Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135302
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.302-RC, "Echegaray, Emiliano Cristian. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.983 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Maidana .
El Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 1 de noviembre de 2011, dictó veredicto absolutorio respecto de Emiliano Cristian Echegaray en orden a los delitos de homicidio agravado por haberse cometido mediante el empleo de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (v. fs. 36/109 vta.).
Esta decisión fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal y la particular damnificada; el 31 de octubre de 2013, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal -con voto de los señores jueces Violini, Borinsky y Carral- acogió ambos recursos, casó el veredicto absolutorio, condenó a Echegaray como coautor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y devolvió jurisdicción para que el tribunal de primera instancia, debidamente integrado, sustancie y decida la medida de la pena.
En virtud del reenvío dispuesto, los jueces del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el 19 de mayo de 2015, decidieron condenar a Echegaray a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso (v. fs. 110/112 vta.). Frente a ello, la señora defensora oficial departamental dedujo recurso de casación, en el que solicitó la intervención de otra Sala del Tribunal de Casación a efectos de revisar los fundamentos de la condena y el monto punitivo impuesto (v. fs. 119/126 vta.).
Con fecha 10 de diciembre de 2015, los por entonces integrantes de la Sala Quinta de Casación, bajo el criterio de que el reenvío ordenado por la Sala Tercera había sido al solo efecto de decidir la medida de la pena, y en el entendimiento de que ellos carecían de jurisdicción para revisar lo resuelto por otra Sala de ese órgano, omitieron el examen de los planteos de la defensa articulados en torno a los fundamentos de la condena. Asimismo, rechazaron por improcedentes los planteos vinculados con el monto de la sanción (v. fs. 174/182).
El señor defensor oficial adjunto de casación dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue concedido (v. fs. 193/208 y 211/214). Sin embargo, la Suprema Corte consideró que no resultaba posible ingresar al análisis del fondo del reclamo y, con base en la doctrina sentada a partir del precedente P. 108.199 "Carrascosa" (resol. de 24-VI-2015) declaró de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Quinta y devolvió la causa a la instancia anterior para que, integrada con jueces hábiles, dictase un nuevo fallo ajustado a derecho (causa P. 130.033, resol. de 7-XI-2018; v. fs. 239/242).
Radicado el caso nuevamente en la Sala Quinta -conformada, esta vez, por los señores jueces Mancini y Kohan-, el 13 de julio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto por la Suprema Corte, el órgano casatorio rechazó el recurso presentado por la defensa oficial de Emiliano Cristian Echegaray y confirmó la sentencia condenatoria y el monto de pena impuesto (v. fs. 288/306 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 310/327 vta.), que fue concedido por el Tribunal de Alzada (v. fs. 328/330 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 339/348 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 350) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial formuló los agravios que se reseñan a continuación.
I.1. En primer lugar, denunció arbitrariedad por indebida fundamentación y quebrantamiento de la garantía del ne bis in idem con afectación de los principios de preclusión y progresividad y a las garantías constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio, debido proceso y plazo razonable (v. fs. 314 vta. y 317 vta.).
Explicó que a pesar de que el veredicto absolutorio fue el corolario de un proceso penal válido, el fiscal y la particular damnificada interpusieron recursos de casación, lo que derivó en la anulación del pronunciamiento y en la condena de Echegaray (v. fs. 315).
Consideró que de esa manera se retrotrajo el proceso a etapas ya superadas, a pesar de que se habían cumplido las formas esenciales del juicio (acusación, defensa, prueba y sentencia), y que ello quebrantó la garantía contra el doble juzgamiento y los principios de preclusión y progresividad (conf. art. 8.4., CADH y 14.7., PIDCP; v. fs. 315/316 vta.). En su apoyo, citó los fallos "Alvarado" y "Polak" de la Corte nacional, entre otros, y afirmó que el apartamiento de tales precedentes torna arbitraria la decisión impugnada (v. fs. 317 vta. y 318).
I.2. Como segundo embate, tachó de inconstitucional el art. 452 inc. 1 del Código Procesal Penal, por infracción a los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también por contrariar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 318).
