Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134393
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.393, "Chávez, Ezequiel Roberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° 94.981 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de agosto de 2019, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la señora defensora oficial en favor de Ezequiel Roberto Chávez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena de veintidós (22) años de prisión, accesorias legales y el pago de la mitad de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio cometido con arma de fuego reiterado -dos hechos, uno en grado de tentativa-, y autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra, todos en concurso real entre sí.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor Nicolás Agustín Blanco- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, por mayoría, fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio, solo en cuanto a la denuncia de infracción de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, merced al decisorio del día 17 de diciembre de 2019. Esta Corte, por resolución de 18 de diciembre de 2020, declaró la nulidad de la concesión -al no hallarse debidamente fundada, con la precisión necesaria y suficiente para que quede debidamente demarcado el marco cognoscitivo del tribunal en lo concerniente a los agravios de pretensa índole federal postulados- y devolvió las actuaciones para que -con carácter de urgente- se efectúe un nuevo juicio de admisibilidad. En función de lo así decidido, el día 12 de octubre de 2021, la Sala IV del Tribunal de Casación, por mayoría, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El señor defensor oficial articuló los siguientes motivos de agravio:
I.1. En primer lugar, alegó que la sentencia atacada ha vulnerado la doctrina legal -emergente del precedente P. 90.327, "Spíndola", sentencia de 1-III-2006- de esta Suprema Corte, al igual que el derecho a obtener la revisión de la sentencia y de la pena por parte de un tribunal superior (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP).
Luego de recordar que en el recurso de casación se cuestionó el excesivo monto de pena impuesto a Chávez y la ponderación de las agravantes referidas a la nocturnidad, alevosía y desprecio por la vida, y con denuncia de violación de los principios de proporcionalidad y fundamentación del quantum punitivo sostuvo que el a quo se limitó a confirmar el fallo originario sin brindar razones suficientes para ello ni nuevos fundamentos que avalaran esa decisión.
Solicitó que se case el pronunciamiento recurrido y se reenvíen las actuaciones a la instancia intermedia a fin de que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho, a fin de garantizar el derecho del imputado a obtener la revisión de la condena y de la pena por parte de un tribunal superior.
I.2. En segundo término, denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales y errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la fundamentación del monto de la pena (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP).
Por un lado, criticó la valoración de la agravante referida a la "nocturnidad". Alegó que significó una errónea aplicación del art. 41 del Código Penal, toda vez que se la convalidó con el solo fundamento de la hora del hecho, sin vincular tal dato objetivo con las motivaciones que pudiera haber tenido el imputado para valerse de esa circunstancia (aspecto subjetivo), cuestión única que -en su opinión- puede válidamente gravitar en el juicio de reproche. Sostuvo, además, que tampoco se acreditó que la víctima haya visto disminuida su posibilidad de obtener apoyo, ni se evaluó la claridad de la zona donde se cometió el hecho y otras circunstancias dignas de ponderar dentro de las pautas temporales del art. 41 inc. 2 del Código Penal.
En cuanto a la agravante "alevosía en la producción del hecho" aseveró que el tribunal intermedio ponderó el grado de intensidad de la conducta desarrollada por Chávez para descartar la aplicabilidad del tipo penal contenido en el art. 80 inc. 2 del cuerpo sustantivo y que, no obstante, hizo valer dicha circunstancia como agravante del delito imputado conforme lo dispuesto en el art. 41 del Código Penal.
En consecuencia, entendió carente de motivación la decisión de los revisores, en tanto tampoco explicaron cuál debería ser la intensidad alevosa que requiere el tipo agravado de homicidio (art. 80, inc. 2, Cód. Penal).
Con relación al valorado como "desprecio por la vida" postuló que, si se admitiese la posibilidad de computar tal circunstancia como aumentativa de la pena por resultar reveladora de una mayor peligrosidad, ello no habría ocurrido en autos ya que lo único probado fue que el hecho aconteció en zona urbana, por lo que no se logra comprender en qué se fundamentó tal valoración.
Agregó que no correspondía aumentar el reproche con base en la futilidad de los motivos de su conducta, puesto que, si se tuvo como atenuante la adicción a las drogas del imputado, mal puede pretenderse un mayor grado de culpabilidad evaluando la entidad de las razones que motivaron su accionar, puesto que resulta evidente que obró con su autodeterminación disminuida.
La determinación del monto de la pena también fue censurada por la defensa, atribuyéndole una deficiente motivación. Afirmó que el a quo incumplió su labor revisora y que no brindó respuesta al mismo planteo oportunamente expuesto en el recurso de su especialidad.
Sostuvo que se debió verificar si el fundamento dado por los jueces de grado para la fijación de la pena resultaba suficiente, si correspondía alejarse del mínimo legal y por qué razones, y cuáles habrían sido las circunstancias que determinaron el aumento del castigo, aspectos decisorios que -en su opinión- no fueron cumplidos.
Concluyó así que la Casación provocó la desnaturalización del derecho al recurso en un aspecto fundamental como lo es en lo concerniente al monto de la pena. Citó el fallo "Ruiz" de esta Suprema Corte de Justicia y solicitó se descalifique el fallo impugnado por no constituir un acto jurisdiccional válido.
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General: el recurso no prospera.
III.1. Resulta pertinente reseñar lo acontecido en estas actuaciones.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón tuvo por acreditado que "...el día 28 de agosto de 2016, siendo aproximadamente las 04:30 horas, cuanto menos los imputados Ezequiel Roberto Chávez y Alejandro Ezequiel García, en forma premeditada, se trasladaron a pie hasta la intersección de la Av. Rivadavia y la calle Pueyrredón de la localidad y partido de Morón, para de esta manera abordar el rodado marca Peugeot modelo 207 dominio KKG-899, que se encontraba detenido en el lugar, y con el objeto de atentar contra la vida de sus ocupantes, efectuaron, con una pistola calibre 9 mm y otra calibre 45 que portaban indistintamente y en forma ilegítima, diversos disparos que impactaron contra los ocupantes del referido automotor, recibiendo en consecuencia el conductor Jorge Bazán al menos tres impactos de proyectil que, al ingresar en su cuerpo, generaron un paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por shock hipovolémico que devino en su fallecimiento, mientras que quien se encontraba en el lado del acompañante identificado como Víctor Daniel Giménez recibió un impacto en el brazo izquierdo, no logrando en el caso del nombrado alcanzar el propósito homicida por razones ajenas a su voluntad, toda vez que el mencionado en último término pudo escapar a bordo del rodado".
En lo que importa, conforme resulta de los antecedentes de la presente, condenó a Ezequiel Roberto Chávez a la pena de veintidós años de prisión, por los delitos ya consignados.
III.2. Frente a ello la defensa del nombrado imputado interpuso recurso de casación en el que denunció -en lo que interesa- la errónea y arbitraria fundamentación de la pena impuesta, por resultar violatoria de las pautas establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En ese marco, se disconformó con la ponderación de las agravantes valoradas. Respecto de la "nocturnidad" solicitó su descarte, en tanto la misma no fue conscientemente buscada por los agresores para generar un mayor peligro para las víctimas, por lo que la sola mención de ella no debe ser indicio de una mayor peligrosidad. En cuanto a la "alevosía", cuestionó que para los sentenciantes las circunstancias de ir a buscar a las víctimas, la sorpresa en el automóvil y los numerosos disparos realizados linden con la misma, ya que estas resultan ser las modalidades de comisión del injusto por el que fue condenado Chávez. Y con respecto al "desprecio por la vida" se quejó que se haya justipreciado como mayor peligrosidad el arribo al lugar, la cantidad de disparos efectuados y luego el alejamiento de los imputados del sitio, como indicativos de una conducta de desprecio. Aseveró que todas estas circunstancias forman parte del tipo legal escogido (cabe aclarar que también había cuestionado el hecho de haberse considerado como pauta severizante -independiente de las anteriores, según entendió- que el ilícito fuese llevado a cabo por dos sujetos, pero tal planteo no fue sostenido en la impugnación extraordinaria en examen, lo que exime de mayores alusiones al respecto).
Solicitó se case el fallo recurrido, se declaren inobservadas las mandas legales de los arts. 40 y 41 del Código Penal y se reduzca sensiblemente la pena impuesta a Chávez, condenándolo en definitiva a una pena cercana al mínimo legal.
