Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134958
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.958, "A., C. R.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.407 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 19 de agosto de 2020, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela del Departamento Judicial de Quilmes, que condenó a C. R. A. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y por aprovechar la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años de edad (v. fs. 40/48).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/54 vta.), que fue declarado admisible por el órgano intermedio (v. fs. 56/57).
Esta Corte declaró la nulidad de la resolución por la que se concedió la mencionada vía impugnativa extraordinaria y devolvió las actuaciones al Tribunal de Alzada para que se dicte una nueva decisión sobre el punto -conforme la resolución 585 del día 28 de mayo de 2021- (v. fs. 60/62), órgano que resolvió a través del dictado de la resolución de fecha 7 de septiembre de 2021 la admisibilidad del medio recursivo articulado (v. fs. 67/68 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 77/80 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 82) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa oficial del imputado A. denunció que el tribunal a quo incurrió en una construcción arbitraria respecto del monto de la pena fijado, en violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y de los principios de culpabilidad y proporcionalidad (v. fs. 51 vta.).
Recordó la postura que la defensa había expresado ante la instancia intermedia en orden a que, sin perjuicio de lo que se resolviese sobre las pautas de mensura en particular, la imposición de un monto de pena como el aplicado resultaba inmotivado, pues -a su modo de ver- consistía en una medida moralizante y ejemplificadora que tomaba a su asistido como un objeto. De igual modo, trajo a colación el criterio esbozado ante la sede revisora vinculada con que el fallo originario se apartaba del principio rector que impone la interpretación restrictiva de las normas que importen privación de derechos, por imperio de la garantía de taxatividad legal (v. fs. íd./52).
Destacó, luego de transcribir la respuesta brindada por el tribunal casatorio para desestimar dicho planteo, que ese órgano omitió considerar dos cuestiones que habían sido planteadas y que entendió relevantes para dar solución al caso, dictándose de tal modo un pronunciamiento carente de motivación. Así, refirió que una de ellas está vinculada con que, aun admitiendo que las circunstancias valoradas en la instancia de mérito permanecieran indemnes, quedaba en evidencia la desmesura de la sanción al castigar un ataque al bien jurídico de la integración sexual con igual o mayor intensidad que un atentado contra la vida humana; mientras que respecto de la restante señaló que también debió ser tenida en cuenta la circunstancia relativa a la minusvalía del imputado, portador de una cuadriplejía de larga data que lo obligaba a trasladarse en silla de ruedas (v. fs. 52 y vta.).
Alegó, con cita del precedente "Maldonado" de la Corte federal, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor y que, en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución nacional, no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho; razón por la cual entendió que homologar una sanción de diecisiete años de prisión como la fijada en el caso al imputado tan próxima al máximo legal, no solo afectaba dicho principio, sino que también transgredía el de proporcionalidad de la pena (v. fs. cit. vta./53).
Agregó que la discrecionalidad con la que cuentan los magistrados para definir la cuantía de la sanción, no podía ser confundida con arbitrariedad frente al orden jurídico en tanto es el principio de culpabilidad el que regula los fundamentos de las penas, de modo tal que el culpable sea respetado como persona y responda solo por aquello que puede atribuírsele como propio, conforme lo expresó (v. fs. 53 y vta.).
Adujo, en ese marco conceptual, que el comportamiento del imputado durante el ilícito es la base primordial de la pena y que si un magistrado, al momento de imponer una sanción, hace a un lado la culpabilidad por el hecho y la aplica como medida de neutralización del delincuente, nos encontramos ante una penalidad que obedece a los paradigmas del "derecho penal del enemigo" (fs. cit. vta.).
Concluyó que si bien el quantum sancionatorio fijado a su defendido se encuentra dentro de la escala penal aplicable, no menos cierto es que su elevado monto no se corresponde -a su criterio- con el principio de culpabilidad por el hecho reprochado y solo pretende su neutralización por el tiempo que dure la pena (v. fs. íd. vta.).
Solicitó, como corolario de los fundamentos expuestos, que se case la sentencia impugnada, se declare la errónea aplicación de la ley y se reenvíen los autos para que -previa audiencia de visu - imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales citadas.
II. El señor Procurador General aconsejó no hacer lugar al recurso intentado (v. fs. 77/80 vta.). Coincido con su opinión.
III. En efecto, el Tribunal de Casación comenzó por dar respuesta a las críticas sometidas a su revisión de la defensa oficial del imputado A. (v. fs. 40/48) y, en esa faena, analizó y coincidió con el tribunal de origen en rechazar las pautas atenuantes pretendidas por la parte, relativas al "buen concepto presunto" del procesado y la consideración de "la voluntad del enjuiciado de someterse a proceso" (esp. fs. 40 vta., 41 vta. y 42).
Confirmó, por otra parte, las cuatro circunstancias agravantes valoradas vinculadas con "la duración de los abusos en el tiempo" (de los ocho a los quince años de edad de la víctima), "la corta edad de la víctima", "la extensión del daño causado" (el hecho de haber la víctima dado a luz como consecuencia de una violación, con ausencia de cuidados del agresor) y "la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima". Respecto de la correcta ponderación que se hizo de cada una de ellas, brindó puntualmente las razones y justificó la decisión adoptada en el fallo emitido en la sede originaria (v. esp. fs. 42/46 vta.).
Expresó, adicionalmente, a fin de desestimar similar agravio al aquí traído que "...no se advierte la falta de proporcionalidad invocada genéricamente en el recurso, bastando mencionar sobre el punto que la sanción de diecisiete años de prisión aplicada a A. se encuentra dentro de los márgenes que establece la escala penal del delito atribuido (art. 119 párr. 3º en función del párr. 4º incs. b) y f) del C.P.), monto al cual el tribunal de juicio arribó luego de tener en cuenta que existían dos pautas atenuantes (mayor estado de vulnerabilidad del imputado y su calidad de primario) y cuatro agravantes (duración de los abusos en el tiempo, corta edad de la víctima, extensión del daño causado y situación de vulnerabilidad de la damnificada)" y consideró, entonces, que la determinación del monto punitivo aplicado no resultaba inmotivado, arbitrario o desproporcionado, puesto que "...el tribunal de grado seleccionó la pena impuesta al acusado, brindando una adecuada motivación, con arreglo a lo prescripto por el art. 106 del Código ritual y los arts. 40 y 41 del C.P." (fs. 46 vta. y 47).
Señaló que la mera invocación de distintos principios y garantías constitucionales -verbigracia, imparcialidad, defensa en juicio, proporcionalidad, culpabilidad, prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes, etcétera- no desplazaba la insuficiencia apuntada, dado que la argumentación ensayada por la parte no trascendía el plano puramente teórico y "...sin que se intentara demostrar circunstanciadamente de qué manera la sanción aplicada sería incompatible con los aludidos principios, a la luz del ilícito cometido y teniendo en cuenta que, en el caso, se aplicó una sanción, si bien superior al mínimo legal, que no llegó al tope punitivo disponible para los jueces de conformidad con la escala aplicable al caso" (fs. 47 cit.).
Recordó que "Más allá de que la falta de demostración del quebrantamiento preceptivo denunciado -arts. 40 y 41 del C.P.- es el factor determinante del rechazo de este punto del recurso [de casación] [...], no está de más recordar que resulta facultad de los magistrados el seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin que se advierta violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad, a la luz de las circunstancias computadas por el 'a quo' en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P." (fs. cit. vta.).
Sostuvo, finalmente, que "...el sistema de atenuantes y agravantes establecido en la ley de fondo no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum de pena a aplicar, siempre que tal operación, reitero, respete los límites impuestos por la escala, extremoséstos que se verifican en el caso particular" (fs. cit. vta.).
IV.1. En virtud de lo reseñado, se advierte que el motivo de agravio por el cual la defensa pretendió poner en evidencia que el tribunal recurrido en su labor revisora dejó de considerar determinados planteos inherentes a la mensura de la pena llevados a su conocimiento y que han sido reseñados en el apartado I de la presente, se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, lo que no puede prosperar tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.326, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 125.842, sent. de 17-VIII-2016; P. 127.780, sent. de 18-X-2017; P. 126.852, sent. de 11-IV-2018; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 133.244, sent. de 23-XII-2021; P. 134.798, sent. de 30-VI-2022; P. 135.382, sent. de 13-VII-2022; P. 134.211, sent. de 22-IX-2022; e.o.).
IV.2. En particular, comparto lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 79 y vta.) en orden a que resulta novedoso y por ende extemporáneo el perfil del agravio por el cual la defensa adujo que no fue considerada con cariz atenuante por el órgano revisor la circunstancia vinculada con que el procesado era "...portador de una cuadriplejía de larga data que lo confinaba a permanecer y movilizarse en una silla de ruedas" (fs. 52 vta.), puesto que dicho planteo no surge que haya sido introducido en los términos señalados en el acta de debate (v. esp. fs. 4 y vta.), ni tampoco en el recurso de casación interpuesto (v. esp. fs. 22 y vta.). En tal sentido, cabe precisar que la mención que efectuó el recurrente ante la sede intermedia respecto de la "... imposibilidad física a raíz de una cuadriplejía que [...] afecta [al acusado]" formó parte en rigor -entre otros fundamentos- de la línea argumental ensayada con miras a que sea ponderada la "...conducta de sometimiento a proceso demostrada a lo largo del mismo por A." como pauta de atenuación al momento de la determinación de la pena (v. fs. 22 y vta.), razón por la cual constituye una variación argumental sustancial que la torna inaudible ante esta Corte (el destacado figura en el original; art. 451, CPP).
IV.3. En consecuencia, sus desarrollos no cuestionan debidamente los argumentos que -con pie en la insuficiencia recursiva- llevaron al Tribunal de Casación a rechazar la pretensión de la defensa oficial, traduciéndose en una mera opinión discrepante con el criterio sustentado por el juzgador (art. 495, CPP). Y como es sabido, esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo fallado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; P. 134.254, sent. de 18-VIII-2022; P. 135.057, sent. de 13-IX-2022; P. 135.001, sent. de 21-IX-2022; e.o.).
Tiene dicho esta Corte que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 126.319, sent. de 23-XI-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 126.901, sent. de 27-XII-2017; P. 120.231, sent. de 7-III-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 125.831, sent. de 10-VIII-2018; P. 131.481, sent. de 14-X-2020; P. 131.436, sent. de 15-IX-2021; P. 134.089, sent. de 7-IX-2022; P. 134.211, sent. de 22-IX-2022; e.o.).
IV.4. También la defensa vinculó la afectación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la sanción al no haberse sopesado la mencionada situación de minusvalía que afectaba al imputado A. como pauta de mensura (v. esp. fs. 52 vta./53 vta.). En puridad, ninguna de esas argumentaciones se sustentó en una referencia concreta a la materialidad ilícita que resultó acreditada en el caso, como tampoco procuró vincular su criterio discrepante con la escala penal aplicable a fin de intentar demostrar la desproporción que alegó. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.5. Por todo lo expuesto, las alegaciones de la defensa resultan inidóneas para evidenciar que la sentencia recurrida padezca del vicio de arbitrariedad que le atribuyó.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 13:19:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:01:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2023 15:19:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:08:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:21:45 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/04/2023 12:22:14 hs. bajo el número RR-350-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia