Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134583
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.583 RC, caratulada "Vallory, Gustavo Adolfo y Denett, Cristian Adrián s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.066 y su acumulada 84.093 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 26 de marzo de 2019, en lo que aquí importa, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Cristian Adrián Denett contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y por haberse cometido en lugar poblado y en banda en concurso real con homicidio calificado por la causa. Por otra parte, hizo lugar parcialmente a la impugnación deducida respecto de Gustavo Adolfo Vallory: acogió como pauta atenuante de la sanción el buen concepto presunto, eliminó como pautas agravantes el riesgo de vida por la utilización de armas de fuego y la extensión del daño, y readecuó la pena en dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, por resultar partícipe necesario del delito de robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y por haberse cometido en lugar poblado y en banda (v. fs. 210/233).
Frente a ello, en lo que aquí interesa, los señores defensores oficiales, doctores Ignacio Juan Domingo Nolfi -respecto de Vallory- y Daniel Aníbal Sureda -a favor de Denett- dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 254/270 y 274/289 respectivamente).
El Tribunal de Alzada, el día 21 de julio de 2020, concedió parcialmente los carriles extraordinarios (v. fs. 326/339). En cuanto al articulado respecto de Vallory, afirmó que la denuncia de violación de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa por afectación del principio de congruencia contaba con la suficiencia y carga técnica necesarias para sortear la etapa de admisibilidad (v. fs. 329 vta.). En lo que respecta a la impugnación deducida por la defensa de Denett, admitió el agravio relativo a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 333); en cambio, desestimó los planteos de pretenso carácter federal referidos a la violación de la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal, el derecho al recurso y los principios de inocencia y beneficio de la duda, por haber sido deficientemente formulados (v. fs. 333/334); de igual manera, desestimó la tacha de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por extemporánea (v. fs. 334/335).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 383/391 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 393) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de Gustavo Adolfo Vallory?
2ª) ¿Lo es el articulado respecto de Cristian Adrián Denett?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Gustavo Adolfo Vallory, el señor defensor oficial adjunto Ignacio Juan Domingo Nolfi tachó de arbitrario el tratamiento dado por el Tribunal de Casación Penal a la denuncia de violación del principio de congruencia y afectación de las garantías de inviolabilidad del derecho de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 257).
Afirmó que el órgano revisor se apartó de las constancias de la causa y, como consecuencia de ello, desestimó la denuncia de violación del principio de congruencia argumentando que su asistido no fue condenado por un hecho diverso a aquel por el que fue intimado y acusado (v. fs. cit.).
En tal sentido, recordó que en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal, a Vallory, junto a Denett, se les atribuyó ser dos de los seis sujetos que ingresaron a la planta distribuidora Coca-Cola FEMSA donde ocurrieron los hechos delictivos, y a quienes un séptimo individuo, de apellido Rojas, les facilitó la entrada (v. fs. 258).
De seguido, destacó que en el requerimiento de elevación a juicio y luego en la acusación de apertura del debate se suprimió toda alusión a la individualización de los sujetos que habían ingresado a la planta distribuidora, y alegó que tal proceder de la fiscalía no fue casual, en tanto ya "...podía avizorar el carácter inadecuado de su imputación inicial y pretendió ir modificándola solapadamente" (fs. 258/259).
Agregó que en la audiencia de debate se amplió de manera irregular la acusación como consecuencia de los resultados de la instrucción suplementaria, que demostró que el día de los hechos Vallory estaba prestando funciones para la compañía Prosegur en otro destino (v. fs. 259).
Dijo que ante tal situación, la fiscalía intentó salvar los cambios en la acusación mediante la utilización del art. 359 del Código Procesal Penal a pesar de que no se daban los presupuestos legales para su aplicación, "...ya que se trataba de delitos instantáneos y no se encontraban en discusión circunstancias agravantes" (fs. 259 vta.).
Añadió que tampoco apareció ninguna cuestión novedosa en el debate, pues los dichos del policía Carlos Esteban Jorge no sumaron elementos distintos con respecto a su declaración en la etapa de instrucción. "En consecuencia, bien podría haberse formulado oportunamente una intimación diferente o alternativa...", pero sin embargo la acusación "...optó por la imputación más gravosa únicamente" (fs. cit.).
Explicó que durante el juicio el propio tribunal reconoció que el caso no parecía un supuesto del art. 359 del Código Procesal Penal; no obstante, como se modificaba el estado de Vallory, le dio la palabra a la defensa, en lo que -según esa parte- es el primer reconocimiento formal de la variación de la situación procesal fáctica y jurídica. Continuó relatando que entonces la defensa requirió una mayor precisión en la acusación, y el señor fiscal reformuló sustancialmente sus términos y expresó "...que la participación de Vallory fue aportar datos necesarios del lugar y de seguridad de la firma bancaria de su afinidad con los sujetos para cometer el hecho. Medios aportados fueron los elementos de seguridad, por ejemplo, la CPU, ubicación de las mismas. A quién aportó esos datos, a toda la banda" (fs. cit. y 260).
Recordó que, ante tal situación, la defensa oficial de la instancia planteó -en la audiencia de debate- la afectación del principio de congruencia, que fue rechazada por el tribunal de mérito con afirmaciones autocontradictorias, pues si bien reconoció que se modificó la participación de Vallory en los hechos, al mismo tiempo sostuvo que la plataforma fáctica no había variado.
De seguido, reseñó el hecho que el fallo de condena tuvo por probado y manifestó que más allá de ciertas variaciones vinculadas al tipo de arma utilizada (antes indicada como fusil y en el fallo como escopeta), el cambio en el nombre de uno de los imputados (previamente confundido con el de la víctima) y la precisión de la suma exacta de dinero sustraída ($167.000), lo que no se podía soslayar era la modificación del suceso reprochado a Vallory (v. fs. 260 vta. y 261).
Insistió en que mientras Vallory inicialmente fue intimado en la audiencia del art. 308 del Código Procesal Penal y luego acusado formalmente por el representante del Ministerio Público Fiscal "...de haber ingresado junto a otros sujetos fuertemente armados el día 11 de octubre de 2014, aproximadamente [a las] 13 hs., a la planta distribuidora y previo ataque y reducción de Alberto Rolón, que luego falleciera, haberse apoderado ilegítimamente de diversas sumas de dinero para finalmente huir del lugar", tras la mutación de la acusación fiscal en el juicio, fue condenado "...por aportar los datos necesarios de lugar y elementos de seguridad con que contaba la firma y la entidad bancaria [asaltadas] en su interior..." (fs. 261; el destacado figura en el original).
Agregó que el tribunal, al momento de fundar la calificación legal respecto de Vallory, "...por primera vez en la sentencia y sin que haya sido materia de intimación y acusación en todo el proceso, afirmó sin más que 'Vallory comprometió su participación en facilitar elementos sensibles a la banda y esencialmente lograr convencer y presentar a Rojas a la banda , para que sus integrantes pudieran ingresar al predio de FEMSA en la forma más rápida y desapercibida a fin de llevar adelante el golpe comando'" (fs. 261 vta.; el destacado figura en el original).
Trajo a colación el fallo "Sircovich" de la Corte nacional y sostuvo que la modificación en la plataforma fáctica fue trascendente, pues se modificó el tiempo (de estar presente el día de los hechos, 11 de octubre de 2014, se le reprochó un hecho anterior, acaecido el 25 de septiembre o "a los días"), el lugar (de estar en la fábrica en el golpe comando se pasó a atribuirle intentar convencer a Rojas de participar en los hechos en el domicilio de este), el aporte concreto (de estar en el golpe comando mutó a realizar tareas previas a la ejecución) y la calificación legal (en un principio se le atribuyó el carácter de coautor del delito de robo calificado por la utilización de armas de fuego y por su comisión en poblado y en banda en concurso real con homicidio calificado criminis causae , y finalmente fue condenado como partícipe necesario del delito de robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y por haberse cometido en lugar poblado y en banda; v. fs. 261 vta./262 vta.).
Sentado ello, sostuvo que la modificación "tardía e ilegal" del sustrato fáctico perjudicó a su defendido: particularmente, dijo que le impidió ejercer su derecho de defensa, en tanto "...el aporte de datos y convencimiento de Rojas de que partici[para] del asalto no surgen sino de los dichos del propio coimputado Rojas, por lo que de haber conocido la intimación a tiempo bien podría haberse solicitado un careo (art. 263, CPP) durante la instrucción, procurando la producción de otras medidas de prueba tendientes a demostrar que los datos ya eran de conocimiento de Rojas, o que no fueron específicamente utilizados durante el ataque, o que sin ellos igual podría haberse cometido el delito" (fs. 263).
A continuación, destacó que, así como con la instrucción suplementaria Vallory acreditó fehacientemente que el día de los hechos se encontraba prestando servicios en un lugar diferente al investigado, también podría haber demostrado que el día y hora de la supuesta visita a la casa de Pablo Rojas -para aportar datos y convencerlo de integrar la banda- se encontraba en otro lugar, que tales visitas no existieron o que tuvieron otro contenido (v. fs. 263 y vta.).
De igual manera, sostuvo que el cambio sorpresivo de la plataforma fáctica le impidió controlar los dichos de Yésica Marilin Cufré, concubina de Rojas (v. fs. 263 vta.).
Aseveró que el señor fiscal debió haber formulado en subsidio la imputación por la que fue finalmente condenado su asistido (conf. art. 335, CPP), ya que contaba con los mismos elementos probatorios que luego utilizó en la audiencia de debate; y que ello -en su opinión- hubiera permitido ejercer debidamente el derecho de defensa contra esa acusación alternativa (v. fs. cit.).
Para más, sostuvo que la segunda modificación del sustrato fáctico, que consistió en atribuirle a Vallory el haber convencido a Rojas de tomar parte de la empresa criminal y así facilitar el ingreso de los restantes miembros a la planta de Coca-Cola, nunca formó parte del hecho descrito por la acusación, sino que apareció de manera sorpresiva con el dictado de la sentencia. De modo que "...se echó por tierra toda posibilidad de ejercicio del derecho de defensa...", y el recurso de casación constituyó la primera oportunidad que su asistido tuvo para defenderse (v. fs. 264).
Concluyó que el fallo de casación, al afirmar que la descripción fáctica no varió a lo largo del proceso, incurrió en arbitrariedad por apartarse de las constancias de la causa, porque la materialidad ilícita y la entidad del aporte reprochado a su asistido se fueron modificando en los diversos actos de persecución, del mismo modo que la calificación legal (v. fs. 265).
Consideró que lo afirmado por el tribunal intermedio podría ser admitido si antes de la primera declaración de Gustavo Vallory se lo hubiera intimado -y luego acusado- no de haber ingresado a la planta distribuidora sino de haber aportado datos del lugar, sus elementos de seguridad, y de haber convencido a Rojas de participar y franquear el ingreso; ese -según la parte- habría sido el momento procesal oportuno para asegurar la operatividad de las garantías de congruencia, debido proceso y defensa en juicio. Pero como Vallory no fue informado de ello en la oportunidad del art. 308 del Código Procesal Penal, se afectó su derecho a contar con una comunicación previa y detallada de la acusación (conf. arts. 8.2."b", CADH y 14.3."a", PIDCP; v. fs. 265 vta.).
En suma, refirió que no se trató de un mero cambio de calificación legal sobre el mismo rol, sino de una variación trascendente tanto de la conducta reprochada como de la subsunción legal, a partir de extremos fácticos y probatorios que se presentan como extraños al contenido de los cargos y acusación iniciales. Ello en tanto "...Gustavo Adolfo Vallory fue responsabilizado penalmente por una conducta (aportar datos sobre las características y elementos de seguridad del lugar y convencer a Rojas de involucrarse en el hecho) respecto de la que no se formuló, oportunamente, acusación y, en consecuencia, por la que no existió posibilidad de ejercer una defensa técnica [...] con menoscabo para el principio de congruencia como expresión subyacente de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso" (fs. 267 y vta.).
Por todo lo expuesto, requirió que se anule la resolución en crisis y se reenvíe el caso al tribunal de casación para el dictado de una nueva decisión debidamente motivada que observe el principio de congruencia, el derecho de defensa en juicio y el debido proceso; en su defecto, pidió que esta Corte emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho que resuelva la situación procesal de Gustavo Vallory (v. fs. 269 vta. y 270).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 383/391 vta.).
Coincido con él.
III. Previo a ingresar al fondo del asunto, es preciso aclarar que, si bien en el juicio de admisibilidad se concedió la impugnación en orden a la afectación del principio de congruencia, vinculada con la violación del derecho de defensa en juicio y debido proceso, lo cierto es que de la lectura del recurso se advierte que la parte, de manera directamente relacionada con ese cuestionamiento, tachó de arbitraria la respuesta del Tribunal de Casación Penal.
En función de ello, se abordará también la denuncia de arbitrariedad -aunque no surja de los términos expresos de la concesión- por estar directamente vinculada con el agravio admitido.
IV. Comenzaré haciendo un repaso de los antecedentes del caso.
IV.1. Al momento de formular la requisitoria de elevación a juicio (14 de septiembre de 2015), la señora fiscal Vanesa Leggio entendió acreditado, a partir de los elementos reunidos durante la investigación, que "...el día 11 de octubre de 2014, siendo aproximadamente las 13 horas, en la planta distribuidora Coca-Coca FEMSA Argentina, sita en la Ruta 8 y Gabino Ezeiza de la localidad de Pablo Podestá, partido bonaerense de Tres de Febrero, en un plan previo y consensuado y en una clara división de tareas, ingresaron al menos seis sujetos del sexo masculino, fuertemente armados, utilizando uno de ellos un arma de fuego tipo escopeta y al menos dos sendas armas de fuego del tipo pistola, color negra y otra plateada, y tras reducir a Alberto Rolón y efectuarle tres disparos con claras intenciones de darle muerte toda vez que todos ellos fueron en zonas vitales, específicamente, uno en el cuello, en tórax y el otro en la zona clavicular, produciéndose posteriormente, y como consecuencia de la gravedad de dichas heridas, el deceso del mismo, teniendo como objeto dicho accionar asegurar y facilitar el desapoderamiento posterior, valiéndose de la participación de un séptimo integrante identificado a la postre como el aquí imputado Rojas, quien se desempeñaba como personal de seguridad prestando servicios en dicha empresa, quien les franqueó el ingreso a la planta, lograron apoderarse ilegítimamente de la suma aproximada de seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos, perteneciente al Banco Itaú BEP ubicado en el interior del predio y una suma aproximada de dinero en efectivo de entre ciento cincuenta y ciento ochenta mil pesos, de la recaudación del día perteneciente a los distintos camioneros que realizan el reparto y que se encontraban prestos a liquidar, tras lo cual se suben al rodado con el que habían ingresado, marca Fiat Fiorino, dándose a la fuga con el botín pudiendo disponer del mismo" (fs. 23 vta. y 24).
En ese acto se destacó, entre otros elementos de convicción, la declaración del comisario Claudio Gastón Albert, quien "...luego de realizar discretas tareas de inteligencia en la casa del detenido Rojas [constató que aquella] es concurrida asiduamente por otro vigilador de la empresa Prosegur, que se trata de Gustavo Vallory, quien se pudo determinar que fue quien hizo ingresar al mentado en la empresa y luego ubicarlo en el puesto en [...] Coca-Cola FEMSA. Otro dato objetivo es que parte de los participantes en el atraco lo hicieron vestidos con ropas de la empresa de seguridad a la que pertenecen tanto Rojas como Vallor[y]. Otro dato incontrastable es que todos los partícipes de la gavilla tenían muy en claro los lugares en que debían ingresar y llegar a los lugares donde estaba el grueso del dinero a desapoderar" (fs. 28).
Finalmente, se indicó que en la declaración espontánea de Martín Rojas (conf. art. 317, CPP) aquel "...brindó detalladamente una descripción de cada uno de los participantes en el [robo] como así también de los roles que desempeñaron [...] Dijo claramente que la participación de Vallory en el suceso fue fundamental para que sus cómplices pudieran obtener datos precisos de los movimientos internos de la distribuidora. Dichos datos los recolectó en momentos en que se desempeñó laboralmente en el predio en cuestión, aprovechándose precisamente de su función como empleado de seguridad" (fs. 28 vta. y 29).
En función del hecho y los fundamentos desarrollados, la fiscalía encuadró provisionalmente la conducta atribuida a Gustavo Adolfo Vallory y sus consortes de causa como constitutiva de los delitos de robo calificado por la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en concurso real con homicidio criminis causae en grado de tentativa -esto último evidentemente por error, en tanto la víctima falleció el 28 de junio de 2015 como consecuencia de las heridas recibidas-, y consideró que los nombrados debían responder en grado de coautores (v. fs. 29 vta.).
IV.2. Iniciado el debate oral, el señor fiscal interviniente, doctor José Gouzden, estableció las líneas preliminares de la acusación, reeditando la plataforma fáctica descripta en la requisitoria de elevación a juicio (v. fs. 2 y vta.). Tras los alegatos de apertura de la particular damnificada y las defensas, se incorporó por lectura distinta prueba y se recibieron declaraciones testimoniales.
Durante el segundo día del juicio, luego de la declaración de Carlos Esteban Jorge, el señor f
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