Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136193
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.193, "Medina, Cristian Ezequiel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.383 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Soria, Torres.
De las actuaciones digitales se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de noviembre de 2021, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Cristian Ezequiel Medina a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, impuesta por ese tribunal por considerarlo coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado criminis causae y ser cometido con el uso de arma de fuego (hecho I), y coautor responsable de los delitos de robo agravado cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado criminis causae (hecho II); y de la recaída por ante el Juzgado Correccional n° 4 departamental en el marco del expediente 699-2016 (causa n° 2403-2016), donde se lo condenó a la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva a su vez de la condena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra y de la de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, por el delito de robo agravado por el uso de arma no habida, con revocatoria de la condicionalidad oportunamente impuesta por parte del Juzgado de Garantías n° 5 departamental en el marco de la IPP n° 05-00-40918-13/00 (conf. arts. 40, 41, 41 bis, 42, 45, 55, 58, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo y tercer párr. y 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal); y que, a su vez, estableció "provisoria y orientativamente" que el nombrado estaría en condiciones temporales de solicitar la libertad condicional, sin perjuicio de los otros requisitos exigidos para su procedencia, el día 7 de octubre de 2050, y que de serle concedida inmediatamente, a los diez años desde su otorgamiento, no constatándose comportamientos que dieran lugar a la revocación o descuentos, podría agotar la pena el día 7 de octubre de 2060 (v. archivo digital adjunto en oficio de notificación de 11-II-2022).
Contra lo así resuelto, el defensor particular, doctor Miguel Ángel Racanelli, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido por el tribunal intermedio por resolución de 14 de diciembre de 2021 (v. archivo digital adjunto en oficio de notificación de 11-II-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 12-XI-2022), dictada la providencia de autos el día 15 de noviembre de 2022, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa particular de Cristian Ezequiel Medina denunció que el fallo impugnado efectuó una interpretación arbitraria y solicitó se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua establecida en el art. 80 del Código Penal en su relación con el art. 14 del mismo cuerpo legal, ello por estimarla contraria al ordenamiento constitucional y convencional vigente al violentar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de las penas, y la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes. Invocó los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Luego de transcribir íntegramente la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal, sostuvo que el fallo careció de la debida fundamentación y correcta valoración, por lo que -a su juicio- correspondía su desestimación como acto jurisdiccional válido.
Seguidamente, desarrolló los motivos por los que reclamó la revocación del pronunciamiento en crisis.
En el marco de la alegada inconstitucionalidad de la pena perpetua pretendida, denunció la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad, razonabilidad y humanidad de las penas y la prohibición de aplicar las que sean crueles, inhumanas o degradantes. Luego de analizar lo normado por los arts. 13, 14 y 50 del Código Penal, consideró que en el caso se vulneraron, además, la finalidad resocializadora de la pena y el ne bis in idem , este en cuanto a su vinculación con la reincidencia y el plus de severidad que implica en el imputado. Trajo a colación el fallo "Ibáñez, Antonio Fidel" (CSJN causa G.239.XL, sent. de 4-VII-2006) de la Corte federal y normativa convencional.
En suma, solicitó se declare la inconstitucionalidad de los arts. 14 -texto ley 25.892- y 80 del Código Penal.
II. La Procuración General dictaminó por el rechazo de la impugnación traída (v. archivo digital de 14-XI-2022).
III. Liminarmente, resulta pertinente efectuar una reseña del derrotero procesal de la presente causa.
III.1. De las actuaciones digitalizadas se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante el pronunciamiento dictado el día 8 de julio de 2021, dictó sentencia en los términos del art. 58 del Código Penal. Señaló que el fallo dictado por esa instancia a través del cual se condenó a Cristian Ezequiel Medina a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, en concurso real con homicidio agravado criminis causae y por ser cometido por arma de fuego (hecho I), y coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, en concurso real con homicidio agravado criminis causae (hecho II), se hallaba firme.
A su vez, indicó que el nombrado había recibido sentencia única por ante el Juzgado Correccional n° 4 departamental en el marco del expediente 699-2016, según la cual se lo condenó a la pena única de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, omnicomprensiva de la condena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento con costas, en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra, y de la de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, en orden al delito de robo agravado por el uso de arma no habida, con revocatoria de la condicionalidad oportunamente dada por el Juzgado de Garantías n° 5 departamental en el marco de la causa n° 2.885.
Sentado lo anterior, consideró que en el caso resultaban aplicables las reglas del art. 58 citado, e impuso al nombrado la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso.
Seguidamente, explicó que Cristian Ezequiel Medina se encontraba detenido en la presente causa de manera ininterrumpida desde el día 15 de octubre de 2015, mientras que en el pronunciamiento traído a unificación permaneció detenido de manera exclusiva desde el día 11 de octubre de 2013 hasta el día 17 de octubre de 2013, mientras que el resto del tiempo entre el día 6 de julio de 2016 y hasta el día 28 de junio de 2020, cumplió detención en conjunto con la presente causa. De conformidad con ello, consideró aplicable al caso la reforma introducida por la ley 25.892, concluyendo que el penado estaría en condiciones temporales de solicitar la libertad condicional, sin perjuicio de los demás requisitos legales para su procedencia, una vez cumplido el plazo de treinta y cinco años de condena (conf. art. 13, Cód. Penal), es decir el día 7 de octubre de 2050.
También señaló que se trataba de un cálculo provisorio y orientativo de conformidad con las pautas señaladas, destacando a su vez que respecto de Medina la situación quedaba atrapada dentro de la prohibición de otorgar la libertad condicional a condenados por el delito del art. 80 inc. 7 del Código Penal, aunque indicó que ello significaría tornar en verdaderamente perpetua a la pena lo cual resulta incompatible con el bloque constitucional. Sin perjuicio de ello, indicó que al ser la declaración de inconstitucionalidad un acto de suma gravedad y de ultima ratio del orden jurídico, no debía recurrirse a esa solución salvo cuando una estricta necesidad lo exigiera y demostrara un claro perjuicio en el caso concreto, el cual -a su entender- se configuraría recién cuando -de no mediar prohibición- el penado esté en condiciones temporales de pedir la libertad condicional. En aval de esa interpretación citó doctrina de esta Corte in re P. 124.877, "Morales", sentencia de 2-XII-2013 y P. 124.655, "Galluccio", entre otras, aclarando que tal situación -según advirtió- no era aún la del caso de autos.
III.2. Ante idénticos agravios llevados en el recurso de casación (v. archivo digital adjunto -PDF 1- en oficio de notificación de 11-II-2022), el tribunal intermedio los abordó y descartó (v. sent. digital de 4 de noviembre de 2021).
Para así resolver, comenzó por señalar que la petición de inconstitucionalidad debía obedecer a una cuestión grave y manifiesta, la cual -a su juicio- no se hallaba presente en el caso por cuanto la interpretación propiciada introducía un tema relativo a la política criminal del Estado. En sustento de ello, trajo a colación un fallo dictado por la Sala III de ese tribunal revisor en la causa P. 11.258, "G., F. s/ Recurso de casación", sentencia de 3-VII-2003, como también otros de esta Suprema Corte y de la Corte federal. Indicó que en el caso lo decidido no solo no violentaba principio constitucional alguno, sino que, además, por resultar una cuestión de política criminal excedía el ámbito en examen al tratarse de "...la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (conf. CSJN causa "Pupelis, María", sent. de 14-V-1991); razón por la cual consideró que no resultaba atendible el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 80 del Código Penal.
Seguidamente, se ocupó en concreto del tema en debate en estas actuaciones. Sostuvo que si bien la libertad condicional es un derecho consagrado a favor del condenado que modifica la forma de cumplimiento de la pena, en circunstancias como las de autos no se verifica la alegada violación al principio de igualdad del art. 16 de la Constitución nacional, desde que "...nada impide que se otorguen a unos -los condenados a otros delitos- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación", de modo tal que resulta imposible sostener la afectación a la invocada garantía pues no hay distingos en el universo de sujetos que revistan iguales calidades.
Con esa base, consideró que "...la previsión que se impugna del art. 14 del citado cuerpo legal no se limita a ilícitos reprimidos con la misma pena que el homicidio ' criminis causae ' sino que contempla algunos que poseen penas que no resultan ser indivisibles"; lo cual lleva a la conclusión de que el legislador tuvo en miras otras circunstancias a la hora de sancionar la norma consagrada por la ley 25.892, como sería "...ajustar el tratamiento penitenciario, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado con su conducta ilícita y, de esa manera, lograr los fines de la resocialización de la pena"; dicho fundamento también se utiliza respecto a las consecuencias de la declaración de reincidencia.
Agregó: "Si bien existe una incipiente corriente jurisprudencial, minoritaria a la fecha, que entiende que la imposibilidad de conceder la libertad condicional a los reincidentes contenida en la primera parte del analizado art. 14 del digesto sustantivo resulta inconstitucional [...], lo cierto es que la posición mayoritaria respecto del tema sostiene que a los fines de estudiar la cuestión, nada impide tomar en cuenta la anterior condena del sujeto, entendida ésta como un dato objetivo y formal a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal (conf. C.S.J.N., causa L’Eveque del 16/8/88)"; circunstancia que -en su entendimiento- "así como en el caso de la reincidencia" muestra una postura de "política penitenciaria" establecida por el legislador y que determina un cierto tratamiento resocializador para los autores de conductas de "altísima gravedad".
Luego de aludir a doctrina de autor, refirió que "...existe un fundamento razonable para hacer la distinción contenida en la segunda parte del art. 14 del Código Penal, por la cual el legislador se encuentra facultado para establecer, dentro del amplio margen que le ofrece la política criminal, las consecuencias jurídicas que estime conveniente para cada caso y como cimiento de sus bases esenciales"; y que si bien "...los delitos que vedan la concesión de la libertad condicional, conforme la norma en trato, son castigados con penas perpetuas, lo que conllevaría a la imposibilidad de acceder a la libertad en alguna de sus formas y eventualmente la extinción de la pena", ello es solo aparente "desde que es la propia ley argentina la que les pone término" y que en la práctica en la mayoría de los casos las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional; a su vez señaló que el único obstáculo sería la reincidencia, aunque la limitación "es solo preliminar y no es lo que se verifica en la aplicación del plexo normativo en forma armónica", ello así por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena (con anterioridad a la sanción de la ley 25.892 era de veinte años). Sumó a lo expuesto que en la hipótesis de máxima prevista en el ordenamiento nacional, cuando se impusiera la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 del Código Penal, el art. 53 del Código Penal establece que la obtención de la libertad quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones allí enunciadas, transcurridos cinco años más de los treinta y cinco años de prisión (o veinte), situación que entendió parangonable con el supuesto de aquellos sujetos que han cometido los delitos mencionados en el art. 14 del Código de fondo, "...no ya por su condición de reincidentes sino por los actos cumplidos, conforme la decisión de política penitenciaria adoptada por el Legislador".
Asimismo, señaló que "...no resulta válido sostener que el aludido art. 14 del Código Penal vede la concesión del beneficio de la libertad condicional en forma absoluta toda vez que, conforme lo dicho, puede llegar a ser otorgada bajo las condiciones indicadas"; y consideró que las penas a prisión perpetua no obstan a la resocialización del condenado, toda vez que del art. 1 de la ley 24.660 surge que " La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad "; en función de ello destacó que durante el transcurso de tiempo en que el condenado permanezca privado de su libertad, es función del Estado arbitrar los medios necesarios para lograr esa finalidad y que todo condenado a pena privativa de libertad cuente con la posibilidad de recuperarla (el destacado figura en el original).
A su vez, expresó que tampoco se incumple con la aludida finalidad de la pena establecida en las normas internacionales, dado que ellas indican que la finalidad esencial que debe perseguir el Estado en el legítimo ejercicio del ius puniendi consiste en la "reforma y readaptación social de los condenados"; que "...no puede perderse de vista que la liberación anticipada del condenado por la vía de la libertad condicional no es la única herramienta que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagran a los efectos de alcanzar ese objetivo resocializador", desde que la ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad permite en su art. 17 la concesión de salidas transitorias y la incorporación al régimen de la semilibertad al condenado, o bien en el art. 54 que establece la libertad asistida cumplidos los plazos allí contenidos; y que de todo ello se desprende que el régimen de progresividad no se ve trastocado, ya que del juego de los plazos contenidos para la concesión de los distintos institutos se advierte nítidamente la concreción del mismo.
Por tales motivos, el tribunal a quo consideró que el agravio enunciado en orden a que el art. 14 del digesto de fondo atenta contra la resocialización del reo resultaba ser una afirmación dogmática, vacía de contenido e insuficiente para demostrar el contrapunto de naturaleza constitucional entre ese precepto y aquellos que hacen referencia a la finalidad de mención.
Indicó también que la aludida finalidad resocializadora del delincuente -conforme la normativa antes señalada- si bien es "esencial" no es excluyente de la pena privativa de la libertad, desde que la sanción de otras normas posteriores, modificatorias de la citada ley 24.660 "...ha relativizado claramente dicha finalidad, introduciendo al régimen legal de fondo que rige la ejecución de las penas privativas de la libertad un componente inocuizador que no puede ser soslayado en la interpretación integral de ese cuerpo normativo".
En suma, afirmó que "...de ningún modo nuestro régimen legal impide asignar a la pena privativa de la libertad un fundamento retributivo, y más allá de cuál sea el sentido que se le asigne a la retribución en sí misma, lo cierto es que su razonabilidad se ve asegurada ante la constatación de que ella respeta las exigencias propias del principio de proporcionalidad". Concluyó, en función de todo lo expuesto: "...la pena de prisión perpetua resulta constitucional, siempre y cuando se conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre".
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad de la pena perpetua establecida por el art. 80 del Código Penal en consonancia con las previsiones del art. 14 del mismo cuerpo legal, y al margen de lo que pudiera decirse acerca de la oportunidad procesal para cuestionar esa sanción (ver argumentos del señor Procurador General en su dictamen digital de 14-XI-2022), lo cierto es que el Tribunal de Casación brindó las razones por las cuales consideró que dicho planteo debía ser rechazado en esa instancia.
De la reseña efectuada resulta que el tribunal revisor resolvió, con debida amplitud, que en el caso no se violentó principio constitucional alguno por haberse aplicado una pena a perpetuidad, desarrollando las razones -sustentadas en la normativa legal y convencional involucrada con el supuesto en análisis, con más la cita de jurisprudencia concordante con su postura- por las que estimó que en el caso no se produjeron las afectaciones constitucionales alegadas en la vía casatoria.
Frente a esa decisión, el rec
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