Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135708
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.708, "Barraza, Roberto Juan s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 101.543 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro condenó a Roberto Juan Barraza a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por hallarlo autor responsable de los delitos de robo en concurso real con homicidio agravado criminis causae , los que a su vez concurren materialmente con el delito de incendio (v. fs. 77/91).
Contra esa sentencia, la defensa oficial interpuso un recurso de casación y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de julio de 2020 lo rechazó.
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, interpuso entonces un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/105 vta.) que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 72/74).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 116/119 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 121) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto reclamó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por entender que constituye una violación al derecho a la vida con infracción de los arts. 4.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 101/104).
I.1. Estima que en este caso la pena será efectivamente perpetua y solo culminará con la muerte del condenado. Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que dicho Tribunal no limitó el derecho a la vida únicamente en términos biológicos, sino que lo extendió al vivir con dignidad, desarrollar un proyecto de vida y procurar un sentido a la propia existencia (v. fs. 101 vta.).
Describió la realidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires, con cita de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejías vs. Perú" (v. fs. 102).
Sostuvo que el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera "pena de muerte" paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado con invocación del citado tribunal internacional en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" (v. fs. 102 y vta.).
I.2. Por otro lado, denunció la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 103). Explicó que el encierro de por vida es una pena de eliminación social, al considerar que su asistido quedará apartado para siempre de la sociedad, lo que impedirá toda posibilidad de acceder a la libertad, circunstancia que estima incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social del condenado (v. fs. cit.).
Remarcó que la pena impuesta al impedir a su defendido acceder en algún momento a la libertad, es contraria al fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucional y contravencionalmente (v. fs. cit.) y que hace a la dignidad humana la posibilidad de retornar a la sociedad tras el cumplimiento de una sanción, lo cual no podría efectivizarse si se impone una pena a perpetuidad que solo culmine con la extinción de la vida (v. fs. 103 vta.).
I.3. Finalmente, precisó que la posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico para que Barraza acceda a la libertad, se encuentra ubicada al límite de la expectativa vital, con lo que las posibilidades de llevar a cabo una vida en libertad que le permita desarrollar un proyecto de vida y -al mismo tiempo- dar cumplimiento al fin resocializador de la pena, se tornan ilusorias. Encuentra en ese punto una incompatibilidad entre el art. 13 del Código Penal con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativas al derecho a la vida (art. 4) y a la integridad y dignidad personal (art. 5.6).
Por lo tanto, estimó que la vigencia de la ley 25.892 que modificó el art. 13 del Código Penal, sin que el Estado la haya adecuado para tornarla compatible con los arts. 4 y 5.6 de la Convención invocada, resulta violatoria de los arts. 1.1 y 2 en relación con el art. 4 y 5.6 de la citada Convención (v. fs. 105).
Con base en tales argumentos solicitó entonces se declare la inconstitucionalidad de la pena perpetua por resultar contraria al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal e importar una pena cruel e inhumana, y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados (v. fs. 105).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 116/119 vta.). Coincido con él.
III. La denuncia de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua no es de recibo.
En primer lugar, tal como se indica en el dictamen de la Procuración General, la defensa no se encarga de rebatir los argumentos expuestos por el órgano intermedio -en línea con doctrina de este Tribunal- para desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad reclamado, a cuyas consideraciones, en lo pertinente, cabe remitirse.
En segundo lugar, la defensa funda su reclamo en la violación al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal -arts. 4.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, cariz impugnativo que resulta extemporáneo.
Es que la parte recurrente introdujo tales argumentos recién en el recurso extraordinario, sin haberlos previamente sometido a la instancia intermedia -cuando ello era perfectamente posible- (v. rec. de casación de fs. 57/63).
Precisamente este resulta ser el estándar aplicado por la Corte federal en la materia por el cual se establece que "...el planteamiento de la cuestión federal debe hacerse en condiciones tales que habiliten al tribunal de última instancia en el orden local, a pronunciarse sobre ella en la sentencia definitiva" (CSJN Fallos: 147:371).
En consecuencia, el núcleo argumental resulta novedoso por lo que corresponde su desestimación.
Finalmente, cabe señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional, no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 102.725, sent. de 24-VI-2015; e.o.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con la colega, doctora Kogan, en que el recurso no puede prosperar.
En primer orden, tal como se indica en el dictamen de la Procuración General, la defensa no se encarga de rebatir los argumentos expuestos por el órgano intermedio -en línea con doctrina de este Tribunal- para desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad reclamado, a cuyas consideraciones, en lo pertinente, cabe remitirse.
No obstante, como señala la ponente, con el cariz ahora expuesto, particularmente ceñido el planteo en el caso, a la violación del derecho a la vida y al derecho a la integridad personal -arts. 4.1 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, no fue sometido a la decisión de la instancia previa, a efectos de que pudiera otorgarle una acabada respuesta sobre el punto (v. rec. de casación de fs. 57/63), aun cuando el revisor efectuó ciertas consideraciones relativas al derecho a la readaptación social del delincuente sin conexión con la línea argumental aquí enfatizada (conf. art. 5.6, CADH; v. fs. 88 vta.).
En dicho marco, la extemporaneidad de estas postulaciones del caso constitucional resulta suficiente para su desestimación (conf. entre otros, CSJN Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007), de conformidad con las consideraciones vertidas en mi voto en P. 107.711 -sentencia de 6-X-2010, entre muchas otras- a las cuales en honor de brevedad me remito.
Por ello, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
El impugnante no se ocupó de refutar los argumentos utilizados por el órgano revisor -conforme la doctrina de esta Corte- para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua, introducido ante esa instancia por estimar que vulneraba los principios de proporcionalidad, culpabilidad, racionalidad, mínima suficiencia y prohibición de exceso (v. fs. 57/63).
Por el contrario, la defensa ahora denuncia violación al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal (arts. 4.1 y 5.6, CADH), solicitando por ese fundamento la inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua impuesta a Barraza (v. fs. 100/105 vta.). Frente a ello, coincido con el rechazo del agravio por extemporáneo, por haber sido expuesto -en los términos antes referidos- recién en ocasión de deducirse el recurso extraordinario en análisis, sin haberlos sometido previamente a la instancia intermedia, cuando ello era perfectamente posible.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 11:53:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:44:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2023 15:23:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 15:56:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:02:02 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/04/2023 10:45:54 hs. bajo el número RS-25-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia