Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135810
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.810, "Rivadeneira, Nelson Hugo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 93.835 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 3 de agosto de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Nelson Hugo Rivadeneira contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana que, en el marco de un juicio oral, lo condenó a veinte años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por encontrarlo coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y daño (hecho I) y autor del delito de robo agravado por el homicidio resultante (hecho II), cometidos el 16 de agosto de 2015 y 23 de mayo de 2016, en la localidad de Zárate Provincia de Buenos Aires, de los que resultaran víctimas Nelson Alejandro y Jorge Fabián Orbez (hecho I) y Julio Daniel Gallardo (hecho II) respectivamente (arts. 41 bis, 42, 45, 55, 165, 166 inc. 2 primer párrafo y 183, Cód. Penal, v. fs. 117/124 vta.).
Contra lo así decidido, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 130/137) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 138/155).
La Sala V declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad y admitió en forma parcial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por estimar cumplidos los requisitos establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal sobre el monto de pena y materia de la impugnación, solo en cuanto la defensa peticionó la inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal y de la reincidencia (art. 50, Cód. Penal; v. fs. 156/158 vta.), sin que la parte articulara queja en torno de dicho pronunciamiento (v. fs. 167).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 172/179), dictada la providencia de autos (v. fs. 181) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Preliminarmente cabe destacar que la resolución de admisibilidad de la Sala V fue en los siguientes términos "...si bien la defensa dirigió ciertos embates a cuestionar la valoración efectuada por los magistrados para tener por acreditados los hechos y la autoría del encausado así como de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas (arts. 40 y 41, Cód. Penal) que involucran cuestiones de hecho y prueba y derecho común propias de los jueces de la causa, materia en principio ajena a la competencia revisora de esta Corte (art. 494 del código citado), en el caso también cuestionó la constitucionalidad de la agravante contemplada en el art. 41 bis y la reincidencia (arts. 14 y 50, Cód. Penal) y en tanto la decisión recurrida ha sido a favor de la compatibilidad constitucional de los institutos cuestionados (art. 14 inc. 2 de la ley 48), la vía extraordinaria articulada -con el alcance indicado- deviene admisible" (fs. 158). Con esos lindes se reseñarán los agravios desarrollados por la defensa sin referenciar las demás denuncias por haber quedado fuera del ámbito de competencia de esta Corte (conf. art. 486, CPP).
II.1. Sentado lo anterior, respecto de la agravante genérica prevista por el art. 41 bis del Código Penal, el recurrente invoca la conculcación al principio de legalidad reconocido por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11.2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11 y 25 de la Constitución provincial (v. fs. 145 vta.).
Explica que dicha norma consiste en un "...texto indeterminado y general que no satisface las exigencias de precisión ( lex certa ) derivadas del Estado constitucional de derecho y del principio de culpabilidad..." (fs. cit.).
Alega que aquel precepto legal ha sido introducido al Código Penal a través de una técnica "...imprecisa, inexacta y desprolija al trasladar al ámbito de la tipicidad aquello que se analizaba al momento de la determinación de la pena" (fs. cit.).
Si bien admite que el legislador debe en algunos supuestos manejarse necesariamente con cierta generalidad e indeterminación en las cláusulas de la parte general -por ejemplo, en los casos de tentativa o participación- considera que cuando decide prohibir una conducta o hacerlo de modo más severo, está obligado a otorgarle la mayor precisión posible (v. fs. 146).
En alusión al principio de legalidad, acompaña pasajes de lo sostenido en el precedente "Mussotto" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Kimel vs. Argentina", sentencia de 20-V-2008.
Concluye que el legislador no tenía ninguna necesidad de acudir a una cláusula general como la establecida en el art. 41 bis del Código Penal ya que contaba con los medios técnicos para legislar de modo preciso. Peticiona, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad del artículo mencionado, en tanto el Poder Legislativo no puede transferir las facultades conferidas constitucionalmente (v. fs. 146 vta. y 147).
