Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135659
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.659-RC, "D' Gregorio, María Laura -Fiscal de Casación Adjunta- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.233 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a P., J. A.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de J. A. P. y revocó la resolución del Juzgado de Garantías n° 1 de Olavarría que había desestimado la excepción por falta de acción fundada en la extinción de la acción penal por prescripción requerida a favor del nombrado. En consecuencia, el Tribunal de Alzada declaró prima facie la prescripción de la acción penal en favor de J. A. P. en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo (hechos I, II y III; art. 119, párrafo segundo en función del párrafo primero, Cód. Penal, ley 25.087), abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización (hecho IV; art. 119, párrafo segundo en función del párrafo primero, Cód. Penal, ley 25.087) y abuso sexual con acceso carnal (hecho V; art. 119, tercer y primer párrafos, Cód. Penal), que se le imputaron como presuntamente cometidos entre los años 1999 y 2000, hasta con anterioridad a septiembre del año 2007, respectivamente, en los términos de los arts. 323 inc. 1 del Código Procesal Penal; 62 inc. 2, 63 y 67 inc. "a" del Código Penal (v. fs. 63/74).
Interpuesto recurso fiscal (v. fs. 78/90 vta.), la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 21 de mayo de 2021, lo rechazó por improcedente (v. fs. 272/281 vta.).
La señora Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura D' Gregorio, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 283/311), que fue concedido para el abordaje de las cuestiones federales (v. fs. 312/313 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 325/335), dictada la providencia de autos (v. fs. 357) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora María Laura D' Gregorio, denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, en contra de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (arts. 8 y 25, CADH; 4 y 7, Convención de Belem do Pará; 3 y 19, CDN; 1, 2 y 15.2., CEDAW; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.), la vulneración al principio de supremacía constitucional y la omisión de resolver con perspectiva de género y de infancia (v. fs. 289).
Adujo que el art. 62 del Código Penal debe ser interpretado en consonancia con las normas de derecho internacional relevantes (v. fs. 289 vta.).
Sostuvo que, si bien las leyes 26.705 y 27.206 entraron en vigencia con posterioridad a los hechos investigados en autos, ya se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron dicha reforma, y gozaban de jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -esta con jerarquía supralegal-, así como el compromiso asumido por el Estado argentino de actuar con la debida diligencia y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (v. fs. 293 y vta.).
Trajo a colación diversos artículos de dichos instrumentos internacionales y los fundamentos que acompañaron al proyecto de la ley 26.705 (v. fs. 293 vta./295).
Afirmó que, en virtud de la interpretación armónica del interés superior del niño y del derecho a la tutela judicial efectiva, las normas internas relativas a la prescripción de la acción penal deben ser delimitadas en el caso a fin de resguardar derechos de mayor jerarquía (v. fs. 296).
Explicó que se reclama una interpretación respetuosa de las perspectivas de género y de infancia, por lo cual una norma de inferior jerarquía -en el caso, el art. 62 del Código Penal- no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales a tenor de lo normado por el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (v. fs. 296 vta.).
Alegó que, en atención al principio de supremacía constitucional -art. 31 de la Constitución nacional-, las normas inferiores deben ser interpretadas armónicamente con las de superior jerarquía, y si de todas las interpretaciones posibles ninguna resulta armónica con el bloque de constitucionalidad federal, debe ser declarada inconstitucional. En apoyo a su postura, invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ekmekdjian c/ Sofovich" (v. fs. 296 vta. y 297).
Puso de relieve que la cuestión radica en analizar la tensión que se genera entre el respeto al principio de legalidad y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y, en caso de ser niños, la protección prevalente de sus derechos (v. fs. 298 y vta.).
Con cita de doctrina, consideró que "...declarar prescripta la acción penal atentaría contra el interés superior del niño que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico, motivo por el cual los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia siempre deben prevalecer, porque no se aplica retroactivamente una ley penal sino una correcta interpretación de la ley vigente al momento de los hechos conforme el debido control de convencionalidad" (fs. 302).
Agregó que en estos actuados la investigación no se vio abandonada ni demorada por inactividad o desinterés estatal en la persecución del delito, pues el Estado tomó noticia de los hechos en el año 2018 y desde entonces se adoptaron diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de averiguación de la verdad de los hechos. También refirió que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia no se debió a que hubiera dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. fs. cit. vta.).
Manifestó que, si se mantiene la declaración de prescripción dictada, se generaría una afectación constitucional al no reconocer a la víctima el acceso a la justicia (arts. 8 y 25, CADH; CSJN causas "Otto Wald", "Santillán" y "Juri"), dado que aquella no tenía al alcance de manera visible y palpable el ejercicio de ese derecho (v. fs. 303). A su vez, destacó que "...si no hay denuncia, no hay proceso, y si no hay proceso, la idea de plazo razonable se desdibuja, ya que no hay juicio y el plazo razonable debe tenerse en consideración para tramitar el juicio; no cuando éste no está iniciado por circunstancias tenidas en vista por el propio imputado: la extrema vulnerabilidad de la niña víctima" (fs. 303 y vta.).
I.2. Luego, la recurrente denunció arbitrariedad por fundamentación aparente y utilización de afirmaciones dogmáticas, absurdo por apartamiento de la lógica, el sentido común y las reglas de la experiencia, así como también ausencia de perspectiva de género (v. fs. 305 vta.).
Explicó que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Casación, el fiscal había solicitado la revocación de la sentencia dictada por la Cámara departamental por considerar que las acciones penales emergentes de los delitos imputados no se encontraban prescriptas (v. fs. 306).
Sostuvo que la arbitrariedad radica en haber iniciado el pronunciamiento reconociendo la "triple vulnerabilidad" de la víctima para, seguidamente, negar tales derechos mediante afirmaciones dogmáticas desentendidas de los concretos planteos del Ministerio Público Fiscal (v. fs. cit. vta.).
Agregó que mal puede hablarse de prescripción cuando se trata de una acción dependiente de instancia privada, es decir, que el Ministerio Público Fiscal no ha tenido su libre disponibilidad (v. fs. 307 vta.).
Expuso que, tratándose de un caso donde la damnificada era una niña y el autor su tío, era absurdo poner en cabeza de la víctima la carga de dar a conocer los hechos en un tiempo determinado (v. fs. 308).
Aseveró que similares críticas corresponden a los argumentos dados para desechar la aplicación del art. 67, primer párrafo, del Código Penal, en cuanto suspende el curso de prescripción de la acción frente a los delitos que requieren la resolución de cuestiones previas (v. fs. cit.).
Consideró que, si bien la víctima alcanzó la mayoría de edad en el año 2012, "...recién pudo contar lo sucedido luego de tratamientos psicológicos, de haberlo hablado tan solo con quien fuera su novio de la adolescencia y más recientemente con su actual novio y finalmente con su madre..." (fs. 308 vta.). Por ello, insistió en que la demora en realizar la denuncia se debió a obstáculos estructurales dados por la imposibilidad de denunciar oportunamente por su mencionada triple condición de vulnerabilidad (v. fs. 309).
También estimó contraria a la lógica la afirmación de que la fiscalía dejó pasar veintiún meses desde la denuncia para generar el acto interruptivo de la prescripción, por hacer recaer sobre la víctima la supuesta inacción de los órganos jurisdiccionales (v. fs. cit. vta.).
En definitiva, consideró que debe dejarse sin efecto lo resuelto y continuar con las actuaciones en el estado en que se encontraban (v. fs. 310 vta.).
II. El señor Procurador General propuso el acogimiento de la impugnación (v. fs. 326/335).
III. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
III.1. El Juzgado de Garantías n° 1 con sede en Olavarría del Departamento Judicial de Azul, mediante la resolución dictada el 31 de octubre de 2019, no hizo lugar a la excepción por falta de acción por extinción de la acción penal solicitada por la defensa de J. A. P. (v. fs. 47/62 vta.).
III.2. A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del pronunciamiento dictado el 2 de diciembre de 2019, hizo lugar al recurso de la defensa, revocó la decisión anterior, declaró prima facie la prescripción de la acción penal en favor de P. y, consecuentemente, dictó su sobreseimiento en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo (hechos I, II y III; art. 119, párrafo segundo en función del párrafo primero, Cód. Penal, ley 25.087), abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización (hecho IV; art. 119, párrafo segundo en función del párrafo primero, Cód. Penal, ley 25.087) y abuso sexual con acceso carnal (hecho V; art. 119, tercer y primer párrafos, Cód. Penal), que se le imputaron como presuntamente cometidos entre los años 1999 y 2000, hasta con anterioridad a septiembre del año 2007, respectivamente (v. fs. 63/74).
III.3. El señor Fiscal General departamental, doctor Marcelo A. Sobrino, impugnó la sentencia del tribunal revisor (v. fs. 78/90 vta.).
Consideró que el fallo había desconocido la ley vigente al momento del hecho, que imponía comenzar a computar el plazo de prescripción cuando la víctima alcanzara la mayoría de edad (v. fs. 82).
Expuso que, si bien los hechos acusados se ceñían entre los años 1999 y 2000 y septiembre de 2007 y, por ende, desde esa última fecha al primer acto interruptivo de la acción penal (el llamado a declaración del art. 308 del Código Procesal Penal, con fecha 9 de octubre de 2019) ya habían transcurrido los doce años establecidos por el art. 62 inc. 2 del Código Penal, consideró que los presuntos hechos de abuso sexual habían sido cometidos mientras la víctima de autos era menor de edad. A su juicio, esa doble condición de niña y mujer de la víctima, determinaba que las disposiciones legales aplicadas al caso debían ser interpretadas en consonancia con dos normas de derecho internacional vigentes al tiempo de comisión de los hechos: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -"Convención de Belém do Pará"- y la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. 83 y vta.).
Precisó que, con la primera de las normas, el Estado argentino se comprometió a actuar con la debida diligencia y adoptar políticas orientadas a esos fines (prevenir, sancionar y erradicar), e incluir en su legislación interna la normativa y los procedimientos legales eficaces. Por su parte, apuntó que, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados integrantes se obligaron a adoptar "...todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo" (fs. 83 vta.).
También afirmó que las disposiciones legales aplicables al caso (arts. 62 inc. 2 y 72 inc. 1, Cód. Penal) debían ser interpretadas en armonía con la normativa internacional vigente al momento de los hechos, en salvaguarda a una efectiva protección del interés superior del niño y un acceso efectivo a la justicia para la mujer víctima (v. fs. 87 vta.).
Indicó que si se tiene en cuenta que el art. 72 inc. 1 del Código Penal establece que: "Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91", solo se podría garantizar la protección del interés superior del niño y el acceso efectivo a la justicia por parte de la mujer, en la medida en que la presunta víctima cuente con la concreta posibilidad de ejercer la facultad otorgada por la ley para instar la acción penal; y agregó que "...la instancia de la acción penal, como acto jurídico válido, requiere de la víctima [que] tenga capacidad para ejercerla", y que "Mientras ella es menor de edad, dada su incapacidad civil establecida por ley [...], se presume que no se halla en condiciones jurídicas de hacerlo", y ello se encuentra estrechamente vinculado con la posibilidad de "...acceso efectivo a la justicia" (fs. 88).
Explicó que resultaría absurdo que la ley concediera una facultad que el beneficiario no pudiera ejercer y, aunque la ley haga una delegación de la instancia de la acción al tutor, guardador, representante legal y Ministerio Público Fiscal, esa sustitución resultaría de carácter precario y provisoria por tratarse de una cuestión de índole personalísima; de tal modo, consideró que, aunque a la época de los hechos no estuviese previsto de un modo explícito en la ley, la interpretación armónica de la normativa relevante imponía sostener que la acción penal iniciada con la comisión de los delitos sexuales del art. 119 del Código Penal, se suspendiera hasta la adquisición de la mayoría de edad (v. fs. 88 vta.).
Refirió que declarar prescripta la acción computando el plazo desde que los hechos cesaron de cometerse, sin tener en cuenta si en ese momento la víctima estaba en condiciones jurídicas de poder hacerlo, impidió el acceso a la justicia para la promoción de la persecución penal contra el perpetrador de los abusos (v. fs. 89 vta.).
Por lo expuesto, solicitó se hiciera lugar al recurso y se dejara sin efecto la decisión del Tribunal de Alzada (v. fs. 90).
III.4. La Sala II del Tribunal de Casación Penal -con el voto inicial de la doctora Budiño, que concitó la adhesión simple del doctor Mancini- rechazó la impugnación de la fiscalía (v. fs. 272/281 vta.).
Para ello, puso de relieve que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la normativa interna e internacional vinculada con el instituto de la prescripción y ha considerado que aquella no es oponible respecto de los delitos de lesa humanidad, ampliando tal criterio para casos que importen "graves violaciones a los derechos humanos" y que refieren a supuestos que, sin ser de lesa humanidad, son cometidos por agentes estatales y personas particulares avaladas o sostenidas por el Estado. Pero, destacó que tales estándares no resultan aplicables a cualquier supuesto en que se verifique la afectación a un derecho humano reconocido por la Convención (v. fs. 276 vta.).
Con cita de los casos Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia y Poblete Vilches y otros vs. Chile de aquel Tribunal internacional, manifestó que "...la Corte Interamericana, aun reconociendo y poniendo en valor la extrema vulnerabilidad de los niños víctimas de abusos sexuales, y acentuando el énfasis cuando se trata de una 'niña', no ha considerado que los mentados delitos perpetrados a este colectivo (niños y mujeres) escapen a las reglas comunes, cuando son perpetrados por sujetos particulares que no tienen vinculación directa o indirecta con el aparato estatal. Y ello es así, porque las mentadas normativas internacionales que les dan respaldo en modo alguno establecen que tales hechos deban ser considerados imprescriptibles o que para garantizar su debido resguardo deban efectuarse extensiones temporales en su perseguibilidad". En consecuencia, descartó que "...sea una derivación razonada del derecho vigente contemplado en tales tratados internacionales la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 o como se ha querido sostener en autos por el recurrente, que tales normas importen la concreción escrita y explícita de las normas que ya imperaban en el país, desde que tales tratados estaban vigentes al momento de la comisión de los hechos" (fs. 277 vta.).
En cuanto al agravio emparentado con la interpretación del art. 67, primer párrafo, del Código Penal, que establece como causal de suspensión los casos de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que deban ser resueltas en otro juicio, el órgano revisor apuntó que "...no se puede asimilar la categoría 'cuestión previa' vinculada a la resolución de 'otro juicio' a la constatación inmediata y mediante la documentación respectiva de la edad de la víctima, en perjuicio del imputado" y agregó que "Tampoco es posible analizar el precepto legal (art. 72 inc. 1 Cód. Penal) con independencia del total de su contenido, el cual incluye la solución que el propio legislador de modo claro y contundente ha resuelto, al señalar que incluso tal instancia de acción puede no ser requerida cuando el caso así lo amerite, esto es, ante la ausencia y contradicción entre los representantes legales de la niña y los derechos afectados por el delito cometido" (fs. 279 y vta.).
Por último, sostuvo que "...en el caso la víctima había adquirido la mayoría de edad en el año 2012 y denunció los hechos por ella sufridos en el año 2018, o sea siete años después de adquirida la mayoría de edad [sic], en consecuencia, contaba con una acción disponible en los términos de la legislación vigente, respecto de la cual conforme la mentada normativa y atento la ausencia de conocimiento de la noticia criminis durante su minoría de edad -justamente por estarse frente a un caso de contradicción a sus intereses- que imponía en su persona la necesidad de hacerla conocer e impide, conforme tal plazo de vigencia de la disponibilidad de la acción, darla por superada en perjuicio de los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley penal más gravosa para el imputado, también
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