III.3. En respuesta, el órgano jurisdiccional intermedio expresó que no advertía -ni lo había logrado demostrar la defensa- la violación legal denunciada (arts. 40 y 41, Cód. Penal), siendo que el argumento de la parte constituía un mero criterio subjetivo y de tinte dogmático, irrelevante a los fines de conmover lo decidido.
Explicó, con sustento en doctrina de esta Corte, que no existe la obligación de partir del mínimo legal de la escala penal, y que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, tampoco la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Asimismo, recordó que no existe un punto de ingreso a la escala penal.
Resaltó que no hay método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas de modo que, salvo supuestos excepcionales de notoria desproporción o irracionalidad, que en el caso no advirtió.
Para descartar la crítica referida a la valoración de la "nocturnidad" como severizante, el doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan, indicó que se ha sostenido "...desde antaño que la misma resulta [...] incuestionable como pauta agravante de la pena, toda vez que, en el caso (cometido alrededor de las 04:30 hs.) su concurrencia aumentó el grado de injusto por el hecho cometido, dado que el obrar al amparo de las sombras incrementó las posibilidades de evadir la acción de la justicia y del éxito de la empresa delictiva y, paralelamente, la mayor indefensión de las víctimas".
Con cita de precedentes de Sala, afirmó que "La nocturnidad es una circunstancia que, objetivamente considerada, puede tanto facilitar la realización del delito, por la menor capacidad de la víctima para defenderse o la de un tercero para evitar la consumación, como brindar al sujeto activo mayores posibilidades de eludir la acción de la justicia, lo cual aumenta el grado de injusto contenido en la conducta que debe repercutir en la graduación consecuente de la pena [...] todo esto aún cuando no haya sido procurado o aprovechado por el autor".
Adicionó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal autoriza a sopesarla cuando de modo expreso se refiere a "...las circunstancias de tiempo [...] que demuestren su mayor o menor peligrosidad".
De otro lado descartó la posibilidad de obliterar la agravante relativa a la "alevosía en la producción del hecho", atento a que si bien la misma no llega a ser de tal magnitud para que encuadre en la figura del art. 80 inc. 2 del Código Penal, el accionar del mismo se vio agravado "por atacar de sorpresa a las víctimas", bastando ello para aplicar esa circunstancia en el carácter cuestionado.
Por último, aseveró que tampoco correspondía desagregar la circunstancia de "desprecio por la vida", atento que "...si bien en apariencia sería incompatible con una condena infligida, precisamente por un delito que implica la muerte", en el caso se "...efectuaron numerosos disparos [a las víctimas] sin brindarles posibilidad alguna de defensa", "...amén de haberse realizado en un ejido urbano, lo que supone la posible presencia de terceras personas que, igualmente podrían verse visto afectadas por las mismas".
IV. Como adelanté, el recurso no progresa.
IV.1. La defensa no ha logrado demostrar la denunciada arbitrariedad del pronunciamiento por la supuesta violación de la doctrina legal establecida por esta Suprema Corte en el aludido precedente "Spíndola", ni la errónea revisión de la sentencia condenatoria en cuanto a la alegada falta de motivación respecto de la determinación del monto de la sanción impuesta a Chávez.
En sentido contrario a la pretensión del recurrente, encuentro que la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", como así de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncian, en tanto abordó y se expidió sobre los agravios que fueron llevados a su conocimiento relativos a las agravantes ponderadas y a la fijación de la pena impuesta.
En efecto, el tribunal del recurso lejos de limitar su competencia, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los planteos llevados en el recurso de casación, y en la impugnación traída a esta instancia la parte no reparó en lo allí resuelto, oponiendo -en cambio- su propio criterio discrepante, lo que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
De otro lado, en cuanto al alegado apartamiento de la doctrina de esta Corte establecida en el precedente P. 90.327, "Spíndola", incurrió en la deficiente técnica de transcribir una parcela de dicho pronunciamiento sin relacionarlo con las circunstancias de esta causa, a fin de demostrar por qué la ratio decidendi de ese caso resulte trasladable al presente. Dicho déficit sella la suerte adversa del planteo (art. 495, CPP).
IV.2. La objeción que involucra a las agravantes de nocturnidad, alevosía y desprecio por la vida deviene insuficiente para revertir lo actuado (doctr. art. 495, CPP).
En oportunidad de tratar la cuestión quinta del veredicto el tribunal de la instancia señaló "Con el límite impuesto por parte del Ministerio Público Fiscal (arg. art. 371, quinto párrafo, del Código Procesal Penal, texto según ley 13.260), y teniendo en cuenta igualmente los alcances con que se han demostrado los ilícitos contra la vida -esto es descartando el concurso premeditado de tres personas propuesto por la acusación, pero dando por acreditada la activa intervención de los dos imputados-, considero que la modalidad ejecutiva, esto es el hecho de haber sido llevado a cabo por dos sujetos -los imputados y García-, quienes amparados en la oscuridad reinante -que evidentemente facilitó su comisión-, fueron directamente- en busca de las víctimas -sorprendiéndolas en el interior de un vehículo-, y les efectuaron numerosos disparos sin brindarles posibilidad alguna de defensa -cuasi alevosamente-, mostrando un absoluto desprecio por la vida humana, constituyen en su conjunto factores que denotan mayor peligrosidad y deben ser valorados como agravantes de las penas a imponer, en los términos del art. 41 inc. 1 del Código Penal".
De tal modo, receptó favorablemente la postura de la Fiscalía, descartando, por ende, los cuestionamientos efectuados por la defensa de Chávez sosteniendo que "...si bien es cierto que la noche era el ámbito donde comúnmente solían reunirse, lo cierto y concreto es que claramente les facilitó su accionar delictivo (en palabras de la Suprema Corte, la nocturnidad, en este caso, constituye un aspecto temporal que cuanto menos favorece la impunidad -[...]dificultando las posibilidades de que las víctimas y/o terceros puedan evitarlo-); mientras que el hecho de haber sorprendido a las víctimas en el interior de un automóvil y sin más ni más dispararle reiteradamente, configura un plus de la acción, lindante con la alevosía, y que aquí ha sido suficientemente demostrada".
Por su parte, el revisor -conforme lo reseñado en el punto III.3.- si bien formuló consideraciones vinculadas con un criterio objetivo de la nocturnidad como circunstancia agravante de la pena, convalidó totalmente lo actuado por el inferior expresando "...nada puede reprocharse a los sentenciantes respecto de la circunstancia de tiempo referida a la nocturnidad".
Frente a esa decisión, advierto que el recurrente se limitó a argumentar con sustento en la línea jurisprudencial que adscribe a la tesis subjetiva, sin lograr evidenciar que, en virtud de las constancias comprobadas de la causa puntualmente destacadas, dicha pauta severizante hubiera sido erróneamente aplicada. Media, pues, insuficiencia (conf. doctr. causa P. 110.231, sent. de 22-VIII-2012).
Tampoco puede progresar la impugnación contra las agravantes "alevosía en la producción del hecho" (aprovechando la referida nocturnidad, ir cuasi premeditadamente y, merced al factor sorpresa, a atacar con una balacera a las víctimas que se hallaban a bordo del vehículo indicado) y "desprecio por la vida" (al menos, en cuanto al riesgo respecto de terceros que podrían haberse visto afectados), puesto que la defensa -nuevamente- se desentendió de los fundamentos brindados por el a quo para validar su ponderación en el caso, apoyando su queja en meras discrepancias que no consiguen evidenciar la denunciada violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
IV.3. Por último, cabe destacar que conforme surge de la reseña efectuada en el punto III.3., el órgano intermedio abordó el tema relacionado a la selección del monto de pena establecido para el imputado y confirmó el juicio efectuado por la instancia de origen, además de brindar fundamentos propios en sustento de su postura, citando para ello doctrina de esta Suprema Corte, sin advertirse que haya antepuesto mallas formales desnaturalizadoras de su cometido revisor.
Entonces, resulta que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad alegada y que, en rigor, la defensa ha desarrollado su reclamo poniendo en evidencia un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta y la manera en que debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sin hacerse cargo que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.