II.2. En segundo término, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del Código Penal (v. fs. 147).
Destaca que de acuerdo a lo establecido en el art. 14 del Código Penal, "...la declaración de reincidencia impone de forma automática -y de antemano- la pérdida de la posibilidad de que se pueda reclamar el derecho a la libertad condicional, motivo por el cual el dato de saber que no se podrá acceder a éste -y, por ende, 'ab initio' , se tendrá que cumplir la pena en su totalidad- importa un agravamiento de la condena respecto de aquéllos que no han sido declarados en tal carácter" (fs. 147 vta., la cursiva figura en el original).
Asimismo, sustenta la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia a partir de su confrontación con el principio del ne bis in ídem , en tanto -afirmó- "...hace foco sobre otro hecho ya juzgado y condenado, y en esa medida, su consideración representa la imposición de consecuencias que no responde al nuevo hecho en juzgamiento" (fs. 148).
Luego se ocupa de la motivación del instituto con sustento en la peligrosidad. Dice que declarar reincidente a su asistido "...implica gravar las consecuencias del presente hecho por una mayor peligrosidad , habida cuenta de los precedentes condenatorios con los que cuenta en su historia vital, y las características peculiares que adoptó en su comportamiento" (fs. 149, la cursiva figura en el original).
Añade que la peligrosidad, como fundamento de la agravante de pena "...es un pronóstico de conducta que se formula intuitivamente, tanto por el legislador al reglar los arts. 50, 14 y 41 del CP, como por el juez al establecer dicho pronóstico", sin sustentarse en un estudio o peritaje psicológico (v. fs. cit.).
Concluye que "[e]n definitiva, la peligrosidad como fundamento de la declaración de reincidencia es tributaria de un derecho penal de autor, de claro corte autoritario, mediante el cual se pena al sujeto por lo que es y no por lo que hizo", en abierta contradicción con el principio de culpabilidad por el hecho (v. fs. 150).
Finalmente, objeta que en la reincidencia "...la agravación de [la] pena se fundamenta en una mayor culpabilidad del sujeto en el segundo hecho cometido. [...] La mayor culpabilidad derivaría del hecho de que el autor tiene un cuadro más vívido de qué es lo que ocurre si no cumple con lo ordenado por la norma", postura conocida en doctrina como la "fórmula de la advertencia" (fs. 150 y vta.). Aduna doctrina en el sentido de su línea argumental.
Suma a lo expuesto la violación al principio de proporcionalidad. Explica que cuando la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo involucre un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, se impondrá un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional (v. fs. 153). Añade que cualquier forma de agravamiento de la sanción penal -o de su modalidad de ejecución- que se imponga al imputado, en orden a la consideración de un hecho anterior ya juzgado, menoscaba la incolumidad de los derechos personales consagrados en la Constitución (v. fs. 153 vta.).
Por último, aborda el argumento vinculado a la infracción al derecho de resocialización del condenado. Con tal norte, expone que el tratamiento que la ley dispensa al reincidente al denegarle la posibilidad de obtener la libertad condicional (art. 14, Cód. Penal), además de constituir una clara expresión del ejercicio del jus puniendi estatal sobre la base de la personalidad del agente y no del hecho cometido, contraría el derecho a la resocialización contenido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución nacional (v. fs. 153 vta.).
En definitiva, concluye que la decisión adoptada es arbitraria al confirmar la declaración de reincidencia, que se aparta de las prescripciones mencionadas, por lo que solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal (v. fs. 154 y vta.).
III. Coincido con el señor Procurador General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 172/179).
IV. En el recurso de casación, en lo que interesa poner de realce, la defensa se quejó de la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis al art. 165 del Código Penal. De otro lado solicitó la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia (arts. 14 y 50, Cód. Penal) por contravenir los principios del derecho penal de acto, el de culpabilidad y el ne bis in idem (arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac. y 25, Const. prov.; v. especialmente fs. 92/94 vta.).
IV.1. Por su parte el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación presentó memorial donde mantuvo el recurso y agregó la petición de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal, por afectar el principio de legalidad (v. fs. 101/108).
IV.2. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación señaló que el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal no había sido oportunamente formulado.
Con cita de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que, en casos como el presente, en los que se ha planteado una cuestión constitucional directa en los términos del art. 14 de la ley 48, se exige como requisito ineludible la introducción oportuna del planteo (v. doctr. de Fallos: 308:568), el que debe ser resuelto de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención del Tribunal, último intérprete de la Constitución (v. fs. 121 vta. y 122).
Explicó que conforme surge de la copia del acta de debate, de los alegatos de las partes así como del escrito recursivo, no se desprende ningún planteo en ese sentido, y vistos los términos en que había sido formulada la acusación fiscal, no se efectuó ninguna objeción constitucional al art. 41 bis citado, sustrayendo así la cuestión a los jueces naturales de la causa, lo que implica consentimiento con la constitucionalidad de la norma; ello visto que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (v. fs. 122).
No obstante, destacó que la insuficiencia de la fundamentación brindada para sostener el planteo, determinaba su improcedencia.
En ese andarivel mencionó que la defensa se limitó a efectuar un análisis teórico en cuyo decurso afirmó que la norma en trato fue sancionada en violación al principio de legalidad para luego, tras explicar el concepto de "máxima taxatividad", concluir que la agravante cuestionada lo violenta.
No obstante, no brindó ninguna explicación en concreto del modo como ambos principios se encontrarían lesionados, por lo que "...la mera afirmación de lesión constitucional no se encuentra debidamente fundada, ni se observan motivos válidos y razonables para declararla" (fs. cit.).
Aseveró que la técnica empleada por el legislador, en cuanto conformó una escala más gravosa para el caso de verificarse un elemento típico en particular (el modo comisivo) y la situó en la parte general del Código Penal, no resulta por sí misma lesiva del principio de legalidad.
Afirmó que el citado principio sólo exige que los extremos típicos estén tipificados en la "ley", antes del hecho de la causa, y que dicha ley contenga la descripción típica y la pena amenazada, extremos con los que cumple el artículo cuestionado, pues el Código es un cuerpo único, y así como algunos tipos penales remiten a disposiciones contenidas en otros cuerpos (por ejemplo, la ley de armas y explosivos, a efectos de completar el tipo penal del robo calificado por el uso de "armas"), nada obsta que la mayor parte de los tipos contemplados se integren con un elemento comprendido en la primera parte del código, que en rigor de verdad resulta aplicable a la totalidad de la segunda parte (v. fs. 122 y vta.).
Indicó que en principio nada impide que a una determinada modalidad de comisión, por las características particulares de la causa (art. 41, Cód. Penal), corresponda una pena mayor que la finalmente impuesta en casos como el presente (v. fs. 122 vta.).
Por otro lado, también rechazó el cuestionamiento referido a la inconstitucionalidad del art. 50 del Código de fondo, por entender que el instituto no violenta garantías de orden supralegal (v. fs. 123).
Con cita de precedentes de la Corte federal señaló que "...el principio non bis in ídem prohíbe la nueva aplicación de la pena en el mismo hecho, pero no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal" (fs. 123 cit.).
Manifestó que el art. 50 referido no implica un nuevo juzgamiento de los mismos hechos, sino que, en realidad, prevé un modo diferente de cumplimiento de la pena para quien ya no reviste la calidad de primario; por lo cual no existe violación al principio ne bis in idem .
