Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136695
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a la doctora Sofía Pérez Fariña por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.695, "C., S. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 109.853 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Torres , Genoud .
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás mediante juicio abreviado e integración unipersonal, condenó -el día 4 de marzo de 2021- a S. E. C. a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por ser el encargado de la guarda y corrupción de menores agravada -en grado de tentativa- ambos en concurso real, en los términos de los arts. 42, 55, 119 primer y último párrafo, en relación al cuarto párrafo, inc. "b" y 125 párrafos segundo y tercero del Código Penal.
La defensa particular de C., ejercida por la doctora Sofía Pérez Fariña, impugnó esa condena y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de febrero de 2022 -por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso. Así, lo absolvió por el hecho que fuera calificado como promoción a la corrupción en grado de tentativa y lo condenó como autor de abuso sexual agravado por ser encargado de la guarda. En el mismo acto determinó la pena en tres años de prisión -de cumplimiento efectivo- y costas.
Frente a lo así decidido la abogada defensora de C., interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por la sala recurrida mediante resolución del 12 de mayo de 2022.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la doctora Sofía Pérez Fariña (letrada de confianza de S. E. C.) denunció vulneración de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en cuanto al derecho del imputado de obtener una eventual revisión del pronunciamiento respecto de la ejecución de la pena impuesta.
Precisó que ello se cristalizó a partir de que en la sentencia se condenó a C. a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pues estimó que la sala revisora no poseía competencia a los fines de graduar la pena o fijar la modalidad de su ejecución, en especial porque no permitió la obtención de una revisión de su pronunciamiento.
Asimismo, señaló que no se motivó la fijación de la pena de efectivo cumplimiento, tal como lo propició la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Squilario Adrián" .
Sostuvo que este control se limitó a señalar evitar dilaciones indebidas , pero que con ello se vulneraron los postulados del art. 26 del Código Penal en relación al precedente aludido.
Luego de transcribir extractos del precedente citado, aseveró que, en el caso la condena de ejecución condicional emergía como una hipótesis alternativa viable, y que el Tribunal de Casación omitió fundar su rechazo, sin explicitar las razones.
Agregó que ello resultó particularmente gravoso para su defendido, toda vez que el delito por el que fue condenado permite obtener el beneficio de la ejecución condicional y su defendido no poseía antecedentes penales.
Solicitó la anulación parcial del pronunciamiento, con reenvío a primera instancia a fin de que allí se analice la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la pena impuesta a C..
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido.
III.1. El tribunal en lo criminal -con integración unipersonal y mediante procedimiento abreviado- consideró probados los siguientes hechos: "...A fines del mes de enero o principios del mes de febrero del año 2017, en el domicilio sito en calle … … del barrio Bola de Oro de San Nicolás, S. E. C., quien se encontraba al cuidado de T. D. A., de 12 años, abusó sexualmente de la misma mediante tocamientos en partes de su cuerpo contra su voluntad y el día 7 de febrero del mismo año, en horas de la noche, en el mismo domicilio, S. E. C., quien se encontraba al cuidado de T. D. A., le propuso darle cien pesos si se dejaba tocar, intentando de esta forma corromper a la menor para satisfacer sus propios deseos sexuales".
Calificó los sucesos como abuso sexual agravado en los términos del art. 119 párrafos primero y último, en relación al párrafo cuarto, inc. "b"; y tentativa de corrupción de menores, en los términos del art. 125 párrafos segundo y tercero, en relación al 42, en concurso real. A su vez, encontró a S. E. C. autor penalmente responsable.
III.2. En el recurso de casación la defensa de C. se quejó invocando una absurda valoración probatoria en la acreditación de los hechos, y la errónea calificación legal, así como de la pena, solicitando al órgano revisor que tomase como pautas atenuantes, el sometimiento al trámite abreviado y la carencia de antecedentes penales del imputado.
III.3. El Tribunal de Casación, en primer término, expuso las razones conducentes a la comprobación de los hechos puestos en cabeza de C.. A tal fin valoró la denuncia efectuada por R. S. Z., progenitora de la menor T. A., el peritaje psicológico efectuado por la licenciada Gloria Casazza a la menor -del que surge que la misma posee un criterio de realidad conservado, con indicadores de significación sexual y veracidad del relato-. Asimismo, ponderó los dichos de la menor -mediante Cámara Gesell-, la copia de documento de identidad y copia certificada de acta de nacimiento de la víctima, y pericia psicológica realizada a C..
También se resaltó que C. se encontraba al cuidado de la guarda de la niña al momento de abusar sexualmente de ella.
A la luz de todo ello, afirmó que el tribunal realizó una valoración armónica e integral de la prueba pertinente, seria y decisiva que recreó los hechos por los que se condenara a S. E. C., no evidenciando arbitrariedad ni violación a garantía constitucional alguna.
En relación a la calificación legal, mencionó que C. se encontraba al cuidado de la guarda de la menor víctima T. A., de doce años, cuando le tocó la pierna, contra su voluntad y de esa manera la abusó sexualmente al no poder aquella consentir libremente la acción de aquel.
De otro lado afirmó que si en una única oportunidad le ofreció dinero a fin de poder tocarla, se trata de un hecho aislado que no configura el tipo descripto en el art. 125 del Código Penal en grado de tentativa, por lo que correspondía absolver a S. E. C. en relación a ese tramo fáctico.
Agregó que, en el control sobre la medida de la pena, sin agravantes, resultaban inmodificables las atenuantes relativas al sometimiento del trámite abreviado y la carencia de antecedentes.
Así, el juez que lideró el acuerdo doctor Borinsky -que concitó la adhesión simple del doctor Maidana- propuso hacer lugar parcialmente al recurso, absolver a S. E. C. por el hecho que fuera calificado como promoción a la corrupción en grado de tentativa, al tiempo que lo condenó como autor de abuso sexual agravado por ser encargado de la guarda. Para evitar dilatar el procedimiento, determinó la pena en tres años de prisión -de cumplimiento efectivo- y costas.
Sobre esto último agregó que, conforme la naturaleza y modalidad del hecho narrado, correspondía que la pena fuera efectiva (arts. 29 inc. 3, 40, 41, 119 primer y último párrafo, en relación al cuarto, inc. "b", Cód. Penal).
IV. Como adelanté, el recurso no prospera por las siguientes razones (art. 495, CPP).
IV.1. En rigor, la defensa plantea agravios de corte procesal concernientes a la interpretación y alcance del art. 460 del Código Procesal Penal, que regula la facultad del órgano intermedio de, en el marco de la materia sujeta a fiscalización, readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva.
Sobre el tema, ha resuelto esta Corte que, en principio, la interpretación de tales preceptos, que determinan la esfera de actuación del órgano revisor, escapa al ámbito de conocimiento de este Tribunal por medio de la vía de inaplicabilidad de ley. De cualquier modo, la recurrente se ha desentendido de las normas rituales que rigen la situación (véase, en lo pertinente, causas P. 126.435, sent. de 16-VIII-2017 y P. 126.664, sent. de 5-IV-2017).
No puede considerarse afectado el debido proceso toda vez que ninguna norma del Código Procesal Penal prevé un reenvío a la instancia anterior ante una mutación en la calificación legal, a efectos de que se imponga un nuevo monto de pena.
Como señalé nuestro Código adjetivo en sus arts. 460 y 461 establece puntualmente en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o, en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva.
El recurrente no se ocupó de asignar alguna otra inteligencia a las normas que gobiernan ese trámite, ni justificó que no pueda ser considerada una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa, en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias elaborada por la Corte federal. Media entonces insuficiencia (art. 495, CPP; causas P. 126.664, sent. de 5-IV-2017 y P. 120.231, sent. de 7-III-2018).
IV.2. El tramo del recurso referido a la falta de motivación respecto a la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena impuesta, tampoco progresa.
Cabe recordar que el art. 26 del Código Penal establece que "En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad..." .
Tal como fuera reseñado en detalle en el punto III.3., a los que cabe remitirse, el órgano intermedio brindó los motivos por los cuales entendió que la pena de tres años impuesta debía ser de efectivo cumplimiento.
Para ello consideró la naturaleza y la modalidad del hecho narrado como pautas impeditivas de la suspensión en la ejecución.
En estos términos, la decisión -contrariamente a lo que sostiene la defensa- exhibe una fundamentación que da cuenta de las razones que motivaron la aplicación de una sanción de efectivo cumplimiento; con lo que los cuestionamientos de la parte a remolque de la vulneración del derecho a la revisión amplia, no pasan de ser una opinión contraria a la del sentenciante, y por lo tanto ineficaz para demostrar la infracción constitucional denunciada (art. 495, cit.).
Por lo demás, la recurrente no postula -y menos demuestra- que se esté en presencia de una aplicación arbitraria de las normas penales que regulan este instituto que importen un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, a efectos de justificar una solución excepcional (conf. doctr. CSJN Fallos: 330:4476, entre muchos).
Cabe recordar que en el acotado marco de la habilitación revisora de esta Corte (que, según resolución del 12 de mayo de 2022, solo habilitó el examen de la presunta afectación del derecho al recurso del imputado, conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), la aplicación e interpretación de una norma de derecho común es, por regla, ajena a la materia federal, sin que -como quedó dicho- se hubiere esgrimido un supuesto de excepción que por vía de la doctrina de la arbitrariedad, justifique otro temperamento (conf. mi adhesión al voto del doctor Soria en causa P. 122.706, sent. de 28-IX-2016).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a la doctora Sofía Pérez Fariña por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 13:19:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:01:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2023 15:19:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:08:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:21:49 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/04/2023 12:22:27 hs. bajo el número RS-35-2023 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia