Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Mártires Alarcón Rojas, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial a favor de Miguel Ángel Ovelar, con costas (arts. cits., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes del doctor Adrián Daniel Albor, por los trabajos realizados ante esta instancia, en dieciocho (18) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.376, "Ovelar, Miguel Ángel y Alarcón Rojas, Mártires s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.587 y su acumulada n° 101.592 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín, el día 6 de noviembre de 2019, condenó a Miguel Ángel Ovelar a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio criminis causae agravado por haber sido perpetrado mediante el uso de un arma de fuego -hecho I- (arts. 5, 29 inc. 2, 40, 41, 41 bis, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párr. 2, Cód. Penal). Finalmente lo condenó a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la presente y la de un año y seis meses de prisión efectiva y costas impuesta en la causa n° 308/14 del Juzgado de Instrucción y Correccional n° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de Clorinda (art. 58, Cód. Penal).
Asimismo, condenó a Mártires Alarcón Rojas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego y homicidio criminis causae agravado por haber sido perpetrado mediante el uso de un arma de fuego -hecho I- y autor del delito de tenencia ilegal de arma de guerra -hecho II- todos los cuales concurren entre sí de manera real (arts. 5, 29 inc. 2 , 41 bis, 40, 41, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párr. y 189 bis inc. 2 segundo párr., Cód. Penal; v. fs. 62/80).
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 24 de noviembre de 2020, rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa oficial en favor de Miguel Ángel Ovelar y por la defensa de confianza de Mártires Alarcón Rojas (v. fs. 136/148).
Frente a lo así resuelto, la defensa particular de Mártires Alarcón Rojas, ejercida por el doctor Adrián Daniel Albor, interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/183 vta.) y el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, en favor de Miguel Ángel Ovelar, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/189 vta.).
La Sala I concedió los recursos de inaplicabilidad de ley intepuestos por ambos defensores (en cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva -del art. 80 inc. 7, Cod. Penal-); rechazó los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de nulidad presentados por la defensa particular de Alarcón Rojas y la referida vía de inaplicabilidad de ley en los restantes motivos de agravios (en tanto cuestionó el extremo de la autoría -hecho I-, como la configuración del tipo penal del hecho II, reputando que debió subsumirse como encubrimiento; v. fs. 190/196). Contra la decisión que le resultó adversa el doctor Adrián Daniel Albor interpuso queja (causa P. 135.279-Q), la que fue rechazada por improcedente por esta Corte (v. fs. 256/259).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 260/263), dictada la providencia de autos (v. fs. 265) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por la defensa particular de Mártires Alarcón Rojas y por la defensa oficial a favor de Miguel Ángel Ovelar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme quedó indicado en la relación de antecedentes, los recursos de ambas defensas fueron concedidos al solo efecto de que esta Corte examine la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Y dado que ambas impugnaciones contienen similares argumentaciones encaminadas a obtener la misma resolución, procederé a abordar su tratamiento en forma conjunta.
I.1. El doctor Albor, en lo que importa, denuncia la errónea subsunción de suceso correspondiente al sindicado como hecho I en el art. 80 inc. 7 del Código Penal por entender que no se trata de un homicidio criminis causae sino de un latrocinio (art. 165, Cód. Penal).
En ese discurrir luego de rememorar los agravios llevados al tribunal casatorio y transcribir la respuesta brindada, destaca que "...para los jueces el homicidio cae en las previsiones del plus de subjetividad relacionado con la frustración del robo [...] aunque el robo no se vio frustrado, sino que fue exitoso" (fs. 180 vta.).
Asevera que no lo mataron porque no lo pudieron robar, sino porque querían más dinero que creían que la víctima tenía en su poder.
Indica que la figura en trato no agrava el homicidio por no haber obtenido el dinero que se esperaba "...sino por no haber logrado el fin propuesto al intentar el delito" (fs. cit.).
Aduce que al resultar el hecho un homicidio conexo con el delito de robo debe ser aplicado un criterio de especialidad, solicitando el cambio de calificación, con la pertinente reducción de pena.
