Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135570
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.570, "Leiva, Erick Iván; Farías, Christopher Ángel Damián y Ferrero, Fernando Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.122 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria , Genoud .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 16 de diciembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza que condenó a Erick Iván Leiva, Christopher Ángel Damián Farías y Fernando Luis Ferrero a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores de los delitos de homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí (v. fs. 119/129 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 131/140 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 141/143).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 147/150 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad de la sentencia, errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y violación al principio de inocencia por inobservancia del in dubio pro reo (v. fs. 134) .
Sostuvo que el órgano casatorio descartó sus agravios sobre la errónea subsunción legal de los hechos en la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal y concluyó que la muerte de las víctimas fue el objetivo principal de la acción de sus asistidos, apartándose para ello de distintas constancias agregadas a la causa que eran trascendentes para fijar la significación jurídica (v. fs. 136 vta./137 vta.).
En primer lugar, se detuvo en las constancias que -a su parecer- daban cuenta de la "casual" interrupción de las grabaciones de las cámaras de seguridad existentes en el lugar de los hechos. Puntualizó que cuando la fiscalía pidió las filmaciones fue informada de que las cámaras se encontraban sin señal desde el 4 de abril de 2018 y que se ignoraba el motivo de ello. Explicó que el apartamiento de esas constancias llevó a que el órgano revisor no se cuestionara cómo los funcionarios del servicio penitenciario no advirtieron que desde el 4 de abril las cámaras estuvieron sin señal, desconectadas, y que no reparara en que recién ante el pedido del señor fiscal efectuado veintiún días después se informó que se había tocado el enchufe del módem y las cámaras comenzaron a funcionar perfectamente. Afirmó que al no poder achacarse a sus defendidos la desconexión del módem, "...algún motivo más allá de la negligencia en sus funciones sin duda debió haber..." para que el personal del servicio penitenciario no advirtiera que las cámaras fallaban (facilitación de la reyerta), "...salvo que se hubieran desecho de las filmaciones..." (encubrimiento) -ver fs. 137 vta., 138 y 139-.
Enfatizó que esta situación, cuanto menos "sospechosa y confusa", no fue considerada por la Casación cuando afirmó que los funcionarios que declararon en el juicio e intervinieron en los hechos contaron lo que vieron desde el distinto momento en que cada uno tomó conocimiento y presenció lo que ocurría y desde el lugar en que cada uno pudo observarlo (v. fs. 138 y vta.).
En segundo lugar, reparó en el testimonio de Castellano (una de las víctimas): dijo que su credibilidad se ve mermada por el hecho de que ninguno de los funcionarios de la unidad penitenciaria observó el comienzo del suceso, y debido a que el nombrado estaba corriendo hacia el comedor, de modo que no pudo ver lo que ocurría (v. fs. 139).
En tercer lugar, observó que durante los días previos al ataque no se efectuó ninguna requisa para incautar las facas empleadas en el hecho, cuya confección, tal como los propios agentes penitenciarios reconocieron, no se puede hacer "...de un segundo para el otro", sino que demanda varios días (v. fs. cit.).
En virtud de todo ello, estimó que no se verifica en el actuar de sus asistidos la presencia de los requisitos de la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal por lo que, cuanto menos, por imperio del in dubio pro reo debió calificarse el suceso como constitutivo del delito de homicidio simple (art. 79, Cód. Penal), uno consumado y otro tentado, para Leiva y Ferrero respectivamente, y debió absolverse a Farías, "...pues a su respecto solo se acreditó [que] le habría arrojado un equipo electrónico a Zalazar lesionándolo en la cabeza y/o que le lanzaba puntazos al interno [Flores] [...] quien no fue tenido como damnificado de los hechos, tal vez porque estando munido de una manta envuelta en su brazo, fuera quien comenzó la reyerta..." (fs. cit. y vta.).
Aseveró que tales circunstancias impiden sostener -por falta de certeza- la existencia de un plan de actuación, una concurrencia premeditada o una convergencia previa de voluntades para dar muerte a las víctimas, elemento propio del dolo del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 139 vta. y 140).
En suma, consideró que, indemostrada la premeditación y el acuerdo previo para matar, debía decaer la calificación legal aplicada (v. fs. 140 y vta.).
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Matanza tuvo por demostrado que "...el día 9 de abril de 2018, siendo aproximadamente las 15:00 horas, en el interior de la Unidad Penitenciaria n° 56 de la localidad de Virrey del Pino [...] en el sector del patio y comedor del módulo número 2, tres internos de dicha unidad, identificados como Erick Iván Leiva, Christopher Ángel Damián Farías y Fernando Luis Ferrero, previo munirse de al menos un elemento punzante cada uno -el que en el caso de Leiva resultaba ser una varilla de hierro con punta de aproximadamente cincuenta centímetros de largo- de consuno y obedeciendo a un plan común previo, atacaron con tales elementos punzantes al grupo de internos integrado por Federico Alejandro Zalazar, Franco David Martínez y Leandro Agustín Castellano con el objeto de quitarle la vida, logrando en la oportunidad asestar varias puñaladas a Zalazar a la altura de su torso, quien como consecuencia de las graves heridas sufridas falleció. Sin embargo, no pudieron concretar su cometido ilícito respecto de Castellano y Martínez, logrando sólo herir al último nombrado, ello como consecuencia de las maniobras de defensa emprendidas por estos últimos, consistentes en desplazarse a la carrera a través del lugar con el objeto de no ser alcanzados por sus agresores y hasta la intervención del personal del servicio penitenciario que hizo cesar mediante dos disparos disuasivos la actividad agresiva que, hasta ese momento, continuaba siendo desplegada..." (fs. 10 vta. y 11).
Los sucesos fueron encuadrados como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí, y se hizo responder a los tres acusados en calidad de coautores (v. fs. 23/24 vta.).
III.2. En lo que resulta relevante para el caso, al interponer recurso de casación, la defensa ancló sus agravios en: a) la arbitraria valoración probatoria respecto del pretenso intento homicida contra Castellano, lo que -según dijo- debió derivar en la absolución de los tres imputados (v. fs. 37 vta./47 vta.); b) la falta de acreditación del dolo directo que exige el art. 80 inc. 6 del Código Penal en los hechos que tuvieron por víctimas a Castellano y Martínez, lo que -a su entender- debió llevar a encuadrar ambas conductas como lesiones leves (v. fs. 47 vta./53 vta.); c) la errónea aplicación de las disposiciones de los arts. 45 y 80 inc. 6 del Código Penal y la inobservancia del art. 95, por presentarse los requisitos típicos de esa última figura (homicidio/lesiones en agresión), en tanto nadie pudo determinar fehacientemente y con precisión quién o quiénes fueron los autores del ataque (v. fs. 53 vta./61 vta.) y d) la errónea aplicación de las disposiciones legales del art. 80 inc. 6 e inobservancia del art. 79 del Código Penal, porque no se acreditaron las notas que demanda el homicidio agravado (la planificación anticipada y la pluralidad de intervinientes que concurrieron al hecho, en tanto disminuyen la posibilidad de defensa del sujeto pasivo), enfatizando que existió una igualdad numérica entre víctimas y victimarios (v. fs. 61 vta./66).
III.3. A su turno, el tribunal intermedio confirmó la reconstrucción histórica de los hechos realizada por el órgano de grado, por no advertir afirmaciones absurdas o arbitrarias en la acreditación de los extremos cuestionados (v. fs. 124).
Tras reseñar la prueba valorada por el tribunal del juicio, expresó que la acción matadora remitía a una situación dinámica, de lo cual se infería que las declaraciones de los testigos no se encontraban en relación de contradicción sino de complementariedad, al aludir a momentos sucesivos del procedimiento (v. fs. 123 vta.). Explicó que la presentación recursiva pasaba por alto la declaración del damnificado Martínez, quien dio cuenta del ataque en todo conforme con lo recreado por Castellano. En definitiva, contrariamente a lo alegado por la defensa, apreció que las precisas referencias tanto de Castellano como de Martínez, de modo alguno desmentidas por el resto de los aportes testimoniales, permitían acreditar que la agresión a puñaladas repentinamente iniciada por los acusados tuvo como destinatario también al primero de los nombrados (v. fs. 124).
En lo atinente al segundo motivo de agravio, la Casación consideró que de la prueba surgía con claridad que los imputados pusieron en acto un ataque armado contra Castellano, Zalazar y Martínez, para lo cual realizaron una adecuada disposición de medios con aptitud letal, esto es, armas blancas que se procuraron para ir al encuentro de las víctimas y que, sin mediar palabra o incidente inmediatamente anterior, dirigieron hacia el cuerpo de los damnificados. Sumó a ello que la reiteración de los apuñalamientos dirigidos a zonas vitales del cuerpo -aun cuando se impactara solo a dos de las víctimas- era demostrativa de la idoneidad de la acción emprendida por los acusados que llevó entrañada - ex ante - un alto grado de efectividad con vistas al resultado muerte. Concluyó que, en estas condiciones, más allá del error en la concreción de su plan de acción respecto a Martínez y Castellano, era incuestionable que los acusados actuaron gobernados por el conocimiento y voluntad de terminar con la vida de aquellos a quienes se buscó apuñalar esa tarde (v. fs. 124 vta. y 125).
Luego, la Casación se ocupó de las críticas relativas a la aplicación de la ley sustantiva y expresó las razones del rechazo de tales pretensiones (v. fs. 125 vta.).
Dijo que había quedado fundadamente establecida la activa intervención de los tres imputados en el ataque armado soportado por Castellano, Zalazar y Martínez, y que esa intervención dejó expuestas las notas de un proceder conjunto, no solo porque los tres acusados acometieron y persiguieron a los damnificados, sino porque sus voluntades se hicieron una, que procuró desde el inicio la muerte de las tres víctimas.
Destacó que la defensa no había rebatido el hecho probado de que Erick Iván Leiva requiriera a otro interno que le pasara las armas de confección carcelaria que se habían agenciado para la ocasión; que, con ellas en su poder, Leiva, Farías y Ferrero se lanzaron a la acción homicida; ni tampoco que "...el preciso reparto a determinadas personas -los imputados- y el inicio conjunto de las acciones de similar entidad matadora por parte de los tres acusados dirigidas contra los jóvenes alojados en otra ala de la institución, ello sin más indicaciones ni preámbulos que la propia entrega del material, constituyen un cúmulo de indicios que por su precisión y concordancia, se alinean para sostener la existencia de una decisión previa, conocida y compartida, que pusieron en acto conforme lo habían acordado" (fs. 126).
Concluyó que el complejo probatorio reseñado era categórico en cuanto a que la muerte de las víctimas integraba el plan de autoría asumido colectivamente y abarcado por el dolo de los coejecutores, quienes sobre la base de aquella pluralidad e identidad de designio, se distribuyeron los homicidios (v. fs. 126 y vta.). Y que los tres ejecutores expresaron en los hechos que sabían lo que hacían y que hicieron lo que querían, de modo que la muerte de Zalazar, y las procuradas de Martínez y Castellano, aparecían como un quehacer conocido y buscado por los intervinientes, quienes de común acuerdo y conforme con el plan de actuación expuesto, colocaron a las buscadas muertes de las víctimas como el objetivo central de aquella asociación (v. fs. 126 vta.).
En ese contexto, sostuvo que de la condena surgía sin margen para la ambigüedad la verificación de las exigencias legales de la figura en que se subsumió la conducta de los acusados, lo cual llevaba a desestimar que en el caso resultara convocada cualquier otra calificación legal (v. fs. 126 vta. y 127 vta.).
De adverso a la pretensión del recurrente, el tribunal revisor fundamentó que el escenario fáctico al que estaba haciendo referencia ocurrió en un contexto del todo ajeno a la confusión que tiene lugar en los supuestos del art. 95 del Código Penal -riña o agresión-, en donde las formas de imprevisión, instantaneidad, rapidez y desorden excluyen la existencia de una única y compartida decisión -homicida o lesiva- que pudiere hilvanar dichas conductas, notas que se proyectan haciendo imposible determinar al agente causal directo de la muerte o la lesión (v. fs. 127 vta.).
Con cita de doctrina de esa Sala recordó que el tipo del art. 80 inc. 6 del Código Penal requiere que la concurrencia de personas en el homicidio responda a una convergencia de voluntades previamente establecida, en la que la acción de cada una se encuentre subjetiva y objetivamente vinculada a la de los otros partícipes. Agregó que esa premeditación a la que alude el tipo objetivo no exige, en cambio, una preordenación reflexiva y fríamente calculada en una prolongada deliberación, sino que basta con que se verifique un acuerdo previo de los partícipes para matar entre todos, temperamento que suscribió (v. fs. 127).
Finalmente, en cuanto al número de víctimas puesto de relieve por la defensa en su crítica, expresó que la mayor entidad del injusto responde a diversos índices que no son exclusivos ni excluyentes, entre los que se encuentran las mayores facilidades ejecutivas que genera la intervención plural (en algunos casos correlato de la disminución de la defensa de las víctimas) y especialmente la grave voluntad contraria al derecho que exhibe un proceder de tal característica, al dejar expuesta la particular intensidad con la que el sujeto busca asegurar la afectación del bien jurídico protegido por la norma (v. fs. 127 vta.).
Apreció que todo ello había tomado forma en el caso, pues precisamente por el número de personas a las que se quería matar, la intervención conjunta resultó facilitadora del resultado respecto de una faena matadora pensada individualmente, habida cuenta de que en este último caso los destinatarios del ataque podrían haber tenido mayores chances de defensa, las que se diluyeron ante el ataque brutal, concertado y sorpresivo que sumió a los damnificados en el desesperado recurso de correr dentro del acotado espacio que tenían a disposición y aguantar las puñaladas, hasta donde pudieron, interponiendo sus brazos (v. fs. 127 vta. y 128).
IV. Como adelanté, el recurso no prospera.
IV.1. Inicialmente, advierto -en consonancia con el señor Procurador- que existe una variación argumental de los planteos de la defensa ante esta instancia, pues lo referido a la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad y a la ausencia de requisas previas por parte de los funcionarios penitenciarios no fue incluido en el recurso de casación.
Si bien la parte mantiene la pretensión de cuestionar el encuadre legal de las conductas en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal, algunos de los motivos alegados ahora en esa dirección son diversos a los que se formularon frente al órgano casatorio (doctr. art. 451, CPP; conf. causas P. 94.431, sent. de 1-XI-2006; P. 90.955, sent. de 20-XII-2006; P. 128.247, sent. de 21-III-2018; P. 130.130, sent. de 27-II-2019; P. 133.978, sent. de 22-XI-2022; e.o.).
IV.2. Aun sorteando la valla de la temporaneidad, se advierte sin esfuerzo que las denuncias de arbitrariedad y vulneración del in dubio pro reo solo reflejan una opinión personal discrepante con la del sentenciante.
El reclamo de la defensa, pese a que discurre sobre la aplicación de la ley sustantiva por parte del órgano revisor, en rigor recala en cuestiones relativas a la determinación de los hechos y la valoración de la prueba para dar por acreditados los extremos de la figura penal en ciernes, que no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido evidenciados (art. 494, CPP; conf. causas P. 85.598, sent. de 27-IV-2005; P. 93.468, sent. de 8-III-2007; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 121.495, sent. de 15-VIII-2018; P. 131.636, sent. de 6-XI-2019; e.o.).
La defensa, más allá de expresar su disconformidad con la subsunción legal que se aplicó al caso, no se hace cargo de contrarrestar la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener que la materialidad fáctica acreditada encaja en la calificación finalmente actuada ni patentizar su yerro o desacierto, quedando sus conjeturas en el ámbito de los hechos y sus pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que tales materias presentan para esta Corte.
Y dado que la Casación confirmó lo actuado por el tribunal de grado en cuanto a que surge indubitadamente que los intervinientes orquestaron la ofensiva en forma deliberada y con suficiente antelación, con el único fin de culminar con la vida de las víctimas, frente a los pormenores fácticos comprobados, queda sin sustento la objeción respecto de la calificación legal decidida, en tanto dependía de esa diversa interpretación y determinación de los hechos del caso.
Por otra parte, la justificación brindada para mantener el encuadre legal en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal es idónea, en tanto la calificante en cuestión "...se satisface con la convergencia de voluntades concretada, según la cual todos los complotados contribuirían con su concurso a la finalidad delictuosa común..." (conf. causa P. 46.289, sent. de 2-IX-1997).
Repárese, además, que lo resuelto en el caso es coincidente con lo señalado por esta Suprema Corte en cuanto a que para tener por satisfechas las exigencias subjetivas de la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal "...basta la planificación con cierta anticipación, aun en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, ya que no es necesario que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una más o menos prolongada deliberación" (causa P. 119.086, sent. de 19-IX-2018; v. también P. 131.636, cit. y P. 132.872, sent. de 14-VI-2020), extremo que puede ser razonablement
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