Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134954
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.954, "Roldán, Jorge Armando -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.120 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Lucas Eduardo Álvarez y Daiana Ayelén Telechea", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 29 de octubre de 2020, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por las respectivas defensas de Lucas Eduardo Álvarez y Daiana Ayelén Telechea contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata que, tras el veredicto de culpabilidad unánime rendido en el marco de un juicio por jurados, condenó al primero de los nombrados a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas como coautor del delito de homicidio simple, y a la segunda a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como coautora del delito de homicidio agravado por el vínculo. En consecuencia, la casación anuló el veredicto y la sentencia y ordenó el reenvío del caso a la instancia de origen para la celebración de un nuevo juicio; también recomendó registrar el litigio de partes respecto de las instrucciones, dándole prioridad al registro audiovisual; y, finalmente, encomendó que en el nuevo juicio a realizarse se instruya al jurado sobre los elementos del delito imprudente como infracción penal menor incluida respecto de la hipótesis principal del homicidio doloso (v. fs. 84/121 vta.).
Contra lo así decidido, el Ministerio Público Fiscal presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/141).
El 2 de marzo de 2021, el Tribunal de Casación Penal admitió la impugnación (v. fs. 149/153). Tuvo por cumplido el recaudo de la definitividad del pronunciamiento (art. 482, CPP) y halló involucradas cuestiones federales que ameritaban ser tratadas por el Superior Tribunal de la causa como tránsito hacia la instancia federal (conf. CSJN fallos "Strada", "Di Mascio" y "Christou"; arts. 14 y 15, ley 48).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 178/184 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 186), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en lo que aquí importa, el fiscal ante la instancia casatoria denunció arbitrariedad, violación al debido proceso legal, a la correcta administración de justicia y al principio de soberanía popular sobre el que se asienta el juicio por jurados (conf. arts. 5, 18, 24, 75 incs. 12 y 22, 118, Const. nac.; v. fs. 127/141).
En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, afirmó que el Tribunal de Alzada declaró una nulidad no prevista en el Código Procesal Penal a partir de una "...presunción de afectación del debido proceso y defensa en juicio" que no se encuentra acreditada (v. fs. 132).
Citó el art. 371 bis del Código Procesal Penal e indicó que de su letra surge que los delitos que deberá explicar el juez al momento de dar las instrucciones al jurado dependerán de las teorías del caso presentadas por la fiscalía y la defensa, quienes "...tienen la facultad de requerir al juez la inclusión de opciones de veredicto concretas -principales e intermedias- y de sugerir cómo cada una de ellas deberá ser explicada" (fs. 132 vta.).
Puntualizó que, en el caso, la hipótesis fáctica se mantuvo invariable desde la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal y consistió en un homicidio doloso simple (art. 79, Cód. Penal) respecto de Álvarez y agravado por el vínculo para Telechea, por ser la madre de la víctima (art. 80 inc. 1, Cód. Penal). Notó que esa calificación legal fue la sostenida por la fiscalía en los alegatos de apertura y clausura, y también por el juez profesional con los jurados tanto en las instrucciones iniciales como en las finales, sin objeción de ninguna de las partes.
Explicó que una vez dadas las instrucciones iniciales, el juez técnico preguntó a los miembros del jurado si habían entendido; asimismo, consultó al fiscal y a las defensas si querían agregar alguna otra cuestión, frente a lo cual contestaron que no. "De este modo, las instrucciones impartidas por el juez a los jurados fueron consentidas por las partes de manera íntegra -sin observación alguna- (ver acta de debate, fojas 682)" (fs. 133).
Insistió en que ni las defensas ni el fiscal instaron una instrucción por un delito menor incluido, lo que estimó trascendente pues, por derivación del principio acusatorio, el juez no podría incluir otras alternativas no planteadas o sugeridas por las partes.
Sostuvo que el sistema adversarial se ejerció en todo su esplendor. Recordó que, en este sistema, la carga de probar los extremos de la imputación se encuentra exclusivamente en cabeza de la fiscalía. "Los jueces y jurados están completamente desligados de la obligación de averiguar la verdad", y "...los jueces profesionales no pueden interferir en lo más mínimo en las estrategias de las partes". En su apoyo, citó el fallo "Canales" de la Corte nacional (v. fs. 133 vta.).
En función de lo expuesto, opinó que el caso demuestra la tensión entre el iura novit curia y el principio acusatorio, y pidió a la Suprema Corte que resuelva tal tensión. A su entender, el voto mayoritario del fallo en crisis permite que el juez técnico instruya de oficio sobre calificaciones alternativas, situación que se agrava si se interpreta que se habilita a los jueces de instancias revisoras a indicar y delimitar el contenido de las instrucciones en juicios futuros a celebrarse (v. fs. 133 vta. y 134).
Recordó que según la normativa procesal son las partes las encargadas del armado y propuesta de las instrucciones, de modo que el temperamento adoptado por el Tribunal de Alzada termina desnaturalizando la ley (v. fs. 134).
Agregó que los motivos que abren la instancia casatoria están condicionados a que, en caso de cuestionarse las instrucciones, estas hayan sido previamente objetadas en la audiencia privada entre el juez y las partes, lo que no aconteció aquí (conf. arts. 371 bis y 448 bis inc. "c", CPP; v. fs. 134 vta. y 135).
De seguido, manifestó que es un deber del juez explicar al jurado en qué consiste la presunción de inocencia, el alcance de la negativa a declarar y el derecho sustantivo aplicable, en función de las instrucciones impartidas por las partes que acrediten sus teorías del caso. Dijo que "Así ocurrió en la presente causa, utilizando el juez un lenguaje claro y sencillo" (fs. 135 vta.).
Razonó que el tribunal del recurso pretende la inclusión de la teoría del caso de homicidio culposo con base en la declaración de Daiana Telechea, de la cual se desprendería que la muerte de su hijo se debió a un actuar imprudente. Y opinó que "forzar" al juez a que incorpore dentro de las instrucciones esa hipótesis alternativa "...sería obligarlo a sopesar una declaración prestada durante el juicio, provocando la nulidad del mismo" (fs. 136).
Añadió que el jurado no se puede apartar del hecho histórico que el acusador calificó como un delito específico (homicidio doloso). "Entonces, constreñir al juez a que incluya en las instrucciones otro hecho y al jurado a que lo valore -eligiendo una figura menor- no incluida en la ofensa principal ni las teorías del caso, resulta violatorio de todos los principios que consagran el juicio por jurados" (fs. 136).
Consideró que el fallo de casación afecta el principio de imparcialidad, pues el tribunal está limitado a decidir en los términos del contradictorio. Aclaró que la jurisdicción es ejercida por los jueces profesionales pero el dictado del veredicto, que da por comprobado o no un objeto procesal, es tarea de los jurados. "Por tanto, la función de los primeros se limita a elaborar la sentencia, dirigir el debate y eventualmente decidir la imposición de la pena sobre el encontrado culpable por el jurado" (conf. CSJN "Amodio"; v. fs. 136 vta.).
Afirmó que la sentencia de casación incurrió en arbitrariedad, pues para poder plantear como hipótesis alternativa del homicidio doloso la opción del delito de homicidio culposo, este último debió haber sido previamente imputado por el Ministerio Público Fiscal, por tratarse de un hecho histórico distinto (v. fs. 137).
Agregó que para que el jurado pueda decidir entre varias propuestas el hecho debe ser el mismo. "En este sentido, fue claro el juez [Gómez] Urso cuando expresó al jurado: [...] 'La posibilidad del homicidio culposo no integra los hechos sobre los que ustedes deben deliberar'" (fs. 137 vta.). Consideró que esas manifestaciones del magistrado impidieron la conculcación del principio de congruencia.
Apreció que el jurado fue informado de la prueba que debía valorar así como también de los alcances de la presunción de inocencia y de la duda razonable, por lo que las instrucciones impartidas resultan incuestionables.
Insistió en que no era posible incluir entre las instrucciones el delito de homicidio culposo por implicar la imputación de un hecho distinto. Transcribió los sucesos tal como fueron descriptos por la acusación y marcó que la teoría del caso consistió en un hecho doloso y no uno negligente; puntualizó, también, que el Tribunal de Alzada sustentó la última hipótesis en la declaración de Telechea en el juicio (v. fs. 137 vta. y 138).
Alegó que si el jurado hubiera tenido dudas acerca de la hipótesis de la acusación (dolo homicida) habría votado por la no culpabilidad.
Destacó que en ningún momento del juicio las partes introdujeron la teoría del homicidio culposo, y que tampoco se amplió la requisitoria ni se acusó subsidiaria ni alternativamente. A su vez, reiteró que el homicidio doloso y el culposo son hechos diversos aunque ambos tengan el resultado muerte (v. fs. 138 vta.).
Estimó que la decisión de la casación de recomendar la inclusión de la hipótesis del homicidio culposo en el futuro juicio a celebrarse implica la modificación del hecho imputado (v. fs. 138 vta. y 139).
Apuntó que según el doctor Peñeñory "...'dichas lesiones [las que presentaba la víctima] no podrían haber sido producidas en una situación de salvamento, en un intento de reanimación (como lo alegara la imputada en su declaración) debido a que se trataba de lesiones importantes'" (fs. 139). Asimismo, remarcó que para este perito el niño presentaba lesiones en el cráneo producto de golpes con la mano y el puño y estábamos frente a un caso de "maltrato infantil agudo". Aseveró que el jurado le creyó a Peñeñory.
Expuso que para provocar la nulidad de un juicio por jurados no solo debe invocarse la situación de excepción contemplada en el art. 448 bis inc. "d" del Código Procesal Penal ("Cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate") sino que además hay que considerar la totalidad de la evidencia con la que contaba el jurado al momento de decidir, para demostrar que todo ese cúmulo de pruebas, considerado integralmente, no era de ningún modo apto para arribar a la conclusión alcanzada.
Entendió que la anulación decretada se fundó en haberle otorgado mayor entidad convictiva a los dichos de Telechea que a los restantes elementos de prueba, pese a las contradicciones en las que incurrió, y que ello significó sustituir al jurado en una tarea que le es propia.
A su vez, dijo que los jueces revisores no pueden expropiar funciones que no les han sido legalmente conferidas, y que ello no colisiona con el derecho al recurso de las personas imputadas, pues fueron estas quienes se sometieron voluntariamente al juicio por jurados y, por tanto, a sus reglas específicas en materia impugnativa (v. fs. 139 vta.).
Recordó que solo es posible anular el juicio por jurados en el supuesto de jurado estancado o cuando el juez estime que el veredicto de culpabilidad es contrario a la prueba producida; en consecuencia, consideró que, al anularlo por lo antes indicado, el tribunal intermedio violó la regla de taxatividad que rige en materia de nulidades (v. fs. 140).
Concluyó que Álvarez y Telechea pudieron ejercer ampliamente el derecho de defensa, sin afectación al debido proceso. Demandó un equilibrio entre tales derechos y el de someter a proceso al presunto autor de un delito (persecución penal del delito), todo lo cual -dijo- debe tenerse presente al momento de anular un acto procesal (v. fs. 140 vta.).
Por estas razones, pidió la revocación del fallo casatorio.
II. Conviene aclarar que al resolver la admisibilidad del recurso en trato, el juez Carral manifestó que -tras el acuerdo celebrado al efecto- coincidía con la opinión del juez Maidana en punto a que correspondía hacer una excepción a la doctrina de esta Corte según la cual la decisión que dispone la anulación del juicio y el reenvío al tribunal de grado para la realización de un nuevo debate no es sentencia definitiva ni, por sus efectos, una decisión que pueda reputarse equiparable a ella (v. fs. 149 vta.).
Notó que cuando se trata de un juicio por jurados la facultad impugnativa de la acusación es -naturalmente- muy acotada, en tanto la centralidad del juicio y la legitimación del jurado popular dotan de especial robustez a la decisión. Y que, por esa razón, en los casos en que, tras un veredicto condenatorio del jurado, la decisión del tribunal de impugnaciones casa la sentencia -sea anulándola, sea absolviendo-, la acusación se encuentra legitimada para recurrir (v. fs. 150).
Entendió que en estos supuestos la legitimación de la fiscalía emana de que ha obtenido un pronunciamiento condenatorio proveniente del veredicto popular, que luego es revocado por jueces técnicos.
Por consiguiente, estimó necesario evitar un dispendio jurisdiccional y considerar la decisión de ese órgano intermedio como equiparable a definitiva, aspecto sobre el cual compartió la opinión detallada en el voto del juez Maidana.
Tras ello, consideró que los agravios formulados constituían cuestiones federales que habilitaban la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en particular al invocar el supuesto de arbitrariedad de sentencia, y en este punto también hizo suyos los argumentos desarrollados en el voto de su colega de sala.
El juez Maidana, a su turno, consideró que la decisión impugnada constituía un pronunciamiento que, aunque no sea definitivo, debía ser equiparado a tal por las particularísimas circunstancias del caso (v. fs. 150 vta. y 151). Ello así en tanto el fiscal alegó que la sentencia le causaba un agravio de imposible reparación ulterior al indicar que no habrá una oportunidad procesal posterior para volver a discutir lo resuelto por la casación, dado que los eventuales recursos futuros solo podrán versar sobre una nueva sentencia de condena pero no sobre los agravios ocasionados por la decisión analizada, a lo que sumó la irrecurribilidad prevista en la ley frente a un veredicto absolutorio, lo que agravaría aún más el perjuicio.
A mayor abundamiento, el magistrado recordó que si bien la Corte federal tiene dicho que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, en términos generales, no constituyen sentencia definitiva y que en esta materia prima un criterio de interpretación restrictivo, también se ha excepcionado tal regla y se han admitido recursos extraordinarios equiparando la decisión a definitiva cuando el agravio no era pasible de reparación ulterior, ante la flagrante violación del debido proceso, cuya salvaguarda exige asegurar una inobjetable administración de justicia.
Asimismo, el juez Maidana señaló que la fiscalía había denunciado infracciones de índole federal con directa e inmediata relación con el objeto del proceso: arbitrariedad de la sentencia generada por la vulneración al debido proceso penal, a la correcta administración de justicia y al principio de soberanía popular sobre el que se asienta el juicio por jurados (v. fs. 151 y vta.). Advirtió, además, que la impugnación contenía la fundamentación necesaria para bastarse a sí misma y desarrollaba una crítica concreta a los argumentos expuestos por la sala, la que se ocupó de detallar (v. fs. 151 vta. y 152).
Citó, mutatis mutandis , el criterio de admisibilidad de la Suprema Corte en la causa P. 128.761 "Guerendiain" (resol. de 4-VII-2018), también de juicio por jurados. Interesa destacar que en ese caso, el Tribunal de Casación había anulado el veredicto de culpabilidad y la sentencia con reenvío para la celebración de un nuevo juicio -a raíz de una denuncia de incumplimiento del mecanismo procesal del jurado estancado articulada por la defensa-, y la Suprema Corte accedió a analizar el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal donde se alegaba una violación al debido proceso no susceptible de reparación ulterior: que el pronunciamiento emanado del órgano que consagra la participación ciudadana en la administración de justicia penal fue dejado sin efecto con un déficit de argumentación constitutivo de un supuesto de arbitrariedad.
Por último, entendió que, en función del criterio sostenido, devenía abstracto el tratamiento del planteo sobre la configuración de una situación de gravedad institucional derivada del riesgo de difusión jurisprudencial de la sentencia puesta en crisis.
III. El señor Procurador General propuso hacer lugar al recurso (v. fs. 178/184 vta.).
No coincido con lo así dictaminado.
IV. El recurso no procede.
Antes de ingresar al fondo del reclamo es preciso realizar una reseña de algunos aspectos relevantes del caso.
IV.1. El hecho.
El hecho por el que fueron acusados y finalmente condenados Álvarez y Telechea, conforme surge de la sentencia de casación y de los propios términos del recurso en análisis -pues este extremo fundamental no emerge de la versión taquigráfica del juicio- fue el siguiente: "Que entre los días 14 de enero de 2013 y las 0.15 hs. del día 16 de enero de 2013, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] dos personas -una de sexo femenino e identificada como Daiana Telechea, progenitora de la víctima, y la otra de sexo masculino, pareja de la primera e identificada como Lucas Eduardo Álvarez- ejercieron violencia física por manipulación violenta en el abdomen acompañado por movimientos de sacudidas sobre la persona del menor Blas Sebastián Figueroa de 11 meses de edad, provocándole estallidos viscerales, trauma cerrado de abdomen, el cual le ocasionó un shock hipovolémico producto de estallido hepático, lesión de epiplón y de pedículo renal derecho que le ocasionaron su óbito (audio pista 12 correspondiente al primer día de juicio, 08:22/10:08)" (fs. 89 y 137 vta. y 138 del legajo casatorio).
IV.2. Las instrucciones iniciales.
En el legajo de juicio por jurados se encuentran únicamente las instrucciones iniciales propuestas por la fiscalía, en el marco de las cuales surgieron los siguientes puntos (v. fs. 72/73 vta. del citado expediente):
a) Normas constitucionales: presunción de inocencia, derecho a no declarar, carga de la prueba y duda razonable.
b) Normas que rigen la valoración de la prueba: duda razonable, prueba documental y testimonial, estipulaciones entre las partes.
c) Derecho penal sustantivo aplicable: respecto de Telechea, homicidio agravado por el vínculo y con relación a Álvarez, homicidio simple. Explicó las diferencias entre dolo directo y el dolo eventual.
d) Reglas de deliberación: se remitió a los arts. 371 bis y 371 ter del Código Procesal Penal.
Conforme se desprende del registro de audio, las instrucciones iniciales imparti
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