Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 136350
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial (doctr. art. 488, segundo párr., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.350, "Debenedetti Martínez, Leandro Jesús s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 110.571 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud.
El Juzgado de Ejecución Penal n° 4 departamental declaró la inconstitucionalidad del art. 14 -segunda parte- del Código Penal y otorgó la libertad condicional al condenado Leandro Jesús Debenedetti Martínez (v. sentencia interlocutoria digital).
La Fiscalía apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, revocó la resolución impugnada.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la defensa interpuso un recurso de casación y que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 19 de agosto de 2021 por mayoría, rechazó el recurso homónimo interpuesto.
El señor defensor oficial adjunto de casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 29 de octubre de 2021), que fue concedido por resolución del tribunal intermedio del día 25 de noviembre de 2021.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 14 de noviembre de 2022), dictada la providencia de autos en la misma fecha y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
En caso negativo:
¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal solicitó la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal en su segunda parte.
Esta norma, conforme lo dispuesto por las leyes 25.892 y 27.375 establece que la libertad condicional no se concederá en los casos previstos en los arts. 80, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer y segundo párrafo, 130, 142 bis anteúltimo párrafo, 144 ter inc. 2, 165, 166 inc. 2 segundo párrafo, entre otros.
Como fundamento, expresó que el art. 14 en cuestión, viola -según aduce- los principios de resocialización e igualdad (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Señaló que en el caso en examen no resultaba posible compatibilizar las normas cuestionadas con los preceptos constitucionales y convencionales, en tanto que el art. 14 del Código Penal al imposibilitar el otorgamiento de la libertad condicional con único fundamento en el delito por el que se lo condenó, impide cualquier margen de interpretación para la adecuación al bloque constitucional y salvaguardar así las garantías que se dicen conculcadas.
Asimismo, cuestionó el fallo por haber afirmado que el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios de quienes han cometido determinados delitos, y ello, implica -a su entender-, un trato diferenciado para un grupo de condenados que vulnera el principio de igualdad.
A continuación, hizo referencia a la afectación del derecho a la readaptación social como fin de la pena impuesta, y particularmente sostuvo que no resultaba lógico que su defendido se viera impedido de acceder a la última etapa del régimen de ejecución de la pena, basándose dicha imposibilidad en el hecho de haber cometido un específico delito, lo que conllevaba -a su modo de ver- un apartamiento del fin resocializador de la pena.
Cuestionó que la ley pueda ordenar que quienes cometieron los delitos enunciados en la norma deban cumplir la totalidad de la pena en prisión sin recibir tratamiento alguno ni haber verificado si el brindado -en su caso- surtirá efecto.
Seguidamente, abordó la alegada violación del principio de igualdad y citó diferentes precedentes de la Corte nacional entre ellos el fallo "Nápoli" (CSJN Fallos: 327:2868). Sobre el punto destacó que: "...restringir el régimen de progresividad en la ejecución de la pena a determinados ciudadanos (arts. 1 y 6 de la ley 24.660 y 4 de la ley 12.256, 18 de la Const. nac., y 5.6 de la CADH), haciendo fincar tal restricción en el delito cometido, no solo le quita a la pena el objetivo constitucional y convencionalmente asignado, sino que además, organiza la discriminación de un grupo de personas sobre una base no razonable".
Por todo lo expuesto, concluyó en la arbitrariedad de la decisión dictada por Casación al avalar un criterio legal que el recurrente tildó de no ser objetivo ni razonable y, por tanto, violatorio de los arts. 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reiterando en su petición final, la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal.
II. El señor Procurador General emitió su dictamen y propició el rechazo del recurso por considerar que su examen devino abstracto en virtud de que al condenado Debenedetti -con posterioridad a la deducción del reclamo aquí en examen- le fue otorgada la libertad asistida y por tal motivo renunció a la voluntad recursiva (v. dictamen digital en archivo adjunto de 14 de noviembre de 2022).
III. Coincido con el dictamen pues, en efecto, los agravios que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, devinieron insustanciales.
III.1. De las constancias digitales surge que, el Juzgado de Ejecución n° 4 de Lomas de Zamora, en su decisión del día 6 de noviembre de 2020, resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, y en consecuencia otorgó el beneficio de la libertad condicional solicitada a favor de Leandro Jesús Debenedetti Martínez, bajo condiciones compromisorias que detalló.
III.2. A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, a través del pronunciamiento del día 30 de marzo de 2021, abordó e hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora agente fiscal y mantenido por el señor Fiscal General Interino y, en consecuencia, revocó la decisión anterior.
Particularmente, destacó que el desacuerdo o disenso del señor juez de primera instancia respecto de la conveniencia de una decisión legislativa que responde a cuestiones de política criminal y penitenciaria, excedía su ámbito de competencia (v. resolución digital).
Tildó de acto jurisdiccional inválido a la decisión de la instancia de grado que había declarado la inconstitucionalidad de una norma por el solo hecho de estar en desacuerdo con la ley, aun cuando ésta pueda resultar opinable.
Añadió luego que la prohibición normativa en cuestión no confrontaba el principio de resocialización y readaptación de los condenados, porque la libertad condicional no es el único instituto que persigue ese objetivo en el marco de un régimen progresivo en el cumplimiento de la pena.
III.3. Por su parte, el Tribunal de Casación Penal, confirmó aquella decisión y desechó el recurso casatorio interpuesto por la defensa.
A través del voto del doctor Natiello al que adhirió el señor juez Kohan, luego de destacar sobre la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una ley, sostuvo que la libertad condicional es un derecho establecido a favor del condenado que modifica la forma de cumplimiento de la pena, pero no permite su acortamiento
Agregó que no se verificaba la alegada violación del principio de igualdad ante la ley que emana del art. 16 de la Constitución nacional desde que nada impide que se otorguen a unos -los condenados a otros delitos- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación.
Concluyó que no advertía que se trastocara el fin de la pena ni el principio de progresividad, toda vez que si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14, segunda parte, Cód. Penal), ello no impedía al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre.
IV. Según surge de las actuaciones digitalizadas de la Mesa de Entradas Virtual (MEV), en forma paralela a manifestar su voluntad impugnativa, la defensa de Debenedetti informó el día 15 de septiembre de 2021 que al condenado se le había otorgado la libertad asistida en los términos del art. 104 de la ley 12.256 (art. 104 primera parte, ley 12.256).
Sentado lo anterior, como adelanté -en coincidencia con la postura del señor Procurador General- resulta insustancial expedirse en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal a consecuencia de la prohibición allí establecida dado que el ámbito de aplicación de dicha norma escapa a la situación actual del penado, por lo que el de este caso no configura un agravio actual, efectivo y subsistente.
En virtud de lo expuesto, corresponde declarar inoficioso el tratamiento de este recurso (doctr. art. 488, segundo párr., CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde abordar el tratamiento de la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara inoficioso el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial (doctr. art. 488, segundo párr., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2023 06:24:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:02:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 15:36:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 09:00:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 09:08:18 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/05/2023 11:33:27 hs. bajo el número RS-48-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia