Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Lucas A. Tornini por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.507, "Altamiranda, Claudio Adrián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 110.077 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 2 de septiembre de 2021, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad articulado por la defensa particular de Claudio Adrián Altamiranda contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata, que con integración unipersonal, en la causa 1.510, condenó al nombrado a la pena única de catorce años de prisión, accesorias legas y costas, manteniendo la declaración de reincidente, comprensiva de la pena -también única- dictada por ese Tribunal con fecha 5 de agosto de 2019 de once años de prisión, accesorias legales y costas y declaración de reincidencia (a su vez comprensiva de la pena única dictada por ese mismo órgano jurisdiccional con fecha 13 de julio de 2017 de diez años de prisión y declaración de reincidencia, que comprendiera asimismo la de cuatro años y seis meses de prisión dictada en causa 1.510 por ese organismo jurisdiccional y de la de seis años y diez meses de prisión, dictada con fecha 14 de noviembre de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 departamental en causa 4.658 y de la de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta por el Juzgado de Garantías n° 2 departamental con fecha 6 de julio de 2010 en IPP 11.210-10), juntamente con la de tres años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata el 28 de marzo de 2019 en causa 13.308, manteniendo su declaración de reincidencia.
El abogado a cargo de la defensa particular de Altamirano, doctor Lucas A. Tornini, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentando el remedio intentado in pauperis por su defendido, el que fue concedido por la Sala recurrida por decisorio de 8 de abril de 2022.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia que la decisión atacada causa gravamen irreparable al confirmarse la sentencia unificatoria impuesta por el tribunal de la instancia efectuando una errónea aplicación de los arts. 58, 40 y 41 del Código Penal.
Luego de rememorar los antecedentes del caso, se disconforma con el fundamento empleado para aplicar el método aritmético, por apartarse de las constancias de la causa y del excelente comportamiento mostrado por Altamiranda en la Unidad de detención.
Sostiene que la comisión de un delito luego del tratamiento "reintegrador" muestra que ese remedio punitivo no cumplió el proclamado fin de reinserción social y, al quedar eso evidenciado, en lugar de utilizarse otro remedio para evitar males peores se aumentó su dosis, multiplicando de esta forma los efectos nocivos.
Afirma que el ilícito cometido por cualquier persona es más o menos grave sin importar que antes haya sido condenado penalmente por otro delito y que la invocada "peligrosidad" del autor, con base en sus características personales, no puede ser fundamento legítimo de una pena ni de un aumento de la sanción en un Estado de Derecho respetuoso de la culpabilidad por el hecho.
Expresa que la inspección de las circunstancias atrapadas por los indicadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal que deben valorarse al momento de determinar la pena, constituyen un tope que impone la determinación de la sanción.
Solicita se case el fallo y se reduzca la pena mediante la aplicación del método composicional.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
Coincido con lo dictaminado.
III. Previo a ingresar al fondo del planteo, resulta necesario efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
III.1. En el recurso de casación la defensa denunció la errónea aplicación del art. 58 del Código Penal por utilizar el tribunal el método aritmético, en lugar del composicional que estima más adecuado a la luz del principio pro homine . Criticó los fundamentos dados para la prevalencia en el caso del primero de los indicados, pues no se tuvo en cuenta que los hechos por los cuales se condenó a Altamiranda eran anteriores a las sentencias condenatorias que se unificaban, lo que descartaba cualquier argumento sobre la supuesta reiteración delictiva. Se agravió asimismo de la carencia de motivación de la sentencia, al no poder extraerse de ella los argumentos empleados para determinar el monto individual, debiéndose tener en cuenta no solo las pautas objetivas, sino también las subjetivas, como las características del delito y del autor, para poder fundar adecuadamente el reproche concreto. Destacó que no se ponderaron las características de los hechos y que no había víctimas. Estimó que debió dar fundamentos válidos para sumar aritméticamente las penas. En su opinión no se hizo referencia a los criterios de los arts. 40 y 41 del código de fondo, por lo cual la decisión resultaba arbitraria conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitó se anule parcialmente la sentencia recurrida y se imponga a su asistido una nueva pena única.
III.2 El Tribunal de Casación Penal previo al examen de los agravios precisó que Altamiranda fue condenado por el Tribunal n° 4 de Mar del Plata por sentencia dictada el 5 de agosto de 2019 a la pena única de once años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia. A su vez, dicha sanción comprendía la pena única dictada por ese órgano jurisdiccional con fecha 13 de julio de 2017 de diez años de prisión y declaración de reincidencia (que comprendiera a su vez la de cuatro años y seis meses de prisión dictada en causa 1.510 por ese organismo jurisdiccional y la de seis años y diez meses de prisión, dictada con fecha 14 de noviembre de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 en causa 4.658) y la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional impuesta por el Juzgado de Garantías n° 2 con fecha 6 de julio de 2010 en IPP 11.210-10.
Asimismo, Altamiranda, con fecha 28 de marzo de 2019, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, por el delito de uso de documento público destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores falso, perpetrado el 12 de abril de 2015, manteniendo la declaración de reincidencia dispuesta por el Tribunal Criminal n° 4 citado. El órgano federal remitió copia de la sentencia al Tribunal en lo Criminal n° 4, quien conforme lo normado por los arts. 18 del Código Procesal Penal y 58 del Código Penal, confirió vista a las partes. La Fiscalía solicitó se aplique la pena única de 14 años de prisión. Por su parte, la defensa no objetó la unificación de las penas, solicitando la imposición de una pena única de 12 años de prisión. En la audiencia celebrada, las partes mantuvieron sus posturas, oportunidad en la que Altamiranda dijo que tenía conducta ejemplar 10, no tenía sancionas disciplinarias, estaba trabajando en una empresa química dentro del penal, se entrevistaba con un psicólogo y había terminado la escuela.
Conforme tales antecedentes, el Tribunal entendió que efectivamente se debía dictar la unificación solicitada.
A tal fin, analizó que, al imponer la pena única de once años de prisión, ya había utilizado el método composicional, pues la suma aritmética de las penas unificadas por ese fallo era de doce años y diez meses de prisión. Asimismo, dejó constancia que incluso una de las penas unificada por ese fallo, también se correspondía a otra unificación en la que se había utilizado el método composicional.
En tal contexto, explicó que "...el método composicional que este Tribunal utiliza en la generalidad de los casos para individualizar el monto final de pena a imponer ya ha sido aplicado en dos oportunidades en la presente, entendiendo que una nueva detracción distorsionaría el reproche merecido por todos los injustos de los que el condenado ha sido responsable, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones, los perjuicios causados, las condiciones personales del imputado y las demás pautas establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal".
Por ello el a quo entendió que, en esta oportunidad, la pena única debía ser de catorce años de prisión, "...la que se considera adecuada a las circunstancias agravatorias y atenuantes oportunamente meritadas (CP; 40/41), sin que se evidencie afectación al principio de humanidad de las penas, emanado del art. 1º de nuestra Constitución Nacional. Conforme tales pautas y tomando especialmente en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes oportunamente consideradas, corresponde condenar a Claudio Adrián Altamiranda a la pena única de catorce años de prisión ..." (v. sentencia digital).
El órgano casatorio observó cumplidas las exigencias procedimentales establecidas por los arts. 18 del Código Procesal Penal y 58 del Código Penal.
Desestimó los planteos de la defensa por tratarse de apreciaciones dogmáticas sin un anclaje concreto en los antecedentes de la causa.
Resaltó que es una facultad propia de los jueces de mérito la determinación de la pena en el marco del procedimiento unificatorio previsto en el art. 58 del Código Penal, sin que se haya demostrado que en tal decisión se encuentre presente un vicio o defecto en la determinación de las circunstancias valoradas para el juicio de mensura punitiva, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada.
De otro lado apuntó que al justificar la imposición de la pena única el órgano de mérito ha cumplido las exigencias referentes a la fundamentación, contenidas en el art. 106 del Código Procesal Penal, al haber expresado de manera suficiente los motivos ponderados a la hora de imponer la pena escogida.
En tal sentido se meritaron las características y naturaleza de los hechos, las condiciones personales de Altamiranda, los resultados y experiencias durante su tiempo de detención, como también las circunstancias agravatorias y atenuantes oportunamente ponderadas al dictar las penas que se unificaron.
Advirtió ausencia de una crítica con potencialidad de evidenciar los desaciertos del a quo en cuanto al método que debió aplicar al momento de unificar las penas, como así también en su decisión final sobre la sanción concreta lo que selló la suerte adversa de la cuestión.
Citó doctrina de esta Corte referente a la unificación de penas mediante el uso del método aritmético.
IV. De la reseña efectuada se advierte la reedición de los planteos llevados ante el Tribunal de Casación respecto a la errónea aplicación de los arts. 58, 40 y 41 del Código Penal, sin rebatir de manera adecuada los fundamentos brindados. El mero disenso o la señalización de pareceres diversos resulta ineficaz para conmover lo resuelto o demostrar el compromiso de las garantías que estima en el caso conculcadas (conf. causas P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Resulta pertinente recordar que lo resuelto por el tribunal de mérito y luego confirmado por el órgano revisor en orden al método aritmético se halla en sintonía con la doctrina de esta Corte que en repetidas oportunidades decidió que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 del Código Penal pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; P. 109.229, sent. de 1-VI-2011; P. 118.606, resol. de 6-VIII-2014; P. 124.282, resol. de 26-VIII-2015; P. 126.750, sent. de 7-III-2018; P. 129.574, sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Asimismo, cabe destacar que es doctrina de esta Corte que el criterio divergente respecto de la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el tribunal recurrido habrían tenido sobre el monto de la pena, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008; P. 83.523, sent. de 22-IV-2009; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Lucas A. Tornini por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 15:46:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2023 11:57:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2023 14:24:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:51:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 08:06:47 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/04/2023 10:39:08 hs. bajo el número RS-46-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia