Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135792
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.792 RC, "D., J. C. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.130 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza condenó a J. C. D. a la pena de reclusión perpetua por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja que mantenía con la víctima y por violencia de género (v. fs. 5/16 vta.).
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 22 de octubre de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial del imputado (v. fs. 75/86 vta.).
Frente a lo así decidido, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/106 vta.).
El Tribunal de Casación Penal, el 14 de mayo de 2021, afirmó que se cumplieron las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, tanto las vinculadas al monto de pena como a la naturaleza de los agravios, pues la parte denunció la errónea aplicación del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 108/109).
Contra ello, la defensa oficial no presentó queja (v. fs. 129).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 132/137), dictada la providencia de autos (v. fs. 139), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Teniendo en consideración el alcance con que fue admitida la impugnación (v. fs. 108/109), solo corresponde reseñar los agravios por los cuales fue admitido el recurso extraordinario (esto es, la errónea aplicación del art. 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal), ya que los tópicos de pretenso cariz constitucional desarrollados por la defensa oficial (violación del derecho al recurso contra el fallo de condena y de la garantía de defensa en juicio -arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h., CADH; 14.5., PIDCP-) quedaron marginados de dicho examen y la defensa no interpuso recurso de queja contra esa decisión (v. fs. 129).
I.2. Sentado lo anterior, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció la errónea aplicación del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 91 vta.).
Afirmó que la prueba de cargo no permitía arribar a la certeza positiva necesaria para encuadrar los hechos en dichas agravantes por lo que, a tenor del principio in dubio pro reo, solicitó la aplicación del art. 79 del citado cuerpo de leyes (v. fs. 92 y vta.).
En cuanto al elemento normativo "relación de pareja", citó el art. 510 del Código Civil y Comercial de la Nación y destacó que para el reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones convivenciales se requiere una convivencia no menor a dos años y que, recién luego de ese lapso, estaríamos frente a una "relación de pareja" en los términos exigidos por el art. 80 inc. 1 del Código Penal. A partir de ello, manifestó que el caso en análisis no cumplía con tal presupuesto, ya que la duración de la pareja entre el imputado y la víctima y su convivencia había durado aproximadamente un poco más de tres meses (v. fs. 92 vta. y 93).
A su entender, dado que la normativa civil permite acotar la indeterminación del término "relación de pareja", la corta relación mantenida entre su asistido y la víctima tornaba desproporcionado e irrazonable aplicar la agravante en cuestión (conf. art. 28, Const. nac.; v. fs. 93 vta.).
Adunó que se condenó a D. con fundamentos de derecho penal de autor. Argumentó que se valoraron los dichos de la testigo D. N. R., expareja de su asistido con quien tuvo tres hijos, en cuanto afirmó que este era muy violento y relató un episodio vivido en ese sentido; y criticó que, con base en ello, el sentenciante tuvo por probado "... el carácter violento que caracterizó la relación que el imputado tuvo con su ex pareja, pudiéndose inferir, razonablemente, la reiteración de dicho patrón de conducta a futuro " (conf. art. 18, Const. nac. a contrario sensu; v. fs. 94 y vta.; el destacado figura en el original).
A su vez, se agravió por la falta de certeza para afirmar que su asistido hubiera sido quien mandó los mensajes de texto a R. confesando el hecho y no un tercero (v. fs. 95).
De seguido, cuestionó la incorporación de prueba ilícita al proceso mediante testigos de oídas. Retomó el testimonio de la expareja del imputado y criticó el modo en que fue ponderado; además, destacó que aquella recién se había enterado de la relación de pareja entre la víctima de autos y D. luego de acontecidos los hechos, lo que demostraba la irrazonabilidad de aplicar al caso la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 95 y vta.).
A continuación, hizo referencia a la declaración de la hermana de la víctima, J. A. A., y afirmó que en todo caso se debió haber reprochado a D. la comisión de un homicidio agravado por codicia (art. 80 inc. 4, Cód. Penal), pero eso no se hizo y en esta instancia ello resultaría inviable (v. fs. 95 vta.).
Citó el precedente P. 132.456 de esta Suprema Corte y manifestó que los alcances dados al término "relación de pareja" continúan siendo muy amplios. Aseveró que no era posible aplicar el art. 80 inc. 1 citado, pues solo se demostró que D. "estaba comenzando a noviar con una mujer", que llevaban poco tiempo en pareja, que no había estabilidad o permanencia en la relación ni era conocida por terceros, ni tampoco se habían acreditado proyectos de vida en común (v. fs. 96 vta./97 vta.).
De igual manera, afirmó que tampoco se configuró la agravante relativa a la violencia de género ni los malos tratos. Consideró que la valoración del vínculo que D. tenía con su expareja a los fines de fundar la calificación en cuestión, afectaba el principio de culpabilidad por el acto (v. fs. 97 vta.); y agregó que los dichos de la hermana de la víctima y las lesiones constatadas en el cuerpo de la damnificada tampoco permitían fundar la aplicación del art. 80 inc. 11 del Código penal (v. fs. 98 vta.).
Por último, sostuvo que no podía sostenerse que en el caso se configuró un caso de violencia económica y tachó de dogmáticas y genéricas las consideraciones expuestas por la Casación (v. fs. 99 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso extraordinario interpuesto (v. fs. 132/137), solución que comparto.
III. El recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
III.1. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, en lo que aquí importa, recordó el hecho que se tuvo por probado: "...entre el día 16 y 25 de noviembre de 2017, dentro de la habitación ubicada en el fondo del terreno en cuyo frente se asienta la vivienda sobre la calle [...] de La Matanza, un sujeto de sexo masculino que mantenía una relación de pareja con L. M. A. y con la cual estuvo conviviendo por lo menos los últimos tres meses, aprovechándose de una relación desigual de fuerza entre ambos y mediando violencia de género, con claras intenciones de causar su muerte, ejerció una compresión manual extrínseca en el cuello de la joven, causando una asfixia mecánica que finalizara con su deceso, luego y con el fin de asegurarse el resultado propuesto, efectuó golpes con un elemento contundente en la zona craneal y facial de la víctima, provocando en forma post mortem una fractura del macizo facial" (fs. 76 vta.).
Rememoró el fundamento de la prohibición de declarar como testigo de ciertas personas regulado en el art. 234 del Código Procesal Penal y aclaró que esta no se extiende a quienes no tienen vínculo familiar con el imputado y toman conocimiento de los hechos por parte de quienes sí son familiares. Más aún, afirmó que los testigos que no tienen vínculo familiar con el imputado y que se enteran de lo acontecido por parte de quienes sí lo tienen, están obligados a decir cuanto supieran porque, de lo contrario, incurrirían en falso testimonio (v. fs. 76 vta. y 77).
Sentado ello, sostuvo que la ponderación de la prueba efectuada por el tribunal de mérito sobre la que asentó el estado de certeza positiva era adecuada y, conforme las reglas de la sana crítica, razonada (v. fs. 77 y vta.).
Con dicho marco, afirmó que se valoraron de manera correcta los dichos de la testigo D. N. R., expareja del imputado con quien tuvo tres hijos. Recordó que la nombrada contó que D. era muy violento y que años atrás la tomó del pelo, la arrastró por el piso, la encerró, la tiró en la cama e intentó asfixiarla con una almohada, salvándose de mayores consecuencias por el arribo de personal policial; y que, luego de dicho episodio, se mudó a la casa de su abuela, recibiendo constantes amenazas del imputado (v. fs. 77 vta.).
Consideró que, a partir de dicho relato, podía extraerse un primer indicador del carácter violento que había caracterizado la relación que el imputado tuvo con su expareja, pudiéndose inferir, razonablemente, la reiteración de dicho patrón de conducta a futuro (v. fs. cit.).
Agregó que también se habían ponderado los dichos de R. en cuanto a que "...un día recibió un mensaje de D., quien le dijo que había cometido una locura, que se quería ahorcar y llamar a la policía, enviándole dos fotografías[:] en una no vio nada pero en la restante, se percató que se trataba de un cadáver con gusanos, explicándole el imputado que se trataba de un sujeto que conversó con la dicente en una parada de colectivo. Ante este panorama, se comunicó con el 911, comprobando los uniformados que, efectivamente, había una persona muerta en el domicilio del imputado, lo cual ocurrió el 30 de noviembre de 2017, en la residencia donde la testigo convivió durante ocho años con el causante" (fs. 77 vta. y 78).
Frente a ello, el tribunal revisor afirmó que de tal testimonio se extraía un fuerte indicio de cargo: el propio acusado le confesó el hecho a su expareja, incluso le envió fotos, más allá de haber tergiversado la identidad del cadáver (v. fs. 78). Descartó las consideraciones de la defensa relativas a que no se había demostrado que los mensajes los hubiera enviado efectivamente su asistido por considerar que resultaban notoriamente insuficientes, ya que "...la testigo sabía perfectamente que el emisor era su ex pareja, con la cual convivió durante ocho años y tuvo tres hijos, es decir, existía una relación de profundo conocimiento personal". Para más, recordó que en el veredicto se dio cuenta de que se "...le exhibieron fotografías y la nombrada reconoció que la lona que envolvía el cuerpo pertenecía a la pileta de sus hijos" y que "...luego la policía le comentó que el cuerpo era de una joven, L., a la cual conocía del barrio, tomando luego conocimiento de que era pareja de D. y que estuvieron conviviendo" (fs. cit.).
Indicó que también se habían valorado los testimonios del personal policial, en particular el de Daiana Elizabeth Martínez Cañete, del cual surgía que "...al comparecer al domicilio donde fue hallado el cadáver, una señora dijo que su hijo le había comentado que había matado a su pareja, la cual se llamaba L.. [...] que el autor del hecho no se encontraba en el lugar y que el olor a descomposición se sentía desde la vereda". Adunó que "Diego Adrián Ocampo, a cargo de la comisaría de Rafael Castillo, expuso que la señora les dijo que la persona fallecida era su nuera y que el autor era su propio hijo, quien era la pareja de la víctima, que este le había confesado lo ocurrido; circunstancias de las cuales tomó conocimiento el testigo a partir de comentarios de la señora en cuestión, efectuados al dicente. Dijo que pudieron relevar que la occisa era la actual pareja del imputado". Destacó que ello era conteste con lo expresado espontáneamente por la progenitora del imputado y con la constancia de llamado al 911 (v. fs. 78 y vta.).
Sostuvo que tales elementos (la declaración del personal policial y la llamada al 911) reforzaban lo dicho por la expareja respecto a que D. le había confesado el hecho, todo lo cual se corroboraba aún más con la circunstancia de que el cuerpo de la víctima, en estado de descomposición, estaba oculto en el interior del ropero del domicilio del imputado. A su vez, manifestó que también se había demostrado que la víctima era la novia de D. (v. fs. 78 vta.).
A continuación, hizo referencia a los dichos de J. C. C., pareja de la hermana del imputado, que manifestó que "...su esposa recibió una llamada y el testigo escuchó que el '…' -el imputado- se había 'mandado una cagada', de modo que fueron a la casa de su suegra y ahí tomó conocimiento de que dicha 'cagada' fue haber matado a una joven". Aclaró que, al igual que el personal policial, este testigo no está incluido dentro de las prohibiciones del art. 234 del Código Procesal Penal (v. fs. 78 vta. y 79).
En el mismo sentido, trajo a colación los dichos de J. A. A., hermana de la víctima, quien declaró que "...su hermana tenía una relación de noviazgo con el imputado de más de tres meses; que hacía tres meses que convivían y que su hermana era víctima de malos tratos. [...] que la víctima cobraba dinero de una pensión por discapacidad y de una asignación y que ello generó entre su hermana y el imputado problemas por dinero, señalando que la víctima tenía pensado festejar con esa plata el primer cumpleaños a su hija pero que tenía miedo de que el encausado se lo sacara" (fs. 79).
Vinculado con lo anterior, recordó que el tribunal de mérito había valorado el informe del Banco de la Nación Argentina que acreditaba los depósitos efectuados en la cuenta de la víctima, así como también las extracciones de dinero y gastos efectuados con la tarjeta de débito en casas de deportes y de electrodomésticos "...quedando un saldo de $ 0,88, es decir, la cuenta quedó virtualmente vacía" (fs. 79 vta.). Agregó que "Quedó en evidencia lo ocurrido con el dinero, tal como lo ponderó el órgano de grado, a partir de los dichos de la ex pareja del imputado, D. N. R., en cuanto expuso que le pareció extraño que un día haya concurrido a su casa el encausado con ropa nueva deportiva para sus hijos, incluso había comprado una máquina para podar el césped, lo cual fue llamativo, pues D. no tenía dinero ni trabajo" (fs. cit.).
De seguido, reseñó los dichos del imputado, quien aseguró no recordar lo sucedido y que, previo a la muerte de la víctima, habían estado drogándose durante tres días, negando ser su novio. Sin embargo, el tribunal intermedio consideró que ello no lograba desvirtuar la prueba de cargo sobre la cual se había arribado a la certeza respecto a la existencia del hecho y a la autoría penalmente responsable de D. (v. fs. cit. y 80).
III.2. Puntualmente, en cuanto a la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal, se remitió al precedente n° 79.641 de ese tribunal, en el que se afirmó que, como consecuencia del principio de estricta legalidad (art. 18, Const. nac.), era preciso definir dicho elemento normativo (v. fs. 80 y vta.).
En función de ello, consideró que resultaba válido remitirse a las uniones convivenciales reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación; pero, aclaró que, si bien el Código Penal excluye expresamente la existencia de convivencia como presupuesto -a diferencia del ordenamiento civil que la exige-, resultaba válido tomar en consideración los restantes requisitos, tales como "...relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas, sean del mismo o de diferente sexo o género" (fs. 81 y vta.).
Afirmó que en el caso se había probado debidamente la relación de pareja entre el imputado y la víctima con base en los testimonios de J. A. A. -hermana de la víctima-, D. N. R. -expareja del imputado- y del personal policial, dado que todos aseguraron que eran pareja, incluso A. había aclarado que convivían hacía tres meses. En consecuencia, estimó que la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal había sido correctamente aplicada, más aún cuando esa norma no exigía la cohabitación (v. fs. 81 vta.).
Respecto a la agravante prevista en el art. 80 inc. 11 del Código Penal, se remitió nuevamente al testimonio de la expareja de D. en cuanto a que este había sido violento durante su relación, "...lo que configura un indicador conductual, a lo cual se suma lo afirmado por la hermana de la víctima en cuanto a que ésta recibía malos tratos por parte del imputado". A ello agregó que las lesiones post mortem también permitían "...inferir tales parámetros"; en tal sentido, citó un extracto de la autopsia del que surgía que "...el cadáver [...] presentaba politraumatismo, traumatismo cráneo facial, donde el macizo facial virtualmente se fracturó por completo y se hundió en el cráneo precisamente dentro del hueso frontal, lesiones estas 'no vitales'" (fs. cit.).
A su vez, consideró que el hecho de que el imputado hubiera tenido, paralelamente, codicia relativa al dinero que le habían depositado a la víctima, no excluía lo anterior, máxime cuando la violencia también podía asumir una forma económica. Razonó que, en el caso, había quedado comprobado, conforme lo valorado por el tribunal de juicio, que D. recibió beneficios económicos del préstamo percibido por la víctima, lo cual no podía entenderse fuera del contexto del homicidio. En su apoyo, citó la Convención de Belém do Pará, la ley 26.485 y los precedentes Miguel Castro Castro vs. Perú y Fernández Ortega y otros vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros (v. fs. 81 vta./83 vta.).
IV. Como se adelantó, la impugnación no procede (conf. art. 496 cit.).
IV.1. En lo concerniente a la agravante del art. 80 inc. 1 del Código Penal, la defensa oficial se limitó a sostener una mera opinión discrepante respecto al alcance que, a su entender, se debió dar a este elemento normativo.
IV.1.a. Tal cual surge de la reseña efectuada, la hipótesis del recurrente estuvo centrada en demostrar que entre su asistido y la víctima no existió una "relación de pareja" y resaltó que la convivencia duró solo tres meses, mientras que las uniones convivenciales del régimen civil exigen dos años.
Ahora bien, este argumento es absolutamente ineficaz pues, como lo puso en evidencia el tribunal revisor y tal cual surge de la clara literalidad del citado art. 80 inc. 1, la agravante en cuestión expresamente establece que no se exige convivencia.
En definitiva, como lo ha sostenido esta Suprema Corte en casos anteriores (causas P. 128.437, sent. de 8-VIII-2018; P. 131.282, sent. de 24-IV-2019 y P. 133.662, sent. de 24-IX-2021), la delimitación que pretende la defensa del alcance del término "relación de pareja", merced a su remisión al art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las "uniones convivenciales", no es una hermenéutica sostenible, porque se desentiende de que esa "unión" del derecho privado expresamente establece como uno de sus requisitos la "convivencia" entre sus integrantes (en cuanto la define como la "...unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo"); en tanto la "relación de pareja" que mantiene o ha mantenido el autor, a la que alude el Código Penal -y tal como se desprende de los fundamentos de la ley 26.791 que dispuso el nuevo texto del actual art. 80 inc. 1 del Código Penal- al regular la agravante en cuestión específicamente expresa que no depende de que entre ellos "medie o haya mediado convivencia". Quien aquí recurre no aporta ninguna explicación que permita superar ese matiz diferencial a efectos de limitar el alcance del texto penal al del régimen civil, en virtud de las diferentes situaciones que se pretenden legislar y prot
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