Citó el precedente "Carrascosa" de este Tribunal y afirmó que lo allí decidido -aplicado en el presente caso- no garantiza debidamente el derecho al recurso, pues la revisión del fallo de condena no la realiza un tribunal "superior". Dijo que el órgano jurisdiccional que, conforme dicha doctrina, debe efectuar la revisión del fallo no es el habilitado convencionalmente. En su apoyo, se remitió a los fundamentos expuestos por el juez Violini en el voto de fecha 20 de septiembre de 2016 en causa n° 29.151 del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 318 vta./319 vta.).
Concluyó que la remisión a otra Sala del órgano intermedio para efectuar la revisión integral de la condena dictada en esa misma instancia genera la inconstitucionalidad del art. 452 inc. 1 del Código Procesal Penal -facultad del Ministerio Público Fiscal de recurrir la sentencia absolutoria-, pues vulnera la garantía contemplada en los arts. 8.2."h" y 14.5. citados, al vedarse a Echegaray la revisión amplia de su condena por un órgano de jerarquía superior. Citó los casos "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" y "Mohamed vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 320).
I.3. Como tercer agravio, denunció arbitrariedad por fundamentación aparente y violación de las garantías de revisión amplia del fallo de condena, presunción de inocencia e in dubio pro reo (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 171, Const. prov.; 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 321).
Sostuvo que, si bien existe certeza en cuanto a la existencia del hecho, no acontece lo mismo en lo que respecta a la autoría. Puntualizó que de los testimonios recabados en el juicio surge que fue Matías Domed quien efectuó los disparos de arma de fuego, "...y se dio por acreditado que aquellos fueron efectuados por una sola persona, quien era el antes nombrado en su calidad de acompañante en la motocicleta que conducía [su] defendido; que Domed, a su vez, a raíz de un conflicto previo ya había acometido armado contra la familia de la víctima [en realidad, como se verá más adelante, el día anterior Domed acometió contra los hermanos Cabrera]; que Echegaray dio sobradas muestras de las razones por las que aceptó trasladar a Domed a bordo de la motocicleta, e incluso 'desobedeció' cuando este le solicitaba que colabore con el fin espurio, respecto del cual [su] defendido desconocía absolutamente; circunstancias a su vez avaladas por Candela Soledad Valdez, quien narró las circunstancias de aprehensión [...] de manera conteste a lo expresado por Echegaray..." (fs. 321 y vta.).
Recordó que "...valorada en su integridad la prueba obrante en la causa y desarrollada en el juicio, el sentenciante de origen entendió no acreditada la culpabilidad de [su] asistido...". Destacó que cuando la defensa oficial fue notificada de la conformación de la Sala revisora, solicitó que previo a resolver se pidiera la causa principal pues ello resultaba imprescindible para garantizar una revisión amplia que contemplara la totalidad de la prueba producida a lo largo del proceso (IPP 07-00-6094/09; v. fs. 321 vta./322 vta.).
Alegó que frente a tales agravios "...se evidencia la arbitrariedad del pronunciamiento y la deficiente revisión por parte de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, dado que pese a brindar sus propios argumentos..." no conmovió el principio in dubio pro reo (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.; v. fs. 322 vta.).
Puntualizó que no se analizó la causa en su totalidad y se rechazaron las críticas a la valoración probatoria por improcedentes, todo lo cual quebrantó el derecho al recurso y el in dubio pro reo . En su apoyo, citó el fallo "Casal" de la Corte nacional (v. fs. 322 vta. y 323).
Por tales motivos, tachó la sentencia de arbitraria por apartamiento de las constancias de la causa, afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (v. fs. 323 vta.).
En definitiva, alegó que al confirmar el fallo de condena y sostener que "...efectivamente se acreditó la comisión de un delito ejecutado con división funcional de tareas...", reeditando básicamente lo que dijeron sus pares de la Sala Tercera sobre lo que -en rigor- percibieron los jueces del Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la Sala Quinta violó el principio in dubio pro reo y el principio de inmediación, que -en palabras del propio órgano revisor- es intransferible, y del que se deriva que la impresión personal dejada por los testigos no es controlable (v. fs. 324).
I.4. Por otra parte, también se agravió del modo en que se descartaron las críticas relativas a la determinación judicial de la pena (v. fs. 324 y vta.).
Explicó que en sede casatoria se solicitó la ponderación de la violación al plazo razonable de duración del proceso como pauta atenuante sobreviniente, y que el Tribunal de Casación desestimó tal petición con fundamento en que no había sido planteada en la instancia previa. Esta respuesta, según la defensa oficial, dejó de lado que precisamente se había solicitado su aplicación de oficio, e ignoró que se trata de una circunstancia sobreviniente en la causa en virtud del tiempo transcurrido que tiene sostén en normativa de rango constitucional y convencional (v. fs. 324 vta.).
A su vez, denunció la falta de tratamiento de las críticas relativas a las pautas agravantes formuladas por la defensora de mérito, lo cual -a su parecer- configuró un caso de arbitrariedad (v. fs. 324 vta. y 325).
Concluyó que todo lo expuesto derivó en la afectación de los derechos a ser oído, defensa en juicio y revisión amplia de la sentencia de condena. Citó nuevamente el fallo "Casal" y el caso "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 325/326 vta.).
II. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso (v. fs. 339/348 vta.).
Coincido parcialmente con lo dictaminado.
III.1. La denuncia de afectación de la garantía contra el doble juzgamiento, vinculada con los principios de preclusión, progresividad, defensa en juicio, debido proceso y plazo razonable no procede (art. 495, CPP).
III.1.a. Resulta pertinente recordar que la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, llamada a examinar un agravio semejante, lo desestimó, en primer lugar, bajo el razonamiento de que un planteo de similar tenor ya había sido formulado ante la Sala Tercera por la Defensoría de Casación en el marco del trámite de los recursos deducidos por la acusación pública y privada contra el veredicto absolutorio, y había recibido debida respuesta (legajo casatorio n° 51.184, v. fs. 294).
Asimismo, destacó que la declaración de invalidez de las leyes es un acto de suma gravedad institucional que debe ser utilizado como ultima ratio (v. fs. 294 y vta.).
Luego, refirió que el derecho al recurso del que goza la persona imputada es amplio y tiene anclaje convencional (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP) sin perjuicio de lo cual el Ministerio Público Fiscal también goza de la potestad legal de recurrir, aunque con un alcance y fundamento legal distinto. En tal sentido, notó que "...la existencia u operatividad del primero no implica de ningún modo la supresión del segundo" (fs. 295).
Sustentó su postura en el texto "expreso y claro" del art. 452 inc. 1 del Código Procesal Penal, que prevé que el Ministerio Público Fiscal podrá recurrir la sentencia absolutoria cuando hubiera requerido la condena del imputado. Y observó que tampoco parecía inadecuado, desde un punto de vista meramente lógico, que una decisión absolutoria pueda ser recurrida.
Por tales motivos, sostuvo que mientras no exista una sentencia firme, "...la posibilidad de revocar y en consecuencia repetir el debate estriba en una reedición de actos en el mismo proceso, no en la realización de uno nuevo por el mismo hecho" (fs. 295).
Insistió en que el veredicto absolutorio no estaba firme, por lo que resultaba posible su revocación sin que ello implique la afectación del ne bis in idem , pues no se llevó a cabo un nuevo proceso o juicio contra la persona imputada sino que se restauró una etapa del mismo proceso -según dijo: el debate- (conf. arts. 8.4., CADH y 14.7, PIDCP).
Concluyó que la garantía contra el doble juzgamiento no está provista de un alcance tal que excluya el recurso de la acusación contra una sentencia de absolución (v. fs. 296).
III.1.b. Frente a ello, las manifestaciones de la parte se desentendieron por completo de lo resuelto.
La defensa asegura configurada una vulneración a la prohibición de ne bis in idem con base en que el veredicto absolutorio resultó producto de un proceso válidamente cumplido y que, por tanto, el recurso fiscal no debió prosperar.
Sin embargo, nada dijo en torno a que esa crítica ya había sido debidamente abordada y desestimada por la Sala Tercera al tratar los recursos de la fiscalía y de la particular damnificada.
Tampoco controvirtió eficazmente el argumento de que el recurso contra el veredicto absolutorio como potestad legal otorgada al Ministerio Público Fiscal resulta razonable y no se contrapone a las garantías constitucionales invocadas por la defensa.
Ni se hizo cargo del real alcance y sentido de los precedentes jurisprudenciales que citó, pues no explicó de qué manera lo resuelto en los fallos "Alvarado" y "Polak", entre otros, resultaría aplicable al presente a pesar de las notorias diferencias fácticas.
En lo que respecta al argumento de que el proceso no se retrotrajo a etapas superadas y que la realización de un nuevo juicio no afecta el principio de progresividad ni la garantía contra el doble juzgamiento, la parte se limitó a reiterar las manifestaciones llevadas en la vista de fs. 259/277.
Al respecto, resulta pertinente aclarar que -aun cuando el recurrente ni siquiera lo advirtió- en el caso de autos no se realizó nuevamente el juicio -como lo expuso el Tribunal de Alzada- sino que -directamente- el órgano intermedio asumió competencia positiva, casó la absolución, y condenó a Echegaray por estimar debidamente probada su coautoría funcional en los hechos, reenviando la causa a la instancia únicamente para la individualización de la pena (conf. causa P. 128.993, sent. de 26-XII-2018; e.o.). De ahí que la defensa debió explicar de qué manera, pese a ello, se habrían afectado los principios de progresión, progresividad y prohibición contra el doble juzgamiento.
En suma, la parte no reparó en las diferentes contingencias entre este caso y la jurisprudencia que invocó, ni controvirtió eficazmente la habilitación legal que faculta al Ministerio Público Fiscal, por medio del recurso de casación, a alzarse contra las sentencias absolutorias que repute arbitrarias, doctrina que tiende a resguardar el debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (doctr. art. 18, Const. nac. y CSJN Fallos: 328:4580 "Morel", cons. 5° y sus citas, entre muchos).
Entonces, si bien corresponde tener presente los principios de progresividad y preclusión, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar, sin más, a privar de valor la facultad legal de recurrir del Ministerio Público Fiscal en casos como este, ya que no se demostró que el alcance otorgado al recurso fiscal quebrantara las garantías constitucionales contra el doble juzgamiento, los principios de preclusión y progresividad, la defensa en juicio, el debido proceso y el plazo razonable (conf., mutatis mutandis , causa P. 121.047, sent. de 4-X-2017; CSJN Fallos: 320:2145 "Arce" y su progenie).
III.2. En lo atinente a la denuncia de errónea revisión del fallo por no haberse realizado por un órgano jurisdiccional superior al que dictó la sentencia de condena -cuestión que, para la defensa, suscitaría también la inconstitucionalidad del art. 452 inc. 1 del Código Procesal Penal-, cabe destacar que tal agravio se contrapone de plano a las manifestaciones formuladas por la defensora de instancia, que al impugnar la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal dedujo recurso de casación y manifestó expresamente, con cita de idénticos precedentes a los aludidos en el carril extraordinario en trato ("Casal", "Duarte", "Carrascosa", "Herrera Ulloa" y "Mohamed", entre otros), lo contrario a lo ahora peticionado por el doctor Sureda, pues en aquella oportunidad solicitó que la revisión la efectuara otra Sala del Tribunal de Casación (v. fs. 119/126 vta.).
A ello se agrega que el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación al momento de presentar la memoria del art. 458 del Código Procesal Penal nada dijo sobre el punto, más allá de remitirse en su totalidad a los términos de la presentación recursiva (v. fs. 133/138 vta.).
En función de lo expuesto, las críticas traídas en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley -introducidas por primera vez en la vista de fs. 259/277, luego de que esta Suprema Corte dictara resolución en el marco de la causa P. 130.033- relativas a que la revisión amplia del fallo de condena debe efectuarla necesariamente un órgano jurisdiccional superior, se contraponen por completo a las alegaciones de la señora defensora oficial de la instancia -y a las del propio doctor Sureda expuestas a fs. 133/138 vta.- todo lo cual las descalifica por autocontradictorias y por incumplir con el principio de unidad en la actuación de la defensa oficial, e impide que la impugnación prospere en este punto (conf. arts. 3 y concs., ley 14.442 en sentido contrario; 495, CPP; causa P. 132.948, sent. de 20-V-2021).
III.3. Igual suerte corresponde al agravio referido a la afectación de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto al modo en que se abordaron los cuestionamientos a la autoría de Echegaray.
III.3.a. De la lectura del fallo de Casación se advierte que se descartaron los planteos de la defensa oficial por considerar que el grado de participación atribuido a Echegaray en el ataque armado que terminó con la vida de Martín Aranda se sustentó de manera razonable en las constancias de la causa (v. fs. 298).
En tal sentido, los jueces de la Sala Quinta recordaron que los hechos descritos en el veredicto absolutorio consistier
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.