por qué considera que el proceso se ha extendido irrazonablemente en el tiempo, ponderando: la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación" (causa "Al Kassar, Monzer s/ incidente de prescripción", sent. de 12-XII-2006, por remisión al dictamen de la Procuración; sin resaltar en el original).
Sobre esta última pauta corresponde señalar que González Porta, luego de acaecidos los sucesos por los cuales aquí se lo condenara, recuperó su libertad por cese de la prisión preventiva el día 7 de mayo de 1999 y días después, el 22 de julio de 1999 perpetró el delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido en ocasión de robo, con alevosía y por el concurso premeditado de tres o más personas, por el cual el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora lo condenó a la pena de reclusión perpetua.
Con posterioridad y habiendo recuperado su libertad (excarcelación en términos de libertad condicional) el día 23 de diciembre de 2015, el día 12 de enero del año 2016 cometió los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, abuso de armas calificado, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y violación de domicilio, por los cuales resultó condenado ese mismo año por el Tribunal n° 3 de Quilmes a la pena de siete años y diez meses de prisión.
Ambas sanciones fueron unificadas por el primer Tribunal mencionado en la causa n° 638/2 de su registro, y se encuentra actualmente cumpliendo dicha condena (v. el detallado informe obrante a fs. 34).
Por su parte Francisco Roberto Ruiz Díaz luego de haber recuperado su libertad en esta causa también resultó condenado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín a la pena de diecisiete años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo, entre otros, por hechos cometidos el día 10 de julio de 2003 (v. fs. 1.309/1.310 vta.).
Queda en evidencia entonces que las condiciones mínimas de la alegación para que opere la garantía del plazo razonable de duración del proceso, conforme las pautas establecidas en la "teoría de la ponderación" elaborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y seguida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. arts. 8.1, CADH; 14.3, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.), no han sido cumplidas por el recurrente.
En particular omitió explicar cuál habría sido el perjuicio concreto que pudo haberles irrogado a los imputados el bache temporal injustificado (o su real incidencia), frente al contexto concursal delictivo descripto.
En consecuencia, el reclamo es insuficiente y corresponde desestimarlo (conf. art. 355, CPP -según ley 3.589 y sus modif.-; causas P. 76.357, sent. de 30-VI-2004; P. 94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 123.212, sent. de 3-V-2018; P. 132.095, sent. de 20-X-2020).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Abro respetuosa disidencia, pues es mi parecer que el recurso intentado debe prosperar.
II. Para evitar reiteraciones, me remito al relato de antecedentes del caso realizado por la doctora Kogan (puntos I, II y III de su voto).
En síntesis, la defensa planteó la violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable en favor de González Porta, circunstancia que también podría eventualmente beneficiar a Ruiz Díaz.
III. De la reseña del recorrido del caso efectuada por la señora Jueza que abre el acuerdo se advierte que el proceso lleva insumidos más de veintiséis años de tramitación. Y si bien se ha arribado a una sentencia de condena, aquel todavía no ha finalizado. Es decir que González Porta lleva ese lapso sometido a un proceso penal aún inconcluso y, por tanto, no ha recibido a la fecha un pronunciamiento judicial firme que haya puesto fin a la situación de incertidumbre que ello importa.
La defensa insiste en que, en el contexto procesal descripto, se ha constatado una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y, en mi opinión, lleva razón en su reclamo.
IV. Como es sabido, en la actualidad, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene expresa tutela constitucional, al encontrarse previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.