I.2. Por su parte, el señor defensor oficial adjunto denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal por estimarse que se ha efectuado una indebida interpretación de lo que implica el extremo "fin propuesto" (fs. 187 vta.).
Indica que se recurre a una interpretación que fuerza el alcance semántico del texto legal y le otorga un sentido más amplio a la motivación del homicidio, consagrando una infracción al principio de legalidad (arts. 18, Const. nac. y 9, CADH), por desconocimiento de la regla de la máxima taxatividad interpretativa (v. fs. 188).
Especifica que en el supuesto del art. 80 inc. 7 in fine del Código Penal, "...la motivación forma parte del tipo penal, y por lo tanto, debe indudablemente considerarse como parte del injusto" (fs. 188 vta.).
Explica que cabe realizar una interpretación constitucional válida de la figura en análisis y que, en caso de duda sobre el sustrato fáctico tipificante, debe hacerse una lectura más restrictiva de la punibilidad, lo que conllevaría encuadrar los sucesos en las previsiones del homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal; v. fs. 188 vta. cit. y 189).
Afirma que el fin típico del robo previo no se frustró, pues los imputados lograron desapoderar a las víctimas y consumaron el delito.
Agrega que el despecho por no haber obtenido el dinero que esperaban no permite afirmar que se haya frustrado el fin típico y por ello no se configura el homicidio criminis causae . Cita doctrina en apoyo de su postura y requiere la subsunción en el art. 165 citado (v. fs. 189 y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 260/263), los recursos no son procedentes.
III. Preliminarmente corresponde repasar el derrotero de esta causa.
III.1. Las instancias previas tuvieron por debidamente acreditado que "...el 24 de mayo de 2016 siendo aproximadamente las 05.30 horas en circunstancias en que los imputados Miguel Ángel Ovelar y Mártires Alarcón Rojas, interceptaron a Eladio Ramón Vera Benítez y a Maura Mendoza Bogarín en el ingreso a su domicilio sito en Pasaje de la Costa 2020 de Bella Vista P.B.A., y mediante intimidación llevada a cabo con sendas armas de fuego que portaban exigiendo la entrega de dinero los obligaron a ingresar al mismo".
"Allí, previo atar de pies y manos a Eladio Vera Benítez, golpear su cabeza contra el suelo e intimidar a Maura Mendoza Bogarín amenazando con matar a su hijo de ocho meses de edad, sustrajeron la suma veinte mil pesos, un celular marca Blue S5 táctil color blanco, un celular marca Blue S5 color negro, un celular marca Iphone color blanco abonado 1131279597 de Personal y un celular marca Iphone color blanco abonado 1194980942 de la misma empresa".
"Posteriormente y siempre con fines de robo mediante amenazas de muerte a los damnificados, trasladaron maniatado a Eladio Ramón Vera Benítez hacia una cancha de fútbol pública ubicada frente a dicho domicilio y por no haber logrado desapoderar a los damnificados de una suma mayor, le efectuaron tres disparos de arma de fuego que le causaron la muerte -Hecho I-" (fs. 65 y vta./138 vta. y 139).
III.2. El órgano de juicio calificó los sucesos enmarcados en el hecho I como robo agravado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego en concurso real con homicidio criminis causae , a su vez agravado por haber sido perpetrado mediante el uso de un arma de fuego.
Aseveró teniendo en cuenta la localización de las heridas sufridas por la víctima que determinaron de manera directa e inmediata el deceso, el poder vulnerante del armamento, las amenazas de muerte previas proferidas durante el hecho, las circunstancias y distancia en que se produjeran los disparos, "...que no existió otra intención que causar la muerte de Eladio Vera Benítez" (fs. 78 vta.)
Consideró que el homicidio fue perpetrado por no haber logrado el fin propuesto en el robo, en este caso lograr un mayor desapoderamiento de dinero.
Recordó que, durante el hecho, los autores permanentemente exigían más cantidad de plata; separaron a las víctimas con ese fin; incluso Vera Benítez intuyó su muerte pidiendo que no lo hicieran delante de su familia. Agregó que no obstante estar en otro ambiente de la casa, fue trasladado maniatado hasta un descampado existente fuera de su domicilio; lo que en su parecer "...ofició como un método para aumentar la intimidación para lograr su objetivo, ya que pudieron matarlo dentro de la vivienda [...] al no haber logrado su objetivo de lograr más dinero, y en una situación que raya la alevosía, se produjo la muerte".
Aclaró que la circunstancia de que haya quedado una billetera con dinero sobre la cama no descarta la situación relatada atento que pudo deberse a un olvido, a que se haya caído o que no la hayan visto sobre la cama, todo en una situación de adrenalina, violencia y rapidez (v. fs. 78 vta. y 79).
Concluyó que encontrándose probada la exigencia permanente de lograr más dinero, queda plasmada la existencia del requisito exigido por el tipo penal del art. 80 inc. 7 del Código de fondo, o sea que el autor al momento de matar tuviera la sindicada finalidad tratándose así de un homicidio finalmente conexo. Afirmó que se trata de una conexidad impulsiva o propiamente causal, por cuanto el agente actuó con intención homicida por no haber logrado el fin propuesto en el robo (v. fs. 79).
III.3. Al recurrir en Casación, el doctor Albor -en representación de Alarcón Rojas- en lo que aquí importa, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, de manera subsidiaria, en tanto estimó ausente la acreditación del elemento subjetivo distinto del dolo que exige la figura, pretendiendo su modificación por la figura del art. 165 del Código Penal (v. fs. 20/31 de la causa n° 101.592, que corre por cuerda).
A su turno la defensa oficial, en lo que interesa, también denunció la errónea aplicación de la citada figura legal, en subsidio. Explicó que se funda la agravante en que los autores del hecho mataron "...por no haber logrado desapoderar a los damnificados de una suma mayor", cuando el tipo aplicado está previsto para cuando el autor mata "...por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito", lo que -a su entender- no se verificaba en autos. Afirmó que la alegada calificación tampoco fue probada; consecuentemente, por cualquiera de estas dos razones, entendió que la subsunción legal correcta es la que surge de los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 párrafo segundo del Código Penal. En definitiva, solicitó la absolución, subsidiariamente, el cambio de calificación legal con una sensible disminución de la sanción fijada (v. fs. 83/97).
III.4. El Tribunal de Casación, al tratar el agravio vinculado con la calificación legal denunciado por las defensas de ambos imputados, especificó que para la configuración del delito previsto en el art. 80 inc. 7 del Código Penal se requiere una conexión final, o causal, que es necesaria en el sentido más estricto de la palabra y brinda su carácter específico al aspecto subjetivo, pues se trata de una figura inaplicable si en la conciencia del autor, en el momento del hecho, no estuvo presente positivamente el motivo de preparar, facilitar u ocultar otro delito o procurar la impunidad mediante el homicidio, o el despecho motivado por el fracaso de un intento criminal, sin que ello signifique, sin embargo, que la decisión deba ser anticipada, deliberada, resuelta de antemano, ya que la ley sólo exige que el fin concurra al momento del hecho, que funciona como motivo específicamente determinante del homicidio (v. fs. 145 vta. y 146).
Indicó que en autos están presentes las circunstancias objetivas y subjetivas necesarias para que el sentenciante haya subsumido el hecho en la figura de homicidio calificado, en tanto se motivó "...de modo adecuado y suficiente su convicción de que el homicidio fue conexo al robo, por puro resentimiento ante la frustración de los agentes que consideraron escaso el botín, al obtener solo unos $20.000 y teléfonos celulares, conforme se desprende de los dichos de la víctima Maura Mendoza: '...lo ataron con un cable [...], pedían plata, uno la llevó a la pieza donde le dio veinte mil pesos y dólares [...] mientras el otro se quedó con su marido. Continuamente pedían más plata [...] la taparon con una manta y le dijeron que no mirara o matarían a su hijo. Después se llevaron a su pareja exigiendo más dinero. Unos tres minutos después escuchó tres tiros...'" (fs. 146).
Explicó que se trata de los supuestos denominados por la doctrina como "de conexión impulsiva" o "propiamente causal", en tanto el agente mata por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Es el despecho o rabia que mueve al agente a matar a causa de la frustración de sus designios, ocasionada por su propia torpeza, por la oposición de la víctima o por circunstancias extrañas a ambos. El fin propuesto es cualquier resultado del mismo delito o cualquier otro efecto posterior a su consumación que el agente esperaba lograr al cometerlo. Agregó que "Es necesario que la acción que constituye otro delito haya sido emprendida por el agente, siendo el fundamento agravatorio, como en los demás supuestos de este grupo, predominantemente subjetivo: es necesario que el autor haya actuado impulsado por aquel despecho. Si su motivación ha sido otra, se encuadrará el homicidio en esta norma" (fs. 146 vta.).
Concluyó que en autos la decisión de efectuar los disparos al rostro de la víctima para darle muerte, surgió -aún de forma súbita- a partir de las referidas contingencias aparecidas al momento de concretar el robo, cuya frustración o fracaso motivó -conexión causal- el homicidio, encuadrando así este último en la modalidad agravada adoptada en el fallo (v. fs. cit.).
IV. Como lo adelantara, el recurso no prospera.
Frente a lo así resuelto considero que, pese a la denuncia de errónea aplicación de ley sustantiva, las defensas traen argumentos que -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, ello a partir de considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causae (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), proponiendo una calificación alternativa, materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
A partir de la reseña efectuada de los recursos interpuestos, se puede advertir que insisten en su pretensión de mutar la calificación legal con sustento en una supuesta falta de acreditación de las ultrafinalidades exigidas por el art. 80 inc. 7 del Código Penal con argumentos desprovistos de adecuada relación con lo resuelto por el tribunal revisor, sin respaldo en una crítica idónea como para evidenciar que los hechos acreditados fueron justamente encuadrados en la normativa citada, y sin lograr demostrar la existencia de algún tipo de vicio en la decisión que pudiera descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido (art. 495, CPP).
Cabe destacar que esta Corte ha resuelto que "...[p]ara que resulte aplicable la figura del inc. 7º del art. 80 del Código Penal debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993). Puntualmente, respecto del art. 80 inc. 7 del Código Penal, tiene dicho este Tribunal que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 53.150, sent. de 11-III-1997; P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 101.265, sent. de 30-III-2011; P. 98.240, sent. de 14-XI-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013 y P. 114.076, sent. de 9-IV-2013).
Las defensas no han rebatido las concretas respuestas brindadas por la Casación en cuanto a que el homicidio fue conexo al robo por resentimiento, ante la frustración de los imputados que consideraron escaso el botín, al obtener solo veinte mil pesos ($20.000) y teléfonos celulares, conforme surge de los dichos de la víctima Maura Mendoza Bogarín quien manifestó que en varias oportunidades los atacantes dejaron trascender sus intenciones de hacerse de un trofeo económico mayor, por lo que de esta forma quedó probado el enlace con el robo. En consecuencia, el evento resultó incluido por la citada normativa, al acreditarse la conexión subjetiva final de dar muerte a otro.
El no haber logrado el fin propuesto no necesariamente tiene el alcance de que en este caso el robo debió quedar en grado de conato, porque el fin propuesto, según se evidenció era alzarse con un botín de mayor envergadura y frente a esa frustración: solo haber alcanzado esa suma de dinero de veinte mil pesos ($20.000) y celulares que estimaron escasa, amenazaron a las víctimas de muerte para que les entregaran más dinero y al no lograr ese específico cometido, le dieron muerte al señor Eladio Vera Benítez del modo ya relatado.
Conforme lo expuesto, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que las partes logren conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a sus pretensiones (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Mártires Alarcón Rojas, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial a favor de Miguel Ángel Ovelar, con costas (arts. cits., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes del doctor Adrián Daniel Albor, por los trabajos realizados ante esta instancia, en dieciocho (18) jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2023 15:17:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.