Agregó que tampoco podría afirmarse que ella devenga inconstitucional solo en cuanto priva de la posibilidad de obtener determinados beneficios, pues como regla, la pena se impone para ser cumplida en su totalidad. Si luego, en virtud de determinadas circunstancias del hecho o del condenado, se excepciona o se atenúa esa regla (condena condicional, medidas morigeradoras, libertad condicional, salidas transitorias, etc.), a favor de la reinserción social de aquel, ello no obsta al referido carácter.
Apuntó que se pretende, además, la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal de modo completamente infundado, "...visto que no se ha afirmado que el encartado se encuentre en condiciones de obtener, en este momento, la libertad condicional, por lo que el pedido, en tanto no es posible declarar una inconstitucionalidad 'a futuro', resulta inatendible" (fs. 123 vta.).
V. El planteo que cuestiona la constitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal por su eventual lesión al mandato de certeza derivado del principio de legalidad, que fuera introducido recién en el memorial que autoriza el último párrafo del art. 458 del Código Procesal Penal (v. especialmente fs. 101 vta./103 vta.), no es de recibo (art. 495, CPP).
En efecto, el impugnante no consigue demostrar los quebrantos a los preceptos del bloque de constitucionalidad invocados, toda vez que omite controvertir las explicaciones vertidas por la Casación para resolver en contra de su pretensión. La sola circunstancia de que la regla incorporada agregue una disposición genérica en la Parte General del Código Penal, destinada a jugar en relación con los tipos pertinentes de la Parte Especial, no constituye una afectación del principio de legalidad.
Así lo ha establecido también esta Corte en varias oportunidades (causas P. 107.276, sent. de 14-VII-2010; P. 101.305 y P. 103.042, sents. de 18-II-2009; P. 101.124, sent. de 25-III-2009; P. 100.754, sent. de 24-IV-2009; P. 101.760, sent. de 13-V-2009; e.o.).
En los mismos precedentes se ha señalado que las dificultades interpretativas que la norma puede ofrecer no constituyen un motivo suficiente para concluir que conculca dicho principio.
En síntesis, quien recurre no logra evidenciar que la técnica empleada por el legislador resulte por sí misma lesiva del mandato de certeza derivado del principio de legalidad, dado que el Código de la materia es un cuerpo único, y así como algunos tipos penales remiten a disposiciones contenidas en otros cuerpos nada obsta que algunos tipos penales contemplados en la parte especial se integren con un elemento comprendido en la parte general del Código. No siendo ocioso señalar que el principio en cuestión sólo exige que los extremos típicos estén tipificados en la "ley" antes del hecho de la causa, y que dicha ley contenga la descripción típica y la pena amenazada, extremos con los que cumple el artículo cuestionado.
Por lo demás, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico; que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa. Nada de esto acontece por lo que corresponde el rechazo del agravio (causa P. 63.131, sent. de 25-II-2004).
Por ello, no logra justificar la incompatibilidad del precepto que le agravia con la Constitución nacional (arts. 18, 28 y 75 inc. 22), ni con los pactos internacionales de igual rango que cita. Y, entonces, superado ese test, la aplicabilidad de la mentada agravante genérica al delito enrostrado debe ser confirmada.
VI. El agravio referido a la inconstitucionalidad de la reincidencia tampoco progresa.
En sintonía con lo así decidido cabe poner de resalto que esta Corte ha sostenido reiteradamente que el instituto de la reincidencia no vulnera la garantía constitucional del ne bis in idem como así tampoco el principio de culpabilidad (causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008; P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.353 y P. 112.597, resols. de 16-II-2011; e.o.).
En el mismo sentido, la Corte federal estableció en distintas oportunidades (Fallos 311:1451; 311:552 y 248:232) un criterio del cual puede inferirse que no existe el agravio constitucional denunciado pues el principio ne bis in idem "... no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal..." (en referencia al art. 14 del Cód. Penal). Pues es extraña al ámbito de dicha tutela constitucional la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior (Fallos 248:232).
Y agregó que "...[e]llo es así, aun cuando se pudiere considerar que la pérdida de la libertad con
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